viernes, 27 de noviembre de 2020

3-12-2020 Asamblea de Marea Verde Madrid (18:00 h., en zoom)

 

Propuesta de Orden del día:

1- Información:

  • Situación de los centros educativos.
  • Iniciativas de la Comunidad educativa ante la situación en los centros educativos.
  • Acuerdos pendientes de asambleas anteriores.

2. Movilizaciones.

3. Varios.

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¿Cambios LOMLOE? (Manuel Menor)

La LOMLOE introduce menos cambios que los que le achacan 

Deja intactos  núcleos que arrastra el sistema desde muy atrás. La Constitución aparentó conciliarlos, pero no cesan de motivar desavenencias 

Como era previsible, la LOMLOE, desde antes de aparecer en el BOE, ha empezado a dar señales de que molestaba a una parte de la población. No es nada nuevo y hay cuerda para rato. Las protestas de unos y el documento que se va a votar en el Senado son provisionales; forman parte de una tradición alternante que, a lo corta, proviene de una redacción complicada y extraña del artículo 27 de la Constitución, con la que hasta ahora no ha sido nunca posible un pacto educativo firme; más atrás, tiene una larga historia de conflictos, algunos muy graves. 

 El productivo conflicto educativo

Manifestaciones como la que días pasados hubo en muchas ciudades españolas,  de la que quedan huellas en muchos colegios con sus globitos anaranjados, repiten las que hubo, sobre todo, en 2005 –previas a la LOE y a la ampliación- y, también, a algunas anteriores como la de aquellos quince meses de desencuentros continuos –en la calle, en los púlpitos y en los medios afines- anteriores a 1985, en vísperas de que Maravall lograra convencer a los obispos de que aceptaran la LODE, en que se oficializaban sus colegios. 

A los dos principales partidos les debe ir bien con este renovado alboroto. Ninguno se rinde en su pelea por tener un motivo simbólico tan fuerte para contentar a sus votantes más fieles, causante, además, de que mientras se habla de esto, parezca que no existen cuestiones más inquietantes. En este momento, los del PP tienen en esta LOMLOE una causa capaz de unirles en el conservadurismo; a su vez, al PSOE le satisface haber frenado algunos excesos en que había incurrido la LOMCE si nadie pregunta qué haya sido de aquella “Alternativa para la Enseñanza” que apareció en el Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid en febrero de 1976 y reclamaba “escuela única”. ¿No  era esa la base del programa socialista en 1982? 

Entretanto, muchísimos opinadores que pasan por este asunto como ante un cotilleo más, dicen lo primero que se les ocurre y no tienen inconveniente, incluso, en sacar a relucir a sus hijos como sufridores de unos malévolos que se empeñan en meter el dedo en un mundo de gente guapa y de mucho éxito. Estos días, se puede oír de todo; cada cual saca a relucir sus propias frustraciones con el sistema educativo; todos tienen alguna experiencia escolar hasta los 16 años como mínimo, e invocan a San Narciso con prontitud. 

A decir verdad, nadie debiera extrañarse mucho de todo esto; pero cabría esperar  más coherencia de nuestros gestores políticos; de lo que han hecho en estos veinte años últimos por ejemplo, y de lo que van a hacer ahora que Casado anima a los suyos a continuar una guerra como taifas desde cada Autonomía, frente a los supuestos despropósitos de esta octava ley orgánica que propone el PSOE. 

Una historia larga

Los intereses contrapuestos de esta película vienen de antiguo. Claudio Moyano, cuando inició en 1857 la legislación general sobre el sistema educativo ya fue condicionado por el Concordato de 1851. La otra mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX no fueron una balsa de aceite: los buenos conocedores de la historia de la Institución Libre de Enseñanza conocen bien que la “libertad de enseñanza” -que tanto se menciona- fue invocada para perseguir despiadadamente a los mentores de aquella gran institución. Si se avanza un poco más y se entra en los porqués de la insurrección contra la II República, además de seguir siendo de gran interés el libro de Mariano Pérez-Galán en 1975, si no tienen mucho tiempo lean en el BOE  el preámbulo a la Ley de Educación Primaria (BOE del 18.07.1945) y, si tienen humor, también en ese medio oficial encontrarán una secuencia metódica de órdenes por las que se cerraron institutos públicos y se dio cancha abierta a los colegios de la Iglesia; por ejemplo, una de abril de 1939 (BOE del 15.04.1939), en que los 13 institutos que tenía Madrid fueron reducidos a seis y, al menos a dos de ellos, les cambiaron el nombre anterior. En poco tiempo, el 70,7% de los pocos españoles que, en 1943, pudieron hacer Bachillerato Superior habían pasado por colegios vinculados a la Iglesia; en 1931, la proporción solo era del 28,9%. 

Con algo de paciencia, en 1953 verán que hay otro Concordato que, a cambio de facilitar al régimen acomodo internacional,  reiteró innumerables privilegios al Vaticano en el mundo educativo; era fama que los obispos llevaban las órdenes y decretos al ministro de turno para que los firmara, y la ley de Enseñanza Media de 1953 deja bien claro que pasó la supervisión de los obispos. Cuando Marcelino Oreja se apresuró en 1977 a reafirmar esa situación, en los artículos 16 y 27 de la CE78 –y en los Acuerdos de 1979-  quedó la matriz de cuanto desde entonces venimos rondando sin tocar. Tanto si el PP como el PSOE quieren que acabemos con esta pantomima de estar jugando a buenos y malos en los asuntos de todos con reglas medievales, empiecen por considerar adultos a sus votantes; expliquen por qué no quieren o no pueden denunciar estos Acuerdos. Su grado de modernidad estará en entredicho mientras no lo hagan; del refugio en la CE78 olvídense:  ya sabemos que fue un paripé. 

¿Igualdad de qué?

Por otro lado, las razones que invocan en este momento las personas implicadas en la concertada, no se sostienen ante la supuesta igualdad democrática, que es lo que tiene que procurar, ante todo, cualquier red educativa que financie el Estado.  Su avidez monopolística aparece especialmente interesada en un momento en que la Covid-19 está desnudando implacable las adherencias inútiles que tiene nuestra organización social. No estaría de más que se hicieran ver, sin ficción, la proporción inversamente diferencial con el PIB que ha tenido el presupuesto de la enseñanza Pública  y el de la Privada desde 2008; y, si tanto aman a esta España de todos,  auditen a fondo las prácticas de las Autonomías a las que todo les ha sido poco para incrementar los recursos de quienes menos lo necesitan. La repercusión de las prácticas desleales que, en vez de ocuparse de la mejora interna del sistema educativo solo se  han ocupado de las apariencias que tanto gustan a la libertad de mercado, también las pagamos todos, aunque las bendigan los obispos..

 Manuel Menor Currás

Madrid, 24.11.2020

jueves, 26 de noviembre de 2020

Exigimos la retirada inmediata de la Campaña institucional de la Comunidad de Madrid “NO SIN MI COLE” (comunicado de la Plataforma estatal por una Escuela Extraordinaria. 26 de noviembre de 2020)

Desde la Plataforma estatal por una Escuela Extraordinaria, de la que forman parte 86 entidades, queremos expresar nuestro más rotundo rechazo a la campaña institucional de la Comunidad de Madrid denominada No sin mi cole presentada ayer 25 de noviembre porque ataca frontalmente los derechos de las personas con discapacidad, utiliza la imagen de los niños con intereses espurios y perpetúa una concepción de la discapacidad cargada de prejuicios.

