Volvemos al pasado

Entre recortes y restricciones se inicia el nuevo curso universitario, cuando una noticia viene a sorprendernos aún más si cabe. La rectora de la Universidad de Málaga (UMA) y presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, propone crear una bolsa de particulares para apadrinar a los estudiantes que queden excluidos, por dificultades económicas, en el pago de los costes universitarios.

Más de uno interpretará esta medida como un acto de solidaridad. A mí me retrotrae a la época decimonónica y a los tiempos del conde de Romanones, cuando la educación superior no era un derecho adquirido y los hijos de los trabajadores que quisieran cursarla tenían que mendigar el tutelaje de un mecenas que les financiase. La mayoría de las veces, el mecenazgo se conseguía más por una cuestión de lavado de imagen o la obtención de un servil cualificado, que por altruismo o filantropía.

No dudo de la buena intención de la propuesta, pero creo que debe ser el Estado quien apadrine (perdón, garantice) el derecho universal a la educación en sus distintos niveles.— Rafael Iturgaiz Martínez.

Publicado en Cartas al Director de elpais.com

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IU ve “inaceptable” que los recortes del PP en Educación “lleven a sustituir derechos fundamentales por caridad para que cerca de 30.000 universitarios no abandonen sus estudios”

Área federal de Educación de IU nos ha enviado esta nota de prensa:

IU VE “INACEPTABLE” QUE LOS RECORTES DEL PP EN EDUCACIÓN “LLEVEN A SUSTITUIR DERECHOS FUNDAMENTALES POR CARIDAD PARA QUE CERCA DE 30.000 UNIVERSITARIOS NO ABANDONEN SUS ESTUDIOS”

Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, señala que el “derecho a la educación debe estar garantizado por los poderes públicos como es su obligación política ineludible consagrada en la Constitución, además de ser una conquista histórica”

(Madrid, 6 de septiembre 2013).- Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, considera “inaceptable” que los sucesivos recortes en materia de educación que aplica sistemáticamente el Gobierno de Mariano Rajoy y los ejecutivos autonómicos del PP lleven a que tenga que ser la caridad la que sustituya el que se cumpla con un derecho fundamental y con una mínima justicia social, convirtiéndola en el recurso de financiación de la Universidad Pública española”.

Enrique Díez, coordinador del Área, señala que “desde IU entendemos que la respuesta necesaria ante la intolerable situación que provocan los recortes económicos a las universidades públicas debe ser la movilización social para frenar esas políticas que están en el origen de la situación que ahora la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) y rectora de la Universidad de Málaga pretende subsanar con ‘padrinos’ y donativos”.

“Pese a que pueda haber un fondo de buena intención en las propuestas en este sentido que se realizan –indica- apelar sólo a la caridad y a las donaciones lleva finalmente a la universidades a convertirse en cómplices sumisos de las políticas de recortes del Partido Popular”.

Desde el Área Federal de Educación de IU se destaca que “resulta vergonzante que los estudiantes de las universidades públicas tengan que esperar una donación para poder ejercer su derecho a la educación. Éste debe estar garantizado por los poderes públicos como es su obligación política ineludible consagrada en la Constitución, además de ser una conquista histórica. Distintos análisis cifran en cerca de 30.000 universitarios los que están en riesgo de tener que abandonar sus estudios y esta situación puede suponer un retroceso de siglos en el avance social y cultural que tanto ha costado en nuestro país”.

Díez detalla que “el PP lleva recortados cerca de 1.200 millones a las universidades públicas, mientras las comunidades autónomas les adeudan alrededor de 1.000 millones de euros. Mientras tanto, el partido de Rajoy y otras formaciones conservadoras han encarecido los precios de las matrículas en una subida que oscila entre el 22% y el 92% y muchísimo más los másteres y las repeticiones de curso hasta llegar en algunos casos al 362%”.

“A este desastre –añade- se suma el recorte sustancial de becas y de ayudas a los estudios por parte del Gobierno, además de endurecer los requisitos para conseguirlas y mantenerlas. Tampoco puede obviarse que se han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años en las universidades públicas, mientras que el número de estudiantes creció casi en 90.000”.

