viernes, 30 de junio de 2017

Información destacada de la Marea Verde

¡Mucha suerte y ánimo a tod@s l@s que os presentáis a las oposiciones! ¡#InterinosAlasAulas!



#SOSEducaciónPública 2017



300 niñ@s de Villa de Vallecas sin cole

Firma Contra la masificación de los colegios públicos en Montecarmelo (Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo)

Recogida de firmas de apoyo a la Denuncia y 



Cronología de una mentira. El PP quiere mantener la LOMCE: no hay que dejarse engañar (Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid)


        

lunes, 26 de junio de 2017

Nota de prensa sobre las licitaciones de comedores escolares públicos (FAPA Francisco Giner de los Ríos)

A la atención de los medios de comunicación:

La FAPA Francisco Giner de los Ríos considera que no se avanza en la mejora de la gestión de los comedores escolares, no se recuperan las cocinas en los centros educativos y no se potencia una alimentación más saludable y sostenible.

http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1780&tid=8&pagActual=1

Reciban un cordial saludo.

FAPA Francisco Giner de los Ríos

domingo, 25 de junio de 2017

#SíSePuede! Conseguido el Instituto en Rejas ¡YA!

Resumen de una lucha – Instituto en Rejas ¡YA!
http://institutoenrejasya.com/resumen-de-una-lucha/

Calendario de acciones de Marea Verde Madrid para la semana del 26 de junio al 2 de julio de 2017 y próximas convocatorias






Puedes descargar el calendario en .pdf y en .jpg


Lunes 26 

26-6-2017: Repensando nuestra escuela pública. Fuenlabrada (18:00 h., en CEIP Ramón y Cajal. Fuenlabrada)

Martes 27 

27-6-2017: Asamblea Marea Verde Madrid (17:30 h., en Marx Madera -Pza. de la Asociación 1. Orcasitas)

Miércoles 28 Día de la camiseta

28-6-2017: Presentación de la Plataforma de Chamberí por otra Europa (18:00 h., en el CC Galileo. Chamberí)

Jueves 29 

Viernes 30 

Sábado 1 

Domingo 2 


Actualización de petición: "Que ADIF ceda los 58.000 m2, destinados a dotaciones, en Madrid Centro (barrio Delicias)"

La Plataforma por la Educación Pública Arganzuela-Lavapiés nos reenvía este correo:
!Buenas noches!:

Nos piden ayuda en esta difusión en esta ciberacción, hecha por AV NUDO SUR y VECINOS DELICIAS

Gracias anticipadas por vuestra ayuda..
PLATAFORMA EDUCACIÓN PÚBLICA ARGANZUELA-LAVAPIÉS.

Vecinos Delicias












19 DE JUN. DE 2017 — Próximamente formalizaremos la presentación de las firmas recogidas.

En esta recta final te pedimos tu apoyo una vez más.

Desde hace años en Arganzuela se ha propiciado la construcción de viviendas y el establecimiento de grandes empresas, sin desarrollar de forma proporcional los servicios públicos básicos. En una palabra: especulación. A modo de ejemplo, adjuntamos una comparativa en materia de relación habitantes / centros educativos que es muy representativa.

Como sabes en este tiempo no sólo hemos recogido firmas sino que también apoyos de diversas instituciones y vecin@s que defienden los derechos de los ciudadanos.

Vecinas y vecinos, exigimos simple y llanamente lo que nos corresponde:
Que se vele por nuestros derechos
Que se presten servicios públicos proporcionales al número de habitantes del distrito.
Que se cumplan los ratios establecidos como mínimos y máximos.

La Junta Municipal del Distrito, nos traslada la falta de parcelas adecuadas para este tipo de servicios.

Nosotros vemos en las parcelas de la empresa pública ADIF una excelente oportunidad para llegar a un acuerdo que permita equilibrar esta desigualdad social que vive esta zona y el distrito en general.

Si estás de acuerdo, por favor, firma y divulga.

Muchas gracias.