Con terribles sentencias como “este es su sitio”, el vídeo de la campaña refuerza el estereotipo de que las personas con discapacidad deben permanecer escolarizadas al margen del resto de la población y, en consecuencia, apartadas de la sociedad; algo que vulnera claramente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, vigente en España, y frena los avances en términos de inclusión social de este colectivo durante las últimas cuatro décadas.

También rechazamos firmemente la utilización de la imagen de personas con discapacidad en esta campaña precisamente para menoscabar uno de los derechos fundamentales que les ampara, el derecho a escolarizarse en escuelas comunes contando con todos los medios oportunos tal y como se recoge en el ordenamiento jurídico español. Este hecho es más grave aun teniendo en cuenta que es una administración pública quien lo realiza, evitando en todo momento el debate racional sobre los derechos y llevándolo al terreno de una inaceptable manipulación sentimental.

La labor de las administraciones debe ser desarrollar las condiciones materiales que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía, no perpetuar la exclusión y la desigualdad con campañas que refuerzan estereotipos desfasados sobre el colectivo de personas con diversidad funcional.

Por todo ello exigimos a la Comunidad de Madrid que retire de forma inmediata la campaña No sin mi cole y se ponga a trabajar en la consecución de un sistema educativo que cumpla con los derechos humanos tal y como exigen los informes de condena emitidos por la ONU sobre nuestro país en los últimos años.


Nota de la comisión de Marea Verde Madrid:

Esta es la intolerable y vergonzosa Campaña de la Comunidad de Madrid #NoSinMiCole:

2-12-2020: Concentración Madrid abandona a 20.000 alumn@s (17:30 h., en Sol)

 


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martes, 24 de noviembre de 2020

Luces y sombras de la reforma educativa (Pablo Gutiérrez de Álamo para ELDIARIODELAEDUCACIÓN.COM)

 ELDIARIODELAEDUCACIÓN.COM ha publicado este artículo



La Lomloe, la nueva ley educativa, llega esta semana al Pleno del Congreso en el que, si no hay sorpresas de último minuto, conseguirá los apoyos parlamentarios necesarios para que siga su curso hacia la aprobación.

Más de tres centenares de enmiendas han pasado el corte de las 1.100 que se habían presentado en total. Más o menos una cuarta parte. Las últimas fueron rechazadas o aprobadas en la sesión de la Comisión de Educación del pasado viernes que, durante alrededor de 10 horas, supuso un ejercicio de paciencia y aguante para propios y extraños.

De todas las medidas, más o menos importantes o de más o menos peso, cabrían destacar las conducentes a evitar que continúe acrecentándose la segregación escolar en todo el país (aunque con diferencias autonómicas) y la creación de guetos educativos y, al mismo tiempo, aun no suponiendo la apuesta por el fin de la escuela concertada que ciertos sectores esperan, las diseñadas para poner cierto coto a la privada financiada con fondos públicos.
Guetos, segregación y concertada

Algunas de las medidas aprobadas por el texto y que, presumiblemente, pasarán todos los trámites necesarios, ponen el ojo en uno de los problemas que en los últimos años más ha crecido en el sistema educativo. La segregación, principalmente socioeconómica, de los centros educativos. En la mente, los datos de la Comunidad de Madrid, una comunidad a la cabeza en la formación de centros gueto en los que se reúne, de forma más o menos sobrerepresentada, alumnado de estrato socioeconómico bajo, otro de procedencia migrante, o con necesidades específicas de apoyo educativo.

La Lomloe trata de abordar este problema otorgando nuevas funciones a las comisiones de escolarización que, además de realizar su trabajo habitual, tendrán que estar atentas a que no se produzca una segregación entre los centros educativos de las zonas de escolarización. Además, existe la pretensión de que esta escolarización tenga en cuenta a la población socialmente heterogénea.

En paralelo, mientras la demanda social desaparece como uno de los criterios que ha de tenerse en cuenta a la hora de la admisión de alumnos, vuelve a tomar peso la cercanía del domicilio al centro educativo.

Parte de las medidas relacionadas con la disminución de los guetos guardan relación con las que pretenden atajar a la concertada, como la eliminación, como veíamos, de la demanda social como criterio de escolarización, o la programación de la red por parte de las administraciones atendiendo a criterios que eviten la segregación.

En este cajón de sastre también podrían contarse la vuelta de tuerca a la prohibición del cobro de cuotas por parte de los centros privados sostenidos con fondos públicos. Una práctica prohibida desde la LODE pero que, de una manera u otra, se ha estado incumpliendo. A partir de la aprobación de la Lomloe, no se podrán pagar estas cuotas voluntarias y se intenta evitar que actividades complementarias por las que se cobra ocupen el horario lectivo o que supongan una discrimación del alumnado.

Estas, y otras medidas, como la prohibición de la cesión de suelo público para la construcción y gestión de centros concertados (que ha supuesto sonados casos de corrupción, amén de dejar a barrios de nueva construcción sin ningún centro público cercano), han encendido los ánimos de la comunidad educativa de la concertada.

Hace semanas comenzaron una campaña bajo el nombre de Más Plurales, en la que han recogido cientos de miles de firmas, además de organizar varias concentraciones frente al Congreso de los Diputados en los últimos días. Una campaña que no parará hasta que consigan paralizar la tramitación de la Ley. Algo que parece complicado.
Educación pública, eje vertebrador

Este ha sido uno de los mantras de la ministra, Isabel Celaá en los últimos meses. Con los cambios introducidos en los últimos dos meses a base de enmiendas, todavía lo será un poco más.

En varios lugares se apuesta por la creación de más plazas públicas. En la media estatal, los centros públicos tienen un peso aproximado del 65% de la escolarización, frente al 35 % de la privada y privada concertada. Claro está que hay enormes diferencias entre territorios como Madrid, País Vasco y Cataluña, en donde el peso de una y otra está mucho más cerca del 50 %, frente a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha… en donde la pública siempre ha tenido que hacerse cargo de un porcentaje mayor de la población.

Tal vez la materialización más clara de esta intención se refleja en la escuela infantil de 0-3, para la que ya se ha anunciado un programa de cooperación territorial que ha puesto sobre la mesa 200 millones de euros para la creación de plazas públicas para el ciclo. En la ley también se habla de esto y se deja muy clara la intención de que estas plazas sean, además de públicas, «asequibles», principal problema para muchas familias que, simplemente, no pueden hacerse cargo de los costes. La intención, aumentar la escolarización de un 30 % a, aproximadamente, un 50 %

El artículado también hace referencia a la creación de plazas públicas allá donde sean necesarias. En los últimos años, además de esos barrios que nunca han tenido un centro público, hemos visto cerrar otros por falta de escolares mientras en los cercanos concertados se mantenían los conciertos o aumentaban. El hecho de que la ley recoja que «la Administración debe ofertar plazas públicas suficientes» no es una simple fórmula. Es uno de los elementos para el incremento progresivo de los puestos de titularidad pública.

