Las escuelas que segregan por sexo: vínculos con el Opus, millones en conciertos y aferradas al Constitucional (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

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Es un negocio millonario, aunque los beneficios después no se cuentan en euros. Decenas de centros privados que segregan a su alumnado por sexo se aprovecharon de la puerta que abrió la Ley Wert (Lomce) del PP para acogerse al sistema de conciertos y beneficiarse de la financiación pública. Gracias a esto, han recibido cientos de millones de euros en subvenciones en los últimos años, especialmente en comunidades como Madrid, Catalunya, donde se han pagado 311 millones de euros a escuelas segregadoras en diez cursos, o Euskadi y Navarra.

Hasta que la Lomloe (Ley Celaá) puso coto y obligó a todos los centros que reciben fondos públicos a practicar la coeducación y no separar a su alumnado. Lo establece así en su disposición adicional vigésima quinta: "Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (…), y no separarán al alumnado por su género". La financiación pública corría riesgo.

Pero la escuela concertada segregadora se resiste. Peleó y ganó las primeras decisiones al respecto en Catalunya, y ha peleado, y va camino también de ganar, por segunda vez, en el Tribunal Constitucional, que está a punto de proponer que esa disposición de la Lomloe no sea válida y se obligue al Gobierno a financiar la segregación por sexo, tras un recurso de Vox. Ya lo hizo el TC en 2018, cuando rechazó un recurso del PSOE ante varios artículos de la Lomce, entre los que se encontraba precisamente el permiso para concertar este tipo de centros. Un balón de oxígeno para estos colegios, tanto entonces como ahora (si se confirma), que según sus cuentas públicas están perdiendo dinero en los últimos años.

¿Cuáles son estos centros? ¿A quién pertenecen? A falta de un listado oficial, la inmensa mayoría de ellos son del Opus Dei o al menos están muy cercanos a la Obra. La agencia Efe contabilizó cerca de cien colegios que segregaban por sexo hace dos cursos, de los que 67 tenían un concierto. Hay conglomerados de colegios, como el grupo Fomento de Centros de Enseñanza (con centros por toda España y a quien pertenecen un tercio de estos colegios segregadores) o los de la Institució Familiar d'Educació de Catalunya, asentado en esa comunidad, y Baleares; también hay centros sueltos, como es el Colegio Los Tilos, exclusivamente femenino, en Madrid. Su negocio no parece el económico, al menos a decir de las cuentas que recoge infocif.es de alguno de ellos. Este último centro, por ejemplo, registra pérdidas en los dos últimos ejercicios, y los que presentan beneficios pueden considerarse pequeños para la magnitud del grupo.

Guerra abierta en Catalunya

La Generalitat es una de las administraciones que con más fervor ha abrazado la prohibición de concertar colegios que segreguen. O al menos lo ha intentado hasta que, literal, se topó con la Iglesia, que recurrió. En concreto, lo hicieron varios colegios pertenecientes a la Institució Familiar d'Educació, un grupo educativo que cuenta con 13 escuelas entre Catalunya y Baleares a las que acuden casi 8.000 alumnos y donde "el mensaje del Opus Dei es un rasgo nuclear de la identidad" del grupo, según su propia web. No todos los colegios de este grupo segregan, sin embargo: algunos se han fusionado para pasar a ofrecer educación mixta ante la falta de alumnado, como por ejemplo la Institució Igualada, que solo los separa en la ESO (y vuelve a juntar en Bachillerato).

El Govern intentó el curso pasado retirar el concierto a varios de estos centros, pero un recurso de los mismos les dio la razón: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) argumentó que no se podía retirar la financiación pública porque los colegios perderían ingresos de manera inesperada y además causaría un perjuicio a los niños, que tendrían que cambiar de centro si dejaban de ser gratuitos. No contento con prohibir retirar el concierto, el TSJC obligó a la Generalitat a prorrogarlo seis años más.

Ahora la Generalitat vuelve a la carga. Con la Lomce aún vigente no pudo, pero creen en el Departament d'Educació que ahora la Lomloe les ampara. Y esta semana pasada ha anunciado que no va a renovar el concierto para el próximo curso a las 11 escuelas que siguen segregando, aunque tendrá que mantenerlo en Primaria por el revés judicial del pasado año. Esta decisión también dependerá, al menos en parte, de la decisión del TC respecto al recurso de Vox.

Calcula Educació que con esta medida se va a ahorrar unos 15 millones de euros. Es, echando una cuenta gruesa, casi la mitad cada año de los 311 millones que han pagado el Govern en los diez últimos cursos (31,1 al año) a centros privados que separan a alumnos y alumnas, según datos del Ejecutivo. Algo menos del 50% de este total, 137,8 millones de euros, ha ido a parar a colegios del grupo Institució Familiar d'Educació, que tiene tres centros que han recibido más de 30 millones de euros en este lapso: La Farga, en San Cugat, La Vall, en Sabadell, y la Institució Tarragona. Según el estado de sus cuentas publicado en infocif.es, el grupo se mantiene gracias a estas subvenciones públicas: en 2019 ganaron 126.406 euros y el año anterior habían perdido 267.031 euros.

Sin conflictos en Madrid

La situación en Madrid es exactamente la contraria a la de Catalunya: respaldo de la administración, que se dispone a aprobar una ley educativa autonómica para blindar los conciertos, incluidos los de centros que segregan, y boicotear la Lomloe en la medida de lo posible. La Comunidad destinó entre 2015 y 2020 unos 200 millones de euros a financiar estos colegios privados que separan por sexo (educación diferenciada, les gusta llamarla).

En la comunidad tienen especial presencia el grupo educativo Fomento de Centros de Enseñanza, que también opera fuera de la región. Este gigante tiene 32 centros por toda España, siete de ellos en Madrid, y posee el Centro Universitario Villanueva, que también ha sido agraciado por el Gobierno de la comunidad con una licencia para convertirse en Universidad propia y dejar de depender de la Complutense.

Fomento, como se conoce a este grupo, escolariza a unos 23.000 alumnos, y aunque no lo especifica en la web –a diferencia de otros centros, que nombran a José María Escrivá de Balaguer, fundador de la Obra–, también tiene conexiones con el Opus y utiliza para su ideario toda la terminología típica de este movimiento. A este grupo, que no tiene sus cuentas publicadas para libre acceso, pertenecen centros como Las Tablas-Valverde, que recibió 3,9 millones de euros en subvenciones públicas el curso 2019-2020, según la Cadena Ser, o el Fuenllana, un centro femenino, al que le tocaron 3,8 millones de euros por el concierto.

Además de los de este grupo, Madrid cuenta con colegios individuales, como el Tajamar, inspirado por el propio José María Escrivá de Balaguer o el Retamar, donde estudió el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida y también ligado a la Obra.