7, 8 y 9-7-2017: V Jornadas de Mareas por la Educación Pública. A Alaquàs (Valencia)

Otro verano más nos reuniremos los miembros de Mareas por la Educación Pública para debatir y compartir las realidades de cada uno de nuestros territorios. Serán los días 7, 8 y 9 de julio en a Alaquàs, Valencia. 

¿Y por qué nos vamos a Alaquàs? El CEIP Cremona ha sido y es uno de los referentes de la lucha por no cerrar aulas de 3 años y por tener un colegio digno. Siguen en barracones. 

Para inscribiros sólo tenéis que completar el formulario

Más información en

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Aconfesionalismos (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

La confesionalidad educativa sigue en España criterios del siglo XIX

La presencia que le garantiza la LOMCE, en continuidad de un pasado privilegiado, no garantiza un  presente educativo mejor, de calidad compartida por todos.

Estábamos en los inicios de la Transición aquel 15.06.1977 y, con la Constitución sin aprobar, votamos libremente. Poco después, ya aprobada la Carta Magna, UCD decidió por Ley de 03.10.1979 y por una secuencia de resoluciones de la Dirección General de Enseñanzas Medias hasta el 24.10.1981, introducir su conocimiento en los Institutos. A partir de un listado de aspectos principales, los profesores habían de formular el modo que debería tener en el aula. Al inicio  del curso 81-82 los más voluntariosos se animaron a explicar a sus compañeros de Historia la secuencia que entendían procedente, Fue de ver cómo, al alto grado de improvisación, le sobrevinieron las sorpresas. Como que, después del capítulo de libertades y derechos, y de la secuencia de Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, propusieran que, para entender bien la Constitución de 1978, habrían de tratarse “los poderes fácticos”, es decir, la Iglesia y del Ejército. Pero lo más sorprendente fue que,  cuando un docente  protestó por entender que en ninguna parte de la Constitución existía tal capítulo, contradictorio con el recién estrenado ordenamiento democrático, otro colega replicara muy airado diciendo: “Ya estamos aquí con la ideología”.

Acerca de “lo fáctico”
Vista desde ahora, 40 años después, esa anécdota no lo es tanto. Mostraba, de fijo, ignorancia de historia constitucional adobada de engrudo fascista, pero, al tiempo, cuando todavía el asalto al Congreso no había tenido lugar, revelaba profunda desconfianza hacia quienes habían detentado tan inmenso poder. En la distancia de estos 40 años, todavía cabe preguntarse en qué medida lo de “fácticos” haya quedado atrás. La transformación del Ejército parece, en general, aceptable por más que su capítulo presupuestario merezca más transparencia. Mas dudoso es, y más contradictorio, que no sea “fáctico” el papel que la Iglesia oficial pretende seguir queriendo ejercer.

Sucede como con el calor: que se habla demasiado del tiempo cuando estamos ante un cambio climático. El apaño hermeneutico que el Tribunal Constitucional se ha esmerado en buscarle al “aconfesionalismo” del art. 16.3 de la Constitución de 1978, se compadece mal con el partido que le saca la Iglesia a su relación con el Estado aunque la creencia religiosa sea otra. Con lo que percibe, a cualquier observador imparcial le costará entender la diferencia de trato que habría tenido si el antónimo “confesional” figurara en ese rango normativo. El deslizamiento  semántico que percibirá violenta la sintaxis y, sobre todo, la economía de los bienes públicos. La simple atención a lo que sucede en Educación, fuente de abundantes recursos,  permite medir el lapso significativo que pueda haber entre ambos términos y, colateralmente, si la Iglesia sigue siendo poder “fáctico” bajo esta  “aconfesionalidad positiva” en sus pretensiones de amoldar esta sociedad actual según la imagen de su fe.