Bien es cierto que algunas de estas medidas, así como otras que desde la derecha y la concertada católica se han interpretado como un ataque a la libertad de elección de las familias, han sido lo necesario para que el PP avisara a los partidos que apoyan la Lomloe de que, en cuanto esta sea publicada la llevarán ante el Tribunal Constitucional.

La pregunta del millón, como siempre, es quién pagará el desarrollo y puesta en marcha de la nueva legislación. Esta no va acompañada de una memoria económica, aunque ya hace unos días, el Ministerio hizo públicos los datos que le corresponden dentro de los Presupuestos Generales del Estado de aprobarse. Unos 5.900 millones, un 139 % más que el presupuesto anterior y que, lógicamente, juega con un elevado porcentaje de los fondos europeos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

Habrá que esperar a ver cómo se traducen estos fondos en las diferentes comunidades autónomas también, pero un paso importante es que el texto legal asume el compromiso, al menos de palabra, de alcanzar en unos pocos años, el 5 % del PIB dedicado a la educación. Hoy estamos por debajo del 4 % y esa diferencia puede suponer unos 10.000 millones de euros más.
Luces y sombras

Como viene denunciando buena parte de la comunidad, la Lomloe no supone ningún cambio en las ratios que rigen el sistema educativo (20 en primaria y 25 en secundaria obligatoria). Unas ratios que solo en parte se están cumpliendo ahora, con la pandemia y que, en buena medida eran superiores en los centros educativos gracias a la excepcionalidad de poder ampliarla un 10 % en el caso de que fuera necesario. La excepcionalidad, durante los años de la crisis se convirtió en la normalidad, con aulas, en la postobligatoria, por encima de los 30 chavales y chavalas.

A esto podríamos sumar otros elementos que han podido pasar más o menos desapercibidos, como el sistema de entrada a la inspección educativa que, de seguir como reza el texto, dejará de ser através de concurso oposición para ser, sin más, una valoración de las aptitudes de quien quiera entrar en esta rama de la docencia.

Y todavía más dudosa es la disposición adicional cuadragésima octava en la que se pone sobre la mesa la posibilidad de retirar a un docente funcionario de la atención educativa directa con alumnado cuando muestre «una manifiesta falta de condiciones para ocupar su puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición». Aclara el texto (aunque no demasiado) que este cambio se produciría como consecuencia de «un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa». No se aclara la base para decidir qué es una manifiesta falta de condiciones para ocupar el puesto.

Aunque la ley realiza algunos avances, de mayor o menor calado, en relación a la inclusción educativa, como la escucha de la preferencia de las familias hacia la escolarización ordinaria frente a la especial; o la apuesta en infantil por la detección precoz y la puesta en marcha de medidas y ajustes razonables, o la consideración de las necesidades educativas a la hora de evaluar al alumnado en las diferentes etapas, el statu quo actual se mantiene, dejando la puerta abierta a la creación de más aulas específicas y centros de educación especial a pesar de las críticas del Comité que vigila el desarrollo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Oposición en la calle, los tribunales y los gobiernos autonómicos: Casado aplica la estrategia anti-Zapatero a la 'ley Celaá' (Íñigo Aduriz para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia 



El Partido Popular de Pablo Casado ha decidido hacer frente a la nueva ley educativa aprobada la semana pasada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, la conocida como 'ley Celaá', con la misma estrategia que el partido empleó hace más de una década contra otras normativas aprobadas durante el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, como la del matrimonio igualitario, la de la regulación del aborto, el Estatut catalán o la también ley de Educación de 2006 (LOE).

Igual que entonces, el plan de los populares consiste en salir a las calles en manifestaciones y protestas como las que recorrieron el pasado domingo varias ciudades españolas –Casado participó en la de Madrid junto a otros dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso–, y a las que también se sumaron Vox y Ciudadanos, la recogida de firmas o los recursos ante los tribunales.

El PP tratará además de hacer oposición al Gobierno progresista desde aquellas comunidades en las que gobierna –Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia–, desarrollando otras normativas o disposiciones que, en función de las competencias autonómicas, desactiven al máximo posible la nueva ley educativa, que antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aún debe ser refrendada por el Senado.

La estrategia de llevar a las calles y a los tribunales su labor de oposición al Gobierno no le funcionó hace más de diez años al PP, entonces dirigido por Mariano Rajoy, que tras perder las generales de 2008 que dieron una segunda legislatura a Zapatero cambió de plan, abrazó la moderación y centró su trabajo contra el Ejecutivo en el Parlamento.


Pero Casado está ahora convencido de que sí puede obtener rédito político de sus ataques a la 'ley Celaá', en un contexto que la dirección popular considera más polarizado que hace diez años y en el que compite por el mismo electorado que Vox, aunque también busca recuperar a votantes fugados a Ciudadanos e incluso a socialistas "descontentos" con la gestión de Sánchez.
Un debate transversal

La tesis de la dirección popular es que la defensa de la educación concertada, esa que Génova 13 ve ahora en peligro porque la nueva ley prohíbe los pagos por una educación que debe ser gratuita o niega los conciertos con los centros que segreguen por sexos, es una causa transversal, que va más allá de la tradicional división entre izquierda y derecha. Lo mismo sucede para la dirección del PP con la defensa del castellano, cuya vehicularidad ha sido retirada de la nueva normativa para facilitar los modelos de inmersión lingüística en aquellas comunidades con lengua propia.

En sus argumentarios internos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la dirección de Casado pide a todos los dirigentes del partido que en sus comparecencias públicas repitan que el Gobierno "ha entregado la educación" de los niños "a los independentistas para sacar los Presupuestos adelante y seguir en el poder". "El futuro de nuestro país dependerá de una ley cargada de sectarismo político y adoctrinamiento ideológico, y que incumple los principios constitucionales al anular la libertad educativa y al castellano como lengua vehicular", apunta la cúpula del PP en las consignas que cada día envía a todos sus cargos.


Para el equipo de Casado, "Sánchez ha pasado por encima de las demandas de la sociedad y de la comunidad educativa, sin más objetivo que garantizar la estabilidad de un gobierno que se ha echado al monte". "El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado rompiendo el pacto constitucional con una ley que es de todo menos educativa", sentencia la dirección del PP en sus argumentarios.

El plan para las próximas semanas consiste en recurrir la 'ley Celaá' al Tribunal Constitucional en cuanto se publique en el BOE y también en buscar amparo en la Unión Europea, a donde Casado acude desde hace semanas tratando de presentar cada una de las iniciativas del Gobierno como ilegítimas e intentando que los socios europeos vean con desconfianza la labor de Sánchez por su coalición con Unidas Podemos para condicionar la llegada de los fondos para hacer frente a la pandemia.
Defensa del Estado autonómico

Además, el PP tiene previsto presentar mociones contra la nueva norma educativa "en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales" e intentará "frenar" los "aspectos más lesivos" de la ley," como la libertad de elección y la educación concertada y especial", en las cinco comunidades en las que gobierna "a través de decretos u órdenes".