Financiar hasta incumpliendo en Navarra

En Navarra, el Departamento de Educación del Gobierno foral estudia retirar el concierto educativo a los colegios privados del Opus Dei Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín, que supera los 12,5 millones de euros, después de que los mismos no hayan adaptado en aulas mixtas la totalidad de los niveles educativos este curso escolar como se comprometieron a hacerlo, informa Sol Gragera. De hecho, la dirección de los centros sólo ha mezclado niños y niñas en las aulas de Primaria en un intento de adaptarse progresivamente a la Lomloe y a la disposición de ley foral de 1998 que regula la financiación a estos centros.

Los cuatro colegios cuentan con cerca de 4.500 alumnos y 350 docentes. Miravalles-El Redín es del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, mientras que Irabia-Izaga es obra corporativa del Opus Dei. Los cuatro están unidos jurídicamente en dos para cumplir el requisito de la ley foral de 1998 para recibir conciertos. De producirse la extinción del concierto el 31 de agosto de 2022, el Gobierno de Navarra analizará seguir pagando a los centros por medio de un "acuerdo motivado", como permite una disposición adicional de la Ley foral 11/1998, y "a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado, hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias que están cursando", según explicó el titular de Educación. Es decir, valorará seguir pagándoles aunque se demuestre que han incumplido la ley.

En torno al Opus en Euskadi

En Euskadi son seis los centros con concierto que separan por sexo a su alumnado: Arangoya en Bilbao, Gaztelueta en Leioa, Ayalde y Munabe en Loiu, Eskibel en Donostia y Erain en Irún. Todos ellos son del Opus Dei o pertenecen a la patronal COAS, próxima a la prelatura. El Gobierno vasco pagó 11,5 millones de euros a estos colegios el curso pasado, incluido el Gaztelueta, célebre estos pasados meses por haber amparado y defendido a un profesor que abusó de un alumno y fue finalmente condenado a dos años de cárcel.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmó el pasado año que Euskadi aplicará la medida para dejar de financiar a estos colegios que introdujo la Lomloe. "En ese sentido, nosotros lo que haremos será cumplir la ley. Es una ley orgánica, es una ley básica. Y siendo un Gobierno, además, que siempre entendemos que tenemos que trabajar en profundizar en la igualdad de género, en un equilibrio entre sexos, en la verdadera igualdad entre alumnos y alumnas", explicó, en lo que supondría un giro de 180º respecto a la postura de su predecesora, también del PNV, quien defendía que "la enseñanza disgregada por sexos no es discriminatoria".

Estos son algunos de los principales grupos o colegios que separan a su alumnado por sexo y que además tienen un concierto. Fuera de esta categoría por no tener concierto, pero que también segrega por sexo, merece mención especial el grupo Attendis, también vinculado al Opus Dei y que opera principalmente en Andalucía y Extremadura, con 21 centros.

Familias de la concertada reniegan de la campaña contra la Ley Celaá: "Usaron a mi hija en uno de sus vídeos políticos" (Mónica Zas Marcos para ELDIARIO.ES)

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Padres y madres que llevan a sus hijos a escuelas concertadas se desmarcan de la campaña "ideológica" para derogar la Lomloe y manifiestan su incomodidad con que algunos colegios usen la imagen de los menores sin informarles

La guerra que ha desatado la escuela concertada contra la nueva ley educativa no representa a todo el colectivo. Detrás de los lazos naranjas y las banderas que ondean para frenar la normativa del Gobierno también hay familias que se sienten incómodas con el rumbo ideológico que ha tomado la campaña y con que a veces usen a sus hijos sin su consentimiento. La ministra Isabel Celaá criticó precisamente esto en el Congreso de los Diputados, señalando al PP como principal instigador de una estrategia "deleznable" para "sacar a los niños con los lazos" y establecer en ellos "ideas políticas contra un gobierno".


Pero además del frente político contra la Lomloe que conforman el PP, Ciudadanos y Vox, la denuncia más visible la protagoniza Más Plurales, una plataforma que aglutina a organizaciones de la escuela concertada, patronales, familias católicas y sindicatos del sector. Algunos de estos centros han realizado durante varias semanas minutos de silencio y lecturas de manifiestos en los recreos, además de colgar globos, lazos y cartulinas naranjas por todas sus instalaciones.

Por ejemplo, la patronal Escuelas Católicas, brazo educativo de la Iglesia que posee en torno al 60% de los colegios concertados, envió una carta a sus centros en la que pedía que hubiese "representación de la comunidad educativa (directivos, profesores, PAS y alumnos)" en las protestas. Después, los vídeos y las fotos que se realizan durante las intervenciones terminan en las redes sociales para que Más Plurales las use en su afrenta contra la ministra Celaá. En uno de esos vídeos aparece la hija pequeña de Virginia (nombre ficticio), una madre de Valencia que no fue notificada previamente. "No me importa cuando es algo educativo, pero en este caso usaron a mi hija en uno de sus vídeos políticos", admite en conversación con elDiario.es.

"Es su ideología y no quiero que mis hijos participen"

Virginia reconoce que no es la única que está en contra de las acciones con menores en su colegio concertado. "Es un secreto a voces, pero es difícil hablar del tema porque temes que afecte o marque a tus hijos", explica. De puertas para adentro prefiere no hacer mucho ruido, pues ya la señalan "por ser la madre progre dentro de un colegio católico", pero esto último fue la gota que colmó su vaso. "Tengo dos hijos: el de Secundaria pasa de todo, pero la pequeña me preocupa porque llega a casa diciendo que le van a cerrar el cole y que van a echar a sus profes por culpa de la nueva ley", relata esta madre.

"Es su ideología y no quiero que mis hijos participen en ese tipo de cosas", concluye. La familia valenciana optó por este centro por falta de plazas en la pública, ya que siete de los diez colegios que hay en su barrio son concertados. Luego, la cercanía, la propia vida social de los niños y la preferencia por no tener que cambiarlos en Secundaria a un instituto hicieron el resto. A cambio, Virginia reconoce que tendrá que limitar su participación en la escuela debido a sus diferencias con la Asociación Católica de Padres.

"Nosotros nos dimos de baja del ACPA porque no miraban por los derechos de los niños o las familias, sino que hacían lo que le venía bien al colegio", explica. "Es un paredón y un paripé. Están totalmente alineado con la dirección del colegio y funcionan más como filtro que como canal de comunicación", explica Virginia. La última muestra es lo que ha ocurrido con los vídeos y las fotos de los niños en las campañas de Más Plurales: "Seguro que lo han hecho en connivencia con el ACPA, pero si no estás dentro o no colaboras económicamente es muy difícil que te enteres de lo que organizan".