El sistema educativo español tiene dos aspectos de complementario interés al respecto. Lo que los eclesiásticos reciben por la enseñanza de la Religión en los centros públicos se añade a las cantidades que ingresa por ser titulares de centros concertados. En cuanto a lo primero, cuyo recorrido viene de antes de 1851, es un continuismo poco acorde con la pluralidad democrática. De ahí el título de un buen libro de Antonio Viñao:Religión en las aulas: Una materia controvertida (Morata, 2014). En cuanto a lo segundo, la continuidad de los privilegios del pasado –y particularmente de la etapa franquista-  se contradice con una enseñanza pública urgida de recursos para atender mejor a sus estudiantes. Razonar que crezca  a cuenta de un pasado inexplicado y descontextualizado, tiene el inconveniente de que expande un código de conducta puramente imaginativo, inútil para afrontar este presente. Y más cuando, desde 2012, la disparidad de recursos ha sido a la inversa del número de colegiales en ambas vías del sistema.

Pretender que se alargue esta situación dispar es tratar de hacer normal  la amplia cobertura legal que el artc. 27 de la Constitución proporciona a la actividad eclesiástica en el sistema y, complementariamente, lo acordado con la Santa Sede en tiempos del democristiano Marcelino Oreja entre 1976 y 1979. Muy “fáctico” es que, en concordancia, Hacienda revise cada año, desde 2006, las cantidades que signan voluntariamente los ciudadanos en su declaración  del IRPF.  Esta vía de recursos del Estado -que sólo firma un 35% de declarantes- aporta unos 250 millones de € a la Iglesia; complementan los estipendios que percibe de sus fieles, y se añaden a diferentes exenciones y subvenciones de los ministerios, autonomías y ayuntamientos. En total,  y al margen de sus específicas actividades cultuales, los recursos públicos que extrae la Iglesia del Estado para sus actividades particulares rondan, según algunas estimaciones, los 11.000 millones de € anuales. A conciertos educativos corresponden –de “facto”- unos 5.010, de los que 600 sostienen las clases de Religión y otros 10 atienden a Seminarios menores.

Modernidad
A estas alturas, este peculiar “aconfesionalismo” económico o su posible variación  no son cuestiones de sagaz “clericalismo” o “anticlericalismo”. Ese enfoque apologético, con negativa carga melodramática añadida, está muy pasado. Sin contextualizar cómo esos ingredientes trufaron en el siglo XIX la pelea por la prepotencia sociopolítica, pretende un relato ahistórico ingenuo, que no explica la muy conflictiva y lenta transición a la modernización del Estado, ni cómo propició el Concordato de 1851 o la presencia episcopal en los debates parlamentarios. Tampoco aclara cómo condicionó la gran pugna del primer tercio del siglo XX en  que el mundo “clerical” salió victorioso tras la Guerra de 1936. Y menos explica cómo aquel espíritu de “cruzada” impuso su patriarcal criterio “clerical” en lo educativo y cultural prácticamente hasta 1982.  Salvo que se recurra al providencialismo explicativo –antihistórico y azaroso- no se esclarece cómo en 1980 logró aprobar la LOECE, con una gestión peculiar e  idearios de colegios privados amoldados a sus intereses pese a las “subvenciones” que recibía del erario público. Otras tendrán que ser también las justificaciones de las añoranzas de cuando los tiempos eran otros, expresadas en la continuada oposición de las variadas organizaciones eclesiásticas a la LODE (1985) y a la LOGSE (1990) o a la propia LOE (2006), leyes donde puede seguirse la huella de sus protestas. La dicotomía clericalismo/anticlericalismo tampoco dilucida, en fin, el activismo de 2005 -cuando varios obispos protestaron en la calle- ni el estatus logrado en la LOMCE (2013) para la Religión y la preeminente  “iniciativa social” –frente a la pública- para abrir colegios.