Enrique Díez destaca que “produce sonrojo ver confirmada una vez más la inicua política del PP que destruye sistemáticamente toda red de protección social condenando a la ciudadanía a un futuro de derechos truncados”.

Para el dirigente de IU, “cuando un Gobierno incumple gravemente su responsabilidad social y sus obligaciones con la ciudadanía condenándoles a la desprotección y abandonándoles al amparo de la caridad destruye el Estado Social y de Derecho. Rajoy y su ministro José Ignacio Wert incumplen flagrantemente no sólo el programa político por el que fue elegido el PP para gobernar sino adoptando políticas contrarias a los mínimos consagrados en la propia Constitución española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es más que nunca necesario exigir su dimisión”.

Izquierda Unida considera que “toda la ciudadanía debemos responder con contundencia con el rechazo frontal a estas políticas destructivas para contraatacar en la exigencia de estructuras institucionales y sociales al servicio de una sociedad más justa. La sociedad civil y toda la comunidad universitaria han de exigir que se pongan los recursos del Estado al servicio de todos y todas y que no se hipoteque el futuro de la mayoría en atención a los intereses de unos pocos”.

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Si estrangulas a alguien hasta que no le quede prácticamente oxígeno, su cara delatará que prefiere respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiado. Si condenas a alguien al paro de larga duración, con una familia a la que mantener, seguramente preferirá un minijob precario y esclavo que dejar morir de hambre a su familia. Si recortas y saqueas el dinero público destinado a educación, dedicándolo a rescatar entidades bancarias y financieras que vivieron por encima de nuestras posibilidades, la caridad, el mecenazgo, las donaciones “filantrópicas” y los “padrinos” empezarán a parecer alternativas “razonables”, o al menos alternativas posibles para algunos gestores universitarios, ante la destrucción y el desmantelamiento que vive actualmente la Universidad y la investigación pública.

Es la denominada “doctrina del Shock” que tan magistralmente ha analizado Noami Klein en su libro subtitulado “El auge del capitalismo del desastre”. La terapia de shock que se impone mediante reformas continuas, que destruyen instituciones y bienes públicos, generando “atractivas oportunidades de mercado”, provocan situaciones de trauma colectivo que facilitan los programas de ajuste. Las sociedades en estado de shock, analiza esta autora, renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza.

Esto es lo que entiendo que le está pasando a la presidenta de la CRUE y rectora de la Universidad de Málaga o al rector de la Complutense. Sus propuestas de crear bolsas de caridad captando “donaciones” de empresas y particulares para costear los estudios a alumnado sin recursos, parecen confirmar que son víctimas del electroshock neoliberal.

La propuesta de “bolsa de donativos” que la máxima autoridad universitaria nos presenta como alternativa a los recortes del Partido Popular no hace sino profundizar la lógica brifonte del conservadurismo neoliberal más rancio: recortar derechos básicos, accesibles a toda la población, para convertirlos en una mal entendida “caridad” que “generosos padrinos” otorgarán a algunos elegidos para ser rescatados del pozo sin fondo que a todos los demás han arrojado los recortes sociales. Recortes en la financiación pública destinada a los derechos y servicios básicos, como educación, porque se ha tomado la decisión política de destinarlos a rescatar “sus” bancos y “sus” grandes consorcios empresariales y financieros.

Parece que volvemos a la época que el director de cine Berlanga retrataba en su película “Plácido”, donde describía la tradicional campaña navideña en la España de la posguerra basada en el lema "Siente a un pobre a su mesa". Convertir las Universidades públicas en ONGs que piden “apadrinar” estudiantes no sólo es de por sí indignante en el actual contexto de recortes de derechos, sino que supone un auténtico atentado contra los derechos conquistados por la ciudadanía y contra la obligación política ineludible consagrada en la Constitución de garantizar este derecho fundamental a la educación. Retroceder a la época donde sólo quienes tenían mecenas podían acceder a los estudios superiores supone una regresión histórica en la conquista de los derechos sociales.

Según esta filosofía de la mezquindad, parece que los 30.000 estudiantes que fuentes de EL PAIS calculan están al borde de la expulsión de la Universidad por no poder pagar sus estudios universitarios, se verán abocados a poner un anuncio en el periódico o deambular por las calles de nuestras ciudades con carteles que anuncien “se busca padrino para estudiante pobre” para no ser expulsados de los “templos del saber” por querer formarse y tener un título universitario.