Es un secreto a voces, pero es difícil hablar del tema porque temes que afecte o marque a tus hijos

Ella lo compara con el colegio público al que llevó a su hijo mayor durante los primeros años de escolarización y donde, en su opinión, el AMPA "era más plural y más transparente". En cambio, "si no aportas tu dinero al ACPA tus hijos no se pueden beneficiar de nada". No cree que todos los colegios religiosos ni concertados sean así, sino que depende de cada comunidad autónoma: "No me sorprende porque esta ciudad es como es y vota a quien vota", dice en referencia a Valencia. Más al norte, en Vitoria, Asier (nombre ficticio) asiste al caso contrario: "Aquí han pasado absolutamente desapercibidas tanto la ley como las pancartas naranjas", reconoce.

"Religión debería estar fuera de las aulas"

Aunque las protestas de Más Plurales se hacen en nombre de toda la comunidad concertada, hay una parte que se mantiene ajena a la nueva ley y a sus detractores. Por ejemplo, la ikastola concertada a la que van los hijos de Asier en el País Vasco. "En un colegio con 1.500 alumnos te puedes imaginar cómo arden los grupos de padres y madres, y este tema no ha sido mencionado porque no le afecta a nadie", admite. Cree que se debe también a que su ikastola no es religiosa, un rasgo clave en este asunto.

La Lomloe dispone que la materia de Religión dejará de contar para la nota media, pero seguirá siendo como hasta ahora una asignatura de oferta obligatoria por parte de los centros y de realización optativa para el alumnado. Debido a que el 70,2% de los estudiantes de la concertada están matriculados en un colegio religioso, la escuela privada sostenida con fondos públicos se ha arrogado esta batalla aunque no le atañe exclusivamente. "Entiendo que Religión debería estar fuera de las aulas", opina Francisca, otra madre de Toledo cuyo hijo de 16 años estudia en la concertada, por lo que cree que "se están metiendo en debates que no son los suyos".

"Mis hijos no están ni bautizados, pero eso no ha supuesto ningún problema, por eso no veo el sentido de que levanten armas contra una ley por una cosa que no les afecta", comparte Virginia, la madre valenciana. Montse, desde Madrid, se considera afortunada porque su colegio concertado, al no ser religioso, no ha abierto fuego contra la Ley Celaá usando a su alumnado, como sí ocurre en otros centros de su barrio: "Me sentiría muy incómoda si hicieran formar parte a mi hijo de sus iniciativas políticas", asegura.


Mis hijos no están ni bautizados, pero eso no ha supuesto ningún problema, por eso no veo el sentido de que levanten armas contra una ley por una cosa que no les afecta
"La ley no pone en peligro la libertad de los padres"

La libertad de elección es la bandera que ondean Más Plurales y los partidos de la derecha para criticar que la Lomloe favorezca a la escuela pública antes que la concertada. Sin embargo, ninguno de los padres y madres consultados consideran que eso vaya a amenazar "la existencia" de los colegios donde llevan a sus hijos ni a "poner en peligro la libertad de los padres". A pesar de que "en Chamberí los colegios públicos son estupendos", Montse se decantó por la concertada por la cercanía, la continuidad en la ESO y "porque daban una oferta educativa un poco diferente al resto".

Sin embargo, entiende que el Estado deba hacer una apuesta por la educación pública. "El problema es que se considera que es de peor calidad, aunque no tenga nada que ver con el proyecto educativo", piensa esta madre. En su opinión, "hay que invertir para eliminar ese prejuicio y dar recursos para que los niños en situación desfavorable no acaben en centros de los que la gente huye". De hecho, uno de los grandes cambios de la Lomloe va dirigido a distribuir de forma más equitativa a los alumnos para impedir que los más favorecidos se junten en la escuela concertada y los más humildes se matriculen en la pública.

"La educación concertada no es de mayor calidad, sino que el nivel es más alto porque los alumnos tienen un soporte familiar detrás, cosa que no siempre pasa en la pública", opina a su vez Francisca, de Toledo. Para ella, "todo privilegio debe pagarse y por eso la ley tendría que habérselo quitado a la educación concertada mucho antes". Por su parte, según Montse esta campaña solo sirve "para hacer mucho ruido y desinformar más que informar". Para ella, "la ley busca acabar con la segregación, pero la libertad de elección sigue ahí".
Asier, del País Vasco, se considera a sí mismo "un defensor total de la escuela pública" a pesar de que tiene a dos críos en la concertada porque "fue la ikastola donde estudió mi mujer". Defiende que "lo coherente en una ley educativa es que prime la pública sobre la privada", aunque piensa que su colegio no es tan elitista como otros "porque todos cobran más o menos las mismas tasas". Respecto a esto, una de las cosas que propone la Lomloe es cortar el grifo de las cuotas "voluntarias" a la escuela concertada, ya que apuntalan este sesgo y en ocasiones ni siquiera justifican a qué va dirigido el dinero.
Las tasas, "de voluntarias no tienen nada"

"Es un plus que asumes porque en la educación concertada los sueldos de los profesores no se equiparan a los de la pública. Aunque reconozco que no se cuál es el objeto", admite Asier. "Jamás he conocido a alguien que la haya cuestionado", piensa este padre vasco. Respecto a si las tasas pueden agrandar la brecha con la pública, argumenta que en Euskadi la mitad de la educación es concertada y que "no existe el concepto de escuela de lujo" porque "no hay nadie que rompa la baraja".

En cambio, Virginia, paga en Valencia 22 euros por cada niño: "De voluntarias estas tasas no tienen nada y las justifican en concepto de material escolar, pero no sé a lo que se destina realmente". Además, cada comienzo de curso abona otros 50 euros por la matriculación y 35 euros más al trimestre si colabora con la Asociación Católica de Padres de Alumnos (ACPA). Por su parte, Montse paga casi 100 euros al mes en Madrid de forma voluntaria por tener a su hijo en Infantil. "Tiene una hora más lectiva y hacen desdoble de inglés con profesores nativos". Pero ¿no supone eso ya una discriminación para los alumnos de la clase que no puedan pagarlo? "Es verdad que si realmente hay tanta demanda habría que reforzar el inglés en el horario lectivo u ofrecerlo como extraescolar", termina reconociendo.

Mentiras contra el Derecho a la Educación (Pío Maceda)

Pío Maceda nos envía este correo:

Pongo el enlace de un artículo breve, que ya puse en Facebook, en el que intento responder por qué los defensores de la concertada siguen presentándose como víctimas tras 35 años de experiencia que lo desmienten.

GRUPOS CONSERVADORES HAN REALIZADO MANIFESTACIONES EN MUCHAS CAPITALES DE PROVINCIA para expresar su rechazo a la Ley Celaá, a la que intentan desprestigiar con mentiras como “es una amenaza para la escuela concertada”, “pretende cerrar los centros de educación especial”, “amenaza a la religión católica”, “elimina el castellano en Cataluña”, etc.

