Ángela Ramos Nieto (@am_ramosnieto) nos envía su artículo publicado en donperiodico.com:
Hace unos meses, publiqué un
texto titulado Sin Educación y Cultura,
la política es quimera. En él explicaba, haciéndome eco de las palabras de
la gran maestra María Sánchez Arbós, la importancia de la Cultura y la labor del docente como base para cualquier
ejercicio de buena praxis política. La Enseñanza, en todos sus niveles, ha vivido trece reformas legislativas desde
el año 1970. En cada una de ellas, las pautas han sido marcadas por el
Gobierno, sin una implicación directa de la comunidad educativa y, por tanto,
sin un proceso de contextualización que
se adapte de una manera eficaz a la realidad de las aulas.
Por otra parte, España es uno de
los países que más ha sufrido los recortes en el ámbito de la Educación, con
las consecuencias que ello conlleva: más alumnos por aula, menor número de
profesores, disminución de oportunidades para una atención correcta a la
diversidad, menos dotación para material escolar y un largo etcétera. Ya
subrayé en mi texto que estamos hablando del segundo país de la UE con menos
alumnos en la Escuela Pública. Como consecuencia de lo que muchos consideramos
un desprecio por la Cultura, cada día nos desayunamos con titulares que hablan
de la emigración de muchísimos profesionales en busca de una salida laboral que
no encuentran en España o de aquellos alumnos que no tienen acceso a una formación
universitaria, ya que no pueden pagar las tasas de matrícula. La tesis que
defendía mi texto derivaba en la conclusión de que si seguimos fomentando un
sistema que ningunee la labor del profesorado y que no tenga como base una
apuesta real por la Cultura, fracasamos como sociedad. Y en ese ámbito, la
Política se vuelve una quimera y la Democracia, solo un espejismo. Es imposible
hablar de sociedad democrática mientras desmantelamos sus pilares:
Formación, pensamiento crítico y Derechos Humanos. En mi anterior texto,
también me refería a los muchos docentes que están siendo “depurados”, de
manera metafórica, mediante la indiferencia administrativa, la agresión verbal
o física y el silencio de los medios de comunicación.
Hace poco aparecía en prensa una
noticia que tenía como protagonista a una diputada del Partido Popular, Ana
María Aguiló. El Instituto Balear de la
Mujer recriminaba a la diputada la
utilización “de una campaña que comparaba al colectivo docente con los maltratadores
utilizando la imagen de tres personas que sacaban tarjeta roja a los profesores
como a los culpables de la violencia de género”. Así lo recoge textualmente El
Diario de Ibiza. Isabel Llinàs, que representa a El Instituto Balear de la
Mujer, dejó claro: “Se trata de una
campaña emblemática a nivel nacional para luchar contra la violencia de género,
que saca tarjeta roja a los maltratadores. Trivializar esto para atacar a cualquier
colectivo no es correcto”. La publicación en prensa señalaba que otros
cargos del PP. también criticaron con dureza
a la diputada. De igual manera, el portavoz de La Asamblea de Docentes,
Guillem Barceló, aseguró: “Estamos
hablando de una persona con responsabilidades políticas y este tipo de acciones que incitan al odio pueden desembocar
en situaciones de violencia hacia los
docentes”.
Ante la sorpresa e indignación de
muchos, a esta misma “campaña” que establece un paralelismo entre el docente “que
intenta politizar a sus alumnos” y el maltratador, se sumaba en su twitter
personal el diputado del PP. por Alicante, Antonio Peral Villar.
Con mi actual texto, no solo
quiero responder a ambos diputados, sino a la sociedad al completo. Por ello, expongo
de manera desglosada por qué me parece una campaña aberrante, tal y como afirmé
en su momento:
Se dirige a los padres para que actúen de manera directa en
caso de que sientan que “sus hijos están siendo politizados”, pero ninguno de los dos diputados define ni aclara
qué entienden ellos por politizar.
Con respecto a este punto, la RAE admite dos acepciones para este término. Una de ellas dice así:
“Inculcar a alguien una formación o conciencia política”. Si tenemos en cuenta
esta definición, entiendo que la obligación de cualquier persona involucrada en la Educación es fomentar una
conciencia crítica que permita a los alumnos ser ciudadanos capaces de adquirir
un compromiso político con la sociedad en la que viven. Por tanto, ni a los
padres, ni a los profesores, ni a ningún integrante de la sociedad, se nos
puede negar este derecho. Es más, pretender “criminalizarlo” constituye una
aberración para cualquier docente que imparta clases de Historia, Literatura o Filosofía.
En estas asignaturas es muy recomendable generar debates mediante la
utilización de una gran variedad de textos, enfocados desde distintas
perspectivas, para que al alumnado pueda tener información sobre la sociedad en la que vive ¿Por
qué negarnos a los profesores este deber que, además, es un derecho de toda la
ciudadanía?
Por otra parte, y
continuando la misma línea de El
Instituto Balear de la Mujer, en un país en el que la violencia de género
es una de las mayores lacras, equiparar cualquier “hipotética mala praxis docente” con los
asesinatos de mujeres es un insulto dirigido, no solo al colectivo docente y a
las víctimas de la violencia de género, sino a la sociedad al completo.
