viernes, 27 de marzo de 2026

Las escuelas infantiles de Madrid convocan una huelga indefinida: "No se puede vivir con el salario mínimo" (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • Tres años de protestas parciales que no han surtido efecto llevan a las trabajadoras a plantarse; exigen ratios más bajas, la pareja educadora como modelo estándar en las aulas y una mejora y equiparación salarial entre las diferentes figuras laborales de una etapa atomizada
25-3-2026

No pueden más. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, según ha comunicado este martes. La protesta comenzará el próximo martes 7 de abril, tras la Semana Santa, y se mantendrá “el tiempo necesario hasta que se produzcan mejoras que permitan garantizar una educación de calidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)”.


Desde la plataforma explican sus reivindicaciones básicas, que pasan con carácter general por darle a la etapa de facto la consideración educativa que ya tiene sobre el papel –y no meramente asistencial–, pero no acaba de aplicarse, y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras (el 97% del sector son mujeres).

Para ello, PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

En lo laboral, las trabajadoras de las escuelas infantiles son el colectivo docente más precario del Estado y además es una etapa en la que conviven diferentes figuras laborales y modelos de gestión, desde lo público a lo privado pasando por modelos mixtos, por lo que hay varias realidades aunque cumplan la misma función. Y todas tienen en común unos salarios bajos, cercanos al SMI (las docentes de los centros de gestión directa de las administraciones tienen mejores condiciones). Las profesoras de esta etapa viven instaladas en una especie de huelga intermitente en los últimos años, en los que han sido convocadas a parar en varias ocasiones.

Equiparación salarial

Por ello, PLEI exige la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

El grueso de las reivindicaciones concluye con el espacio de trabajo, otro elemento a mejorar. “Queremos trabajar en escuelas seguras, espacios sin goteras, con una climatización adecuada, donde la calefacción funcione, no haya moho por todas partes y las paredes y techos no se caigan a pedazos. Con patios con sombra o toldos, persianas que funcionen y espacios exteriores pensados para vivir y no solares sin apenas naturaleza que sentir y explorar. Trabajamos con criaturas de 0-3 años, las condiciones donde permanecen la mayor parte del día son vitales para su desarrollo y salud física y emocional”, alegan.

La plataforma, que convoca los paros con el respaldo de CGT, explica que les bastaría con ser escuchadas. “Solo necesitamos que las instituciones políticas nos escuchen y hagan su trabajo, que es responsabilizarse del primer ciclo de educación infantil, creando un marco normativo a nivel estatal que unifique nuestras condiciones y garantice los recursos, tanto materiales como humanos, para poder ofrecer una educación de calidad acorde a las necesidades de estos primeros años de vida, tan importantes para el desarrollo humano. Queremos dejar de ejercer violencia institucional a la infancia por la falta de recursos y medios”, explica la plataforma en una nota.

“Hemos hecho de todo”, argumenta Rosa Marín las razones que llevan a un colectivo ya precarizado a convocar una huelga indefinida. “Parones, huelgas de un día, nos hemos unido con otras etapas para protestar, nos hemos manifestado, hemos ido a las juntas del distrito, nos hemos reunido con los partidos políticos, hemos ido al ministerio (¡y tardamos tres años en que nos recibieran!). Se acabó, es el último cartucho. Si con esto no conseguimos nada tendremos que dejar la profesión, porque no hay diálogo. Todo son buenas palabras de la administración: 'qué injusto, qué duro, qué bien lo estáis haciendo…' Pero no hay ningún compromiso de cambio ni de responsabilidad política. Así que vamos a intentarlo duremos lo que duremos”.

Una etapa en progreso... al menos parcial

Sin obviar lo expuesto, el primer ciclo de educación infantil también ofrece datos positivos. España está entre los diez países europeos con una mayor tasa de escolarización (un 55,8%, según datos del Ministerio de Educación, por encima del objetivo europeo del 45% para 2030) y ha registrado una subida de 20 puntos en una década. La apuesta del Gobierno central y las comunidades autónomas por esta etapa parece estar surtiendo efecto.


Pero ese dato medio, sin contexto, esconde diferencias regionales, no explica el efecto Mateo que se está dando y tampoco habla de los diferentes modelos que tienen las comunidades autónomas: algunas –sobre todo las 12 en las que gobierna el PP– están apostando por la gratuidad para las familias independientemente de en qué escuelas se matriculen los niños, otras por impulsar exclusivamente el sistema público. Los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2023-24, muestran que el reparto entre las redes es más o menos equilibrado: un 53% acude a un centro público, un 47% a uno privado.

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jueves, 12 de marzo de 2026

21-3-2026: Colebanchel, 5ª fiesta por la Educación Pública (de 11:30 a 19:00 h., en Pista Gorrión. Parque de San Isidro). Organizan: AMPA y AFA de Carabanchel


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martes, 10 de marzo de 2026

21-3-2026: Asamblea "escribimos juntas la próxima ley de Comedor Universal" (de 10.30 a 14.00 h. Lugar: La Borromeo. Calle Peironcely n° 2). Organiza: Plataforma Comedor Universal POR DERECHO



 Te invitamos a participar en la asamblea familiar  "escribimos juntas la próxima ley de Comedor Universal"

🗓 Día: 21 de marzo


⏰ Hora: de 10.30 a 14.00 h.


