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Hablamos con la investigadora Cristina Castellanos quien, junto a Ana Carolina Perondi, realizó una investigación sobre el coste y la posibilidad de universalización del 0-3. Con una inversión total de 6.800 millones, en un lustro, podría cubrirte la totalidad de la demandas de plazas en este ciclo, entre 800.000 y 900.000. Unas cifras muy superiores a las anunciadas por el Ministerio en relación a las inversiones que llegarán de la UE y de las que se invertirán 670 millones para la creación de 60.000 plazas. Castellanos y Perondi plantearon un sistema como el sueco: universal, público, gratuito y de calidad. Asegura que es factible, como lo ha sido el aumento de 16 semanas del permiso de paternidad.
spaña tiene una de las tasas de escolarización en educación infantil de segundo ciclo, el 3-6 años, más altas del continente. Prácticamente del 100% por todo el país. Una etapa no obligatoria que desde hace ya tiempo es gratuita y que ha conseguido unos muy buenos resultados. Pero todavía queda camino por recorrer, al menos, en lo que respecta a su «hermano pequeño», el primer ciclo de 0-3 años.
Existen grandes diferencias dentro de este mismo ciclo, entre las criaturas menores de un año y las de 2 o 3. En algunas comunidades autónomas, los centros públicos de infantil y primaria ya han abierto aulas para los 2 años. Los concertados vienen haciéndolo desde hace ya años. Pero existe un importante déficit en la oferta pública de plazas en las edades inferiores. Históricamente se ha dicho que resulta una etapa muy cara para las administraciones porque las ratios son muy bajas en estas edades. Pero, aunque se dice que es caro, no existen cifras oficiales al respecto.
Sí existe un estudio elaborado hace tres años por Cristina Castellanos y Ana Carolina Perondi, para el Instituto de Estudios Fiscales. Un documento que realiza un extenso estudio sobre el coste de estas plazas, tanto a nivel individual como global y que concluye, en palabras de Castellanos, «que no es tan cara» la plaza. Según las cifras que manejaron para hacer este trabajo, la inversión es de entre 5.000 y 6.000 euros al año por cada niña y cada niño. Aunque los cálculos se realizaron sobre cifras de 2017, tras una reciente revisión a finales del año pasado, la situación no ha cambiado sustancialmente, asegura Castellanos.
Según palabras de esta profesora de Economía de la UNED e investigadora, es la primera vez que se ha realizado este cálculo en España. La primera porque, entre otras cosas, acceder a los datos es toda una gincana. No existe estadística pública desagregada por ciclos en infantil y tan solo dos comunidades autónomas, País Vasco y Andalucía, dan información pormenorizada. Para Castellanos, la falta de información estadística denota el grado en el que las administraciones central y autonómicas están comprometidas con este ciclo. «Lo que no se visibiliza, lo que no se contabiliza no existe. Si no se hace es que no hay prioridad política clara», asegura.
Para hacer el cálculo, entre otras cosas, analizaron una buena cantidad de licitaciones públicas de escuelas infantiles para ver los gastos en personal, en mantenimiento, suministros, etc. de estas centros. También las cifras de los presupuestos generales de País Vasco y Andalucía. Y, en su momento, pudieron comparar resultados con los investigadores que en aquel momento estaban elaborando un informe similar para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que, cuenta Castellanos, nunca ha visto la luz.
Universalizar
Las investigadoras, además de realizar este cálculo del coste del puesto escolar por año, elaboraron un proyecto para la universalización de todo el ciclo de entre cuatro y cinco años. Con una inversión total de 6.800 millones de euros, entre 800 y 900 millones al año. Hoy por hoy se está invirtiendo, explica Castellanos, unos 2.500 millones anuales en el 0-3. Además, su propuesta se basa en el modelo que impuso Suecia en ya en los años 70, 100% público.
Charlamos con ella sobre algunos de los detalles de aquel informe y del paper que publicó a principios de este año, a modo de resumen y de actualización de algunas de las cifras y sobre ciertos aspectos del proyecto de universalización anunciado por el Gobierno de coalición (absolutamente insuficientes a su modo de ver).
El Gobierno tiene entre sus objetivos la extensión del ciclo y hace un par de meses, en el marco del proyecto de recuperación de la Unión Europea, anunció la inversión de 670 millones de euros para la creación de 60.000 plazas escolares para esta etapa.
Castellanos calcula que faltan entre 800.000 y 900.000 plazas en total. El proyecto del Gobierno se queda muy por debajo. «No llega ni a un 10%. Necesitamos duplicar lo que hay ahora mismo, un incremento relevante» y, más, teniendo en cuenta el dinero que está previsto que llegue de la Unión Europea en los próximos años. Pone de ejemplo, de hecho, los 3.600 millones que llegarán para digitalización a España desde la UE. «Con la mitad cubrirías dos etapas de nuestra propuesta».
