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martes, 22 de febrero de 2022

Comunicado sobre las bajas del personal laboral (Asamblea Marea Verde Madrid. Febrero de 2022)

 

Desde Asamblea Marea Verde Madrid denunciamos el trato que se está dando al alumnado con necesidades educativas especiales, tanto en los centros de educación especial, como en los centros ordinarios. Resulta inadmisible la tardanza en cubrir las bajas del personal laboral que atiende específicamente a este alumnado: fisioterapeutas, técnicos en integración social, personal técnico y enfermeras.

Desde el inicio de curso, al igual que en cursos anteriores, las bajas del personal  laboral tardan más de un mes en sustituirse. Este curso está siendo incluso peor, llegando en algunos centros a iniciarse el curso sin personal y tardando en reponerlo hasta más de 2 meses, situación que se ve agravada por las bajas producidas por la COVID, que directamente no se sustituyen.

El personal laboral con atención directa al alumnado con necesidades educativas tiene un papel fundamental para dar respuesta a las necesidades de salud, tanto físicas, como sociales y emocionales de niños y niñas con síndromes muy limitantes para su desarrollo: alumnado con trastorno del espectro autista, con plurideficiencias, con discapacidades sensoriales, físicas, intelectuales o problemas graves de conducta… Sin este personal este alumnado ve mermadas sus posibilidades de acceder al centro escolar, de recibir los cuidados mínimos para su bienestar, de relacionarse con el entorno y con los demás, de incluirse en su grupo de clase. En definitiva, de tener una escolaridad digna y con todos los derechos que les asisten. Por lo tanto, cuando estas bajas no se cubren de forma inmediata, se está privando a este alumnado de sus derechos más básicos.

La recién aprobada Ley Maestra de libertad de elección educativa, en la exposición de sus motivos, remite a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible señalando la necesidad de que los alumnos con discapacidad cuenten con apoyo técnico, material y humano que sea efectivo.

De esta manera, en el artículo 25 b), se indica que hay que dotar a los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos necesarios para ofrecer una educación equitativa y de calidad, considerados los principios de inclusión e individualización de la intervención educativa.

Lo que supuestamente defiende esta ley queda en mera declaración, puesto que en la realidad se hace todo lo contrario. No hay personal suficiente para dar una respuesta educativa y asistencial de calidad y las ratios en las aulas son demasiado altas, por lo que no es posible la atención individualizada que se requiere en estos casos. Además, cuando se solicitan más recursos personales para casos graves de conducta o de salud, la respuesta de la administración educativa siempre es una negativa. Y la gota que colma el vaso es que, tal como denuncia Comisiones Obreras, las bajas del personal laboral tardan una media de 80 días en cubrirse.

Por todo lo expuesto, desde Asamblea Marea Verde Madrid denunciamos esta situación y urgimos a la Comunidad de Madrid a que se ocupe y se responsabilice de la sustitución inmediata del personal laboral de baja. Asimismo, exigimos la dotación de más recursos humanos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y la bajada de ratios como medidas imprescindibles y urgentes para asegurar una Educación que atienda a la diversidad.

Febrero de 2022

Asamblea Marea Verde Madrid

miércoles, 3 de marzo de 2021

Problemas en la vacunación a profesores: bajas imprevistas por los efectos secundarios y grandes diferencias entre territorios (Mónica Zas Marcos para eldiario.es)

 Artículo de Mónica Zas Marcos para eldiario.es

  • Las bajas que afectan a claustros enteros de profesores se unen a la incertidumbre sobre qué ocurrirá con los docentes mayores de 55 años, los universitarios y en aquellas regiones que ni siquiera han empezado a citar al profesorado
2 de marzo de 2021

La vacunación a profesores empieza a mostrar síntomas de improvisación. Hace un mes que España decidió no administrar el suero de AstraZeneca a mayores de 55 años, lo que obligó a la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad a repensar la estrategia para incluir nuevos grupos prioritarios con población más joven. Entre los colectivos que pueden inmunizarse con esta vacuna están sanitarios, policías o docentes, pero no hay un orden fijo y cada comunidad ha decidido de forma independiente por quiénes empezar.

En el caso de los profesores, la situación varía mucho dependiendo del territorio: en algunos llevan semanas vacunándose, otros ni siquiera han empezado y los hay que están pagando las consecuencias de una estrategia precipitada. Como en la Comunidad de Madrid, donde ya se ha vacunado a 24.176 profesores, pero un centenar de ellos llevan desde el comienzo de la semana sin poder ir a trabajar por las reacciones a la vacuna.

El lunes a primera hora, decenas de profesores llamaron a sus centros dándose de baja por los efectos secundarios de AstraZeneca. Nada que se saliese de lo previsto en los ensayos y en las 48 horas posteriores al pinchazo: fiebre alta, malestar, náuseas y dolor muscular. Pero al vacunarse el domingo, la mayoría de los síntomas brotaron esa noche o al día siguiente sin dar margen a los centros para avisar a las familias.

Para los sindicatos, "es especialmente lamentable que esta alegría quede empañada por la falta de previsión y de planificación, y por la mala gestión", critica Isabel Galvín, responsable de Educación de CCOO. en Madrid. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos hizo saltar las primeras alarmas tras recibir quejas por la ausencia inesperada de varios miembros de los mismos claustros. En el caso más extremo, llegaron a ausentarse 15 profesores del mismo centro en Leganés. "Las familias nos hemos encontrado con un nuevo percal que añadir a este curso", se lamenta la presidenta de la FAPA, Mari Carmen Morillas.

"Según iban recibiendo la llamada de los profesores, los centros han emitido una circular a las familias a modo desesperado para que en lo posible no llevasen a los niños. Pero a otros ya les ha pillado en el colegio en el servicio de desayuno", explica Morillas. La dificultad de esta situación, como recuerda Galvín, es que los centros continúan con un estricto protocolo COVID que no permite romper los grupos burbuja aunque se queden sin profesor. "Es una situación de tormenta perfecta", define la representante sindical. "Habría estado bien que la vacunación fuera escalonada, organizada y con criterios transparentes", reclama. Para ella, ha habido tiempo de sobra desde octubre, cuando organizaron la primera mesa sectorial.

"Se ha citado a claustros enteros sin considerar que las bajas serían generalizadas, se han vacunado centros enteros y a nadie del centro de al lado", precisa. A su juicio, el plan llega sin haber dialogado con los representantes del profesorado, del personal educativo ni con los equipos directivos. Aunque asegura que los docentes "han recibido un trato maravilloso por parte de los sanitarios", quienes los han vacunado en el Hospital Isabel Zendal y en el estadio Wanda Metropolitano, también reprocha que las autoridades no informasen a los centros de los posibles efectos secundarios en su plantilla. Una queja que no se circunscribe solo a la Comunidad de Madrid.

