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- Juan Rodríguez Zapatero es abogado. A más señas, es uno de los abogados que más causas está llevando en relación con la inclusión de niñas y niños con discapacidad en centros ordinarios. Es también el responsable de la redacción de un manifiesto de una plataforma recién creada de familias que reclaman el cambio de los dictámenes psicopedagógicos que abocan a menores y a sus familias a transitar por la educación especial aunque no quieran. Hablamos con él de la situación hoy por hoy en España, con la mirada puesta a los próximos meses, con la tramitación de la LOMLOE.Juan Rodríguez Zapatero se ha convertido en un referente en la lucha por la educación inclusiva en España. Este abogado aterrizó en este mundo casi de casualidad, por echarle una mano a una amiga que tenía un niño con discapacidad y lo estaba pasando muy mal. “Estaba promoviendo una asociación en este terreno, se acercó a mí. Empecé a ver casos, muchos más de los que parece, y me metí”. Ya no pudo salir. “Te va llevando, y me comprometí. Jurídicamente ha sido gratificante, hemos abierto caminos que estaban por abrirse”, comenta. Desde entonces, ha peleado por el derecho de las familias a escolarizar a su hijo en el centro de su elección, y los dedos de la mano se le empiezan a quedar escasos para contar las sentencias favorables. Aunque no todas son positivas, poco a poco, explica el abogado, se va creando un cuerpo jurídico favorable a madres y padres, incluyendo una
sentencia clave del Tribunal Supremo de 2017.
La última batalla de este colectivo, que lucha por el derecho a la educación en centros “mal llamados” ordinarios de todos los alumnos, es
que se eliminen los informes psicopedagógicos que se les hacen para determinar sus capacidades y que, en muchas ocasiones, acaban en resoluciones de escolarización por las que la administración envía a alumnos a centros de educación especial sin contar con la opinión de las familias. Estos informes, que solo se les hacen a los alumnos con diversidad funcional, son segregadores, explica el colectivo, y van contra la ley.
¿Cuál es vuestra propuesta alternativa a los informes psicopedagógicos?
La primera petición es el reconocimiento pleno del derecho a la educación inclusiva, con la derogación del 74 de la LOE y del 18.3 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se pide también que los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización se supriman en su orientación actual. Con esto me refiero a la orientación clínica de señalar los déficits de los alumnos, problemas de inteligencia, hacerles tests, etc. Creemos que se deben hacer informes de actuación educativa. Que reseñen de verdad cuáles son las capacidades de cada alumno, sus puntos favorables y los negativos o las barreras, y establecer, en función de ello, los apoyos necesarios. También se pide un tema importante, que es que estos alumnos ni siquiera son oídos. Con esto me refiero a que todo niño con uso de razón puede tener el derecho a ser oído en estos informes. Los padres tampoco participan en estas evaluaciones, solo al final y para decir en una casilla si están conformes o disconformes con el dictámen. Creemos que debe haber una participación activa de las familias, pudiendo aportar sus propios informes de expertos para valorar las necesidades de los alumnos.
Otro tema importante es que no hay mecanismos de impugnación ágiles cuando los padres no están de acuerdo con los dictámenes y tienen que acudir a la vía judicial, que lleva unos trámites largos en el ámbito educativo y muchas veces tarde, y, además, tienen unos costes económicos. Por ello se proponen comisiones de medicación y arbitraje independientes para resolver estas diferencias.
La petición final es una ley integral de inclusión educativa. Una ley transversal que recoja todos los aspectos de la educación en igualdad. La ley actual y la reforma que se está haciendo es insuficiente, tiene que haber una ley orgánica integral y específica de la inclusión educativa.
Con los informes psicopedagógicos tenéis ya buenos argumentos, muchas veces en forma de sentencias que han tumbado dictámenes de escolarización precisamente porque no estaban bien hechos.
Ya hay un cuerpo jurisprudencial, un conjunto de sentencias importantes y armadas jurídicamente en el sentido de que consideran estos informes y las resoluciones de la administración educativa cuando deciden que un niño vaya a un centro de educación especial no reúnen las motivaciones exigidas. No suelen señalar que se hayan agotado las posibilidades de inclusión educativa o ni explican por qué los apoyos y refuerzos que necesita ese niño no los puede prestar un centro ordinario y tienen que ir a un centro de educación especial. Se ha abierto una jurisprudencia importante que, sin duda, es un material jurídico trascendente en defensa del derecho a la educación inclusiva.
