Detrás
de todo acto político está el derecho a la vida
Nos
lo recuerda todos los días cuanto tiene importancia: la electricidad, la
pandemia, la educación de los hijos, todo.
Fue en 1789, cuando en la Revolución Francesa, cuando el “derecho
a la vida”, pasó a estar explícitamente en las grandes declaraciones de la
convivencia entre humanos como asunto político nuclear.
La humanidad de todos
No es que antes fuera un páramo absoluto, pues desde el Código de Hammurabi en Babilonia, 1800
años a. C., hay constancia de la preocupación por comportamientos sociales que
empezaron a estar fijados por escrito en igualdad para todos. En torno a cuatro
siglos más tarde, el Decálogo de
Moisés (Éxodo, 20 y Deuteronomio, 5) los señaló para la
organización sociopolítica de los israelitas, y el cristianismo los concretó
–entre los años 80-90 d.C.- en torno al “amor a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a sí mismo” (Mateo, 22,
36-40). La posterior cristianización del Imperio romano entre el siglo cuarto y
quinto hizo que ese bagaje fuera principal de la cultura europea y occidental
en los siglos siguientes, incluso como referente de lo humano frente a otras
culturas. Con los descubrimientos geográficos a partir del siglo XV, la amplitud
de lo humano hubo de de ser reconfigurada, pues se había reducido de manera
estrechamente etnocéntrica y patriarcal con el ensimismamiento feudal; como ha estudiado Fernando Álvarez-Uría, los primeros brotes de esa apertura en El reconocimiento de la humanidad
tuvieron lugar en los albores del Humanismo renacentista; acabarían
eclosionando en la revolución de los colonos americanos contra los ingleses y,
muy pronto, en París.
Aquella floración fue amarga; mientras los privilegiados del
Antiguo Régimen se aprestaron a conservar sus privilegios en lo posible,
cuantos desde los estratos sociales hasta entonces inferiores -en particular
los burgueses- pudieron trepar en el
ascenso social y económico ayudaron a mantener a salvo aquellos intereses,
mientras los pobres y asalariados del trabajo se asociaron más vivamente para
defender su derecho a la vida. Desde entonces, el genéricamente denominado
“movimiento obrero” –nutrido de influencias incluso religiosas- fue sobre todo
desde 1848 su brazo en la pelea social y política, mientras el poderoso grupo de
los percentiles económicos más altos se reforzó en la conservación del
pasado.
La igualdad del derecho
a vivir
Esta es la raíz de la gran dificultad, después de esa fecha, para
ampliar un poco más el derecho en igualdad a la vida. En el momento actual, ahí
seguimos los humanos en esa pelea que, en los países democráticos, se traduce
en la configuración de un conjunto de derechos sociales, nunca del todo
satisfechos por la pugna subyacente: unos
deseando ampliarlos y otros tratando de recortarlos. En el caso de
España, en estos días se muestra en bastantes frentes; la pandemia de la que no
logramos salir lo muestra claramente y el salario mínimo, la sanidad, la
educación de los hijos, la energía eléctrica o el gas, se suman de manera muy
destacada a las urgencias de cuanto define la mayor pobreza de muchos o la
creciente riqueza de unos pocos a cuenta de los “medios de producción”,
imprescindibles para atender las necesidades humanas –empezando por las más
básicas-, y que siempre han sido y serán escasos. De cómo seamos capaces de
conciliar una moderada satisfacción de todos, depende el entendimiento
colectivo y el orgullo de sentirse a gusto en esta sociedad, en la que el
pasado pesa mucho.
Detrás de este permanente conflicto, siempre ha habido una
soterrada lucha por la “propiedad” de los bienes capaces de solucionar los
problemas y necesidades, y hasta muy
entrado el siglo XIX, estuvo acompañada por una fuerte tendencia a sostener
como inviolable, y hasta sagrado, el derecho de propiedad privada; pero también
crecieron los partidarios de coartarla, sobre todo desde que en el último
tercio de ese siglo, para evitar males mayores, empezaron a limitarse los
omnímodos derechos que conllevaba ser propietario. Sobre esa base se crearon las
primeras leyes sociales que, después de la segunda Guerra Mundial, configuraron
el “Estado de Bienestar”, es decir, un abanico de coberturas para todos
soportadas por leyes e instituciones del Estado. Hasta entonces – y en diverso
grado según países- estas formas limitadoras de la propiedad, que habían sido
variadas -y a
veces con fondo religioso- nunca habían estado generalizadas como obligación;
no eran exigibles, por tanto, ante un Tribunal hasta muy entrado el siglo
pasado.
El “Bien general”
Hoy, la pugna de fondo ahí sigue. Las declaraciones de ayer por parte del llamado Foro Nuclear , junto con algunas de preguntas en el control parlamentario en la mañana del día 15 de este mes, documentan
fehacientemente que esa lucha básica por el derecho a la vida, con unos mínimos
de igualdad, sigue latente y no se soluciona con alivios. Solo consensos
democráticos hacen viable encontrarle una solución; la Sanidad y la Escuela
pública, y cuanto presupuestamos atender con dignidad cada año, son un ejemplo
de que es posible, a sabiendas de inconformismos y, sobre todo, de que de no
hacerlo todos perderemos mucho más.
A esta conclusión llegó Bismarck en la Alemania de los años
ochenta del siglo XIX; a la misma llegaron cuantos, a partir de 1902 sobre
todo, apoyaron en nuestro país el seguro de accidentes de trabajo, el
primer derecho social en nuestro país. Cien años más tarde, los neoliberales de
turno, desde Reagan a Thatcher -imitados por el ala más cerrada del Partido
Popular y no frenados por la fracción conservadora
de la socialdemocracia-, han vuelto a las esencias del liberalismo clásico del
siglo XIX; todas las limitaciones, recortes y silencios que unos y otros
pactan, deciden y consienten -junto a las broncas para teatralizarlo en
público-, degradan el derecho de todos a la vida, y se saltan lo que dice el
art. 128 de la CE78 sobre la predominancia que debe tener “el bien general” en las
decisiones a tomar en este conflicto permanente. De igual que se trate de
salarios mínimos, la luz eléctrica, prevenciones y cautelas sobre la pandemia, servicios
sanitarios, y dignidad que deba tener la educación de todos o la atención a los
mayores. A los de abajo en los percentiles económicos –como si sus vidas
valiesen menos- hay siempre quienes les están diciendo: cállense, tengan
paciencia, que bastante les hemos dado. Dicho de otro modo, que lo que estos
días sigue en riesgo es el interés
general de todos y cun particular de
unos u otros.es por derecho y no por devocimos minante endo: c abajo en los
percentiles econbre todo, apoyaron eáles han de ser sus componentes por
derecho, no por voluntarista devoción caritativa o benéfica de alguien.
Manuel Menor Currás
Madrid, 15.09.2021.
La Educación Pública madrileña está en situación de emergencia educativa:Subida de ratios y masificación de centros y aulas
Reducción de casi 7000 docentes y otros perfiles educativos
Es imprescindible la unidad y la movilización de la Comunidad educativa y tod@s l@s que defendemos la Educación Pública 
ratios
plantillas y estabilidad
Algunas RAZONES para la movilización:MANIFIESTO “Por una vuelta segura a las aulas. Por un Plan de rescate para la Educación Pública” (Manifestación 4-9-2021 y Concentración 16-9-2021). Asamblea Marea Verde Madrid
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