Andalucía empezó a vacunar a sus profesores el 22 de febrero y muchos de ellos han sido citados durante el pasado puente del Día de Andalucía. Inma Jiménez, profesora de Música y de un curso bilingüe de 4º de Primaria acudió emocionada el viernes pasado. "Me la puse a las 12 de la mañana y a las 6 empezaron los síntomas: tres horas de escalofríos, 39,6 de fiebre, vómitos y debilidad extrema", cuenta la docente cordobesa. Después de un día con paños húmedos por todo el cuerpo para bajar la temperatura y tomando paracetamol cada dos horas, "el domingo ya estaba estupenda".

De los 24 profesores de su centro, asegura que solo un par no presentó síntomas y otros dos sintieron un leve dolor en el brazo. La suerte que tuvieron es que la mayoría del claustro enfermó durante el puente y este martes estaban todos en perfectas condiciones para dar clase. "Con haber estado la mitad de mala de lo que yo me puse, claramente me tendría que haber pedido la baja", dice Inma al conocer lo ocurrido en Madrid.

"Lo nuestro debía estar calculado", confía. Fuentes de la Consejería de Sanidad lo desmienten: que una parte de sus docentes haya sido vacunada este puente y sus malestares no hayan afectado al desarrollo de las clases ha sido cuestión del azar. De hecho, Andalucía está llevando una estrategia similar a Madrid, citando colegio por colegio en lugar de escalonar por cursos. No obstante, los docentes andaluces acuden mediante el aviso previo de su equipo directivo, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, donde algunas jefaturas han lamentado que desconocían que su plantilla había sido llamada a vacunarse.

"Deberían repensar la planificación de cara a la segunda dosis, que nos toca el 9 de mayo y dicen que puede provocar aún más síntomas", responde Inma al enterarse. Además, tiene la certeza de que este martes ha habido bajas en su entorno, aunque en otras provincias, ya que la vacunación sigue su curso también entre semana. Lo mismo ocurre en Catalunya, donde la inmunización del profesorado empezó a mediados de febrero. "Hemos denunciado la falta de coordinación entre el Departament de Salut y el de Educación porque no se ha informado de los criterios", señala Rosa María Villaró, portavoz catalana de Educación de CCOO.

Aun así, existen diferencias entre esta fórmula y la madrileña, puesto que a los docentes catalanes les llega un correo mediante el cual pueden pedir cita en su centro de salud más cercano. Ya hay 58.673 personas del sector vacunadas. "El problema es que este sistema se colapsa muy a menudo, se producen muchas incidencias y no entendemos cómo se están priorizando los colectivos", admite la responsable de CCOO. Respecto a efectos secundarios, admite no haber recibido quejas a nivel sindical, pero no duda de que haya ocurrido de forma menos mediática que en Madrid. "Esto pasa cuando se ponen parches pero no se gestiona a priori", se lamenta. "Preferiría que hubieran empezado un poco después a que la vacunación trastoque la vida de las familias y el trabajo de los centros", dice Mari Carmen Morillas, desde Madrid.

Comunidades que sí y que no

Hay muchas comunidades que ni siquiera han iniciado aún la vacunación de sus docentes. Aragón y Castilla-La Mancha calculan que empezarán a finales de marzo; en Asturias los llamarán después de la Policía y la Guardia Civil; Cantabria empezará la segunda semana de marzo, como la Comunitat Valenciana y Murcia.

En el caso de la Comunitat Valenciana, Toni González, presidente de FEDADi (Federación de Asociaciones de Directores de Instituto), cuenta que la Consejería de Sanidad les ha pedido dos listados con todo el personal del colegio, incluidos profesores, conserjes, personal de limpieza, bar y cafetería, administrativos y personas en prácticas. El primero con la gente menor de 55 y el segundo con los mayores. Dentro del primero, se solicita nombre, apellido y número de teléfono para que acudan a vacunarse a las principales ciudades valencianas. "Nos llamarán más o menos en una semana y tenemos que ir de tres a ocho de la tarde", cuenta el director. Sin embargo, desconoce si lo escalonarán por cursos o lo harán por colegios enteros.

Galicia, por ejemplo, está citando por orden alfabético, de forma que se aseguran de no dejar ningún centro sin personal durante dos días en caso de que broten los efectos adversos. Esta comunidad empezó a llamar el pasado 24 de febrero, mientras que Euskadi comenzó el 27 y Extremadura el 1 de marzo. Los expertos en Salud Pública y epidemiólogos recomiendan "evitar agravios comparativos entre los territorios", como dice José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Sin embargo, si los planes siguen según lo previsto, a finales de marzo todo el país habrá comenzado a vacunar a sus docentes menores de 55 años. El siguiente problema será, ¿cuándo les toca a los mayores de 55 y a los profesores universitarios?

Profesores universitarios y mayores de 55

Isabel Galvín, de CCOO, reclama a Educación y Sanidad que aclaren "qué va a pasar con los mayores de 55 años y con los que tienen enfermedades no compatibles con la vacuna, un tercio de todos los docentes". La incógnita es si diseñarán un plan para ellos o tendrán que esperar a su grupo de edad para vacunarse con Pfizer o Moderna, como ha ocurrido con los policías. En Euskadi, según UGT, Educación habría emitido un comunicado para que los profesores de más de 55 recibiesen de forma prioritaria la vacuna de Janssen, que previsiblemente será aprobada el próximo 9 de marzo, pero aún no hay nada cerrado.

Los sindicatos consultados muestran su preocupación por la "exclusión" de este colectivo, así como por "la situación de embarazadas y lactantes y los colectivos con enfermedades previas como inmunodepresión grave, enfermedades cardiovasculares o hepáticas", para los que la vacunación no está recomendada, enumera Galvín. El otro campo de batalla para Educación se encuentra en los campus con los rectores, al no haber sido incluidos ni ellos ni el personal de las universidades entre los 15 grupos "esenciales". Al respecto, fuentes del Ministerio dirigido por Manuel Castells aseguran que lo han solicitado, "pero que la última palabra la tiene Sanidad".

viernes, 30 de octubre de 2020

Los centros educativos, tercer ámbito con más brotes y contagios en las últimas semanas (Pablo Gutiérrez de Álamo para El Diario de la Educación)

 Artículo de para Pablo Gutiérrez de Álamo para eldiariodelaeducacion.com

  • Los centros educativos se han convertido en los últimos días en el tercer ámbito en el que más brotes y contagios se producen, después de la familia y el ocio, con 190 brotes y 1.286 personas contagiadas. A pesar de esto, faltan muchos datos como en qué etapas se producen más casos. De momento, además, no parece que esté en la agenda la posibilidad de revisar los protocolos para educación.
28-10-2020

La situación es tremendamente complicada en torno a los centros educativos. Convertidos, más allá de lo educativo, en la fuente fundamental de la conciliación de las familias para poder acudir a sus puestos de trabajo, comienzan a ver las cifras de brotes y contagios de Covid-19 crecer.

El viernes pasado, el Ministerio de Sanidad publicaba las cifras de brotes y sus contagios asociados por ámbitos (laboral, sanitario, familiar…). Cifras consolidadas correspondientes a la semana del 5 al 11 de octubre y del acumulado desde el mes de marzo.

La situación en los últimos días está empeorando y tras los ámbitos familiar y social, en donde hoy por hoy hay más casos, aparecen los centros educativos: 190 brotes diferentes con un total de 1.286 personas contagiadas. Se trata de un 13,4 % de los brotes y un 12,9 % de los contagios nuevos.

Fuentes conocedoras de la situación en las diferentes comunidades autónomas aseguran que hoy por hoy, según sus cifras, hay un 1,4 % de aulas cerradas en cuarentena. Unos datos que no son del todo fiables porque cada comunidad autónoma está obligada a informar al Ministerio de Sanidad pero a nadie más y, además, cada una transmite esa información en momentos y maneras diferentes.

En el acumulado de los datos, ha habido 733 brotes en centros educativos con 4.369 personas contagiadas. Esto desde el mes de marzo. Son siete meses en los que colegios e insititutos han permanecido cerrados la práctica totalidad del tiempo.

Falta de datos fiables

A estas cifras, claro, habría que sumar el ámbito mixto, es decir, brotes y contagios que se producen fuera de los centros educativos pero que llegan, más tarde o más temprano a ellos y viceversa. Este es un cajón de sastre en el que es imposible desbrozar la información. Como lo es también saber en qué etapas se están produciendo más brotes y casos, puesto que desde el Ministerio de Sanidad no se ofrecen datos desagregados en este sentido. Preguntado Fernando Simón sobre esta cuestión en la rueda de prensa del pasado lunes, sí afirmó que la mayor parte de los casos se están produciendo en los centros de secundaria.

Según la experiencia de María (nombre ficticio), directora de primaria en un centro andaluz, la mayor parte de los casos que se han producido en su centro se han producido durante el fin de semana y están relacionados con contagios que las familias han causado a niñas y niños. Parece que las reuniones sociales, sean o no familiares, están convirtiéndose en la puerta de entrada del virus en colegios e institutos.

Algo parecido comenta Toni Solano, director del IES Bovalar en Castellón. «Hasta ahora los casos que hemos tenido han estado 48 horas sin venir al centro hasta el resultado positivo de la PCR». «Se habían quedado en casa y no ha habido que confinar». En su caso, el protocolo afirma que el alumnado de una misma aula, llevando mascarilla y estando en el aula a metro y medio de distancia no se considera contacto estrecho, de manera que las autoridades sanitarias no confinan aulas.

Lo mismo ocurre en la Comunidad de Madrid. Mercedes López es jefa de estudios en un instituto madrileño. El primer caso que tuvieron se dio en uno de los grupos con semipresencialidad. La mitad del grupo está en casa mientras la otra va a las aulas. En este caso, se envió a ese medio grupo a casa para que estuviera en cuarentena. Desde ese caso cambiaron los criterios y ya no se considera a los compañeros de aula como contactos estrechos de manera que, cuando ha habido nuevos casos no se ha cerrado ninguna clase.

La falta de información clara, homologable y transparente está siendo la tónica general en lo relativo a la incidencia de la pandemia en este inicio de curso casi imposible. En el Ministerio de Educación no tienen información todavía sobre esta incidencia puesto que las comunidades autónomas no están obligadas a reportarle dicha información. Es verdad, informan fuentes del Departamento, que en la última Sectorial de finales de septiembre se estableció un sistema de recogida de datos entre las autonomías. Pero todavía no está llegando como debiera. Y desde el Ministerio de Sanidad no ofrecen más información que la publicada el viernes y remiten a sus compañeros de Educación para ampliarla.

Una pescadilla que se muerde la cola y que empeora cuando se multiplica por 17 comunidades autónomas. José María Ruíz, representante de Pública de CCOO asegura que no tienen información más amplia sobre el impacto de la Covid en colegios e institutos. Tampoco han conseguido recabar datos sobre el número de docentes que están de baja ya sea por contagio o porque sus aulas se encuentren en cuarentena por contagios de compañeros o alumnos.

Algo con lo que está de acuerdo María desde Andalucía: «No sabemos ni sabremos los casos reales por la diversidad de criterios y de interpretación de esos criterios». Aunque en su centro la mayor parte de los casos de contagio lo eran por sus familias, han tenido alguno de madres que han de guardar cuarentena durante diez días mientras sus hijos han de acudir al centro educativo sin más. «Lo que vale para el común no se aplica en la escuela así que no sabremos nunca la verdad al 100%».

«Si las criaturas se contagian o no en el centro… ¿quién lo asegura? En nuestro caso, el instituto está en un barrio aislado; es casi un pueblo. Se reúnen en la plaza, en las casas. ¿Cómo vamos a saber dónde se han contagiado?», explica López.

Fernando Trujillo comentaba hace unos días en Twitter: «Mi interpretación es esta: aunque los centros y los docentes están haciendo todo lo posible por hacer de la escuela un espacio seguro, la realidad (instalaciones, ventilación, ratio, etc.) es que esto no se está logrando». A lo que añadía: «Sin embargo, la Administración está minimizando el riesgo y jugando con los datos y la comunicación para no afirmar lo que sus propios datos expresan. El objetivo es evitar el cierre de las escuelas porque éstas son fundamentales para la conciliación familiar y laboral».

Y los protocolos, sin cambio

De momento, no parece que las autoridades se planteen cambios en los protocolos en centros educativos acordados entre Gobierno y comunidades autónomas a pesar del aumento de los casos conocidos. Protocolos sobre apertura de ventanas para la ventilación parecen cada vez más complicados cuando el otoño avanza y el frío del invierno se acerca. La posibilidad de tener ventanas y puertas abiertas convivirá con las calefacciones encendidas en las aulas.

