Según el barómetro del CIS de marzo de 2012, el principal motivo por el que la ciudadanía valoraba como regular, mala o muy mala la situación de la educación era la falta de medios en forma de profesorado y recursos académicos o materiales. Al mismo tiempo, una amplia mayoría de los encuestados propugnaba la escuela pública como el modelo educativo que mejor funcionaba. Una década después, vemos cómo estos problemas siguen vigentes y cómo el deterioro de la enseñanza pública en favor de la privada y la concertada ha provocado una situación insostenible para hacer frente a las garantías sanitarias imprescindibles para garantizar la presencialidad en las escuelas de manera segura.
Defender la educación pública, entendiéndose como garante de la igualdad de oportunidades, ha sido siempre una obligación democrática. Como función pública debe encontrarse siempre al servicio de la ciudadanía, sin dejar atrás a nadie independientemente de su clase social. Sin embargo, hemos vivido cómo desde casi sus inicios ha sido eclipsada por la escuela privada y la concertada que, bajo las premisas de la funcionalidad y de la “educación en valores” ha logrado transformar un derecho universal en un negocio convirtiendo los principios de igualdad en principios de diferenciación de las élites y generando segregación. Lo preocupante, no solo es que se mercantilicen todos los ámbitos de nuestras vidas, sino que esto se haga a costa del erario público y financiado por todos los ciudadanos del Estado Español. Entre 2007 y 2017, en los momentos en los que la inversión en la educación pública se estancó, la concertada aumentó en un 25%. En este mismo sentido, como resultado de incrementar la financiación de este tipo de centros, el gasto per cápita de las familias en materia educativa se ha elevado en un 41%.
Aquí se encuentra el núcleo de las demandas en torno a las huelgas educativas convocadas para este mes de septiembre: mientras la pública se desangra y sufre las consecuencias de una pandemia por la falta de recursos y medios para hacer frente a las garantías sanitarias, los centros privados y concertados siguen absorbiendo fondos estatales. ¿Cómo se va a garantizar una vuelta segura a las aulas si desde hace años no se dispone de recursos para dotar a la infraestructura pública de unas condiciones dignas de trabajo y seguridad? ¿Cómo se van a cumplir los ratios estipulados por el Ministerio de Educación si las plantillas de profesorado están profundamente mermadas? ¿Estamos, como sociedad, preparados para afrontar la educación online conociendo los riesgos discriminatorios que puede tener para las clases populares?
En el caso universitario, lo que realmente llama la atención es la desaparición del ministro de universidades Manuel Castells. La mayoría de universitarios afrontan el curso sin saber bien cómo se va organizar, y esa incertidumbre se transforma en ansiedad. Una plantilla de docentes mermada y un abuso sistemático del profesorado asociado como “mano de obra” barata impide tener una cantidad de profesores suficientes como para reducir el número de estudiantes por grupo. La solución a este impasse es mantener la teledocencia, aún sabiendo que esta segrega por clase social. Tampoco se plantea una rebaja excepcional de las tasas universitarias por la situación de la Covid-19 y lo que ello conlleva. Sí que es cierto que en mayo se aprobó una rebaja de las tasas universitarias que afectaba a diez comunidades, pero pensamos que esto no es suficiente y la “nueva normalidad” requiere una revisión de esas tasas para adaptarlas a la situación económica de muchos estudiantes. Además, hablando de la situación económica que viven los estudiantes, en muchos casos hay que hablar de la bajada de ingresos familiares o personales debido a esta extraña situación. Frente a ello el gobierno y las CCAA tienen dos opciones: ignorarlo y seguir siendo cómplices de la expulsión de muchos estudiantes de las universidades, o poner en marcha un fondo de solidaridad que permita a muchos estudiantes seguir con sus estudios independientemente de lo golpeados que estén por la crisis económica que ya empieza a brotar. Ante todo, lo que hay que dejar claro es que hay que acabar con la mercantilización de la educación y reclamar siempre una universidad 100% gratuita a la que todas las personas que lo quieran tengan acceso.