¿Tienen esperanzas reales de que esto salga adelante o lo hacen también con la intención de ir acumulando iniciativas y hacer ruido?
Creo que el tema va a tener recorrido. En mi opinión, como alguien que trabaja en temas de derecho a la educación, hay otros aspectos que llaman más la atención, como los informes PISA, la calidad, segregación por sexo… A este tema de los derechos de las personas con discapacidad necesita una expansión, más visibilidad mediática y, por tanto, el primer objetivo del documento es que se conozca por la sociedad. Pero se ha hecho con la idea de que tenga recorrido, si no inmediato si a medio plazo con el objetivo mencionado.
¿Hemos avanzado en educación inclusiva desde que España se adhirió a la Convención de la ONU?
En el panorama jurídico y del derecho a la educación inclusiva ha habido avances en algunos aspectos. Probablemente, los mayores se han dado con algunas sentencias, que han establecido los límites y las obligaciones que la Administración educativa tiene en este ámbito. Concretamente, una sentencia del 14 de diciembre de 2017 del Tribunal Supremo deja claro el contenido de la educación inclusiva. Pero falta lo esencial: que tengamos un único sistema educativo, como dice el artículo 27 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la educación”; y sin exclusión: no solo para personas con discapacidad: para personas con discapacidad, sin discapacidad, con razón de ideología o cualquier otra circunstancia, como dice el artículo 14. Los artículos 27 y 14 de la Constitución no se cumplen porque seguimos teniendo un sistema dual. Dual quiere decir que hay uno ordinario para los niños sin discapacidad, y luego están quienes tienen algún grado de discapacidad o diversidad funcional, que deben pasar por todo un sistema específico (evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización) y luego se decide si van a un centro ordinario o especial, qué apoyos o ajustes razonables tienen. El sistema dual es radicalmente incompatible con la Convención. Lo más urgente e importante es derogar el artículo 74 de la LOE de 2006, que después de decir que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se rige por el principio de inclusión, lanza la excepción: la escolarización de estas personas en unidades de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
Es decir: la ley vigente de educación, en su artículo 74, establece la facultad, además en gran medida discrecional a la Administración educativa, para escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales en centros de educación especial. Estos centros no son compatibles con la Convención porque solo escolarizan alumnos que presentan diversas discapacidades o diversidades funcionales. O sea, se produce segregación y el agrupamiento de alumnos según su discapacidad. ¿Qué une a esos alumnos? La discapacidad. Sin entrar a valorar a los profesionales, los centros son segregadores y eso no es compatible con la Convención de la ONU.
Y si ese artículo específicamente atenta contra una ley superior, como es la Convención, ¿no se puede denunciar que es ilegal?
Puedo responder con una pregunta. ¿Cómo esto se puede mantener a día de hoy jurídicamente? ¿Cuál es la razón de que se mantenga un precepto incompatible con la Convención? Creo que la respuesta es política, no ha habido voluntad de abordar esto de manera urgente, prioritaria y necesaria, y que este tema entre de lleno en la agenda política.
Las vías jurídicas no son sencillas, de ahí que se haya producido una demora, pero se están abriendo ya algunas sentencias del TS en otros ámbitos, no educativos, sobre los informes de la ONU que se refieren a una convención ratificada por España y, por tanto, norma jurídica de obligado cumplimiento con valor superior a la ley, solo debajo de la Constitución. Lo que se está estudiando es la posibilidad de requerir al Gobierno ya en el ámbito más bien jurisdiccional para llevar esto a efecto.
¿Qué rol les queda a los centros de educación especial en su propuesta?
No entro a valorar su calidad ni la de sus profesionales, que seguro que los hay excelentes. Pero tienen que convertirse en centros de recursos materiales, humanos, etc. para los centros ordinarios. Hay que establecer un plan progresivo para que se reconviertean, dejen de ser centros de escolarización separada y quede un único modelo de escolarización. Los otros centros serían de apoyo a los ordinarios (que no deberían ni llamarse así).
Les habrán dicho a menudo que si unos padres quieren llevar a sus hijos a un centro de educación especial, sin obligar a nadie más a hacerlo, cuál es el problema.
