- "Álvarez Conde y el rector Javier Ramos se han convertido en vocales de las irregularidades del máster", dice el escrito que ha dado origen a la causa
- Ramos no figura entre los primeros imputados aunque ya ha sido señalado en el juzgado por una profesora y el acta falsa salió de su Rectorado
- La querella de una profesora cuya rúbrica fue falsificada permitió a la jueza Rodríguez-Medel abrir una investigación que acaba con la parálisis de Fiscalía
Diez imputados, incluida Cristina Cifuentes. Este es el balance del primer tramo de la investigación judicial de la falsificación del máster de la expresidenta. En esa lista, sin embargo, no aparece por el momento Javier Ramos, actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y una de las dos personas que señala directamente la catedrática Ángela Figueruelo en la querella que ha dado origen al caso y a la que ha tenido acceso eldiario.es. La querella apunta también al director del Instituto de Derecho Público de la citada Universidad, Enrique Álvarez Conde, quien sí aparece entre la decena de primeros investigados.
Javier Ramos ha sido mencionado en las primeras declaraciones ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel. La profesora Cecilia Rosado, presunta autora material de la falsificación de las firmas del acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM), ha declarado que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Maite Feito, le trasladó: “Arreglad esto o el rector y la presidenta os matan”.
La propia Cristina Cifuentes le dirigió una carta a Ramos antes de dimitir, filtrada a los medios, en la que le responsabiliza de la falsificación del acta de su Trabajo de Fin de Máster. Como recordaba la entonces presidenta en la carta, el acta del TFM con las firmas falsificadas salió de una dirección electrónica del Rectorado que dirige Javier Ramos.
La querella de Figueruelo, sin embargo, considera que es su comparecencia pública junto a Álvarez Conde, el mismo día que eldiario.es reveló que Cifuentes había aprobado su máster con notas falsificadas, la que le coloca en el disparadero.
“Don Enrique Álvarez Conde ha comparecido, además, junto al rector actual de la Universidad Rey Juan Carlos, en distintas ruedas de prensa para dar explicaciones en relación con irregularidades aparecidas en relación el Máster objeto de esta querella. Es decir, los máximos responsables de ambas instituciones (el Instituto de Derecho Público y la URJC) se han erigido en vocales en relación con las irregularidades apreciadas en dicho máster”, recoge la querella.
En aquella comparecencia, tanto Álvarez Conde como el rector intentaron salvar a Cristina Cifuentes defendiendo la regularidad de su máster. Ante la avalancha de evidencias, el rector rectificó y acusó al director del Instituto de Derecho Público y al profesor Pablo Chico de la Cámara, también imputado, de engañarle para hacer creer que se había actuado correctamente.
Ángela Figueruelo es una catedrática de la Universidad de Salamanca que decidió llevar a los tribunales el caso Cifuentes tras conocer por eldiario.es que su firma estaba en un acta de convalidaciones que ella nunca rubricó. Ese movimiento fue la mecha que prendió la investigación, ralentizada hasta entonces por la Fiscalía madrileña. En seis días, la querella fue a reparto, recayó en el Juzgado de Rodríguez-Medel y ésta la admitió a trámite.
La Fiscalía se liberaba así del asunto al estar obligada a trasladar sus diligencias al juzgado competente cuando aún restaba una semana para que dimitiera Cifuentes. En el mes transcurrido entre la presentación de una denuncia por asociaciones de estudiantes al Ministerio Público y el fin de la investigación de ésta, solo hubo una toma de declaración a una profesora, que la fiscal encargada del caso hasta entonces, Margarita Rossignoli, encargó a una unidad de la Policía que tiene adscrita.
La querella de Figueruelo es subsidiariamente una denuncia, al no poder detallar la identidad de las personas que falsificaron su firma. Pero deja claro que “los hechos objeto afectan a dos entidades directamente relacionadas con ellos (y vinculados al menos a la responsabilidad civil derivada de los mismos”: la entidad Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo director es Enrique Álvarez Conde, y la propia URJC, cuyo “representante legal es su rector, don Javier Ramós López”. Se da la circunstancia de que en este momento la Universidad está personada en la causa como acusación.
[...]
Lee el artículo completo en eldiario.es