En los institutos y colegios lo que principalmente se sufre es el deterioro de la educación pública que antes hemos comentado. Para la necesaria bajada de ratio de alumnos por profesor, lo que obviamente se necesita son más profesores. Los maestros que se están contratando son insuficientes para afrontar la situación. Hablando de datos vemos cómo se trata de cantidades pequeñas en la mayoría casos: 6419 en Andalucía, 400 en Aragón, 450 en Asturias, 458 en las Islas Baleares, 4374 en el País Valenciano, 6682 en Cataluña… Hay que constatar que estos no son los profesores que se han contratado ya, sino lo que se prevé contratar. De lo que se tiene planeado a la realidad hay un camino largo. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid se tenía pensado contratar alrededor de 10.000 profesores y hasta este momento solo se han producido 350 altas, como ya han denunciado los sindicatos. En muchas autonomías, la cantidad de profesores que se plantea contratar no altera lo más mínimo los ratios, es decir, un profesor por centro no te hace bajar los ratios a los 20 alumnos por clase. Hay que dejar de prometer y hacer caso a sindicatos y marea verde, es necesario aumentar los docentes que se van a contratar y realmente hacerlo.
Ante esta situación de caos impuesto como mecanismo para seguir degradando la educación pública, estrategia puesta en marcha también contra la sanidad pública como estamos viviendo claramente con la crisis sanitaria, desde la organización juvenil Abrir Brecha nos sumamos a la necesaria huelga estudiantil. Exigimos la inmediata contratación de más profesorado, asegurar la presencialidad, así como la puesta en marcha por el autodenominado “Gobierno más progresista de la historia” de un plan de rescate urgente para la educación pública, dónde no se desvíe ni un euro más a la concertada o la privada. La lucha de las y los estudiantes es la lucha de toda la comunidad educativa, y el nuevo empuje de las Mareas Verdes en todo el Estado demuestra el poder colectivo de jóvenes, profesorado y familias.
En cualquier caso, la huelga estudiantil es totalmente legítima y debe apoyarse, pero hay algunas objeciones que deberían hacerse. En primer lugar, no es novedosa la forma de construir las huelgas que tiene el Sindicato de Estudiantes. Es decir, en vez de construirlas de abajo a arriba manteniendo un diálogo con otros espacios de autoorganización estudiantil y otros actores educativos, el SE marca un día en el calendario y convoca huelgas sin contar con nadie. Esta es una práctica que ya lleva haciendo mucho tiempo y que en este caso se ha repetido. Además, los tiempos que se han manejado hacen difícil un trabajo previo para construir la huelga en los centros de estudio. En el caso de la universidad, en la mayoría de lugares, la huelga pilla en la primera semana de docencia. Es prácticamente imposible hacer un trabajo previo de agitación y propaganda llamando a la huelga. Por otro lado, pese a que la marea verde ha apoyado la huelga, quizás hubiese sido mejor convocar la huelga coincidiendo en fechas con la huelga de profesores. En el caso de la Comunidad de Madrid, los sindicatos han convocado huelga para el 22 y 23 de septiembre. Hubiese sido una forma muy positiva de aunar fuerzas y mostrar la unidad que requiere el movimiento en defensa de la educación pública.
A modo de conclusión, desde Abrir Brecha trabajaremos para que las próximas huelgas (tanto la de alumnos como la de profesores) sean todo un éxito. Es hora de defender la educación pública y exigir una mayor financiación que permita aumentar la calidad de la educación. Hay que acabar con la financiación hacia la educación concertada que se dedica no solo a segregar por clase social, sino que en muchas ocasiones junta muchas otras opresiones como el machismo, el racismo y la transfobia. Por todos estos motivos, ¡a la huelga! ¡por una educación pública, segura, presencial y que no discrimine por clase social!
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