📍 Lugar: La Borromeo. Calle Peironcely n° 2


INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/dDNmEx4JgzCkwdQC6



Organiza:


Plataforma Comedor Universal POR DERECHO


🔸 RSP Latina Carabanchel

🔸 Coordinadora de Barrios

🔸 San Carlos Borromeo

🔸 Asociación Apoyo

🔸 Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas

🔸 AFA CEIP Javier de Miguel de Vallecas

🔸AMPA CEIP Palomeras Bajas

🔸AFA Manuel Nuñez de Arenas

🔸Plataforma fe la Escuela Pública de Vallecas

🔸Mesa de Pobreza Infantil de Puente de Vallecas

🔸AMPA CEIP Padre Mariana.

🔸 Asociación Vecinal La Paz


Con el apoyo de:

🔸 CONFAPA

🔸 Asamblea Marea Verde Madrid


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lunes, 9 de marzo de 2026

Ante la agresión fascista en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la UCM: organización y respuesta feminista (Comunicado de CNT, CGT, CCOO, UGT y Punto Violeta UCM. 8-3-2026)

 


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viernes, 6 de marzo de 2026

Ayuso aprueba el nuevo plan de financiación de universidades públicas, tildado de “insuficiente” y “engañoso” (Alejandra Mateo Fano para elsaltodiario.com)

Artículo de Alejandra Mateo Fano para elsaltodiario.com
  • La Plataforma de Universidades Públicas de Madrid subraya que este modelo pactado con la Conferencia de Rectores “responde más a una operación de lavado de imagen que a un cambio estructural del modelo”.
4-3-2026

La Comunidad de Madrid ha alcanzado este martes 3 de marzo un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) para la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. Se trata del primer pacto de financiación regional para las instituciones educativas que tendrá carácter plurianual. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha detallado que el modelo contempla la inversión de 14.800 millones de euros desde 2026 hasta 2031, que no es la cantidad dedicada a “inversión” a pesar de los engañosos titulares.

El presupuesto para la educación superior estaría asimismo cubierto en un 83% por la Comunidad de Madrid (cerca de 12.300 millones de euros) a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos. “Queremos garantizar la suficiencia económica de las universidades públicas madrileñas y permitir su planificación plurianual”, destacó en la mañana del martes la presidenta autonómica desde la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, sin ahondar en demasiados detalles sobre esta cuestión ni permitir preguntas de los medios presentes. En la firma estuvieron también los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, antes viceconsejera, tras la destitución del consejero Emilio Viciana. De este modo, se espera que las universidades puedan revertir paulatinamente la situación de extrema precariedad e infrafinanciación que llevan sufriendo y que ha afectado tanto a las condiciones de los docentes como a la calidad de la enseñanza.

La Comunidad de Madrid ha explicado que los centros universitarios tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios, y un fondo adicional que permitirá “corregir y compensar los efectos de la aplicación del nuevo modelo y ofrecerá financiación para proyectos singulares con el objetivo de incrementar su competitividad”. Cada universidad pública madrileña, adelantó Díaz Ayuso, “deberá aprobar un plan estratégico con un horizonte mínimo de cinco años alineado con los objetivos de este modelo. Este plan deberá contar con la participación del Consejo Social correspondiente e incorporará mecanismos de seguimiento anual. Cada universidad deberá presentar cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos de la Comunidad de Madrid”. La Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid en seis años 2.914,2 millones de euros; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones, y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros (sin tener en cuenta los fondos comunes).

La Plataforma de Universidades Públicas de Madrid advierte de la “letra pequeña” del pacto y ha mostrado su rechazo rotundo hacia un modelo que considera “insuficiente”

Pese a estos datos, que representan una tímida mejora en términos económicos, la Plataforma de Universidades Públicas de Madrid advierte de la “letra pequeña” del pacto y ha mostrado su rechazo rotundo hacia un modelo que considera “insuficiente”. La coordinadora interuniversitaria ha destacado en este sentido que estas partidas presupuestarias a cinco años vista “responden más a una operación de imagen que a un cambio estructural del modelo” ya que “se trata de un incremento acumulado hasta 2031 y que solo se materializa plenamente en el último año del periodo”. “Como tienen por costumbre, se nos lanzan cifras absolutas de millones que parecen muy abultadas. Pero es engañoso lanzar datos económicos y datos de subidas interanuales, cuando hablamos de una asfixia que se ha fraguado en al menos dos décadas”, han aseverado tras conocerse los pormenores del acuerdo, fraguado a espaldas de las docentes en lucha.