Recordemos que desde el 2010 el PP ha recortado 1.200 millones a las Universidades Públicas y que las Comunidades Autónomas deben a las Universidades 1.000 millones de euros. Que el PP ha encarecido los precios de las matrículas de las Universidades Públicas, oscilando la subida entre el 22% y el 92% en buena parte de las Comunidades gobernadas por partidos conservadores y muchísimo más los másteres y las repeticiones de curso, llegando en algunos casos al 362% de incremento. Igualmente el PP ha recortado sustancialmente las becas y ayudas a los estudios y ha endurecido los requisitos para conseguirlas y mantenerlas. Si a esto sumamos que han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años en las Universidades públicas, mientras que el número de estudiantes creció casi en 90.000, nos encontraremos con el dilema del inicio: si estrangulas las Universidades públicas hasta que no les quede prácticamente oxígeno, prefieren respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiadas. El gran problema es el “precio” de esa respiración asistida.

Porque las “donaciones” filantrópicas pueden ser una ínfima minoría, como la pensionista que relata la rectora de Málaga, que se ofrecía a pagarle los estudios a un alumno que se hubiera quedado fuera de la enseñanza superior por problemas económicos. Es loable este gesto de solidaridad y apoyo, pero la inmensa mayoría de los “filántropos” son quienes tienen recursos y se han enriquecido lo suficiente como para enfocarlo como una “oportunidad” y una inversión, con su correspondiente desgravación fiscal por supuesto. Porque lo que se ha venido comprobando en el ámbito anglosajón, donde estas prácticas son más habituales, es que quien paga manda.

Son los patrocinadores y donantes quienes establecen las políticas y orientaciones de las Universidades. Tal como nos augura la nueva reforma universitaria auspiciada por el PP en España, pero cuyas estrategias básicas ya se empezaron a implementar con anterioridad, introduciendo los Consejos Sociales como espacios de participación empresarial y que se está convirtiendo en lobby de presión de las grandes compañías y donantes en el ámbito universitario. No son precisamente los movimientos sociales, las plataformas antideshaucios, las ONGs, los movimientos feministas, quienes están sentados en los Consejos Sociales. No son precisamente los trabajadores y trabajadoras de este país, expoliados sistemáticamente por las reformas laborales o de pensiones y que han dejado su piel para que sus impuestos rescataran a los bancos, los que pueden hacer donaciones. Es esa España del 1%, la “marca España”, la que De Guindos afirma que crecerá en el 2014 por las reformas hechas por “sus” dirigentes políticos, la que puede verlo como una “oportunidad” de negocio.

Se genera así un círculo vicioso, donde los recortes en la financiación pública de la universidad son considerados como “incentivos” para que las universidades públicas busquen financiación privada. De esta forma, en todo el mundo, las universidades están ofreciendo sus instalaciones científicas y su inestimable credibilidad académica para que las grandes empresas las utilicen. Los donantes imponen su logotipo en las paredes y los espacios universitarios, vuelven a bautizar los edificios y promueven cátedras a cambio de una denominación que revela el origen de los fondos. La investigación que proviene de estas cátedras responde a los intereses de quienes las patrocinan, no sólo porque son quienes las financian y ante quienes hay que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados “tangibles” y que produzcan “beneficios”, sino también porque recortan y definen los temas e intereses de las investigaciones, así como las prioridades de las mismas. De esta forma, el valor mercantil de las investigaciones prevalece sobre su contenido científico. La “disciplina por el dinero” que se impone en el mundo universitario, al dejar al mercado la decisión acerca del reparto de los recursos y las recompensas, introduce muy serias amenazas en la vida intelectual y el pensamiento, tan peligrosas como las del maccarthismo ideológico.

La penetración de la lógica del beneficio conduce a que los rectores y las rectoras de las propias Universidades públicas acaben desempeñando un papel similar al de los representantes de comercio, siendo valorados por su capacidad para conseguir fondos privados. Mientras, se está poniendo en el disparadero a los estudiantes con menos recursos, porque los que son herederos de la “marca España”, de ese 1% enriquecido, no tienen ni tendrán problema para seguir en la Universidad cinco o cincuenta años.