Es importante subrayar que estas manifestaciones repiten el mismo esquema de las que se hicieron durante la tramitación de la Ley del derecho a la Educación (LODE) en los años 1984 y 1985, y durante la de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2005 y 2006.

En la manifestación celebrada el 18 de noviembre de 1984, Carmen de Alvear, entonces presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) habló en nombre de la Coordinadora pro-libertad de enseñanza ante cientos de miles de manifestantes diciendo que “se impide a los padres elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos”. En el cartel que anunciaba la manifestación se veía la silueta de una niña pequeña con coletas escribiendo en el encerado: “No a la escuela única”.

El 12 de noviembre de 2005 los obispos y parte de la cúpula del PP asistieron a la multitudinaria manifestación contra la LOE, que impulsaba el Gobierno de Zapatero y que sería aprobada pocos meses después. Pusieron otra vez el grito en el cielo ante la supuesta amenaza a los centros de titularidad privada, a pesar de que tras dos décadas de aplicación de la LODE habían mejorado bastante: tenían muchas más aulas y más sectores concertados.

¿Por qué repiten otra vez los argumentos de la amenaza a la escuela de titularidad privada, cuando la experiencia ya ha demostrado que eran acusaciones falsas? ¿Por qué tergiversan el concepto de libertad?

Lo hacen para conseguir dos objetivos: beneficiar el negocio de los empresarios y condicionar el marco del debate ideológico.

Un informe reciente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) confirma que en torno al 90% de 336 colegios concertados estudiados cobran una cuota media de 255 euros al mes por estudiante. La mitad de esa cantidad era obligatoria para las familias.

José Luis López Lillo publicó una carta al presidente de la Región de Murcia comentando una sentencia firme que condena a un centro por abuso en el cobro de cuotas. Es una reprobación a esa forma de hacer negocio.

El otro gran objetivo de los defensores de la concertada es llevar la confusión al debate educativo difundiendo falsedades. Pretenden evitar que el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, esté en el frontispicio de los debates. Los conservadores no lo niegan, pero hacen lo posible para que este derecho quede en segundo plano. Intentan confundir a la opinión pública con una cortina de mentiras.

Los impulsores saben que el éxito de su empeño está en sembrar dudas. Es algo que descubrieron las empresas tabaqueras en los años 50 del siglo pasado: cuando estudios médicos ya confirmaban que el tabaco favorecía la aparición de cáncer, las empresas productoras acordaron pagar informes que negaban esa evidencia con el objetivo de confundir a la opinión pública.

Hace pocos días un portavoz de la enseñanza concertada negó sin rubor el artículo 27.5 de la Constitución cuando dijo: “No se tiene en cuenta la demanda social, pretenden imponer una planificación previa”. El 27.5 prescribe: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

De igual manera, a lo largo de las últimas décadas aprovecharon esa campaña para poner en primer plano la “libertad de elección de centro”, cuando no debería ser así. La libertad de elección solo es real si previamente se garantiza el derecho de todos y todas a una educación de calidad. Y esa libertad es posible dentro la programación general prevista en la Constitución.

Por tanto, una de las principales tareas de quienes apostamos por el derecho a la educación es combatir las falsedades para contar con una opinión pública bien formada. Tenemos que ser activistas en el sentido que señala Manuel Rivas: “defender el lenguaje, la ecología de las palabras, frente a las fábricas de mentiras”.

Fuente: te-feccoo.es

La concertada se echa a la calle y utiliza a alumnos menores de edad para protestar contra la 'ley Celaá' (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta información de ELDIARIO.ES 

La escuela concertada va con todo contra la ley Celaá (LOMLOE). La plataforma Más plurales, más libres, más iguales, formada por varias asociaciones de la patronal de escuelas concertadas, organizaciones de familias católicas, sindicatos y alguna exfalangista, ha sacado este miércoles a su comunidad educativa a la calle, alumnado incluido, para mostrar su rechazo a la nueva ley de Educación, que se aprobará previsiblemente este jueves en el Congreso camino del Senado. La plataforma no se está guardando nada en su lucha contra la nueva ley educativa: instó a los centros a mostrar su rechazo e incluir al alumnado, da igual la edad, en las protestas. Muchos colegios acogieron la idea con entusiasmo y en los últimos días las imágenes de menores, tan pequeños como de unos cinco años, portando los lazos naranjas identificativos de la campaña o participando en acciones están por todas las redes.



La patronal Escuelas Católicas, brazo educativo de la Iglesia y que posee en torno al 60% de la escuela concertada, envió una misiva a sus centros hace diez días –al menos alguna de sus delegaciones territoriales lo hizo– en la que les explicaba que la plataforma había decidido convocar un paro con dos minutos de silencio frente a las puertas de los colegios, y les instaba a que "haya una representación de la comunidad educativa (directivos, profesores, PAS y alumnos)". Al final de la protesta se ha leído, en aquellos centros que la han seguido, el manifiesto elaborado por Más plurales con los motivos de su rechazo a la LOMLOE.

Protesta de alumnos contra la LOMLOE.

Los elementos que han motivado la campaña de la escuela privada sostenida con fondos públicos contra la LOMLOE son conocidos y se pueden resumir en estos argumentos, incluidos en el comunicado que se ha leído en la puerta de los colegios: "Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado (...). La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", sostiene, pese a que en ningún sitio de tal Declaración pone que la sociedad tenga que pagar a los padres su elección educativa. "Se inventa un derecho a la educación pública –cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación–", continúa, aunque en realidad se limita a poner la escuela pública como garante de la oferta de plazas públicas; "la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa", obviando que la mayoría de los países Europeos tienen poca escuela concertada o nada y que solo tres tienen más que España; "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio", la ley deja a la materia sin contar para la media, pero sigue siendo de oferta obligatoria por los centros; "y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial", que es su interpretación de que la ley dé un plazo de diez años para dotar a los centros ordinarios de recursos manteniendo los de educación especial.

El Gobierno está indignado con la campaña. Fuentes del ministerio y del PSOE explican que pueden llegar a entender la campaña, aunque no la compartan por estar basada, aseguran, en falsedades, pero añaden que el uso de menores –hay fotos en las redes de pequeños con apariencia de estar en Educación Infantil– supera todas las líneas. "Luego dicen que en Catalunya se adoctrina", se sorprenden. También añaden las fuentes que la escuela concertada, sobre todo en ciertas zonas como Madrid, recibe a familias de todo tipo de ideologías que no necesariamente tienen por qué estar en contra de la nueva ley.

La concertada no tiene planeado parar. Varios centros están enviando misivas a las familias solicitando su adhesión a la campaña de Más plurales. El Regina Mundi de Granada, por ejemplo, poco menos deja caer que la escuela concertada va a desaparecer: "La LOMLOE afecta a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus puestos de trabajo; a los 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos", explica. Otra de un centro de Salesianos anuncia "una acción colegial de protesta" por la que va a suprimir la última hora lectiva del próximo viernes 20 para realizar una cadena humana alrededor del colegio.