Tiene una respuesta clara: no es un derecho de los padres. El derecho a una educación en igualdad es de la persona que lo recibe, lo dice la ONU. Los padres tienen que apoyar el interés del menor, que no es otro que recibir una educación en igualdad. Eso le va a permitir al niño o la niña desarrollar todas las potencialidades. Cuando se dice que un padre quiere o no quiere el problema es que no existe un derecho subjetivo del padre. Es del alumno y, por tanto, los poderes públicos deben apoyar que se realice en un centro ordinario. Los padres lo hacen de buena fe, por supuesto, pero hay que decirles que todas las necesidades se pueden cubrir con un sistema único. Los países que han dejado sin efecto los centros de educación especial tienen un sistema educativo mejor que el español y no ha pasado nada. Italia suprimió los centros especiales de la noche a la mañana y no pasó nada. La experiencia comparativa dice que donde un niño desarrolla toda su potencialidad es en un entorno ordinario, con sus iguales. En socialización, relación con otros chicos y chicas, etc.
¿Cree que las administraciones abusan del desconocimiento que suelen tener las familias sobre sus derechos en este asunto?
No sé si la Administración se aprovecha, pero sí creo que falta sensibilización e información a las familias. Cuando estas reclaman, el sistema educativo reacciona a la defensiva. Por ahí falta sensibilización. Y también falta información, y el deber de la Administración pública es informar, pero a veces se transmiten opiniones subjetivas.
Como profesional que lleva casos de educación inclusiva puedo decir que, aunque no siempre, en bastantes ocasiones las familias se sienten indefensas ante el poder de la Administración o una autoridad educativa, que le dicen “esto es lo mejor para su hijo”, a veces más como recomendación, pero otras de manera más impositiva. Pero es cierto que están indefensas. Por eso abogamos por instancias de medicación independientes, que no existen. Es curioso que uno reclame por un tema de consumo y haya juntas arbitrales de consumo en las comunidades autónomas, pero no existen en el ámbito educativo instancias para mediar cuando hay discrepancias de las familias con la Administración.
¿Supone algún avance la LOMLOE en la materia?
No hay avance e, incluso, hay una disposición adicional, la cuarta, donde se cita y consagra el artículo 74 y se habla de un plan de diez años para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios, pero dejando bien claro que se continuará prestando los apoyos necesarios a los centros de educación especial. Esta disposición es claramente contraria a la convención también. No solo no hay avances, sino que esta disposición adicional si no se modifica viene a consagrar los centros de educación especial como centros de educación.
Entramos un poco en el terreno de lo especulativo, pero pregunto igual. ¿A qué cree que se debe este interés de las administraciones –unas más que otras– en mantener los centros de educación especial incluso aunque vayan contra la ley? ¿Cree que tiene que ver algo con el hecho de que muchos de ellos son concertados y hay mucho dinero moviéndose ahí?
En cuanto al peso del apoyo a los centros de educación especial es porque es un sector en el que hay unos intereses económicos fuertes, y no está desligado todo ello de la educación concertada, que es otro reto pendiente de nuestra educación. Creo que efectivamente es así, tienen un peso económico y social importante. También utilizan muy hábilmente los medios de comunicación y las plataformas sociales.
En cuanto a la actitud del Gobierno le falta claridad y valentía política. Claridad porque no han visto que esto es un tema importantísimo, que no es un tema cuantitativo que afecte a 30.000 o a 100.000. Es un tema de dignidad. Es como si cuando se habló del matrimonio homosexual nos hubiéramos preguntado a cuántos afecta. Es un tema de dignidad de país. Insto desde aquí al Gobierno, desde este texto, que cuenta con un número importante de padres, madres y expertos comprometidos con la educación inclusiva, para que asuma este reto de realmente adaptar las leyes educativas a la Convención y que España tenga una ley educativa digna, que no se produzcan los casos lamentables de marginación.
Vamos a ahondar mínimamente en esto, porque estas situaciones se dan. La gente igual lo desconoce, porque si no tienes un caso cercano de un pequeño con discapacidad lo más probable es que no conozcas estos periplos. Que hay niños de ocho años que se pasan uno en casa sin escolarizar por el choque entre la Administración educativa y las familias, que se niegan a llevarlos a centros de educación especial.
Cuando he dicho que el Gobierno le falta visión es que le falta de verdad conocer. La Comisión del Congreso debía haber llamado a los padres y madres. Los expertos están muy bien, pero la realidad es que se producen situaciones muy lamentables de discriminación, marginación y sufrimiento de los padres y madres, y por supuesto de los niños. Creo que esto no se visibiliza en la medida en que una situación de este tipo requeriría. Este documento debe servir para que se oigan la voz de los más directamente afectados, las familias.