De media, hoy por hoy, se está escolarizando en esta etapa al 40% de las criaturas con grandes diferencias entre sus edades. Las investigadoras proponen llegar a una tasa de escolarización del 90% para las y los niños de 1 año y del 33% para las criaturas menores. Esto es lo que costaría, en el plazo de cinco años, menos de 7.000 millones de euros.
Los cálculos los han realizado teniendo en cuenta una gran cantidad de variables. Para empezar, la mejora de las condiciones salariales de las profesionales, tanto de las maestras como de las técnicas superiores, cuyos salarios son muy bajas como vienen denunciando todo tipo de colectivos y sindicatos desde hace años.
También se tuvo en cuenta que entraría en vigor la reforma de los permisos de maternidad y paternidad, de manera que los primeros ocho meses de vida sería posible que una criatura permaneciese al cuidado de alguno de sus progenitores. De esta forma, la escolarización podría realizarse justo después.
Para Castellanos, además, es importante que el sistema sea público. «Apostamos por un sistema público porque entendemos que es la forma de que sea universal, en tanto en cuanto se garantizan unos estándares de calidad; al ser público, como la sanidad, indica que todas las personas tienen derecho, acceso y posibilidad». Esto no quita para que quien quiera acudir a un centro privado lo haga, asegura la investigadora. Pero ha de garantizarse una plaza pública posible para todas y todos.
Eso sí, apunta, «en las CCAA que se apuesta más por la concertada y la privada, se observan algunas deficiencias, digamos, en la asignación y en cómo se generan algunos guetos y efectos no deseados al apostar por ciertos tipos de educación».
Desde su punto de vista y teniendo en cuenta los datos disponibles, «digamos que el derecho a la educación de 0-3 está centrado en los hijos y las hijas de la clase media». Cuando se estudian los datos de las comunidades autónomas se ve una falta de plazas públicas de 0-3 que, además, «tampoco llegan a los grupos más vulnerables» porque se establecen sistemas de copago que lo hacen imposible.
Según la investigadora, además, correría de parte del Ministerio hacer la legislación básica para que, al menos, hubiera unas condiciones mínimas comunes en todo el territorio dado que la educación es una competencia transferida en la que, además, también tienen mano las entidades locales.
Beneficios
Los beneficios de la escolarización en educación infantil ya no pueden discutirse. Hace décadas que todo tipo de organismos internacionales hablan de su impacto en la cohesión y la igualdad de oportunidades, en la calidad de la vida escolar de cada persona, en la mejora de los resultados a lo largo del tiempo. Eso sí, el servicio educativo ha de ser de calidad.
Castellanos y Perondi, como economistas que son, y expertas en políticas de igualdad de género, también señalan importantes beneficios en la esfera económica. De hecho, parte del estudio habla de los retornos que supondría la universalización. Aunque cifren un aumento de 4.500 millones de euros sobre lo que se invierte hoy, calculan que se generarían miles de puesto de trabajo (como mínimo, unos 100.000) y, con ellos, un aumento millonario en las arcas de la Seguridad Social y de Hacienda.
Además, si el sistema universal fuera público, los más de 1.600 millones que calculan que las familias están gastando hoy por hoy en la escolarización en centros privados de 0-3, acabarían en otros sectores de la economía.
Y no hay que olvidar lo que podría suponer para la relación de las mujeres y el mercado de trabajo. Según dice Castellanos, existe un consenso absoluto en la relación entre la escolarización en los primeros años de la vida de los hijos y el acceso y mantenimiento en los puestos de trabajo de sus madres. De esta forma, la universalización del 0-3 traería de la mano una serie de beneficios económicos indirectos a la educación (difíciles de cuantificar, asegura la investigadora) que también calculan en miles de millones y que tendrían relación directa con la posibilidad de que las madres accedieran al mercado de trabajo, tuvieran jornadas reducidas o pudiesen ascender en sus puestos.
Sistema sueco
La comparación con los países nórdicos y sus sistemas educativos parace un mantra continuo en España, además de una quimera social, cultural y presupuestaria. Suecia y, sobre todo, Finlandia siguen siendo esos lugares a los que miramos con envidia cuando llegan los resultados de PISA. Aunque las comparaciones son odiosas y, en no pocos casos, imposibles, para Castellanos, en el caso del proyecto de universalización de la educación infantil pública de calidad, no lo es.
Haciendo un resumen enorme, Castellanos asegura que «Suecia era una economía que no era boyante en los 70. una economía que apostó porque la igualdad de género fuera transversal, por la independencia económica de todas las personas en todo su ciclo vital. Se planteó qué políticas públicas tenían que ponerse como pilares. La educación fue una de ellas».
Para esta investigadora, a veces hay objetivos que parece imposibles, pero una vez que se priorizan, se consiguen. Está el caso sueco y, explica, en Espñaa podríamos pensar lo mismo de lo que ha ocurrido con los permisos de paternidad, que han pasado de unos pocos días a 16 semanas. «Se decía que aquí sería implanteable. Ahora son iguales (los permisos de mujeres y hombres)».
Para ella hay dos factores relevantes que hacen posible el cambio hacia este modelo sueco: «La inversión en términos económicos es posible y la demanda social está».