Es, al menos, la realidad que tiene en mente Tonio Solano. En su centro, de 700 alumnos, tienen previsto pasar el invierno con las ventanas abiertas y la calefacción puesta. Una práctica que, dada su ubicación en Castellón y debido al nivel habitual de humedad ambiental, suelen hacer. Tener ventanas cerradas en invierno con la calefacción se hace difícil de soportar. «Es difícil regular la temperatura de los centros».

Sobre el uso de las mascarillas, asegura también que el alumnado y el profesorado están respetando el protocolo. También las distancias entre sí en las aulas, pero admite que en el tiempo de recreo se hace complicado que no se relacionen unos con otros. en el que, según explica, ya han contactado unas cuantas veces con las autoridades sanitarias para comunicar casos positivos de alumnos. Hasta ahora, no se han confinado aulas en su instituto, principalmente porque el protocolo sanitario general no contempla a los compañeros de clase como contactos estrechos a pesar de la cercanía y el tiempo de exposición.

Solano explica que dentro de las aulas pueden, sin demasiado problema, mantener la distancia mínima de metro y medio, pero esto cambia en los tiempos de recreo. «Intentamos que no se quiten la mascarilla» en ese momento del día, comenta, pero también admite la dificultad de que mantengan las distancias entre unos y otros.

Y las autoridades, en general, no dan mucho margen de maniobra. En el caso de Valencia, cuenta Solano, cuando se comunica un caso en el centro, teniendo en cuenta la distancia social y el uso de la mascarilla, siempre se decide que no se confinen las aulas. Es el caso también de María en Andalucía. No se consideran contactos estrechos. «Desde delegación, cero atenciones, riesgos laborales no dice nada, y así», asegura. Y, a pesar de la tan comentada autonomía de los centros, las direcciones, por todo el país, no tienen potestad para decidir si es necesario confinar aulas o no. Se juegan en esta decisión la apertura de expedientes.

Algo parecido les ocurre en el centro de López en Madrid. «Ha habido casos de criaturas que han venido, a pesar de encontrarse fatal desde el día previo, con un antipirético, explica. O de madres que, cuando las avisas te dicen que no pueden ir. Y entonces, no sabemos qué hacer, más que esperar».

María también pone el punto de mira en los servicios de comedor. Aunque han bajado mucho en este curso «siguen por encima del aforo». Ella ha tenido que montar dos turnos de comida y asegura que hay centros que tienen tres. «Deberían prohibir los comedores o dotarlos de lo necesario, ningún adulto soportaría comer en esas condiciones».

En cuanto a dotación, comenta Solano, su problema principal es la semipresencialidad a la que se aboca a los cursos más altos de secundaria. Los centros y los alumnos no tienen la dotación necesaria para seguir las clases desde sus casas. Y «No puedes tener al profesor trabajando por la mañana para unos y por la tarde para otros».

Y, a pesar de todo, asegura al menos Solano, «no estamos teniendo tanta incidencia como yo pensaba». «Parece que es un poco una lotería. Confiamos en que siga bien. Pero creo que se deberían minimizar riesgos y hacerlo ahora es muy difícil».

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miércoles, 28 de octubre de 2020

Estudio y denuncia de la situación de los IES de Móstoles (CIDESPU. 26-10-2020)

CIDESPU nos envía este correo:

Buenas tardes:

A Cidespu nos han llegado quejas de la situación en los IES de Móstoles, hemos realizado un estudio y preguntado a numerosas familias y  AMPAS y hemos recogido las deficiencias que se están dando.

Le hemos trasladado al Consejero de Educación , Enrique Ossorio, esta carta, que difundimos también en los medios

Un saludo

domingo, 4 de octubre de 2020

Los directores madrileños exigen a Educación recursos humanos y materiales para hacer frente a las bajas de profesorado (Pablo del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIODELAEDUCACION.COM

La asociación Adimad, que engloba a los directores de secundaria de centros públicos, reclama a la Consejería de Educación una mayor inversión en equipamientos, contratación de personal docente y no docente así como la cobertura de las bajas que se están produciendo diariamente. «Estamos solos», asegura Esteban Álvarez, su presidente.

La situación de los institutos públicos madrileños está cerca del colapso. Han comenzado el curso con las mismas fechas previstas al final del pasado, con cambios de criterio a dos semanas de comenzar y sin los instrumentos prometidos por la Administración educativa.

En su momento, Educación aseguró que enviaría 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras a los centros para poder llevar a cabo la enseñanza semipresencial que está en marcha desde 3º de ESO hasta el bachillerato. También, que se mejoraría la conectividad para poder dar un buen servicio. No se ha hecho nada al respecto, que sepan en Adimad. Así de tajante se ha expresado Esteban Álvarez en la rueda de prensa que acaban de dar para hablar de las propuestas que ponen sobre la mesa.

Después de repasar qué ha ocurrido en los últimos meses, así como de denunciar que no se ha convocado a ninguna reunión a las y los directores para que pudieran plantear sus necesidades, Álvarez ha detallado cuáles son las peticiones, casi exigencias, que plantean desde la asociación.

Recursos

Madrid, como otras comunidades autónomas, vive una compleja situación por falta de personal en las listas de interinos. Este es el motivo para la aprobación del Real Decreto-ley que permitirá la contratación de «docentes» sin titulación acreditativa. En cualquier caso, es una de las reivindicaciones de Adimad. La contratación de más personal para poder realizar con garantías la labor educativa en los centros.

A esta contratación, que supondría la posibilidad de bajar las ratios de alumnos por aula, se suma que hoy, por el vaciado de esas listas, no se están cubriendo con rapidez las bajas que se producen. Álvarez ha asegurado que, según sus datos (la Comunidad, ya sea vía Educación o Sanidad, no los facilita) de media, en cada instituto hay entre tres y cuatro docentes de baja o confinados por causa de la COVID. Cifras a las que hay que sumar el profesorado que está de baja por otras razones. Para apoyar el argumento, Ángeles González, también directora en Madrid, aseguraba que en su instituto hay diez docentes de baja actualmente.

Pero no solo se trata de personal docente, también es necesario un refuerzo del de administración y servicios, grupo en el cual también se están produciendo bajas que no se cubren. A esto, se suma el personal de limpieza, contratado por terceras empresas y que tampoco se cubre con la celeridad necesaria para mantener los centros educativos cercanos a un funcionamiento normal.