De este modo, indican, la transferencia nominativa a las seis universidades públicas pasará tan solo de los 1.166 millones de euros actuales a 1.646 millones de euros en 2031, un cambio apenas perceptible en la práctica. En realidad, la inversión universitaria pasará en términos relativos del 0,4% al 0,45% del PIB regional (lejos del 1% del PIB reclamado por la comunidad docente y estudiantil, estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU). La media nacional se sitúa en el 0,7%. Por tanto, aclaran que el incremento del 41% anunciado por el Gobierno “no es una subida inmediata ni homogénea, sino un crecimiento acumulado a seis años vista” que obligaría en última instancia a las públicas a implementar planes de recortes. Para alcanzar un nivel asemejable al 1% del PIB para 2030 haría falta un incremento presupuestario de cerca de 2.700 millones de euros en los próximos seis años desde el presupuesto actual. Lo que actualmente propone Díaz Ayuso es una quinta parte de esa previsión.

Dependencia de financiación externa y más “estrangulamiento financiero”

La financiación continúa por debajo del resto de regiones del Estado español pese al crecimiento económico comunitario. “Madrid es la comunidad más rica, la que más crece y es la que menos invierte por alumno, el mismo modelo de privatización de la sanidad lo están aplicando a las universidades”, ha destacado esta semana Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Plataforma por la Universidad Pública. “Lo que pone blanco sobre negro este anuncio es que los fuertes recortes que ya se han comenzado a implementar en algunas universidades se van a consolidar durante los próximos años. Si no se incrementa sustancialmente la nominativa, no queda otra alternativa que recortar gastos —principalmente de personal—, o pedir prestado, o suspender pagos”, refieren a través de un comunicado.

Este déficit estructural se ha materializado en los últimos años a través de la contratación abusiva de profesorado sustituto y asociado, con contratos mucho más precarios que otras figuras docentes. “La Comunidad no va incrementando el presupuesto acorde al crecimiento vegetativo de las universidades y esa brecha que se ha ido generando estos últimos años es lo que ha provocado esos déficits y ese incremento de la deuda. Están con una situación de liquidez o de crisis de liquidez bastante extrema”, comenta Rísquez.

Actualmente, tal y como señala el informe 10 datos demoledores sobre la privatización de la educación y la asfixia económica de la universidad pública en Madrid, publicado por UCM por la Pública en septiembre de 2025, de las 49 universidades públicas que hay en España, las cuatro universidades que menos porcentaje de financiación reciben por estudiante son madrileñas. Este contexto de “estrangulamiento financiero” se resume, en palabras de las docentes en lucha, en bajos salarios y la caída de oferta de plazas y cierre de grados. La Plataforma por la Pública lleva tiempo alertando igualmente del trasvase de alumnos desde las públicas a las privadas, atribuyendo este proceso a una estrategia calculada del Gobierno regional para favorecer a estas últimas: “Frente a 174.359 estudiantes de las universidades públicas presenciales de Madrid, 77.094 personas estudian hoy en alguna de las universidades privadas presenciales, un 31% del total; es decir, prácticamente uno de cada tres”, asegura el estudio. En los últimos cinco años, Madrid es la comunidad que más ha disminuido su oferta de plazas en las Públicas, un descenso del 7,8%.

La plataforma interuniversitaria no descarta nuevas movilizaciones

Para Eva Aladro, catedrática y miembro de UCM en Lucha, este modelo “obliga a las universidades a buscar fuentes de financiación externa. Esto es algo completamente inconstitucional si leemos la exigencia en la Constitución de autonomía y suficiencia financiera para las universidades públicas y si tenemos en cuenta que también la LOSU desarrolla la idea de que las universidades tienen que ser estables financieramente”. Esto significa que no se pueden poner unos objetivos desde un órgano político o designado políticamente, como es una consejería de educación, que puede desestabilizar las líneas de investigación o los trabajos académicos que desarrollen las universidades.

En suma, las públicas convergen en que existe un intento de maquillar la imagen del Ejecutivo autonómico ofreciendo “migajas presupuestarias” para pacificar a un sector que acumula una larga trayectoria de parones y protestas estudiantiles en el último año. En abril de 2025, la comunidad educativa celebró una huelga total convocada en todos los niveles educativos, incluyendo el universitario, lo que se sumó a otras dos días de parón en noviembre antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos. La Plataforma estudiará distintas movilizaciones a lo largo de las próximas semanas como respuesta al anuncio de Díaz Ayuso con el objetivo de alcanzar “una inversión digna” acorde a las reclamas del sector universitario. “Solo con las movilizaciones del año 2025 hemos provocado una crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la paralización temporal de la LESUC y hemos demostrado que el castillo de Ayuso no es inexpugnable. Tras la caída de ‘los pocholos’, pretenden atajar la crisis y desmovilizarnos con un cambio de Consejera y una burda escenificación. Pero la asfixia sigue sin revertirse en sus tendencias fundamentales”, concluyen en su comunicado de respuesta a las instituciones firmantes.

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