La LOMLOE también es una ley provisional (Manuel Menor)

 Publicamos este análisis de Manuel Menor

No ha sido todavía votada y ya ha sido sentenciada por los grupos conservadores del Congreso de Diputados.

 

La LOMLOE –nombre atrabiliario para una ley con pretensión de servir a una educación de todos- está a  punto de  pasar al BOE con la provisionalidad alternante de las anteriores.  Con ánimo de minusvalorarla, sus opositores han reiterado estos días que “justo, equitativo y de calidad” es lo que, para cuando vuelvan a gobernar, dicen tendrá “su” sistema educativo.

 

Se deduce, por tanto, que, a ojos de la oposición conservadora, esta nueva ley ni es justa, ni equitativa ni de calidad, supuestamente porque, al hacer desaparecer con la LOMCE algunos de los aspectos más denostados desde antes de que naciera en 2013, no quieren que olvidemos los ingredientes que, salvo ellos, nadie votó. Algunos querrían, también, que una gran mayoría ciudadana se uniera a quienes han demandado estos días, en la Carrera de San Gerónimo y en alguna web, seguir gozando de los privilegios que han tenido prácticamente siempre, muy reforzados en los años del nacionalcatolicismo franquista.

 

Todavía polarizados

 

La polarización en torno a la escuela y su cultura sigue viva, no tanto como en 2005 –en aquella manifestación histórica que arrastró a la calle a un puñado de obispos en demanda de que la ampliación de derechos civiles no llegara a buen término-, ni como en 1985, cuando Martínez Fuertes y Carmen Alvear ponían obstáculos a la LODE, una ley que daba cobertura oficial a sus anteriores subvenciones y les salvaguardaba de la mano aleatoria del libre mercado. Hoy, son las mismas organizaciones, con idénticas dependencias orgánicas detrás y algunos medios informativos más, las que siguen reclamando tan privilegiada situación, aunque la coyuntura no propicie el dramatismo de entonces para maximizar su nostalgia.

 

Se ha de reconocer, de todos modos, la pervivencia del apego a si es o no es verdad aquel modo de entender lo que es “justo, equitativo y de calidad” en el mundo educativo escolar. Algunos, al proclamar que tienen  de su lado, de siempre, el bien y la verdad, les cuesta aceptar el principio de realidad, objetivable estadísticamente con los datos relativos a recortes en la enseñanza pública y paralelo crecimiento de recursos en la privada que han reflejado los Presupuestos Generales de Educación  entre 2008 y 2018 –vigente todavía-, sin más justificación que predilecciones de quienes manejaron los dineros de Hacienda. Si a ello se suma el desafecto que, pese a las facilidades dadas por la LOMCE, ha tenido la clase de Religión, su sentido de equidad, justicia y calidad, que  vuelven a reivindicar, hace inexplicable el peculiar baremo  de “función social” que exigen a los repartos de recursos públicos.

 

Con un razonamiento tan particular como poco equilibrado con las necesidades reales de la mayoría de ciudadanos, el supuesto “pacto educativo” con que tentaron al hemiciclo del Congreso  en un pasado no tan antiguo  -la última vez fue con Méndez de Vigo-, seguirá en el alero  de las buenas intenciones, siempre aptas para no entenderse y seguir manteniendo vivo un espacio siempre a punto para peleas más que simbólicas, con todos los ingredientes disponibles para ser agitados cuando convenga.

 

En tono menor

Al común de los ciudadanos, sin embargo, especialmente a ese tercio de alumnado que, desde antes de nacer, está sentenciado al “abandono” o al “fracaso escolar”, este debate bizantino no le dice nada. Se siente abandonado por más que la palabra “equidad” y “justicia” sobrevuele ahora el combate mediático unida a “calidad”, el constructo que desde los años setenta, sobre todo, persigue a la educación española sin que alcancen a percibirla los que más la necesitan.

 

A los promotores de esta ley, por su parte, parece que no les inquiete mucho esa situación ni el avaricioso uso de las palabras con significados contrarios a los que en buena ley reclama su semántica originaria. Con salvar la cara por los tres años de legislatura que restan, se disponen a defender el progresismo de esta LOMLOE por haber logrado derogar parte de la anterior; verdad es que ha sido especialmente ominosa y –como decía Rubalcaba- técnicamente atroz, capaz de romper los consensos supuestos que encerraba el art. 27 de la CE78. No les asusta, sin embargo, dejar casi como estaba la divergencia que suponen los conciertos educativos; esta ley vuelve prácticamente a lo que decía la LOE en su art. 108.4; se veía venir, además, por decisiones anteriores de este Gobierno de coalición  y por los oportunismos de vascos y catalanes para tener  a mano más cotas de poder discrecional. Por su parte, el lado más conservador del PSOE ve con buenos ojos que esa divisoria del sistema se quede en una ambigüedad similar a la de siempre, acompañada por la que -por razones de supuesta pérdida de votos entre sus clases medias-, han auspiciado introducir en el currículo como alternativa a la clase de Religión –y dejando a esta en el currículo-  una redundante área sobre “valores de la cultura religiosa”.

 

Sobriedad

De salir adelante en el texto definitivo este aspecto normativo –que también interesa a la jerarquía católica-, los profesores de las áreas de Historia, Historia del Arte, Historia de la Filosofía e Historia de la Literatura, debieran alzarse contra esta intrusión tan alevosa en sus especialidades. Los primeros, los de las facultades universitarias y, a continuación, cuantos como docentes en otros niveles educativos, o como discentes y lectores, reclamen del tiempo escolar que se ocupe de lo que debe y no de lo que algunos expertos en la sofística quieran colar al común de los mortales como imprescindible para sus vidas. ¿Es hoy el día internacional de la Filosofía? ¡Qué raro!

 

Si la COVID-19 está reclamando sobriedad y precisión en las decisiones, no parece que en el ámbito oficial de Educación exista esa ejemplaridad. Se sigue estilando un paisaje propicio al barroquismo del horror vacui, sin ansia por clarificar el panorama y a conveniencia provisional. En un momento en que es importante no confundir lo urgente y lo importante, es lastimoso que, una vez más, los desvelos de un pasado ya ido determinen improvisaciones para un presente que se deshilacha por momentos.

 

Manuel Menor Currás

Madrid, 17.11.2020.

 

 

¿Laicismo? Confesionalismo fáctico: una de las grandes vergüenzas del Reino de España (Daniel Raventós, editor de Sin Permiso, para CUARTOPODER.ES)

 CUARTOPODER.ES publica este artículo

El territorio del reino de España dispone de una larga tradición en defensa del laicismo. Esto es así por varias razones, pero una de ellas es por la existencia de una iglesia católica especialmente potente, reaccionaria y nefasta en nuestra historia y en nuestro presente.