Más allá de la falta de recursos humanos está la falta de equipamiento tecnológico comprometido por la Consejería. 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras para intentar asegurar que la semipresencialidad del alumnado más mayor de secundaria y bachillerato fuera efectiva. A día de hoy, no han llegado esos equipos a los centros educativos. Sobrevuela a esto la pregunta de en qué se está invirtiendo el dinero enviado por el Gobierno central de los fondos Covid (cerca de 300 millones para Madrid). Tampoco la mejora de la conectividad en los centros. Asegura Álvarez que están prestando todo el material que pueden, pero no pueden prestar todo el que tienen porque, al mismo tiempo, hay que utilizarlo en el instituto para mantener la semipresencialidad.

Adimad denuncia que se han visto obligados a «competir» unos centros con otros en los últimos meses. Primero, por la compra de material higiénico-sanitario como geles hidroalcohólicos, mascarillas y demás. Ahora, por conseguir al mejor precio posible, equipamiento informático. Un equipamiento, asegura Esteban Álvarez, que no tiene casi stock en Europa y que ha visto sus precios aumentado por la presión de la demanda. Una demanda que ahora está intentando realizar las compras directamente en países como China.

Incomunicación con Salud Pública

A los problemas de infraestructuras materiales y humanas, viene a sumarse la incertidumbre en la que se están moviendo los centros. Están obligados a estar en contacto con la Dirección General de Salud Pública para informar de los casos que se estén produciendo y esperar a las instrucciones que les den, principalmente, sobre el cierre de aulas y el confinamiento de alumnado y profesorado. Desde hace días, no pueden contactar vía telefónica con dicha Dirección General. Cuando lo hacen por correo electrónico, no se garantiza que haya respuesta, y de haberla, tarde cinco o seis días, ha explicado el presidente de Adimad. Todo esto contando que la figura del coordinador COVID, una persona del equipo directivo, ha pasado a ser literalmente, un restreador de casos y contactos directos y estrechos.

Tampoco saben qué hacer cuando un docente, por ejemplo, tiene casos positivos cercanos pero de fuera del ambiente laboral. ¿Ha de guardar cuarentena? ¿Ha de comunicarlo a alguien? Según las informaciones publicadas en los últimos días, la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer pruebas PCR a los contactos estrechos de un positivo a no ser que sea, principalmente, una persona conviviente. Alumnado y profesorado no lo son.

Son 2.000 los centros públicos que deberían estar en comunicación con Salud Pública. Según las estimaciones de la asociación de directores, además de los cuatro o cinco docentes que en cada centro se están dando de baja por motivos relacionados con la COVID, hay que sumar los casos entre el alumnado. En las primeras semanas, aseguran desde Adimad, había uno o dos diarios. Ya están entre tres y cuatro, teniendo en cuenta que la incidencia del virus es desigual dependiendo de dónde esté el centro educativo.

Álvarez, además, ha explicado la dificultad de hacer este seguimiento en los institutos, en donde no existen los grupos estables de convivencia y hay materias en las que se juntan alumnos de diferentes clases. La optatividad de los cursos más altos incide negativamente en la posibilidad de controlar los contactos interpersonales. Aún así, asegura que los centros están cumpliendo con todas las normas higiénico-sanitarias que se les han dado. Aunque hay momentos, como los recreos, en los que se hace realmente complicado.

Discrimación

Otro de los problemas que denuncian desde Adimad es el hecho de que después de que la Comunidad de Madrid haya prohibido a los centros educativos públicos realizar obras de acondicionamiento que permitiesen, en la medida de lo posible, albergar a todo el alumnado en las aulas, hace unos días recibieron una comunicación en la que la Administración daba permiso a los centros de secundaria para que pasaran a una presencialidad total en todos los cursos.

Desde Adimad entienden que este cambio de criterios, de la semipresencialidad a la posibilidad de presencialidad total, deja a la pública en desventaja frente a la concertada, que ha podido realizar ese acondicionamiento de los centros educativos así como la contratación de personal docente para el desdoble de grupos y la bajada de ratios.

Los públicos, ahora, no pueden acometer obras, aunque sí, aseguran, han acondicionado todos los espacios posibles para dar cabida a los desdobles. Tampoco pueden contratar personal ya es que es responsabilidad de la Consejería y, por último, no ha sido posible la idea de contar con espacios municipales a los que trasladar al alumnado desde los centros como también se planteó en algún momento.

Una situación que, además, se extiende a la prohibición expresa de que las y los docentes madrileños utilicen otra plataforma que no sea Educamadrid. «Ha mejorado, es verdad», aseguraba Álvarez a los medios. Pero no es suficiente. «Necesitamos convenios con las plataformas educativas para usarlas si son adecuadas», insistía. El presidente de Adimad recordaba cómo en otras comunidades autónomas se ha hecho precisamente esto. «No entendemos por qué aquí no».

viernes, 2 de octubre de 2020

Responsables políticos y escuela: una distancia social (Guadalupe Jover para El Diario de la Educación)

 Artículo de Guadalupe Jover para eldiariodelaeducacion.com

  • La pandemia hubiera podido ser, en su fatalidad, ese punto de inflexión que propiciara la puesta en marcha de unas reformas que no pueden esperar más. Pero la distancia entre la realidad de las aulas y los responsables políticos se nos antoja -salvo honrosas excepciones- abismal.
01/10/2020

Lo de este curso se veía venir. La suspensión de las clases en marzo pasado nos pilló con el pie cambiado, pero que la cosa iba para largo lo supimos enseguida. Una situación excepcional reclama medidas excepcionales, y la coyuntura parecía la idónea para impulsar acuerdos en materia de infraestructuras, ratios, currículos, etc. Salvo contadas excepciones, los poderes públicos no están dando respuesta a las necesidades acuciantes que tenemos en las aulas. Sus declaraciones nos sumen en el más hondo desconcierto.

La ministra Celáa anunciaba la semana pasada que se estaban estudiando cambios normativos que permitieran aligerar la rigidez de los currículos y adaptar las programaciones didácticas a la nueva situación educativa provocada por la pandemia. Tarde, pensamos, muy tarde. Los docentes llevamos ya tres meses preparando los materiales didácticos para este curso 20-21, y los mimbres de la programación hay que establecerlos en septiembre. Esas modificaciones las esperábamos como tarde en julio, en lo que hubiera debido ser un primer paso hacia la prometida reforma curricular.