El problema de fondo no sólo es que las políticas neoliberales y neoconservadoras se estén aplicando para excluir a buena parte de la población que fue incluida en los últimos treinta años en el sistema educativo universitario, sino que se está produciendo una mutación de la propia concepción de la Universidad pública como un derecho. Porque esta filosofía de la mezquindad apela al altruismo, frente al derecho. A la caridad volátil y discrecional de los donantes privados, frente a la responsabilidad de los poderes públicos. Como si de nuevos pobres se tratara, los estudiantes tendrán ahora que pasar la gorra y pedir limosna si quieren estudiar.

La educación es una cuestión de responsabilidad colectiva y social, no de caridad individual organizada. No se trata de cuestionar la virtud moral de quien se conmueve y siente piedad por sus semejantes, proponiendo actos de solidaridad o apoyo. Se trata de que un Estado Social y de Derecho debe garantizar con sus políticas públicas los derechos de su ciudadanía, no disfrazar bajo un sentido caritativo y moral su responsabilidad política en la amputación de los derechos de nuestros estudiantes.

Artículo de Enrique Javier Díez Gutiérrez * publicado en tercerainformacion.es

* Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

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La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha asegurado que resulta insultante que se plantee que "venga un rico y financie los estudios que una familia trabajadora no puede pagar", en referencia a la propuesta de abrir la posibilidad de que particulares patrocinen los estudios de los alumnos que han perdido la beca con motivo de los recortes.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha asegurado que resulta insultante que se plantee que "venga un rico y financie los estudios que una familia trabajadora no puede pagar", en referencia a la propuesta de abrir la posibilidad de que particulares patrocinen los estudios de los alumnos que han perdido la beca con motivo de los recortes.

"Lo que hay que hacer es ponerse en disposición de apoyar la lucha en defensa de los derechos, en lugar de dar bola a prácticas que justifican la política del PP", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, la portavoz del sindicato ha señalado que la propuesta de los rectores "plantea la supresión de los derechos a la educación para cambiarlos por la beneficiencia" y ha asegurado que la solución es "que se destinen a Educación los fondos públicos necesarios que --según ha indicado-- no son un regalo sino que los generan los padres de los estudiantes".

Por su parte, el responsable de Universidades de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Julio Serrano, ha definido la propuesta como un "acto de voluntarismo" y ha indicado que "podrá ayudar a cinco si hay quien se preste a ayudar", pero ha insistido en recordar que la misión de los rectores "es otra".

La posición de los rectores, a juicio del portavoz de la entidad, ha de ser la de "denunciar que las reformas que está promoviendo el Ministerio están generando un problema añadido" y "exigir que se cumplan los derechos que establece la Constitución, que son que ningún alumno se quede sin poder estudiar por falta de recursos", según ha recordado.

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), a su vez, ha coincidido en que la propuesta que ha formulado la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, "es un parche" y "no ofrece una solución global".

Según FETE-UGT, el único modo de lograr la "equidad y cohesión social" es mediante un reparto presupuestario "proporcionado" y un ajuste progresivo de los impuestos.

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Aratz Castro, ha valorado "positivamente", la iniciativa de los rectores y ha señalado que se valorarán del mismo modo "todas aquellas medidas que ayuden a que ningún estudiante se quede sin educación".

Aún así, ha coincidido con los sindicatos en que la medida "no puede convertirse en la solución" y ha mostrado su temor a que sirva "para que el Gobierno siga rebajando la dotación de becas".

"El mecenazgo a la Universidad demuestra que la sociedad apuesta por tener una juventud formada, sin embargo, no es la solución al desaguisado que el Ministro está llevando a cabo en el sistema educativo", ha concluido.

(EuropaPress)

elboletin.com: Los estudiantes, contra el plan de padrinazgos de los rectores: la universidad necesita becas, no beneficencia

Los estudiantes han cargado de nuevo contra José Ignacio Wert tras conocer la propuesta de los rectores, que han pedido que se pueda ‘apadrinar’ a los universitarios que no se puedan pagar la matrícula tras la subida de tasas y el recorte de becas decretado por el Ministerio de Educación. La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) agradece esta solución, pero dice que quien de verdad debe ‘apadrinar’ a los universitarios es Wert, quien les ha “dejado tirados” con sus recortes.

