MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PP insta al Gobierno a elaborar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, propuestas efectivas contra el absentismo escolar como medida para mejorar el fracaso y el abandono escolar, previo estudio de las actuaciones de prevención e intervención contra el absentismo escolar que desde el ámbito educativo, social y penal se están llevando a cabo.
Se trata de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, registrada para su debate en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
Según defiende el PP, el derecho a la educación es uno de los principios fundamentales establecidos en la Constitución y forma parte del catálogo de derechos y libertades individuales que configuran el Estado de Derecho.
Así, sostiene que el absentismo escolar es un problema educativo que puede conducir al fracaso escolar y al abandono del sistema educativo, y con ello se convierte en un problema social, en la medida que puede dar lugar a distintas formas de marginalidad o exclusión social.
"La complejidad del problema del absentismo exige la colaboración de las administraciones, de los centros educativos y de las familias para la elaboración y ejecución de programas de prevención y control de este problema de naturaleza socio-educativa. Los procedimientos que aplican los centros para combatir el absentismo son diversos territorialmente", agrega.
En este sentido, indica que hay comunidades autónomas que cuentan con su propio plan de intervención contra el absentismo escolar, así como ayuntamientos con programas de actuación, como el programa pionero 'Ayúdate' de la Concejalía de Educación de Algete (Madrid), que ha involucrado a muchas familias de esa localidad con hijos absentistas sancionados con expulsión, a realizar servicios sociales para la comunidad, de forma que el alumno reflexione sobre el comportamiento que ha tenido en la acción que ha realizado y tome conciencia de su conducta.
UN DELITO PENAL
Pero por otro lado, y como último recurso, el PP señala que, una vez agotadas todas las intervenciones de carácter socio-educativo, la Administración de Justicia, a través de la Fiscalía de Menores (por ser ésta la encargada de velar por la protección de los derechos del menor), puede abrir diligencias contra los padres por un presunto delito de abandono de familia al privar a sus hijos del derecho a la educación, en el supuesto de que quede demostrado que son ellos los culpables de que los chicos falten de forma reiterada a clase.
Es más, recuerda que el delito está recogido en el artículo 226 del Código Penal con penas de hasta seis meses de prisión y con ello, apunta a la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2012 que reflejaba que los casos "más graves" se producían a partir de los 14 años en jóvenes con largo historial de fracaso escolar y expulsiones, cuya reincorporación al curso o nivel en el que se detecta el absentismo deviene ya impracticable.
No obstante, añade que cuando con los apercibimientos policiales o fiscales se logra la normalización escolar, el centro educativo acuerda casi inmediatamente la expulsión. "Este fenómeno sugiere la incapacidad de respuesta en el ámbito educativo y, en todo caso, que el fracaso escolar no es consecuencia del absentismo sino una de sus causas. Todo ello no obstante reconociendo que se han reducido los casos", ha apostillado.
Por todo ello, el PP considera "conveniente" en el ámbito educativo compartir experiencias de intervención del absentismo escolar que se están llevando a cabo en municipios, comunidades autónomas, o los protocolos de centros educativos, porque son instrumentos positivos que han logrado reducir notablemente las tasas de absentismo y, por consiguiente, de fracaso escolar.
Pero por otro lado, y como último recurso, el PP señala que, una vez agotadas todas las intervenciones de carácter socio-educativo, la Administración de Justicia, a través de la Fiscalía de Menores (por ser ésta la encargada de velar por la protección de los derechos del menor), puede abrir diligencias contra los padres por un presunto delito de abandono de familia al privar a sus hijos del derecho a la educación, en el supuesto de que quede demostrado que son ellos los culpables de que los chicos falten de forma reiterada a clase.
Es más, recuerda que el delito está recogido en el artículo 226 del Código Penal con penas de hasta seis meses de prisión y con ello, apunta a la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2012 que reflejaba que los casos "más graves" se producían a partir de los 14 años en jóvenes con largo historial de fracaso escolar y expulsiones, cuya reincorporación al curso o nivel en el que se detecta el absentismo deviene ya impracticable.
No obstante, añade que cuando con los apercibimientos policiales o fiscales se logra la normalización escolar, el centro educativo acuerda casi inmediatamente la expulsión. "Este fenómeno sugiere la incapacidad de respuesta en el ámbito educativo y, en todo caso, que el fracaso escolar no es consecuencia del absentismo sino una de sus causas. Todo ello no obstante reconociendo que se han reducido los casos", ha apostillado.
Por todo ello, el PP considera "conveniente" en el ámbito educativo compartir experiencias de intervención del absentismo escolar que se están llevando a cabo en municipios, comunidades autónomas, o los protocolos de centros educativos, porque son instrumentos positivos que han logrado reducir notablemente las tasas de absentismo y, por consiguiente, de fracaso escolar.
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