No sé si los cambios normativos anunciados entonces se referían a las medidas acordadas el martes en el Consejo de Ministros y publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado. Después de eliminar el requisito del máster del profesorado para poder dar clases durante la pandemia, se recogen en el Real Decreto otra serie de disposiciones.

1. “Con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las decisiones que se tomen sobre presencialidad del alumnado, se otorga el carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables”. ¿Y cuándo han tenido otro carácter? Bajemos a tierra, pisemos el aula: 101 estándares de aprendizaje para una sola asignatura en un solo curso, por poner el ejemplo que me queda más a mano. A razón de 30 o 33 estudiantes por clase, ¿alguien pensaba que los cuantificábamos uno a uno? Lo que la comunidad educativa viene pidiendo desde la imposición de la LOMCE es pura y sencillamente su eliminación. Para este viaje, ciertamente, no necesitábamos alforjas.

Decepción análoga habíamos vivido días atrás cuando, en rueda de prensa, la ministra decía salir al paso de la necesidad de docentes y estudiantes de 2º de bachillerato de saber a qué atenerse en este difícil curso. Esperábamos una drástica reducción de los inabarcables currículos: el alumnado, en muchas comunidades autónomas, solo asistirá a clase la mitad de las horas. Esperábamos, también, unas ciertas líneas de consenso en torno a un modelo de examen que en algunos territorios ha acabado por convertirse en la más eficaz herramienta de castración intelectual de nuestros jóvenes. Pero no. Los cambios se limitaban a mantener la optatividad en las preguntas de la EvAU, tal y como se hizo el pasado junio. Aquello, entendimos, fue una solución de urgencia ante una situación sobrevenida. Pero ahora había margen y motivos para acometer reformas más ambiciosas. Las pruebas de acceso a la Universidad han acabado por colonizar retroactivamente los dos cursos de bachillerato y la secundaria toda. Y lo que está en juego no es ver qué Comunidad pone el examen más difícil (o más fácil), sino quién propone el más inteligente. Porque de lo que se trata, en última instancia, es de devolver su carácter formativo a un curso marcado por la memorización a destajo y las crisis de ansiedad.

2. “Se flexibilizan también las condiciones de evaluación, promoción y titulación en primaria y secundaria, de manera que tanto las administraciones educativas como los equipos docentes puedan adecuarlos a la situación provocada por la pandemia”. ¿En qué influye esto, nos preguntamos, en las condiciones de educabilidad -hoy- de niñas y niños, en los procesos de aprendizaje de adolescentes y jóvenes? Son parches puestos al final del camino, que en nada subsanan los problemas que en estos momentos estamos viviendo. Claro que habrá que flexibilizar dichas condiciones para no ahondar aún más en una lacra endémica de nuestro sistema educativo: la elevadísima tasa de repetición. Pero de nada sirven las medidas adoptadas en los criterios de evaluación y promoción si no se mejoraran sustancialmente los procesos de aprendizaje. Esto suena a jugar con las cifras para maquillar un fracaso.

Por supuesto que maestras y maestros evitaremos penalizar aún más a los estudiantes por unas circunstancias que no han elegido, y diremos en voz alta lo que repetimos en departamentos y pasillos: la semipresencialidad es un fraude. La educación semipresencial supone expropiar una parte sustancial del derecho a la educación. No estamos garantizando la formación de chicas y chicos a tiempo completo, digan lo que digan nuestros responsables políticos. Se está pretendiendo transferir a adolescentes de 14 o 15 años -a ellos y a sus familias- una responsabilidad que compete a la escuela. Y la consecuencia más palpable, más dolorosa también, es que la brecha educativa no hará sino aumentar. La semipresencialidad no es solo consecuencia de la pandemia; es consecuencia del abandono arrastrado de la escuela pública: ratios inasumibles, espacios saturados, recorte de plantillas. Es a esto a lo que urge poner freno.

Flaco favor nos hacen los responsables políticos a los docentes en general y a los equipos directivos en particular cuando afirman que las escuelas son espacios seguros y que caminamos hacia la presencialidad absoluta. Porque no es cierto. La precariedad es la norma. Vamos como funambulistas al filo de lo imposible. Y cuando las autoridades no lo reconocen, las quejas por los docentes que faltan -14 en mi centro la semana pasada- o por los barracones que no llegan pasan a recaer sobre unos profesionales ya exhaustos a estas alturas de curso.

3. “Además, se suprimen las evaluaciones de final de etapa […] por contar con otras fuentes de información del rendimiento del alumnado”. Sería para reír si no nos hiciera llorar. ¿Siete años han tardado en descubrirlo? Quienes nos hemos pronunciado en contra de las reválidas desde la promulgación de la LOMCE no hemos cesado de repetir que quien necesita ser evaluado no es ya más nuestro alumnado, sino todos los demás elementos y agentes del sistema educativo. Hace falta un diagnóstico certero y voluntad política para impulsar reformas coherentes con él. Porque puestos a evaluar, habría que empezar con nuestras administraciones educativas: nos preguntamos en qué se están gastando los fondos COVID.

La pandemia hubiera podido ser, en su fatalidad, ese punto de inflexión que propiciara la puesta en marcha de unas reformas que no pueden esperar más. Pero la distancia entre la realidad de las aulas y las declaraciones de los responsables políticos se nos antoja -salvo honrosas excepciones- abismal.

Guadalupe Jover es profesora de Educación Secundaria

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Los directores de instituto de Madrid denuncian que cada centro tiene cuatro profesores de baja por COVID a diario que no se cubren ( Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • "Estamos solos", describe el presidente de la asociación de directivos la gestión educativa de la Comunidad, que lamenta que se impongan medidas sin consultar y que no hayan llegado los 70.000 ordenadores prometidos
30 de septiembre de 2020

"Estamos solos". Esteban Álvarez, presidente de Adimad, la asociación de directores de instituto de Madrid, ha cargado duramente este miércoles contra la gestión educativa de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y ha dibujado un panorama preocupante –según su descripción– en los centros, que se sienten abandonados por una Consejería que nunca les ha consultado para tomar medidas sino que las ha impuesto, que no está al otro lado del teléfono cuando hace falta, donde los protocolos cambian y no responden a las necesidades de los centros y no llegan los medios tecnológicos ni sanitarios prometidos ni se sustituyen las bajas de profesores, según ha denunciado.