El domingo, tras participar en la marcha a favor de la educación concertada, el PP de Madrid hizo público un vídeo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que asegura que "la Comunidad de Madrid va a seguir defendiendo la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos". "Nos vemos en una situación inesperada, sin consenso y la Comunidad de Madrid va a seguir dando esta batalla tan importante", remarcaba la dirigente autonómica.

Este lunes, Casado aseguraba en una entrevista en la Cope que, con todas esas iniciativas, el PP pretende evitar que la reforma educativa "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". La 'ley Celaá', añadía, "durará solo lo que dure este Gobierno" porque si los populares llegan al poder lo primero que harán será derogarla. "Hasta entonces, la recurriremos al Tribunal Constitucional, a Europa porque allí sí que se defiende la libertad y las comunidades autónomas en las que gobierna el PP van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias y para poner a salvo la calidad educativa, también en la pública", apuntaba.

Preguntado por el margen de esas autonomías para legislar contra esa norma, que tiene carácter orgánico, Casado citaba directamente lo que ya ocurrió con el Gobierno de Zapatero y recordaba que las comunidades del PP impulsaron entonces distintas leyes en sus territorios. Como ejemplo, señalaba que en la Comunidad de Madrid se aprobó la Ley de Autoridad del Profesor, en Castilla y León se impulsó una ley de refuerzo de la educación rural y en Galicia "se blindó el trilingüísmo respetando la lengua cooficial" con el castellano y el inglés.
"Cuando nosotros defendemos el Estado autonómico recuerdo que también es para estas situaciones. Cuando hay un Gobierno en la Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que en las comunidades pueda gobernar otro partido", sentenciaba el líder del PP. Ante estas palabras, la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, consideró después, en una entrevista en TVE, que Casado "está llamando a una suerte de desobediencia".

La ley Celaá y la educación especial: una reforma a medias que no satisface a unos por escasa y otros por excesiva (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES



Si hay algo de cierto en que una cuestión que no contenta a unos por exceso y otros por defecto está en un punto de óptimo equilibrio, el Gobierno ha clavado lo tocante a la inclusión educativa y la especial en la 'ley Celaá'. A nadie parece satisfacer la reforma que plantea la Lomloe respecto a la educación de los alumnos con discapacidad: los defensores de las escuelas especiales –fuera del ruido que genera la plataforma Más Plurales– sostienen que la norma se va a traducir, si no se cambia, en una vaciamiento de los centros específicos, y reclaman su derecho a elegir lo que consideran mejor para sus hijos; los partidarios de la inclusión rechazan la "oportunidad perdida" con la ley, que afirman no cumple con los mínimos que marca la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y que el cierre de la especial es práctica habitual en países de nuestro entorno como Portugal o Italia. La polémica, con posturas difíciles de reconciliar, no surge a raíz de la tramitación de la Lomloe, viene de más atrás, pero sí se ha exacerbado estos días, aunque parecen sonar más los argumentos de un lado que los del otro.

Familias de alumnado con discapacidad y trabajadores de la educación concertada lamentan que la normativa legisla en el vacío, sin tener en cuenta la realidad de España, y se va a traducir en un perjuicio a los centros específicos y por extensión los alumnos. "La idea [de escolarizar a los alumnos en centros ordinarios] puede ser bonita, pero por imperativo legal no va a funcionar", explica Marcos López, director del colegio especial concertado TAO, en Madrid. "Aunque el Gobierno ha explicado que no se van a cerrar los centros, vemos bastante complicado que pueda llegar a ser así porque en las memorias económicas no se contempla un incremento de gasto y sin recursos difícilmente se va a poder atender a los alumnos con discapacidad en condiciones", valora.

En el otro lado, los partidarios de la inclusión total lamentan que la Lomloe se quede corta porque no llega a los postulados de la Convención de la ONU y explican que cuando se habla del derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos solo se piensa en unos padres, los que quieren especial. "La educación inclusiva es un derecho de todos los niños, sin excepciones. La ley tiene el propósito de acabar con la segregación, pero desde un punto de vista aspiracional, sin concreción", valora Jesús Martín, delegado del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), una de las asociaciones que más ha puesto de su lado para lograr la inclusión plena. Y rechaza el vaciamiento que argumenta el bando contrario: "Veo ganas de fortalecer la ordinaria –sin recursos– sin perjuicio de que los de especial puedan puedan reforzar el sistema", valora.

Uno de cada seis, en un centro especial

Primero, el retrato de la situación. En España hay unos 230.000 alumnos con necesidades educativas derivadas de algún grado de discapacidad intelectual. De ellos, unos 37.000 (el 15% del total, uno de cada seis) están matriculados alguno de los 480 centros de educación especial, entre los que hay una gran presencia de escuela concertada. El resto está en el sistema ordinario, bien en clase con sus compañeros, bien en lo que se denominan aulas específicas, bien en un modelo híbrido en el que combinan ambas. En cifras totales, el 0,4% de los ocho millones de alumnos está en un centro de educación especial.

Simplificando, tal y como está ahora la normativa la escolarización de un alumno con necesidades educativas especiales empieza con un informe psicopedagógico que le hace la administración educativa al menor. A partir de este informe, que tiene un carácter médico, y escuchados los padres –su opinión no es vinculante– se emite un dictamen de escolarización, por el que la Consejería de Educación de turno decide si el alumno estará mejor en un centro ordinario o en uno especial. Unos padres descontentos con el dictamen –y este descontento se da solo en una dirección, aseguran los pro inclusión, cuando quieren que su hijo vaya a un centro ordinario pero la administración lo ve al revés; en el sentido contrario no hay problemas– pueden recurrir por vía administrativa, normalmente con poco éxito. A partir de ahí les queda la Justicia, que a veces les da la razón y otras no. Jurisprudencia hay: el Tribunal Supremo se ha llegado a pronunciar y recuerda a las administraciones educativas que tienen que escolarizar al alumnado en la red ordinaria y proveerla de medios.

A nivel legal, España firmó en 2008 la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que como tratado internacional solo queda por debajo de la Constitución y por tanto por encima de una ley orgánica como es la Lomloe. La citada Convención especifica en su artículo 24 que "los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles", y añade que los Gobiernos asegurarán que "las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás"; "se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales"; "se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva"; y "se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión".

A este referente normativo trata de acercarse la Lomloe. La ley incluye básicamente dos apartados en los que trata la educación especial. Por un lado, la disposición adicional cuarta, de nuevo cuño y centro de la polémica, establece que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención [el último citado en el anterior párrafo], los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Y añade que "las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

Diez años de transición

La ley da por tanto diez años para esta transición, y mantiene la posibilidad de que sigan escolarizando alumnos. Pero añade la fórmula "que requieran una atención muy especializada", que es donde los defensores de la especial ven el peligro. "El 0,4% de los ocho millones de alumnos están en la educación especial. Esto ya es 'muy especializado'. No es más que una forma ambigua de justificar la bajada de la ratio de alumnos en centros de educación especial solo porque te lo has propuesto", asegura Luis Rojo, portavoz de la plataforma Inclusiva sí, Especial también, en defensa de los centros de educación especial. Una plataforma, aclara Rojo, que existía ya antes de que Celaá fuera ministra y que no ha querido participar de la polémica plataforma Más Plurales (que aúna el rechazo a la Lomloe con protestas frente al Congreso y en la calle) porque su batalla no es por la "libertad de elección" que preconiza Más Plurales: "Nosotros pensamos que la educación no tiene adjetivos, que tiene que ser la más adecuada para los niños pensando en el bien superior del menor", aclara.