Lo que significa laicismo no debería suponer ninguna ambigüedad.

"Un sistema político caracterizado por la exclusión de la influencia y control eclesiástico" (Diccionario Merriam Webster).

"La doctrina según la cual la moralidad debe basarse únicamente en el bienestar de la humanidad en la vida presente, con exclusión de todas las consideraciones derivadas de la creencia en Dios o en un estado futuro" (Diccionario Oxford).

"La creencia de que la religión no debería estar implicada en las actividades políticas y sociales habituales de un país" (Diccionario Cambridge).

"La laicidad implica la separación de las organizaciones religiosas y estatales. El orden político se basa en la única soberanía del pueblo de los ciudadanos y el Estado -que no reconoce ni paga ninguna religión- no regula el funcionamiento interno de las organizaciones religiosas. De esta separación se deduce la neutralidad del Estado, las autoridades locales y los servicios públicos, no de sus usuarios. La República laica impone así la igualdad de los ciudadanos en la administración y el servicio público, sean cuales sean sus convicciones o creencias” (De una página de la república francesa).

Son definiciones y aclaraciones suficientemente nítidas para cualquier persona que intelectualmente pretenda luz y no oscuridad. Ahora bien, algunas polémicas están mezcladas de enredos como "laicismo positivo o laicismo negativo” o “laicismo agresivo y laicismo sano o tranquilo". Creo que todo esto es pura palabrería. Como distinguir entre religiones fundamentalistas y no fundamentalistas. O entre religiones dogmáticas y no dogmáticas: entendiendo dogmatismo por su acepción de mantenimiento de las ideas como verdades indudables sin la menor evidencia empírica. ¿Hay alguna religión que no sea dogmática en un sentido preciso: que esté dispuesta a discutir sus ideas fundamentales a la luz de la razón y de la evidencia empírica? No conozco a ninguna.

Pero me gustaría centrarme en esta breve intervención en un punto que forma parte de la definición de laicismo: "Ninguna religión debe tener un tratamiento superior a otras por parte del Estado. Y que, como instituciones privadas que son, las iglesias no deben recibir en ningún caso y para nada recursos del Estado".

Vivimos en un Estado donde este principio laico está pisado de forma continuada, en realidad se trata de una violación permanente.

Pondré la cuestión de una manera que puede mostrarlo de forma hasta divertida. Se debe a un artículo de hace más de 15 años que he leído estos días para preparar esta intervención.

Se trataba de un supuesto grupo de docentes que estaba preocupado por el nivel de la enseñanza en el reino de España. Y proponían:

"Queremos llegar a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para que nos cedan un diez por ciento del tiempo de las misas con el fin de que profesores especialistas en las distintas disciplinas puedan llegar más fácilmente a los creyentes mediante breves intervenciones didácticas.

Estamos estudiando cuál sería el momento idóneo para insertar en las misas contenidos científicos y culturales, tal vez inmediatamente después de la consagración o justo antes del padre nuestro.

Está claro que algunos feligreses podrían, con razón, objetar que ellos no tienen porqué aumentar sus conocimientos ni su cultura, ya que acuden a misa con el sólo fin de orar y escuchar la palabra de Dios.

Para solucionar este problema, y aunque pudiera parecer inconstitucional, a la entrada a la iglesia les haríamos rellenar un formulario para que manifestaran su preferencia por la religión o la cultura.

(...)
Los obispos nos han adelantado que no habría problema en computar el tiempo de cualquiera de estas actividades como tiempo equiparable al dedicado a escuchar la palabra de Dios, a la oración, a la contemplación, la penitencia o a la caridad y en ningún caso podrá discriminarse el acceso a la salvación eterna a los fieles en razón de sus preferencias religiosas o educativas.

Tampoco han puesto la más mínima objeción a la aparente contradicción derivada de que el contenido de las misas esté basado en la fe y las creencias, en contraste con la naturaleza científica y académica de los contenidos que habitualmente impartimos en las aulas.

En un primer momento, las clases se impartirían sólo durante las misas obligatorias de los domingos y fiestas de guardar, para más adelante extenderse a otros actos religiosos de asistencia no obligatoria como bautizos, bodas, comuniones, funerales, ejercicios espirituales, ordenaciones sacerdotales e incluso ceremonias de canonización o beatificación.

Pero, ¿de dónde saldría el dinero para pagar al profesorado que trabaje los domingos? Sin duda alguna de los donativos que los fieles depositan en los cepillos, del porcentaje de impuestos destinados al sostenimiento de la Iglesia Católica o, en general, de los presupuestos de la Iglesia.

Para garantizar la calidad de las enseñanzas impartidas, nuestra asociación gestionaría directamente el dinero aportado por la Iglesia y con él contrataría a profesores de sólida formación pedagógica y científica que se encargarían de impartir las clases durante las misas.

Naturalmente, dado el carácter eminentemente laico de las clases, no dudaríamos en despedir fulminantemente a aquellos profesores que no mantuvieran una coherencia laica entre su vida profesional y personal haciendo cosas como casarse por la iglesia, acudir a misa semanalmente o participar en cualquier tipo de actos religiosos."

¿Da risa? Esta es exactamente la situación que, permutando adecuadamente los términos, hace desde muchos años la Iglesia católica en las escuelas públicas. Los profesores y profesoras de religión los pagan todos los contribuyentes, pero son elegidos y autorizados por los obispos católicos; la vida que deben llevar es acorde con los principios de esta Iglesia y no con los derechos democráticos reconocidos (homosexuales, divorciados y divorciadas… son apartados de sus puestos de trabajo). Hoy en el reino de España casi el 28% de la enseñanza es concertada. La pública representa el 67,5%, lo que representa más de 13 puntos por debajo de la media europea. La Iglesia controla más del 60% de los centros concertados. Una vergüenza de la realidad de un estado supuestamente aconfesional.

La escuela concertada es sólo una parte, importante sin duda, de esta vergüenza. No sé si el más importante de la injerencia de la iglesia en la vida pública y de su mantenimiento por parte del Estado. No hay manera de que la iglesia explique sus cuentas, no hay manera de que explique en qué se gasta el dinero público, no hay manera de conocer la menor transparencia en sus actividades comerciales y económicas. Y se le permite. Como al rey Borbón y a la Casa real. Es la primera interesada que cuanta más opacidad haya mejor. Números tenemos, porque hay organizaciones que intentan hacer evidente la barbaridad que significa la cantidad de caudales públicos para uso privado. La Iglesia es una asociación privada, que debería incumbir a sus fieles y solamente a ellos, no a los que pagamos siendo ateos o de cualquier otra religión para su mantenimiento. Que crean lo que quieran, en Dios o en la tetera orbitante de Russell. Pero que paguemos sus creencias todas las personas que debemos declarar el IRPF no es en absoluto racional ni, por supuesto, propio de un Estado que fuera laico.