A esa descontentadiza actitud permanente, siempre anhelante de presencia absoluta, ocupada en acrecentar su paternalismo social a cuenta de limosnear de lo público, puede llamársele “clericalismo”.  Aunque en el mundo liberal de los negocios temporales, en casos similares suelan usarse locuciones afines al monopolio. En ese desinhibido ahínco por tejer redes de poder cultivando a grupos influyentes y dominio legal, se generan argumentos de novela negra, pero no existe ahí el “anticlericalismo” de estilo antiguo. Contarlo así es un resabio de poder “fáctico” frente a enemigos imaginarios. Que haya eclesiásticos que se apañan muy bien en ese mullido mundo no hace indispensable que la laicidad necesite voluntades concertadas o contubernios “anticlericales”. Más inteligente sería admitir -puesto que estamos en democracia- la necesidad de que existan ciudadanos interesados en la habilidosa voluntad de apostolado en educación de la Conferencia Episcopal (CEE) . Para una institución que pretende acreditarse por su atención a lo social -que sólo da a Cáritas un 2% de lo que percibe por el IRPF- debiera ser habitual justificar su particular acción pastoral -o, según a quien se dirijan, de “servicio”, “caridad”, ”solidaridad” y “acción social”- sin recurrir a los recursos públicos o, en caso de concesiones específicas, facilitando que el Estado pueda evaluar cómo hayan sido aplicados, pues tiene obligación de atender equitativamente y sin privilegios a todos sus ciudadanos.

En otro tiempo, se dio a entender que esto, por la simbiosis “fáctica” existente, no era relevante. Entre innumerables fetichismos mágicos, casi todos los españoles decían ser católicos y se ajustaban a lo que la Iglesia había oficializado en las costumbres. Pero sin que mediara ningún decreto, ambas realidades difieren mucho. En estos 40 años ha aumentado los que no se sienten católicos -como atestiguan las encuestas del CIS- y, en paralelo, creció la sensibilidad hacia la obligación del Estado –“aconfesional”- en preservar que la diferencial perspectiva de cada cual, religiosa o no, quede a salvo. Todos los ciudadanos han de poder pensar, expresarse y actuar como entiendan, sin que ello sirva de pretexto discriminatorio que perjudique su expectativa de vida. Por tanto, proporcionar recursos sociales ha de seguir igual criterio en lo tocante al erario público.

Frente a esta democratizadora dinámica social, “cruzadas”y “misiones” ha habido, sobre todo en la etapa de Juan Pablo II y con  Rouco Varela al frente de la CEE, que depositaron expectativas restauradoras en neoclericales movimientos elitistas y herméticos más allá incluso del Opus Dei, como Legionarios de Cristo, Camino Neocatumenal, Renovación Carismática o Comunión y Liberación. El circuito católico de la educación, coordinado desde la Comisión Episcopal de Enseñanza, contabiliza ya 2.449 centros concertados y 15 universidades. Su objetivo  privatizador dentro del sistema educativo español ha instrumentado su “acción social” –frente a la enseñanza pública que el Estado tiene obligación de gestionar bien- mediante la FERE, el Foro de la Familia, COFAPA, CECE, CONCAPA, EyG, “Libertad de enseñanza”, “Educación y Evangelio”, AESECE, otras organizaciones menores y empresas de carácter editorial como Edelvives, Edebé o SM,  las cuales aparentan la difuminación del cártel educativo logrado en estos 40 años.   Su amplia cobertura publicitaria  en medios como La Razón, ABC, 13TV y la COPE, amén de digitales de diverso alcance neoliberal,  no logra traspasar, sin embargo, el círculo de adeptos que tienden a reproducir “Escuelas católicas” o Universidades como la de Murcia o Pamplona. El afán de notoriedad, buenas relaciones y demostración social es una  línea de emprendimiento y negocio. Pero no es procedente –en democracia y menos cuando la crisis ha puesto en cuestión este modelo- que los otros ciudadanos deban financiarla con recursos públicos. La caridad episcopal a coste cero no existe y habrá de demostrarse que las electivas afinidades de sus movimientos con los intereses del IBEX-35 o los manejos del partido más conservador, son muy beneficiosas para el común de la ciudadanía.