En una nota de prensa, la organización estudiantil indica que la propuesta lanzada ayer por la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, sólo debe ser temporal porque supone “pura beneficencia”, cuando realmente debe de ser el Estado el que provea de ayudas y becas a los estudiantes que lo necesiten.

El colectivo denuncia que “la situación económica de miles de estudiantes por las desorbitadas tasas universitarias y el recorte en becas está dejando a miles de ellos al borde de abandonar sus estudios”, por lo que exige a Wert “que deje de ser el ‘verdugo’ de estudiantes, investigadores y profesores, y ponga soluciones y ayudas encima de la mesa”.

En este sentido, Fidel González, presidente de FAEST, ha criticado que “es Wert y su Ministerio el que tiene que rescatar a los estudiantes que ha dejado tirados con todos sus recortes y tasazos”. En su opinión, “es vergonzoso que estemos llegando a este tipo de iniciativas porque el Gobierno no asume sus responsabilidades”.

Por último, FAEST ha anunciado que el ministro de Educación no tendrá un otoño tranquilo, ya que en unos días se anunciarán acciones y movilizaciones contra “las injustas y vergonzosas medidas que está llevando a cabo”.

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• La rectora de Málaga propone crear una bolsa para para captar donaciones de particulares
• La Complutense plantea abrir su fondo de emergencia al mecenazgo
• Las donaciones suponen el 4% de la financiación de los campus europeos
• Los recortes en los campus

Estudiar en la Universidad se hace cada vez más complicado para los alumnos con menos recursos, que sufren un importante encarecimiento de las tasas académicas en muchas comunidades autónomas y más restricciones para acceder a las becas. Y, ante esta situación, algunas universidades se movilizan para captar las donaciones de empresas y de particulares que quieren aportar su ayuda para costear de forma altruista los estudios a alumnos sin recursos.

La llamada que una pensionista hizo en julio a la Universidad de Málaga emocionó a Adelaida de la Calle, la rectora de esta institución. Aquella señora, a pesar de no tener una economía holgada, se ofrecía para pagarle los estudios a un alumno que se hubiera quedado fuera de la enseñanza superior por problemas económicos. Tras rememorar este miércoles esta llamada y advertir que se está apreciando un descenso del número de matriculados, De la Calle dijo que propondrá crear en su universidad una bolsa para canalizar este tipo de donaciones. La también presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) argumentó que, “igual que se apadrina a un niño”, también se podría “apadrinar a un estudiante, pagando una matrícula”.

De la Calle tiene previsto trasladar este jueves esta propuesta al equipo de gobierno de la Universidad de Málaga. Lo hará durante la reunión que mantendrá con sus vicerrectores. “Queremos montar esta acción social”, señaló la rectora. Sin embargo, también apuntó que se debe analizar la viabilidad legal de la medida,que aún está en ciernes.

La llamada telefónica de esa pensionista es un ejemplo del goteo de iniciativas anónimas que buscan aportar algo de dinero para evitar la expulsión de los alumnos con menos recursos del sistema de enseñanza. La mezcla es demoledora para los estudiantes: muchas autonomías han aumentado considerablemente el precio de las matrículas en solo dos cursos, el Ministerio de Educación ha endurecido los requisitos para acceder a las becas y el paro ha dejado tocada la economía de cientos de miles de familias. “Recortar las becas y aumentar las matrículas en un momento de crisis no es lo más adecuado”, señaló Adelaida de la Calle.

En junio, según el recuento realizado por este periódico, al menos 30.000 universitarios morosos (un 2,3% del total) estaban al borde de ser expulsados de los campus.

Las universidades están intentando buscar fórmulas para tratar de salvar a estos alumnos con problemas. Se trata de soluciones como el aumento de las ayudas propias o fraccionar el pago de las matrículas. Pero los campus también se movilizan ahora para captar la ayuda que los particulares ofrecen. Por ejemplo, un ciudadano de Alcoi entregó hace unas semanas 10.000 euros a la Universidad Politécnica de Valencia para alumnos sin recursos. Once estudiantes se han beneficiado. Otra persona anónima ha decidido donar 70.000 euros para el mismo fin en la Universidad de León.