En 1972, un almirante franquista católico fanático y que ETA hizo volar por los aires un año después, Carrero Blanco, declaró al diario Pueblo: "Desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etc." ¡300.000 millones de pesetas! Era una cantidad impresionante, si nos situamos en el poder adquisitivo de la época referida. Pero son cálculos lejanos. Mucho más recientemente, una asociación (Europa laica) que lleva años denunciando los privilegios de la Iglesia, hizo público un estudio del 2016 según el cual el estado aporta 11.000 millones de euros en la iglesia. El estudio estaba basado a partir de datos de organismos oficiales: "A lo largo del año 2015 el Estado (central, autonómico y local) cedió a la Iglesia católica oficial, de manera directa o por la vía de dejar de ingresar impuestos, una cifra superior a los 11.000 millones de euros, lo que supone más del 1% del PIB". Ese cálculo incluye las exenciones fiscales como en el caso del IBI valoradas en 3.000 millones al año; 4.600 millones para pagar a los 35.000 profesores de religión y los conciertos con los centros religiosos; 3.200 millones para dispensarios, hospitales y centros de salud, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia, entre otros.

¿Cómo es posible? IRPF (que lo pagamos todos, no sólo los que ponen la casilla), propiedades inmobiliarias inmensas que no pagan IBI (que incluye pisos, parkings, incluso alquilados a terceros), propiedad del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y de porcentajes muy considerables en más de 8.000 municipios del reino, obras de arte, medios de comunicación... Todos lo pagamos porque la Iglesia no paga. Recordemos la política de la Iglesia: cuando menor sea el Estado, más justificada está en su intervención. Cuando menos política social, más Cáritas; cuando más pobreza, más negocio de la caridad.

Los jueces siempre fallan a favor de la Iglesia católica. Siempre. Sólo hay que ver las sentencias del Tribunal Constitucional a las denuncias de ayuntamientos que se atreven a plantar cara al expolio por un poco de dignidad y de decencia. Siempre al lado de la iglesia. Y la parcialidad es vergonzosa. Como la filiación de muchos de sus miembros hace difícil que sea de otra forma. Un ejemplo, sólo uno de los cientos que se podrían poner. Es sobre la educación separada por sexos. Nos situamos en abril de 2018, hace poco más de dos años. No sólo el Tribunal manifestó que la segregación es respetuosa y no causa discriminación, sino que los centros deben recibir fondos "del sistema de financiación pública en condiciones de igualdad". Habitual, ellos ponen el adoctrinamiento y la ciudadanía paga los impuestos. Uno de los firmantes de la sentencia judicial era Andrés Ollero miembro del Opus y diputado del PP durante 5 legislaturas. No hubo objeciones a su imparcialidad (sic). ¿Se acuerdan cuando el magistrado Pablo Pérez Tremps fue apartado del Tribunal en las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña por haber participado en un informe encargado por la Generalitat para la redacción del texto? Un ejemplo solamente. Parece ser que el señor Ollero era imparcial o que su pertenencia al Opus era un dato insignificante.

He mencionado las casillas del IRPF. Corresponde a un partido que a veces dice ser laico (sic) una de las mayores concesiones a la depredadora Iglesia católica realizadas después del franquismo. Efectivamente, fue un Gobierno del PSOE, el de Zapatero, en 2006 que subió al 0,7% la aportación del IRPF a la iglesia. Un supuesto laico, el señor Zapatero, que subió el 33% la aportación vía IRPF de dinero público a la Iglesia católica. Como explica Ángel Munárriz en Iglesia, SA, el PSOE es más laico cuando está en la oposición. Más laico y más tantas cosas cuando está en la oposición… Como también se dice en este mismo libro, tanto con PP como con PSOE “el Estado no confesional ha acabado siendo al Estado laico lo que el Estado de las autonomías al federal: una aproximación, un remedo, una imitación sin sustancia".

Se trata de no marcar ninguna casilla. Pero marquemos la que marquemos, pagamos todos a la Iglesia. Supongo que no hace falta explicarlo mucho, ni hace falta ser hacendista. Del total de los impuestos de IRPF recibidos, una parte va a la Iglesia en función del número de crucecitas. En vez de dedicarse a otras cosas van a la Iglesia. Yo pago a pesar de ser un ateo militante a la Iglesia. Y usted y el otro, cualquier declarante del IRPF. Una posibilidad diferente: la alemana. Otra mejor es la laica: ni un euro público a la iglesia. Que se la paguen los fieles, como toda asociación privada. Están en su derecho pagar por sus creencias, pero no tienen ninguno a un solo euro de los 11.000 millones que chupan anualmente. Cuanta menos clientela tienen, más dependen del Estado. Y este Estado se lo da.

Termino con un recordatorio a Antoni Domènech, un laico sin concesiones. Al fin y al cabo, esta mesa se organizó en homenaje a este gigante del pensamiento republicano-socialista. Y lo haré recordando un fragmento de discurso de uno de los políticos españoles que más en consideración tenía, Manuel Azaña. Parte de esta consideración era por su castellano maravilloso. Este discurso de Manuel Azaña es del año 1930 y gustaba especialmente a Toni y por eso lo quiso publicar en Sin Permiso:

"No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como éste, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libro examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progreso social!"

Y más adelante:

"No nos bastará barrer de un escobazo el infecto clericalismo del Estado, ni acabar con la demagogia frailuna que a los liberales moderados de hace un siglo ya les parecía repugnante."

Joaquín Maurín, otro de los políticos muy queridos por Toni, escribió casi en los mismos momentos:

“España necesita llevar a cabo todavía su revolución democrática, es decir, la abolición definitiva de la monarquía, el exterminio del poder de la Iglesia, el reparto de la tierra, la liberación de las nacionalidades, la emancipación política y moral de la mujer, la destrucción del armatoste secular del Estado semifeudal”.1

90 años después de haber sido dichas estas palabras de Azaña y Maurín, podemos decir con mucha evidencia que estamos todavía en un estado de facto confesional, que la alianza monarquía-iglesia-ejército sigue imperando con mucho vigor. Y que los gobiernos UCD-PSOE-PP habidos hasta ahora a lo largo de más de 40 años, siguen dando todo tipo de privilegios a la Iglesia católica. El “infecto clericalismo” campa por las suyas con toda la complicidad de la monarquía, del ejército y de los tribunales de justicia. Y de los gobiernos.2 El laicismo y la razón tienen un largo y duro camino que recorrer.

Muchas gracias.

Este texto es una versión traducida y adaptada de la intervención en la mesa sobre “postmodernidad y razón” de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya -UPEC- en homenaje a Antoni Domènech, el 5 de noviembre de 2020. El vídeo completo de la mesa con las preguntas del público, a continuación. 