La búsqueda de estos mecenazgos y alianzas de la Iglesia desde el siglo IV d.C. tiene su lado oscuro. Después de tantos siglos, su gestión “confesional” de la temporalidad debiera haber beneficiado -sin cortapisas al conocimiento- a toda la población. Continuarla ahora con un “aconfesionalismo” opaco, indistinguible de aquel largo “confesionalismo”, es difícilmente sostenible. La diversa presencia estratégica de la Religión en la educación prolonga una conflictividad fronteriza incesante desde que, en 1789, perdió el enorme poder anterior. En Francia, claro, porque los españoles volvimos a revivirlo mucho entre 1936-1978, como si los derechos sociales no debieran existir y la caridad suplicante hubiera de suplirlos. En Francia, de todos modos, la ley que independizó las relaciones de Estado e Iglesia es de 1905, como cuenta Fernando Álvarez-Uría en la “Introducción” a una reedición reciente de Halbwachs, M., Acerca del sentimiento religioso en Durkhem (Dado, 2017). Aquí, los Concordatos de 1851 y 1953 prolongaron aquel conflicto de intereses casi hasta hoy, en que la Constitución de 1978 -en combinación con los Acuerdos de 1979- solapa, bajo un supuesto “aconfesionalismo positivo”, la consolidación política del Estado Vaticano dentro de España.

Transparencia
Quienes pretextan resentimiento olvidan que el rencor al inevitable pasado no facilita un presente de dignidad y justicia. Favorece en cambio la esquizofrenia creer que el Cielo autoriza a algunos que amarguen a todos la vida en la Tierra. Crédulos de su omnisciencia, estos círculos eclesiásticos suelen caer en la confusión que, por razones que Bourdieu dejó estudiadas, no les deja distinguir -a conveniencia- entre el propter quem y el post quem, como si la causalidad fuera una mera continuidad temporal. De proseguir en el acomodado “aconfesionalismo” sobrevenido de que disfrutan les hará cada vez mas insociables. La alucinación política les hará ver que, por ejemplo, todos han de comulgar con su “libertad de elección de centro”, tan transparente que el gasto público ha bajado un 12% entre 2009 y 2012, mientras el de los conciertos educativos  -donde los colegios católicos son mayoría- no ha parado de crecer  privilegiando a casi el 30% de escolares.  

Por otro lado, hacer creer que la situación de 2017 es como hace 40 años o anterior burla igualmente toda libertad y equidad democráticas. No sería la primera vez que confunden el propter quem con el mero post quem, pero las oportunistas posiciones de la jerarquía eclesiástica española, por melifluas que se presenten, no permiten olvidar que, a menudo, han sido intransigentes y ajenas a lo que muchos de sus fieles han vivido. Historiadores como Willian J. Callahan lo han explicado luce meridiana y, para los últimos tiempos, merece la pena  leer a Ángel Luis López Villaverde: El poder de la Iglesia en la España Contemporánea: La llave de las almas y de las aulas (Catarata, 2013). En todo caso, ni el pasado se enmienda con “impactos”  tan epidérmicos como los que pretende alguna Memoria reciente, ni las supremacías de antaño son las de hogaño. Aquel pasado de prepotencia resiste ahora mal un complicado proceso interno de mutación, más difícil cuando la secularización es creciente. Para un “pacto educativo” consistente no es buena noticia una CEE orgullosa de un pasado lleno de agujeros de los que no se siente responsable, olvidadiza de su presente sociorreligioso y hostil hacia quienes no compartan sus concepciones del mundo.

Sería una situación excelente, sin embargo, para la humilde coherencia. En Educación, olvidando reminiscentes privilegios como el de la catequesis doctrinal en el currículum: aferrarse a que, en horario escolar, lo faculta la legislación “aconfesional” no se ajusta a la Convención de los Derechos del Niño. O negándose a  la separación de niños y niñas en las aulas y mostrando que no es problema para nadie tener recursos económicos para poder estudiar en sus colegios. Si con el ejercicio astuto de la presión y el intrigante cabildeo pierde crédito esta modalidad de presunta evangelización, gana puntos si derrocha empeño en zonas rurales, ante la niñez más abandonada o en los barrios humildes, como hizo el cura Millán Santos (+2010) en el barrio de Las Delicias (Valladolid).  Justo lo contrario de exigir al Estado conciertos para atender niños bien cuando en el último Informe de UNICEF  -que reafirma a Cáritas- abundan los pretextos para impulsar sus efectivos vocacionales hacia donde se necesitan.  Un designio educador que pretenda erradicar la pobreza y sus consecuencias es ininteligible que se empeñe en hacer pasar por democrático querer fidelizar a unos pocos –favorecidos- a cuenta del escaso dinero de todos. En democracia, el inexplicado pretexto teocrático no puede suplantar a la Educación pública erosionando sus recursos. Esa pretensión de puro favoritismo, en cristiano desprecia la moral. Salvo que el P. Arregui se equivocara diciendo, en 1961, que “el monopolio, sobre todo de las cosas necesarias, fácilmente lesiona la caridad”, razón histórica de esa “pastoral”.