Un trabajador de un centro de educación especial, que prefiere no revelar su nombre, explica que los grupos que promueven esta campaña están utilizando el tema como "arma política porque es muy visible. El trasfondo de esto no es la especial, es la concertada", asegura.

Marcos López, director del TAO, no es especialmente tremendista con ese cierre masivo de centros que auguran algunos, pero sí cree que la Lomloe traerá una disminución de los mismos y los servicios que ofrecen. Sobre todo en la actual redacción de la ley, sin fondos detrás: "Lo que plantean difícilmente va a funcionar sin incremento de gasto en ambos modelos", sostiene. "Nos preocupa que si tenemos que ser centros de referencia y recursos y asesorar a un gran número de centros [ordinarios] difícilmente podremos hacerlo sin desatender a nuestros alumnos si no hay más recursos", y pone un ejemplo: "Para asesorar a 30 centros necesito un equipo de orientación. Pero si tengo que usar el mío que atiende a nuestros chicos...".

La disposición adicional –y el ataque a la educación especial, según algunos– se complementa a través del artículo 74 de la Lomloe, que regula la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Este artículo ya existía en la Lomce de José Ignacio Wert, pero ha sido modificado en parte para añadir un punto en el que se especifica que para resolver "las discrepancias que puedan surgir" entre familias y administración en la escolarización se tendrá "en cuenta (...) el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo". Esto es, se escuchará a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en el sistema ordinario, aunque los defensores de la inclusión denuncian que la fórmula es vaga y no asegura la decisión de las familias. Además, cada curso se evaluará el desempeño del alumno en cuestión y a partir de esta evaluación se podrá "modificar el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, progresión o permanencia del alumnado en el más inclusivo".

Vaciamiento completado, asegura Rojo: "No van a escuchar a las familias que prefieran la educación especializada, solo a los padres que elijan lo inclusivo". El abogado especializado en inclusión educativa Juan Rodríguez Zapatero opina que tampoco sucede lo contrario y que ni siquiera es nuevo: "Ya estaba en la ley de derechos de las personas con discapacidad y en alguna ley autonómica, como la de Castilla y León. Y quitando un par de retoques de la fachada, el edificio estructural de un sistema educativo dual no se ha tocado", asegura: "Los alumnos que no tienen discapacidad gozan de los derechos propios del sistema educativo ordinario y los que tiene alguna discapacidad o diversidad funcional quedan excluidos del sistema".

Rojo rechaza que los centros de educación especial segreguen, término que utilizan los defensores de la inclusión. "No llevamos a los niños a los centros en virtud de su discapacidad, sino de su necesidad", le da la vuelta al argumento. "Empiezan con la atención en audición y lenguaje, en terapias, en la parte social. Si no funcionaran, no los llevaríamos, que además muchas veces implica hacer muchos kilómetros", y cuenta cómo él invierte casi dos horas diarias en llevar y traer a su hijo con síndrome de Down del centro en el que está escolarizado, cuando los dos hermanos del pequeño acuden a un colegio a cinco minutos de su casa.

Carme Fernández, responsable de la Fundació Gerard, pro inclusión, es uno de los que utiliza la palabra "segregación". Durante la conversación también repetirá varias veces, con sentido negativo, que "todo va a seguir igual". Para esta experta, que ha sacado varias sentencias que obligaban a las administraciones a escolarizar alumnos en centros ordinarios, "la decepción es muy grande". Explica Fernández que "hay un informe del Comité de la ONU y una condena [a España por incumplir la Convención] que pedían cambios sustanciales. Pero la ley sigue conservando la excepción de la especial para los que no se puedan atender en los centros ordinarios, con lo cual queda igual. Nada de esto ha ocurrido".

¿Qué papel le queda a las familias?

Uno de los principales problemas que ve Fernández de la Lomloe es que mantiene los informes psicopedagógicos que sirven de base para los posteriores dictámenes de escolarización que hacen las administraciones. "Se sigue con estas evaluaciones basadas en el modelo médico de la discapacidad, no hay cambios porque no hay mención explícita", explica. Muchas de las sentencias que ha sacado la Fundació Gerard en favor de las familias estaban basadas en lo irregular de estos informes. "Pero la ley deja en manos de las comunidades establecer los procedimientos que crean pertinentes para hacer estas evaluaciones y resolver las discrepancias si los padres no están de acuerdo con la modalidad de escolarización. No deja claro que debe prevalecer la opinión de los padres ("se tendrá en cuenta", dice), con lo que seguiremos asistiendo al traslado forzoso de alumnos a centros especiales y aulas específicas", lamenta Fernández.

Este es uno de los problemas que ven los defensores de la inclusión: que el derecho a decidir sistema educativo, especial u ordinario, solo asiste a quién elige especial. "El caso de España es una anomalía", asegura Martín Blanco, de Cermi. "Que no haya casos de familias que tengan que litigar con el estado para defender el derecho a la educación de su hijo. Hay que hablar de libertad en todos los sentidos: que quien quiera ir a la especial pueda porque va a seguir abierta, pero también que pueda quien quiera ir a la ordinaria con garantías y recursos si así lo pide".

Los recursos. Ese elemento muy tangible que resolvería la cuestión por sí mismo si abundara. La ONU dice –y las sentencias emitidas en España van detrás– que el ideal es dotar a los centros ordinarios de recursos para que puedan atender correctamente al alumnado con necesidades de apoyo. También es el objetivo declarado de la ley, aunque los actores implicados no lo ven realista sin una memoria económica. La realidad es que el sistema, en general, tiene el mismo presupuesto que hace diez años.

El colegio TAO, especializado, tienen 60 alumnos en tres etapas atendidos por 23 profesionales. Más de un profesor, especialistas en distintas disciplinas, por cada tres alumnos de media. En las aulas hay entre 5 y 8 alumnos, siempre con un mínimo de dos docentes, algo impensable para el sistema ordinario, que tiene clases de 25 alumnos en ejemplo bueno y podría aspirar a tener un profesor de refuerzo. "Pónganse", dicen los defensores de la inclusión y mandan los jueces en sus sentencias, y déjense los centros de especial como centros de recursos. "No entendemos esta contraposición, máxime cuando la Lomloe habla de atención personalizada, centrada en el alumno", que es lo que hace la educación especial, rebate Rojo. "¿Cuál es el problema de que existan?".

También flota en el ambiente el asunto de la socialización. Uno de los principales argumentos de los defensores de la inclusión es que el alumnado con discapacidad tiene el derecho a socializar con sus compañeros ordinarios y al revés: "Los niños en las escuelas ahora van a ser los adultos que gobiernen este país. ¿Cómo van a ver o tratar a una persona con parálisis cerebral si no la han visto en su vida?", se pregunta Martín Blanco, del Cermi.