Álvarez ha desglosado una serie de problemas acuciantes que sufren a diario para los que no encuentran solución. El quizá más grave, ha explicado, es que cada instituto está teniendo de media 4-5 profesores de baja por COVID cada día que no se sustituyen (sean positivos o sospechosos de serlo, mientras esperan el resultado de las PCR), a los que hay que sumar las bajas habituales por otras razones, que en otoño suelen ser relativamente altas. "Esto iba a requerir una agilidad en las sustituciones tremenda, había que tenerlo muy preparado. No es fácil conseguir profesores para tantos centros", admite Álvarez. "Había que priorizar para que no se pierdan más horas lectivas". No se hizo.

A estas bajas y los problemas académicos que conlleva la falta de docentes se suman las de los alumnos, otras tres o cuatro al día, que conforman un problema sanitario en los centros. "Esto implica un número de casos al día que obliga a ese miembro del equipo directivo nombrado como responsable COVID a estar todo el día no haciendo su función principal, sino a ejercer prácticamente de rastreador", explica Esteban. Sin embargo, estas bajas no se traducen en cierres de aulas porque el protocolo no lo contempla así: como en Secundaria no hay "grupos estables de convivencia" y los alumnos tienen que llevar mascarilla, no se consideran contacto estrecho de un posible caso positivo.

El problema se agrava, ha explicado Álvarez, con una Consejería de Educación ausente. "Queremos que el contacto con la Dirección General de Salud Pública funcione", ha pedido en alusión a esa línea telefónica a la que deben llamar los colegios pero que comunica sin parar porque cuenta con tres profesionales para atender a más de 4.000 centros. "Necesitamos una respuesta en tiempo y forma a los problemas de los centros, que son muchos. Y no nos vale personal administrativo, necesitamos personal sanitario", ha añadido.

La contratación de este personal sanitario para los centros (solo han llegado 30 de las 300 enfermeras previstas) y que les permitan utilizar las plataformas tecnológicas que consideren (la Comunidad de Madrid ha vetado el uso de las herramientas de Google en los centros públicos) son otras de las reivindicaciones de Adimad. "Tenemos la sensación, con casos como estos, de que no nos están dejando trabajar", lamenta Álvarez.

Adimad sostiene que la Comunidad tampoco ha distribuido los medios que había prometido, a excepción del profesorado (aunque este llegara a última hora). "A nivel académico se ha establecido la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO, lo que requiere una serie de medios que no disponen los centros. Se habló de 70.000 dispositivos y 6.000 cámaras. No han llegado ni uno. Se habló de la mejora de las redes de los centros. No se ha producido. Estamos compitiendo entre nosotros por los geles, las alfombrillas sanitarias, teniendo que ir a polígonos a comprarlas", ha descrito.

La falta de medios informáticos está afectando a la docencia, que se estableció semipresencial a partir de 3º de Secundaria. "Estamos teniendo los mismos problemas que en junio, pero con un problema añadido: hay que atender a los alumnos en casa y clase. No hay instalación ni medios para mantener la actividad lectiva con los alumnos en el aula y su casa. No hay redes e infraestructuras. Estamos prestando nuestro material informático [de los centros], pero como tenemos alumnos en el instituto también los necesitamos nosotros", explica el representante de los directores madrileños.

Álvarez ha dibujado un panorama en el que la Consejería va a la suya desde la primavera, sin consultar las medidas con los afectados, como se ha hecho en regiones como la Comunidad Valenciana, y que va cambiando de opinión según van pasando los días. En el que todo llega tarde y mal. Una consejería que en primavera les comunicó (no negoció) unos criterios para la vuelta al cole, que el 28 de agosto cambió los escenarios para crear otro nuevo, echando por tierra el trabajo en los centros de todo el verano, y que este cambio de criterio viniera sin aviso ni agradecimiento. "La sorpresa fue –además del cambio en sí– que nos dijeran que no había cambios, que estaba previsto así. Habría sido de agradecer, a la vista del trabajo que hicimos, que reconocieran al menos un cambio de opinión", ha valorado Álvarez.

El presidente de Adimad ha cerrado realizando una llamada a la responsabilidad de cada uno: "Exigimos que todas las medidas se pongan en marcha de forma inmediata y que cada uno asuma la responsabilidad y las consecuencias de las medidas adoptadas, lo que suele ocurrir pocas veces", ha afirmado Álvarez, aunque también ha matizado que no les corresponde a ellos pedir la dimisión de nadie. "Hace unos días el consejero nos envió una carta agradeciéndonos nuestro trabajo y colaboración. Nosotros lamentamos mucho no tener nada que agradecer", ha cerrado.

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martes, 15 de septiembre de 2020

Las primeras bajas de profesores por COVID-19 ponen al descubierto un sistema precario e inseguro de sustituciones (Mónica Zas Marcos para eldiario.es)

 Artículo de Mónica Zas Marcos para eldiario.es

  • La primera semana de regreso a las aulas ha registrado al menos un centenar de incidencias y los directores, sindicatos y docentes denuncian que no existe un protocolo ágil para la sustitución que respete los grupos burbuja
13 de septiembre de 2020 21:34h
Lo advirtieron los sindicatos y lo terminaron reconociendo los políticos: la vuelta al colegio en esta segunda ola de coronavirus, sin los recursos materiales o profesionales necesarios, elevaba las probabilidades de contagio. Y así ha ocurrido. En Pontevedra, Málaga, Palma o Madrid, las plantillas de docentes se han visto resentidas por los primeros casos positivos en COVID-19 sin que exista un plan seguro y eficiente de sustituciones.

De los 53 centros afectados según el Gobierno el jueves −según los datos recopilados por este periódico, entre los notificados ese día y el viernes las incidencias ya son más de un centenar−, algunos no tienen más remedio que echar el cierre, como ha ocurrido en la provincia gallega donde siete docentes guardan cuarentena, y otros hacen malabares con la nómina restante a costa de hacer estallar los grupos burbuja.

España ha contratado a casi 40.000 maestros extra a partir del Fondo del Coronavirus para reducir las ratios de niños, desdoblar las clases, garantizar la suplencia de las bajas y crear nuevos puestos como los “coordinadores COVID-19” o más profesores de adaptación intensiva para alumnos con necesidades especiales y en riesgo de exclusión. Cabe pensar que las bajas por contagio, por lo tanto, podrían cubrirse de inmediato gracias a esa bolsa de trabajo. La realidad es más complicada.

José María Ruíz, portavoz de Educación de CCOO, cree que la prioridad debe ser agilizar la incorporación de estas personas a los centros, “que tarda en torno a 10 o 15 días”. En ese tiempo, el claustro del colegio debe hacerse cargo de las clases sin profesora o profesor al frente. ¿La consecuencia? “La movilidad rompe cualquier atisbo de grupo burbuja, lo que se ha vendido como la gran medida de seguridad para la vuelta al cole”, expone el representante sindical. “La otra son las ratios por aula, que ya se sabe que no se están cumpliendo en muchos colegios”, indica.