¿Conversión?
Los itinerarios educativos para selectos, parciales per se, no necesitan para su “libertad de elección” el recurso a los PGE (Presupuestos Generales del Estado) ni el auxilio de la CEE. La obligación del Estado es con todos, para que la educación sea un instrumento de conocimiento y de posible ascenso social, de cohesión moral y cívica de toda la ciudadanía. A esto ha de orientarse el propter quem o las razones de la acción educativa eclesiástica si no quiere ser una mera empresa de servicios. Si quiere estar con su “pueblo de Dios”, el aggiornamento de Juan XXIII y su Concilio Vaticano II en los primeros sesenta fueron una auténtica novedad. Hoy, en el post quem de aquella historia esperanzada para muchos, que esas actividades se amparen en interpretaciones laxas de “aconfesionalismo” o en el puro marketing es cada vez más increíble.  Cuando en estos últimos 40 años ha pasado de todo, mejor será abandonar el tozudo cultivo de esos lastres de “lo fáctico” que seguir perdiendo credibilidad.

Manuel Menor Currás
 (Madrid, 21.06.2017) 

sábado, 24 de junio de 2017

Educación y Corrupción: el calor que se pierde en la transformación (24J Asamblea Marea Verde Madrid)

Como si se tratara del Principio de Conservación de la Energía, podemos imaginar la actuación del Partido Popular en materia de política educativa. Según este principio, la energía no se destruye, se transforma. Y en eso está el gobierno de Cifuentes: en transformar el derecho básico a la Educación Pública que tenemos todas en el negocio de unos pocos al favorecer sistemáticamente a la privada-concertada.

Los hechos de esta afirmación son de sobra conocidos por parte de toda la Comunidad Educativa madrileña. La aplicación práctica de la ideología neoliberal en el terreno educativo supone la destrucción del sistema público de Educación y va ligada a la voluntad de mercantilizar absolutamente todo. Es por ello reconocible cómo se favorece a la privada-concertada mediante aumentos presupuestarios para los conciertos; cómo se producen cierres de centros públicos, reducción de líneas, cierres de ciclos formativos empujando a las familias a matricularse en centros privados-concertados por falta de oferta de plazas públicas, y cómo se genera un auténtico caos en el proceso de matriculación en el que miles de familias (cuatro mil, según las estimaciones más optimistas) no pueden ejercer el tan cacareado derecho a la libre elección de centro.

La política de recortes va degradando cada vez más la prestación del derecho a la Educación pública, universal, gratuita y de calidad con masificaciones de aulas, pérdida de recursos del profesorado, pérdida de plantilla docente, de orientadoras, de aulas TEA (como la del IES Pérez Galdós), de profesorado especializado en necesidades educativas especiales… todo lo que genera desigualdad en la sociedad y va transformando a la Educación Pública en todo lo contrario a los principios de inclusividad y equidad.

Porque las políticas educativas neoliberales no buscan eso. Buscan que la educación sea un mero eslabón más en el sistema productivo capitalista, por el cual las clases populares tienen ya asignado su papel. Cuestiones como la formación de espíritu crítico no importan. Ya se encargan de ahogar en el inglés esas asignaturas que pueden desarrollarlo en una calculada aplicación del bilingüismo como arma segregadora, por la que nuestro alumnado ni es bilingüe ni aprende ciencias sociales y naturales.

Pero comenzábamos hablando del Principio de Conservación de la Energía. Y en ese proceso de transformación sabemos que no toda la energía se transforma en otra forma de energía y que hay una parte que se transforma en calor. Siguiendo con la metáfora, y sin lugar a dudas, el calor en el desmantelamiento de la Educación Pública es la corrupción.