Vaticano actual (Manuel Menor)

La apertura del Vaticano actual es ambigua 

No está cercano lo que en Francia existe desde 1905, una separación nítida de los intereses del Estado y de la Iglesia. 

Cuando se menciona el Estado Vaticano, no prima la naturaleza de la Iglesia, sino el ser sede de la cúspide piramidal de la Iglesia. Consolidada en 1929, en trato con Mussolini, después de que, en 1871, hubiera perdido los Estados Pontificios,  consolidó la imagen del “Papa prisionero”; no son ahora Las sandalias del pescador (de que hablaba Morris West en 1968) lo que está en juego sino intereses terrenales enlazados con otros sedicentes espirituales; como en la corona de Augusto, pero con más años de peso en España que los de aquel imperio. 

Vaticanismo post 1871

En 1896, Émile Zola, después de documentarse bien, escribió Roma, segunda novela de una trilogía sobre un Papado muy ocupado en preservar la hegemonía perdida en las revoluciones burguesas; sus 806 páginas muestran la doble cara del lado más “social” del Vaticano en aquel fin de siglo. Los más cinéfilos la habrán visto en Roma de Fellini, por ejemplo, y su contraposición en Roma cittá aperta, de Rosselini. Su reflejo en la Democrazia Cristiana, aparece en una pequeña novela de Leonardo Sciascia, Todo modo, cuya edición española mostraba, en 1982, el escudo del partido italiano con la palabra LIBERTAS campeando sobre una cruz roja; en el centro de su nudo narrativo, el Padre Gaetano protagonizaba sentencias como esta: “Por favor, señores…, espero que no van a darme el disgusto de decirme que el Estado sigue existiendo… A mis años…, resultaría una revelación insoportable”. 

La presencia cultural vaticanista viene de cuando la jerarquía eclesiástica asentó su poder en el siglo IV d. C. tras el “triunfo” sobre el “paganismo”. Sería un error olvidarlo al oír al papa actual,  sensible como parece hacia personas de la LGTBIQ+, o expresándose en abierto como hizo con motivo de la audiencia al presidente del Gobierno español. Se ha hablado de su “apertura” -no de aggiornamento, como se decía de Juan XXIII- sin fijarse en que, cuando se refería al colectivo de orientación sexual no hegemónica, hablaba una posible legislación civil que les fuera propicia; algo es algo, pero ni marca tendencia a estas alturas ni dijo nada de lo que su Curia haría para darle cabida dentro de la Iglesia que dirige, con igual dignidad jurídica que al  resto de creyentes. Los lectores debieran estar advertidos, igualmente, de que la Iglesia Católica es tan diversa  que, sobre las más de 3.000 especificaciones que acoge su nombre, siempre hay unas “comunidades cristianas” -término genérico en que confluyen opciones supuestamente fieles al primer cristianismo- discrepantes de la “jerarquía católica” o funcionariado que dirige la sociedad eclesiástica desde el Vaticano y las sucursales diocesanas. 

En ese denso contexto ha de leerse lo que el papa Francisco dijo a Pedro Sánchez; su invocación al “diálogo”, la “caridad” y a la “ideología” da fe de  las ambigüedades del Vaticano actual, no tan diferentes de las de su genealogía. Deslizamientos semánticos de su historia son iluminadores; cuando León XIII decidió incluir “lo social” en su agenda de 1891, ya el movimiento obrero tenía una larga andadura y, en los ochenta del mismo siglo, se había abierto paso el “Estado Social” para atender –en derecho- cuestiones que causaban la pobreza más lacerante; el papa “social” no sobrepasó, sin embargo, las formulaciones caritativas, tan similares a las que propiciaba la burguesía con “beneficencia” y  ”filantropía”. 

Y la España de hoy

Aunque la aportación de segmentos de la Iglesia ha sido valiosa -como acreditan los Informes FOESSA desde mediados de los sesenta-, como corporación mediadora sigue siendo ambigua y nunca da oficialmente el paso a la reivindicación en justicia; J. Mª Castillo lo advirtió hace años respecto a su vinculación a la Declaración de Derechos Humanos. Se arroga, sin embargo, la suplencia al Estado en atenciones a través de Cáritas y otras ONGs, cuyos principales subsidios proceden del propio Estado sosteniendo, bajo ese paraguas “social”, poca transparencia para sus presencias en Sanidad, Educación, y ámbitos artísticos, mediáticos o sociales. A todas ellas  debería habérseles aplicado lo que el Papa dijo en la audiencia del día 24:“construcción de la patria por todos” sin “coartadas de modernidad”, “restauracionismo” e “ideologías” o  que -según aseguró- “las ideologías deconstruyen la patria”, palabras que han parecido  advertencias a un Gobierno que no encaja en el ámbito conservador. Aparte de que no indican que sea esa la “onda” de actuación de muchos delegados jerárquicos en España,  lo que traslucieron en público semejaron más la regañina de un “superior” –a aceptar en silencio por un “inferior”-  que un sentido aceptable de “diálogo”. 

Para que el mensaje no resulte más oscuro, del comportamiento de IGLESIA S.A. –como la llama Munárriz- está pendiente que muestre su propia capacidad de enmienda respecto a su historia en España desde los años treinta y en cuanto a  libertad de conciencia, asuntos a los que la educación pública es muy sensible. Los recursos que le asigna Hacienda, según lo firmado en los discutibles Acuerdos de 1977-79 -repetitivos de los Concordatos de 1953 y 1851-, pocas veces no han servido para propiciar las políticas más conservadoras de la vida española. En tiempos de Covid-19, con tales medios debiera haber más “sintonía” en las relaciones bilaterales; pero la supuesta apertura actual del Vaticano chirría si prosigue su uso por la senda por donde –servatis servandis- han solido ir desde las Cortes de Cádiz. Amparando, incluso, negocios muy privados, el primer desorientado es el “bien común” –común por ser bueno para todos, más que bueno por ser común-, que orientó la Summa Theologica de Tomás de Aquino. 

La ejemplaridad de Samuel Paty

A los creyentes españoles, partidarios a un tiempo de la creencia y de criterio autónomo en lo político y social, les sigue siendo difícil conjugar los intereses eclesiásticos con los democráticos de su país hasta en asuntos tan terrenales como los impuestos; probablemente para el propio papa Francisco lo sería igualmente si se pronunciara sin ambigüedades. Sin duda, habrá hablado algo con el presidente español en privado antes de la parte pública de esta audiencia, pero por lo oído, los españoles todavía no alcanzarán a ver lo que los franceses han tenido a mano desde 1905. Nuestro art. 27 de la CE78 ni se le parece, y un homenaje a profesores o maestros españoles, como el tributado a Samuel Paty el pasado día 21 en París, está pendiente en España desde hace ochenta años. 

Manuel Menor Currás
Madrid, 26.10.2020