A José Carrillo, rector de la Complutense, la propuesta que ha lanzado Adelaida de la Calle le parece “una iniciativa positiva”. “Los recursos son escasos y estamos obligados a buscarnos la vida”, lamentaba Carrillo. “Nosotros también nos planteamos abrir el fondo de ayuda a estudiantes con dificultades a la participación de quien quiera”, añadió el rector de la Complutense.

Tanto Carrillo como su homólogo de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Xavier Grau, hablaron de empresas que ya financian este tipo de ayudas. Grandes sociedades se hacen cargo de becas y cátedras específicas desde hace años. También, algunas personalidades. En la Universidad de Málaga, por ejemplo, el actor Antonio Banderas, doctor Honoris Causa por esta institución, realiza anualmente una donación que se destina a un programa para costear estudios en Estados Unidos. “Este tipo de financiación particular no es nueva, hay muy buenos ejemplos, lo que pasa es que ahora parece que hay una cierta sensación de emergencia”, opinó Grau.

La Universidad de Granada también se ha fijado en esas aportaciones que se sitúan al margen de la Administración. Según su rector, Francisco González Lodeiro, durante este mes tendrán lista una norma de mecenazgo y patrocinios. Está pensada para empresas, pero también se abrirá a “donaciones de particulares” que deseen ayudar. Los fondos que se recauden, indicó González Lodeiro, se destinarán a becas e impulso de la investigación. La presidenta de la CRUE también reclamó que “la educación debe ser uno de los elementos esenciales en la ley de mecenazgo” para que se incluyan las donaciones en actividades académicas.

Pero los responsables universitarios consultados se mueven con cautela cuando hablan de este asunto. Es un terreno resbaladizo. Por un lado, cargan a sus espaldas con los recortes de las Administraciones y las deudas acumuladas. Y estas donaciones suponen un respiro. Pero, a la vez, temen que se cree una dependencia de una fuente de financiación tan discrecional. Grau, que tampoco ve mal la idea de la presidenta de la CRUE, advirtió: “Las donaciones son positivas para algunos casos y algunas situaciones, pero no puede ser que el funcionamiento ordinario de la Universidad dependa de ellas; y esto está ocurriendo en algunos sistemas en los que están muy arraigadas las aportaciones de particulares. Es una frontera muy sutil que creo que no debemos traspasar”.

El rector de la Complutense apuntó hacia el mismo lugar: “Que quede claro que estas iniciativas nunca compensarán los grandes recortes de financiación pública que estamos sufriendo”. Adelaida de la Calle respondió que su idea es solo una “medida de emergencia” que “no debe consolidarse”.

Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, también mostró otras dudas: “Entiendo este tipo de iniciativas, pero me parece peligroso porque ¿qué haces si fallas? Solo si se perfila bien el destino de esos fondos, detallando a qué tipo de candidatos y según qué criterios se van a adjudicar esos fondos, puede tener éxito”. La Universitat de València, como muchas de las del resto del país, ha incrementado los fondos de emergencia para intentar evitar la salida de estudiantes con dificultades económicas.

En la Universidad Politécnica de Valencia se trabaja ahora en “definir el marco y la fórmula legal” para activar un fondo solidario. Esta iniciativa la pusieron en marcha los alumnos de esta universidad con el respaldo del rectorado para atender los casos de estudiantes que no pueden pagar las tasas. La Delegación de Estudiantes puso la primera piedra del fondo con 2.000 euros y la idea es que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda contribuir. “Todavía no hemos hecho la convocatoria, ahora estamos trabajando en los criterios de reparto de lo que se consiga reunir en ese fondo, porque no puede ser barra libre para todos y requiere confirmar que los datos económicos son veraces”, indicó la vicerrectora de Alumnado de la UPV, María Victoria Vivancos. “Esto no deberíamos estar haciéndolo las universidades si se ocuparan las Administraciones estatales y autonómicas correspondientes”, resumió Vivancos.

Publicado en elpais.com

elpais.com: La propuesta para apadrinar a alumnos divide a la Universidad

• Algunos rectores temen que se confunda caridad con derecho a la educación
• Los estudiantes recuerdan que es el Estado quien debe garantizar la enseñanza

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