La corrupción de la trama Púnica, que ha beneficiado al Partido Popular y que presuntamente ha servido para enriquecer a sus consejeros a través de recibir las correspondientes mordidas en las cesiones de suelo público para la construcción de las empresas educativas que son los centros privados-concertados. Así como el presunto desvío de fondos públicos ordenado por la Consejería de Lucía Figar y orquestado por la trama Púnica para emprender una campaña para desprestigiar a Marea Verde Madrid en redes. Esta es otra forma de corrupción.

También lo es entender lo público como patrimonio propio. En este sentido, la disposición de las arcas públicas para promocionar determinados programas estrella que Esperanza Aguirre puso en funcionamiento, como el bilingüismo, con campañas en radio y televisión. En plena crisis, no puedes llegar a mediados de mes, pero te puedes quejar en inglés. Eso sí, la evaluación te la hace el Trinity College, que tampoco lo hace gratis. Así como el pago de 645.000€ a una empresa privada en 2017 para la elaboración y recogida de los resultados de las pruebas LOMCE, que no para la preparación de los exámenes, que no de las correcciones. Corrupción es hacer un manual de cierre de centros públicos, como se ha aprobado en la Asamblea de Madrid. Porque corrupción es enajenar bienes públicos a sus legítimas propietarias: los y las ciudadanas.

Todo ese calor que se desprende de la transformación de un derecho en una mercancía es la otra cara de la precariedad laboral del profesorado, del fracaso escolar, de la no inclusividad, del recorte en becas para los centros públicos, que no en los privados-concertados y en los privados, con desgravaciones fiscales por uniforme escolar para las familias. En resumidas cuentas, Recortes y corrupción son las causas de la situación de la Educación en Madrid. Cualquier día de estos, las clases trabajadoras despertaremos viendo que tenemos que pagar por respirar mientras que algún político neoliberal, naranja o azul, se está llevando su 3% correspondiente. Entonces, y solo entonces, nos daremos cuenta de las oportunidades perdidas que hemos tenido para evitar esa situación.

Hace calor.

Asamblea Marea Verde Madrid

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#SíSePuede! La concentración de ayer y la resolución #DesdobleFontarron!


Como sabéis  ayer nos hemos concentrado frente a la Asamblea de Madrid coincidiendo con la Comisión  de Educación.
A primera hora hemos apoyado al AMPA del CEIP Virgen del Cerro, luchando para que nos les cierren un aula en su cole también  preferente para peques con diversidad motora.
Más  tarde hemos dejado en el Registro, a la atención  del Consejero de Educación Rafael Van Grieken, una copia de toda la documentación  entregada en la DAT la semana pasada (escritos de familias, de AMPA y más de 3000 firmas de apoyo recogidas a través  de nuestra petición en change).
Durante las horas que estuvimos allí bajaron a interesarse algunos representantes políticos, gente del sector de la defensa de derechos de las personas con diversidad funcional y diputados de la Asamblea, entre ellos Beatriz Galiana, a quienes transmitimos nuestra inquietud por no haber recibido respuesta y confirmación oficial de la DAT al CEIP Fontarrón sobre el desdoble de la clase respaldando el mensaje de D. Rafael Van Grieken a través de su cuenta de Twitter.
Creemos que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para que nuestros hijos e hijas reciban una educación  pública equitativa,  inclusiva  y de calidad.
Y eso ha dado resultado: hace unos momentos la Dirección del CEIP Fontarrón recibió el fax de la DAT confirmando las 2 aulas para 5 años durante el curso 2017/2018! 

Queremos agradeceros a todos los que nos habéis  acompañado en esta reivindicación con vuestras firmas, muestras de apoyo y compartiendo nuestra petición de change sin descanso!
Aquí os dejamos la constancia de que nuestra lucha no ha sido en vano y que siempre debemos reclamar nuestros derechos!
GRACIAS!!!
AMPA CEIP Fontarrón