Como sucede en este tema, el mismo argumento se utiliza para lo contrario. "No le puedo comprar amigos a mi hijo", observa Rojo. "En su centro convive con sus iguales y le lleva a estar socialmente aceptado, a gusto, hacer amigos. Le puedo poner profesores, terapia, ayuda, llevarle a deportes. Pero los amigos se hacen por afinidad y hay niños de 14 años a los que les gusta Pepa Pig. A mi hijo le cuentan un chiste y a lo mejor no lo entiende. Y para nosotros la parte social es importante, más que la educativa", cierra.

El director López coincide con Rojo en señalar un momento que se está revelando como problemático en estos jóvenes. El colegio TAO, cuenta López, está especializado en chicos que pasan a la secundaria, cuando "los problemas a nivel emocional se acrecentan. El desfase con los compañeros crece, están entrando en la adolescencia y sabemos lo crueles que pueden llegar a ser los chicos. Observamos situaciones complicadas de rechazo a contextos ordinarios o bullying", asegura.

Mareas por la Educación Pública ante los ataques vertidos por los partidos de derecha y ultraderecha y por representantes de la enseñanza privada-concertada (Comunicado de prensa. Noviembre de 2020)

 

Desde Mareas por la Educación Pública expresamos nuestra más absoluta disconformidad e indignación ante los ataques sufridos por los sectores representantes de la enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de la LOMLOE o Ley Celaá. A estos ataques hay que añadir el agravante que supone la utilización de niños y niñas en las manifestaciones organizadas y la lectura de manifiestos contra la LOMLOE en muchas aulas de centros educativos privados-concertados. No deja de ser curioso cuando son ellos precisamente los que pregonan ese mantra falaz repetido hasta la saciedad, en especial por la extrema derecha, de que la enseñanza pública adoctrina.

Es más, nos indigna profundamente que de repente se hayan convertido en los adalides de la libertad de enseñanza, defendiendo el ya tan manido argumento de la “libertad de elección”, argumento completamente falaz. En primer lugar, en ninguna legislación, ni siquiera en la Constitución, aparece mencionada como tal, y en segundo lugar porque están defendiendo elegir segregación y clasismo.

Está claro que solo pueden acceder a esa “libertad” de elegir un centro privado-concertado aquellas familias que puedan permitirse pagar las cuotas, donaciones, uniformes y otros gastos. Aquí es donde tenemos que recordar que son centros privados subvencionados con fondos públicos y, por tanto, aunque tienen obligación de ser gratuitos en las etapas obligatorias, cuentan con doble financiación mediante el cobro de cuotas y donaciones, haciendo competencia desleal tanto a la educación pública como a la privada. Además, los centros privados-concertados tienen un menor número de alumnado migrante y de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y tampoco llega a todas partes como tanto defienden, solo llegan donde hay una oportunidad de negocio, por lo que su presencia en áreas rurales es prácticamente inexistente.

Además han aprovechado la oportunidad para mezclar otros temas como el que el castellano deje de ser “lengua vehicular”, elemento introducido en una ley de educación por primera vez en la LOMCE, o el supuesto cierre de los centros de educación especial que no es tal. El primer asunto no va a afectar en nada a la competencia lingüística puesto que las competencias, como se debería saber, están transferidas a las comunidades autónomas. Esto recuerda a una nostalgia franquista con su visión totalitaria del español como lengua del imperio. La negación de la realidad plurilingüe del estado español, supone un ataque a las lenguas cooficiales reconocidas en el Artículo 3 de la Constitución, esa que tanto presumen de defender y de la que de vez en cuando hay que recordarle ciertos artículos, y a otras lenguas regionales como el asturiano que aspira a tal cooficialidad.

Respecto al supuesto cierre de los centros de educación especial, la nueva Ley de Educación, en su Disposición adicional cuarta, dispone que Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

El problema radica en que muchos de estos centros tienen concierto y, temerosos de que se les acabe el negocio, contraatacan con argumentos falsos.

Desde Mareas por la Educación Pública defendemos que hay temas  importantes que sí se han quedado al margen. Tendríamos que estar hablando de una financiación apropiada de la escuela pública. Tendríamos que estar hablando de bajadas de ratios y de disminución de periodos lectivos de docencia directa del profesorado que tanto daño han hecho. Tendríamos que estar hablando de mayor inversión en acondicionamiento y en la construcción de nuevos centros públicos. También tendríamos que estar hablando de otros temas como la salida de las religiones del ámbito educativo. Deberíamos estar hablando de la progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de titularidad y gestión pública.

Se han quedado muchos temas fuera de esta nueva ley de educación. A pesar de esto, y a pesar de los ataques de los defensores de una educación privatizada y segregadora, seguiremos defendiendo una Educación Pública, laica, inclusiva, democrática, de calidad y segura, de todas y para todas.

Mareas por la Educación Pública

Noviembre de 2020

Puedes descargar el Comunicado en formato .pdf, en formato .jpg 1 y .jpg 2

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lunes, 23 de noviembre de 2020

Mentiras contra el Derecho a la Educación (Pío Maceda)

Pío Maceda nos envía este correo:

Pongo el enlace de un artículo breve, que ya puse en Facebook, en el que intento responder por qué los defensores de la concertada siguen presentándose como víctimas tras 35 años de experiencia que lo desmienten.

GRUPOS CONSERVADORES HAN REALIZADO MANIFESTACIONES EN MUCHAS CAPITALES DE PROVINCIA para expresar su rechazo a la Ley Celaá, a la que intentan desprestigiar con mentiras como “es una amenaza para la escuela concertada”, “pretende cerrar los centros de educación especial”, “amenaza a la religión católica”, “elimina el castellano en Cataluña”, etc.

Es importante subrayar que estas manifestaciones repiten el mismo esquema de las que se hicieron durante la tramitación de la Ley del derecho a la Educación (LODE) en los años 1984 y 1985, y durante la de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2005 y 2006.

En la manifestación celebrada el 18 de noviembre de 1984, Carmen de Alvear, entonces presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) habló en nombre de la Coordinadora pro-libertad de enseñanza ante cientos de miles de manifestantes diciendo que “se impide a los padres elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos”. En el cartel que anunciaba la manifestación se veía la silueta de una niña pequeña con coletas escribiendo en el encerado: “No a la escuela única”.

El 12 de noviembre de 2005 los obispos y parte de la cúpula del PP asistieron a la multitudinaria manifestación contra la LOE, que impulsaba el Gobierno de Zapatero y que sería aprobada pocos meses después. Pusieron otra vez el grito en el cielo ante la supuesta amenaza a los centros de titularidad privada, a pesar de que tras dos décadas de aplicación de la LODE habían mejorado bastante: tenían muchas más aulas y más sectores concertados.

¿Por qué repiten otra vez los argumentos de la amenaza a la escuela de titularidad privada, cuando la experiencia ya ha demostrado que eran acusaciones falsas? ¿Por qué tergiversan el concepto de libertad?