Otro aspecto
importante de dicha “campaña” se basa en
“el sentimiento o apreciación” que puedan tener los padres, que no están presentes en el
aula mientras se imparten las clases, y a los que se incita para que se tomen
la justicia por su mano en un momento en el que el índice de bajas por
depresión, así como las agresiones
verbales y físicas hacia los docentes, son
elevadas. Al hilo de lo expuesto, se les confiere a los progenitores de los
alumnos una categoría ética o moral superior a la del profesor. De igual manera,
a ellos mismos se les otorga la capacidad de “ser jueces” de los docentes. Por
tanto, se vulnera el Artículo 24 de la Constitución Española. A este Artículo, precisamente, se
refiere el diputado del PP. por Alicante en uno de sus discursos. En el debate
de Creación de una comisión en el caso Brugal, él mismo dejó claro, en esa
ocasión, que era incorrecto ejercer la
política si se prescindía de dicho Artículo:
“Hay que dejar actuar a la Justicia para que haga su
trabajo (…) No juguemos a ser jueces. Porque eso quebrantaría las normas de
nuestro ordenamiento jurídico y de nuestros derechos fundamentales más básicos”.
Antonio Peral Villar.
Después de leer las
palabras del diputado, sorprende, como mínimo, la incoherencia de sus
discursos. Es ilógico que se ampare en el Artículo 24 de la Constitución para
defender a su partido político y al mismo tiempo lo vulnere cuando se trata del
colectivo docente.
El Artículo 24 de la
Constitución española dice así:
Todas las personas tienen derecho a obtener la
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos
legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión.
Asimismo, todos
tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la
asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra
sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Por todo lo
expuesto, la expresión “saca tarjeta
roja al profesor”, deja entrever la supresión de mecanismos legales en el caso
de que exista una mala praxis docente. Radicalmente distinto es el empleo de la
misma expresión para los casos de violencia de género. En este otro ámbito, la
tarjeta roja simboliza la expulsión del
maltratador de la vida de la víctima. Pero, ¿y en el caso del docente? Como ya
he señalado, no se le confiere un trato
igualitario al profesor y a los progenitores del alumno, ya que son estos
últimos los “árbitros”, con capacidad para expulsar al docente. La función de arbitraje en esta “campaña” no la realiza un juez, sino el propio padre.
Por ello, también se incurre en el desprecio al colectivo jurídico del país. De
igual manera, se vulnera la presunción
de inocencia del profesor, en el caso de que existiera indicio “de algún
hipotético delito”, ya que, como he subrayado, se concede más importancia a “la
percepción de los tutores del alumno”
que a la defensa que el docente pueda realizar de sí mismo.
Quisiera realizar una reflexión sobre la afirmación que lanzó el diputado a cerca de la
“presunta indefensión” de los padres ante la “utilización política del alumnado
por parte de los docentes”:
El señor diputado demuestra, con esta reflexión, un enorme
desconocimiento de la realidad de la Enseñanza en España. Este hecho, al igual
que los mencionados antes, me parece gravísimo debido a la responsabilidad
social del cargo que ostenta. Uno de los mayores retos a los que nos
enfrentamos los profesores cada día es el de acercar a los alumnos a la
lectura. Mis compañeros y yo sabemos que no es fácil. Invertimos muchas horas
de nuestro tiempo en que los alumnos aprendan, fundamentalmente, a escribir y a
leer. Queremos que aprendan a acercarse a
distintos libros sin prejuicios, independientemente de la ideología que pueda
desprenderse de cada uno de ellos. Deseamos que conozcan, también mediante la
lectura, que existen diversas maneras de entender y analizar la realidad. Y en ese reto democrático, ni queremos ni debemos estar solos. Porque el
hecho de que un alumno aprenda a leer no es solo tarea de los docentes, sino de
la sociedad al completo. Ese trabajo no solo comienza en la escuela, sino
también en casa. Si todos nos embarcamos en el proyecto de fomentar la lectura,
cualquier “utilización” o “manipulación política”, a la que hacía alusión el
diputado, puede combatirse de una manera sana y eficaz. Nuestros alumnos no son seres inferiores,
incapaces ni desvalidos que necesitan la fantasiosa sobreprotección de unos
padres a los que el diputado victimiza, faltando así el respeto tanto a unos como a otros. Cuando un ser humano aprende a descubrir obras
literarias, artículos de opinión, libros de Historia y textos filosóficos, tal
y como afirmó Virginia Woolf, “no hay
barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”.
Así que, aquellos que deseen de verdad una reforma de España háganse y hágannos
un favor: Rechacen los recortes en la Enseñanza. Así, habrá más presupuesto para
libros en nuestro país. Porque leer implica aprender a tolerar y rebatir otros
argumentos, pero nunca fusilarlos, aunque tengan connotaciones
políticas que no nos gusten. Ya lo dijo el gran maestro Miguel de Unamuno:
“Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee”. El desconocimiento, la ignorancia, la desinformación y la incultura nos hacen ver al otro como una
amenaza. Y en ese bucle perverso, algunos han sabido encontrar la cabeza de
turco perfecta: el docente.
Por último, dada
la gravedad de la “campaña” que tanto Ana María Aguiló como Antonio Peral respaldan, considero que
la única vía coherente es solicitar la dimisión de ambos. Hago un llamamiento,
por cuestión de justicia y de dignidad, a todas las personas
que crean de verdad en la existencia de un estado democrático,
independientemente de su ideología política. No es una cuestión de etiquetas:
se trata de la unión para la defensa de
un bien común: la Democracia. Lo pido para
que ningún colectivo tenga que sufrir acoso o vulneración de sus derechos. Es
imprescindible que algunos entiendan que la política es asunto de todos y que desempeñar un cargo
dentro de ella conlleva un compromiso ético y legal que no puede, bajo ningún
concepto, vulnerar la Constitución Española ni los Derechos Humanos. Confío en que mi petición llegue a muchos ojos
y a muchos oídos. Es el futuro de todos el que está en juego.
Ángela Ramos Nieto. Profesora de Lengua castellana y
Literatura.
Entrada relacionada:
