Los profesores de Formación Profesional (FP) de Grado Superior de Madrid ganarán entre 840 y 6.000 euros más al año en función del número de alumnos que atiendan en el aula. Se trata de una fórmula inédita que despierta recelos entre los docentes y que comenzará a aplicarse el curso que viene en los 58 centros de la región que hasta junio recibían ayudas de la Consejería de Educación dentro del programa de conciertos y ya no disponen de ellas.
Madrid ha sido la primera región que ha retirado conciertos educativos y será también la primera —al menos que recuerden en el sector— en la que el trabajo de los docentes se premie al peso. Los propios profesores alertan del riesgo de que el sistema se pervierta y acaben convertidos en una suerte de comerciales a la búsqueda de más estudiantes para que sobrevivan sus centros y para recuperar parte del sueldo que pierden.
A finales de julio, las patronales y los sindicatos representativos de la enseñanza concertada madrileña (FSIE, FE- USO, Fete UGT y Frem CC OO) firmaron un acuerdo para “apoyar el mantenimiento de empresas y de empleo” en los centros de Formación Profesional de Grado Superior. La Consejería de Educación ha retirado 26 millones de euros en subvenciones, que sustituye por 22 millones en becas a los estudiantes.
Entre otras medidas, el pacto incluye un complemento que los docentes empezarán a cobrar si el promedio de alumnos matriculados supera 19 personas (840 euros) y que alcanzará los 6.000 cuando sean más de 30 (el número máximo por aula en la FP superior es de 35 estudiantes). Lo cobrarán una vez al año y en función de los estudiantes que sigan matriculados “y al corriente de pago de las cuotas de matrícula” a 10 de marzo.
“Los profesores se van a convertir en comerciales, intentarán buscarse la vida para tener más alumnos”, denuncia Pablo Rodríguez, representante de los trabajadores en los Salesianos (Carabanchel), uno de los centros afectados por la pérdida de conciertos, que se aplica en el primer curso y se extenderá al segundo del ciclo el año que viene.
Los sindicatos respaldan la firma de este acuerdo tras la retirada sorpresiva de los conciertos, un cambio que ha provocado protestas del sector en bloque en los últimos meses. La retirada de las ayudas supone, entre otros cambios, que sean los centros los que paguen los sueldos en lugar de la Administración y que los docentes pierdan algunos de los suplementos recogidos para los centros privados sostenidos con fondos públicos. “Cada profesor dejará de cobrar una media de 440 euros mensuales entre el complemento autonómico que asumía la Comunidad y distintas tasas salariales”, señala Miguel Muñiz, de FSIE. “En muchos sectores es bastante corriente cobrar así, habríamos perdido todo en caso contrario”, defiende el representante sindical, que culpa a la consejería “de este desastre”.
“Para nosotros, ese cobro fue uno de los puntos más conflictivos, pero no conseguimos eliminarlo”, señala Alejandra Rodríguez, representante de UGT. Rodríguez admite que puede considerarse “incluso perverso” percibir más dinero cuando se tienen más alumnos “aunque el trabajo sea el mismo, pero era eso o nada”. Los centros estiman que, a partir de 19 alumnos, los ciclos pueden ser “rentables”, según la portavoz de UGT. “Ese es el motivo de poner ese límite, si los centros ganan los profesores no pueden perder”, añade. Maribel Sanz, de CC OO, señala que su sindicato tampoco habría respaldado esta medida “si no formara parte de un acuerdo global”. Destaca que el pacto firmado permitirá negociar en cada centro y obliga a que todos los ajustes se negocien con los representantes de los trabajadores.
Emilio Díaz, de la FERE, patronal mayoritaria del sector, admite que “nunca” habían firmado un trato colectivo que permitiera a los docentes cobrar por número de estudiantes, aunque señala que hay fórmulas similares “en algunos centros concretos” en bachillerato, que es totalmente privado. Rechaza que el nuevo modelo convierta a los docentes en “comerciales” y argumenta que “era la única forma de atenuar la pérdida económica de los trabajadores”.
El acuerdo mantiene las pagas por antigüedad de los docentes, a partir de 25 años de servicio, y mejora las condiciones de despido parcial recogidas en la actual reforma laboral y contempla la recolocación preferente de los afectados, según destacan tanto los sindicatos como la patronal. Respecto a las empresas, permite “cierta flexibilidad” en los ajustes de plantilla, porque las centrales admiten que la supresión del concierto “es una causa objetiva”.
Desde la Consejería de Educación eluden comentar el acuerdo, según un portavoz oficial. Además del cambio en los complementos de los profesores, el próximo curso habrá otra novedad que afecta a los alumnos con menos recursos. Educación vigilará, a través de una empresa externa, la asistencia diaria de los estudiantes con derecho a beca. La empresa, que recibirá 100.000 euros, pagará las ayudas a los alumnos mes a mes, según el contrato elaborado por la consejería, pendiente de resolución. Y podrá retirarlas si no van a clase. La Comunidad calcula que habrá unos 4.500 becarios este curso. Las ayudas están reservadas a estudiantes que provengan de centros regionales y que no superen los 28 años de edad a 31 de diciembre de 2013, y no menores de 28 años como publicó este periódico ayer por error.
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