Lo hacen para conseguir dos objetivos: beneficiar el negocio de los empresarios y condicionar el marco del debate ideológico.

Un informe reciente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) confirma que en torno al 90% de 336 colegios concertados estudiados cobran una cuota media de 255 euros al mes por estudiante. La mitad de esa cantidad era obligatoria para las familias.

José Luis López Lillo publicó una carta al presidente de la Región de Murcia comentando una sentencia firme que condena a un centro por abuso en el cobro de cuotas. Es una reprobación a esa forma de hacer negocio.

El otro gran objetivo de los defensores de la concertada es llevar la confusión al debate educativo difundiendo falsedades. Pretenden evitar que el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, esté en el frontispicio de los debates. Los conservadores no lo niegan, pero hacen lo posible para que este derecho quede en segundo plano. Intentan confundir a la opinión pública con una cortina de mentiras.

Los impulsores saben que el éxito de su empeño está en sembrar dudas. Es algo que descubrieron las empresas tabaqueras en los años 50 del siglo pasado: cuando estudios médicos ya confirmaban que el tabaco favorecía la aparición de cáncer, las empresas productoras acordaron pagar informes que negaban esa evidencia con el objetivo de confundir a la opinión pública.

Hace pocos días un portavoz de la enseñanza concertada negó sin rubor el artículo 27.5 de la Constitución cuando dijo: “No se tiene en cuenta la demanda social, pretenden imponer una planificación previa”. El 27.5 prescribe: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

De igual manera, a lo largo de las últimas décadas aprovecharon esa campaña para poner en primer plano la “libertad de elección de centro”, cuando no debería ser así. La libertad de elección solo es real si previamente se garantiza el derecho de todos y todas a una educación de calidad. Y esa libertad es posible dentro la programación general prevista en la Constitución.

Por tanto, una de las principales tareas de quienes apostamos por el derecho a la educación es combatir las falsedades para contar con una opinión pública bien formada. Tenemos que ser activistas en el sentido que señala Manuel Rivas: “defender el lenguaje, la ecología de las palabras, frente a las fábricas de mentiras”.

Fuente: te-feccoo.es

sábado, 21 de noviembre de 2020

CEAPA defiende la LOMLOE por tramitarse con máximo consenso y avanzar a enseñanzas más modernas e inclusivas (Nota de prensa)

 Publicamos esta nota de prensa de CEAPA





El Congreso aprueba la ley Celaá con el apoyo de ERC y el PNV y la amenaza de la derecha de llevarla al Constitucional (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta noticia



Habremus ley Celaá. El Congreso ha aprobado esta tarde la nueva ley de Educación (LOMLOE) con el apoyo de los partidos nacionalistas y el rechazo frontal de la derecha por 177 votos a favor y 148 en contra y 17 abstenciones. Han faltado ocho diputados por votar. Acaba de esta manera el primer y más importante trámite parlamentario con la convalidación de la que será la octava ley educativa de la democracia. El texto ahora pasará al Senado, que podrá enmendarla o validarla como está antes de devolverla al Congreso. Fuentes socialistas esperan que la ley quede definitivamente aprobada en el plazo aproximado de un mes, de manera que las partes de gestión y administrativas entrarían en vigor ya para el próximo curso. Los cambios en el currículo tendrán que esperar al siguiente.



El debate y la votación subsiguientes han explicitado la división de la cámara con la ley Celaá. La mayoría que hizo posible la investidura ha validado la norma, que ha sido rechazada por PP, Vox y Ciudadanos. El resto de partidos, incluidos Bildu y JxCat como los más grandes, se han abstenido. Los tres grandes partidos de la derecha han anunciado que llevarán la norma al Tribunal Constitucional cuando se apruebe la ley de manera definitiva por su rechazo a la supresión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y la rebaja que –entienden– sufre la escuela concertada en la norma.

En el debate de la mañana se han resumido las posturas de los grupos. Sergi Miquel, de JxCat, había resumido la división en la cámara y los problemas que esta va a provocar, augura. "Necesitábamos una ley no de un bando, sino un poco de todos", ha afirmado tras agradecer al PSOE su "buena disposición" al diálogo pese a no haberse entendido. Sandra Moneo, del PP, ha sido menos amable con el Gobierno: "Es una ley profundamente ideologizada, que suprime la cultura del esfuerzo y la búsqueda de calidad", y ha acusado al Gobierno de romper con todo: con la lengua por el castellano, con la "demanda" de la sociedad de alcanzar un pacto y con la libertad de las familias. Martínez Seijo, del PSOE, le ha reprochado que defiendan solo la libertad de quien más tiene y ha reprochado la campaña que está realizando la escuela concertada contra la ley, con el uso de alumnado menor de edad incluido. Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, ha defendido que hoy es "un mal día para quien defiende que la educación es un privilegio de clase" y ERC ha destacado que "no es nuestra ley, pero es mejor de lo que había y era un deber moral desactivar la ley Wert", mientras Miquel, de JxCat, le ha afeado a la izquierda "su obsesión por que todo sea público". El PNV ha afirmado que, aunque tampoco es su ley ideal, "tenemos que aprovechar lo que tenemos".

El texto de la ley ha salido adelante con la forma que el PSOE ha querido: el partido escribió el proyecto y ha ido aprobando todas las enmiendas que presentó y otras que apoyó, especialmente pero no solo de Unidas Podemos. Ninguna de las más de 300 enmiendas que se han aprobado lo han hecho sin el consentimiento del PSOE, pese al susto de última hora esta mañana. PNV y Junts presentaron a última hora de ayer una enmienda en defensa de la escuela concertada que rápidamente consiguió el apoyo de PP, VOX, Ciudadanos y otros votos sueltos de partidos pequeños como UPN y el PRC. La enmienda pretendía eliminar el punto 5 del artículo 109, sobre la oferta de plazas, que dice: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública". También, donde la LOMLOE habla de "garantizar la existencia suficiente de plazas públicas", añadía un "y aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación, especialmente en las zonas de nueva población".

En esas, con la abstención de ERC la enmienda habría salido adelante. El partido alimentó la incertidumbre sin desvelar el sentido de su voto, sobre el que había dudas por la alta presencia de la escuela concertada en Catalunya. Finalmente rechazó la enmienda y la garantía de ofertas de plazas queda en la ley adjudicada a la red pública.

Pese a las discrepancias, el debate se ha desarrollado con corrección hasta el final de la intervención de la diputada del PSOE Luz Martínez Seijo. Cuando iba acabando la parlamentaria y ha agradecido personalmente a los portavoces que han apoyado la norma bajo el argumento de que "les importa la educación", desde el sector que ocupa la derecha en el Congreso ha ido incrementándose el nivel de ruido en protesta, hasta interrumpir a la portavoz. Cuando esta ha conseguido acabar, todo el frente derecho del hemiciclo se ha levantado y se ha empezado a gritar "libertad, libertad" mientras golpeaban sus escaños.