Ruíz se refiere a la promesa de reducir los estudiantes para asegurar el metro y medio de distancia. El Ministerio de Educación sitúa en 15 el número ideal de niños para Infantil y Primaria, pero los primeros días de clase han puesto de manifiesto que las cifras bailan de comunidad a comunidad y que, en muchos casos, las exceden.

Alumnos por grupo y enseñanza en cada comunidad

Número medio de alumnos por grupo en los centros públicos de cada comunidad en el curso 2019-20. Haz clic en los botones para ver InfantilPrimaria y Secundaria

Fuente: Ministerio de Educación

No es lo único en lo que difieren las consejerías de Educación. El mapa de la vuelta al cole es desigual debido a “diez años de recortes” y, para CCOO, “sería imprescindible regularlo con una resolución” a nivel estatal. Ratios, distancias, condiciones de la toma de posesión de la plaza de maestro y contrataciones automáticas para suplir las bajas, que este año más que nunca se prevén en aumento. Sobre todo “tras el despropósito en ciertas regiones como Murcia, Andalucía y la Comunidad de Madrid”, diferencia.
Hace una semana, la imagen de cientos de profesores madrileños hacinados a la espera de hacerse un test serológico saltaba a la palestra con la consiguiente noticia de que 3.000 de ellos daban positivo. Más tarde, se supo que solo 18 estaban contagiados, pero según la secretaria general de Educación de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, lo más grave fue que “el estudio se hizo sin tener previsto un protocolo para que los positivos se quedaran en casa y pudieran ser sustituidos de forma inmediata”.

Durante los cinco días que duró la comprobación, “hubo una neurosis generalizada porque el profesorado estaba desbordado y con las cuarentenas preventivas se vio que faltaba personal”, dice la portavoz sindical. Muchas escuelas de la capital estaban forzadas a abrir sin tan siquiera tener un profesor para cada grupo y con una incertidumbre absoluta sobre el ritmo de sustituciones de la Comunidad.

Colas de profesores este septiembre en Madrid.

De hecho, es un temor que se ha hecho realidad en algunos centros públicos como el Miguel Hernández, situado en el sur de Madrid. Allí, el director tuvo que acudir el primer día de colegio solo para que le lanzaran el portátil y los apuntes desde la ventana puesto que él guarda cuarentena desde que su hija pequeña comenzó con síntomas compatibles con la COVID-19. “En mi escuela hay otras dos profesoras esperando su PCR y aisladas en casa”, cuenta Rubén Rodríguez. “En caso de que sea positiva alguna hay que empezar a tirar del hilo porque han estado en el centro y en contacto con otros compañeros”, reconoce preocupado.

Contratos de sustitución frágiles
“Los colegios pequeños tenemos prioridad para que nos cubran las bajas a los 15 días”, explica. ¿Y mientras tanto? Es un escenario “horrible” en el que prefiere no pensar porque implicaría “tirar todas estas semanas de planificación y empezar de nuevo a organizar a los profesores, además de la responsabilidad personal por la salud de las docentes y de los niños”, describe Rodríguez.

El director admite que les ha sido imposible cumplir con las ratios de 20 niños por aula y con el metro y medio de distancia a pesar de “haber reconvertido la biblioteca, la clase de música y otros espacios” y de los cinco nuevos maestros que les ha prometido la Comunidad de Madrid, “aunque habíamos pedido seis para garantizar los grupos de desdoble”.

También les corresponde “medio profesor de refuerzo extra” que solo estará hasta finales de diciembre. Son logopedas o profesionales destinados a niños con desfase curricular en algunas de las áreas o en riesgo de exclusión social, es decir, “recursos muy valiosos y que lastimosamente siempre tenemos de menos”. Rubén Rodríguez define esta incorporación temporal como “un desastre” para los planes sanitarios del colegio -ya que los maestros deben pendular entre dos centros-, para las condiciones laborales de los profesores nuevos y para el ritmo de aprendizaje de los niños.

Aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció 10.610 contratos "extra" de maestros para paliar la situación COVID-19, solo 350 se han incorporado de momento y cientos de ellos han renunciado a la plaza ante las dudas por la duración y las condiciones de las mismas, como anunció CCOO. Esto, unido a que las 1.117 personas de refuerzo solo permanecerán hasta navidades, es otra muestra de “la precariedad que produce ir por la vía de la sustitución”, se lamenta Galvín. “Puede suponer que Madrid no consiga atraer ni mantener al profesorado necesario para poner en marcha una vuelta al colegio segura”, sentencia.

En el caso de la capital, la Consejería ha prometido que los contratos trimestrales solo afectarán a las plazas de refuerzo, pero que los 6.000 docentes destinados a las vacantes de la educación pública “pueden estar tranquilos”. Algo que no ocurre en otras comunidades como Andalucía y Murcia, donde todos estos contratos durarán en principio hasta finales de año. En Catalunya, Aragón, La Rioja, Extremadura, Canarias, Galicia y País Vasco y Valencia, en cambio, las nuevas incorporaciones se mantendrán todo el curso lectivo.

En Catalunya tienen otros frentes abiertos, como el medio centenar de interinos que denunciaron que la Generalitat les dejó sin la plaza al causar baja por coronavirus antes de empezar. “Estaba emocionada, llevaba tres años esperando para una vacante para todo el curso”, explicaba Marta (nombre ficticio) a elDiario.es, que había sido aceptada para un colegio en Barcelona, pero el fin de semana previo al regreso a las aulas tuvo síntomas y acudió a hacerse una PCR. “Me dijeron que podía empezar de forma telemática”, aseguraba.

Al no tomar posesión de forma presencial, sin embargo, le comunicaron que con la baja –al final dio positivo– le quitaban la plaza. “No me parece una norma coherente, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Ir al colegio el lunes a ocupar mi puesto de trabajo para conservarlo y arriesgarme a crear un brote?”, se preguntaba esta docente. Según CGT y CCOO, Catalunya ha dado marcha atrás en algunos de los casos después de que estos saliesen a la luz en los medios.

Mientras, los profesores de Galicia, Murcia, Baleares, País Vasco y Madrid se preparan para una huelga hasta finales de mes. Reclaman un aumento de personal docente, la disminución de ratios y, sobre todo, más diálogo con las autonomías para “no cargar sobre sus hombros” con una "vuelta a clase segura".