Los gritos de la bancada de la derecha, seguidos con más entusiasmo por algunos diputados que otros, han sido respondidos por aplausos entre los partidos que componen el Gobierno por la aprobación de la ley. Bajo la protesta de PP y Vox está el elemento que más ha separado a los dos grupos durante la tramitación de la ley: el papel de la concertada, que el texto rebaja algo no de manera directa, pero sí reforzando la educación pública como garante de la oferta educativa.

La LOMLOE pasa ahora al Senado, por tanto, donde no se prevén grandes cambios por la mayoría que tiene el PSOE. La ley mantiene los cambios que se han acordado estas semanas: se elimina la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, se pone la escuela pública como garante de la oferta educativa y se tratará de reducir la segregación del alumnado distribuyéndolo de manera equitativa por la red de centros sostenidos con fondos públicos, no habrá Ética en 4º, entre otros.

29-11-20: Manifestación y comunicado "LA MAREA BLANCA en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad". LUCHA POR TU SALUD

 Publicamos este manifiesto y convocatoria








24-11-20: Concentración de docentes y familias de centros públicos de la DAT ESTE (18:30 h, C/Jorge Guillón, s/n. Alcalá de Henares)

 






Ayuso no renovará en diciembre a 1.300 profesores de refuerzo que contrató para la pandemia (Fátima Caballero para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia


El Gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso no renovará el contrato de 1.300 profesores de refuerzo que contrató para hacer frente a la pandemia. Lo ha confirmado este martes el consejero de Educación, Enrique Ossorio, que ha reiterado que los contratos de esos profesionales para impartir refuerzo se hicieron "solo para el primer trimestre del curso escolar", con el fin de compensar las "mermas en la educación" de los alumnos por los meses de confinamiento.

El contrato de 1.300 profesores vence el 22 de diciembre. Los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT ya se han puesto en guerra ya que consideran "imprescindible la prórroga de estos contratos hasta fin de curso por el papel fundamental" de estos docentes en los centros. Según explican los sindicatos, estos profesores están desempeñando otras funciones como sustituir a otros docentes que se quedan en cuarentena, entre otras funciones.

"Este profesorado estaba destinado a reforzar los contenidos que no se habían podido impartir adecuadamente en el último trimestre del curso pasado, debido al confinamiento. Sin embargo, por el agotamiento de las listas de interinos en varias especialidades, estos docentes han debido desempeñar funciones como sustituciones, tareas de tutor o especialista, en el caso de Primaria, y guardias u otras labores en Secundaria", explicaron los sindicatos de la mesa sectorial este lunes en un comunicado.

Según exponen, todas estas tareas de más "ha dificultado su plena dedicación a atender las carencias que debían subsanar, un cometido que sigue pendiente y en el que deberán seguir trabajando hasta la finalización del curso". Los colectivos sociales han pedido una reunión con Ossorio pero aún no han obtenido respuesta.

El consejero de Educación sin embargo ha explicado en un desayuno informativo este martes organizado por Europa Press que "una de las medidas más importantes para el inicio de curso era el refuerzo, dado que los alumnos sufrieron mermas en la educación" por el confinamiento. Para Ossorio, esta función ya está cubierta.

CCOO ha convocado esta tarde una concentración, con el apoyo de UGT, frente a la Consejería de Educación para protestar contra estos despidos que "dejarán a 20.000 alumnos madrileños sin profesores de refuerzo".

Boletín de TEMA nº 2 (Trabajadorxs de la Enseñanza de Madrid en Asamblea)

N°2 del Boletín de "Trabajadorxs de la Enseñanza de Madrid en Asamblea"





Lectura del Manifiesto de la Plataforma docentes refuerzos COVID (Concentración del 17 de noviembre de 2020)

 


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viernes, 20 de noviembre de 2020

La concertada se echa a la calle y utiliza a alumnos menores de edad para protestar contra la 'ley Celaá' (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta información de ELDIARIO.ES 



La escuela concertada va con todo contra la ley Celaá (LOMLOE). La plataforma Más plurales, más libres, más iguales, formada por varias asociaciones de la patronal de escuelas concertadas, organizaciones de familias católicas, sindicatos y alguna exfalangista, ha sacado este miércoles a su comunidad educativa a la calle, alumnado incluido, para mostrar su rechazo a la nueva ley de Educación, que se aprobará previsiblemente este jueves en el Congreso camino del Senado. La plataforma no se está guardando nada en su lucha contra la nueva ley educativa: instó a los centros a mostrar su rechazo e incluir al alumnado, da igual la edad, en las protestas. Muchos colegios acogieron la idea con entusiasmo y en los últimos días las imágenes de menores, tan pequeños como de unos cinco años, portando los lazos naranjas identificativos de la campaña o participando en acciones están por todas las redes.



La patronal Escuelas Católicas, brazo educativo de la Iglesia y que posee en torno al 60% de la escuela concertada, envió una misiva a sus centros hace diez días –al menos alguna de sus delegaciones territoriales lo hizo– en la que les explicaba que la plataforma había decidido convocar un paro con dos minutos de silencio frente a las puertas de los colegios, y les instaba a que "haya una representación de la comunidad educativa (directivos, profesores, PAS y alumnos)". Al final de la protesta se ha leído, en aquellos centros que la han seguido, el manifiesto elaborado por Más plurales con los motivos de su rechazo a la LOMLOE.



Los elementos que han motivado la campaña de la escuela privada sostenida con fondos públicos contra la LOMLOE son conocidos y se pueden resumir en estos argumentos, incluidos en el comunicado que se ha leído en la puerta de los colegios: "Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado (...). La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", sostiene, pese a que en ningún sitio de tal Declaración pone que la sociedad tenga que pagar a los padres su elección educativa. "Se inventa un derecho a la educación pública –cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación–", continúa, aunque en realidad se limita a poner la escuela pública como garante de la oferta de plazas públicas; "la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa", obviando que la mayoría de los países Europeos tienen poca escuela concertada o nada y que solo tres tienen más que España; "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio", la ley deja a la materia sin contar para la media, pero sigue siendo de oferta obligatoria por los centros; "y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial", que es su interpretación de que la ley dé un plazo de diez años para dotar a los centros ordinarios de recursos manteniendo los de educación especial.

El Gobierno está indignado con la campaña. Fuentes del ministerio y del PSOE explican que pueden llegar a entender la campaña, aunque no la compartan por estar basada, aseguran, en falsedades, pero añaden que el uso de menores –hay fotos en las redes de pequeños con apariencia de estar en Educación Infantil– supera todas las líneas. "Luego dicen que en Catalunya se adoctrina", se sorprenden. También añaden las fuentes que la escuela concertada, sobre todo en ciertas zonas como Madrid, recibe a familias de todo tipo de ideologías que no necesariamente tienen por qué estar en contra de la nueva ley.
La concertada no tiene planeado parar. Varios centros están enviando misivas a las familias solicitando su adhesión a la campaña de Más plurales. El Regina Mundi de Granada, por ejemplo, poco menos deja caer que la escuela concertada va a desaparecer: "La LOMLOE afecta a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus puestos de trabajo; a los 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos", explica. Otra de un centro de Salesianos anuncia "una acción colegial de protesta" por la que va a suprimir la última hora lectiva del próximo viernes 20 para realizar una cadena humana alrededor del colegio.