"Ayotzinapa: no quieren flores, quieren justicia" (Agustín Moreno)

Reproducimos este artículo publicado en LA ESPUMA Y LA MAREA, en CUARTO PODER.ES

A mi amigo Javier Soria, también profesor y luchador
por la justicia y por la vida, que me descubrió a Luis
Hdez. Navarro con un extraordinario regalo

Las palabras no alcanzan para describir la barbarie. Casi mes y medio después del secuestro de 43 estudiantes de magisterio en Iguala, el procurador general de México desveló que habían sido asesinados en un vertedero, quemados en una gigantesca pira y sus restos arrojados en bolsas al río. Todo un crimen de lesa humanidad. Las familias, en su desesperación, se niegan a aceptar la versión oficial que se apoya en la confesión de varios sicarios participantes.

Los hechos fueron los siguientes. El 26 de septiembre dos autocares de futuros maestros rurales de Ayotzinapa fueron a Iguala a denunciar la contrarreforma educativa y a recaudar fondos para viajar a México DF, a la marcha que se realiza todos los años en conmemoración de la matanza de cientos de estudiantes en Tlatelolco en 1968. En la plaza se iba a celebrar un acto de lanzamiento de campaña de la mujer del alcalde, que pretendía sustituirle en 2015. Para impedir que se acercaran los normalistas a la plaza salió a su encuentro la policía local, guardaespaldas y sicarios, y empezó el tiroteo. El acoso a los estudiantes se prolongó durante horas y se produjeron seis muertos, uno de ellos apareció despellejado y con los ojos arrancados, y 29 heridos. Cuando intentaba salir uno de los autobuses, la policía local detuvo a sus 43 ocupantes y se los entregó a sicarios del grupo Guerreros Unidos, en perfecta connivencia entre política y crimen, para hacerlos desaparecer.

Los antecedentes son múltiples. No es la primera de las matanzas que se producen en México: hace solo unos meses se produjo otra de 23 personas en Tlatlaya ejecutadas por el Ejército. Tampoco es la primera vez que esta Escuela Normal Rural sufría agresiones: la policía asesinó hace tres años a tres estudiantes que bloqueaban la autopista que une México DF y Acapulco para reivindicar diálogo sobre el acceso a las plazas de maestros. La pregunta es ¿por qué esta saña contra los maestros? Estas escuelas rurales de magisterio son públicas, gratuitas, y acogen a hijos de familias campesinas muy humildes. Históricamente estas escuelas han jugado un papel fundamental intentando mejorar el nivel cultural del pueblo, con un modelo de educación popular muy comprometido con las comunidades donde se sitúan y por el cambio social y político. Salvando las distancias, recuerdan el nivel de compromiso de los maestros y maestras de la II República Española. Ahora que la comunión entre política y narco es más estrecha que nunca y que el crimen organizado está aterrizando en las instituciones locales, como se demuestra en Iguala, ellos son un dique que intenta contener la degradación de todo.

Por ello han estado en el punto de mira de las fuerzas más reaccionarias, desde las fuerzas policiales a la burocracia sindical y ahora el narco. El ataque al magisterio democrático no es un hecho aislado. Luis Hernández Navarro cuenta que desde que se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en 1979, han sido asesinados o desaparecidos 152 maestros democráticos. En esta guerra sucia participaron la burocracia sindical con la colaboración –por acción u omisión– de las fuerzas del orden, cuerpos de seguridad y diversos estamentos políticos.

Hay una responsabilidad compartida de las autoridades políticas, los grupos paramilitares y el crimen organizado. Nadie da la orden o actúa sin el conocimiento de la otra parte. En todo caso, el Gobierno es cómplice por conocer, tolerar y tener tratos con el narco. Abarca, el presidente municipal de Iguala, había sido acusado de matar personalmente a otras víctimas y no se le detuvo. Los montes que rodean Iguala están socavados de fosas comunes de decenas de personas asesinadas. Aguirre, el dimitido gobernador de Guerrero lo sabía todo y no hizo nada, aunque en su estado eran frecuentes las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

México es un estado fallido, para muchos analistas, por la violencia que sufre el pueblo, la corrupción política, la crisis social continuada, la inseguridad jurídica, la ausencia de un estado de derecho, etc. Según diversas fuentes, incluidas las oficiales, se calculan entre 100, 150 mil asesinatos y 26.000 desapariciones las ocurridas en el país en los últimos diez años. Por cierto, dice Human Rights Watch, que en México no hay un solo criminal consignado por el delito dedesaparición forzada de personas. La OMS es citada por Adrián Flores para decir que cuando la tasa de asesinatos es mayor a 10 por cada cien mil personas, se considera epidémica: en México es de 16,7, y en Guerrero, de 61,9 en 2013. La monstruosidad de la violencia en México hace que el país sea una caricatura de democracia. Más parece un narcoestado cuando el crimen es la continuidad de la política por otros medios.

La masacre de Iguala no es algo que se les haya ido de las manos a sus autores y responsables. Se trataba de crear terror y de escarmentar, una vez más, a los que resisten no solo al aterrizaje del narco en las instituciones locales, sino también el proceso de reformas estructurales (energética, laboral, educativa…) neoliberales de Peña Nieto, que están saqueando el país y empobreciendo a su población. La relación entre política y mafia es muy conocida. Las organizaciones criminales más potentes y peligrosas siempre han aspirado a controlar el poder político. Y han logrado influir en los viejos y corruptos partidos (PRI…) y en sectores de la oposición (PRD). En México es sabido que son los poderes fácticos los que deciden la eliminación de los opositores a sus planes, asegurando seguridad a quienes los ejecutan.

Por eso, la fuerte movilización popular que se está produciendo en México responsabiliza al Estado mexicano de los crímenes. Marchas en México DF de hasta 100.000 personas, en Acapulco, manifestaciones en muchas ciudades, huelgas estudiantiles, cortes de carreteras, etc. Ha estallado la indignación popular que acusa a las autoridades de no proteger y respetar a sus ciudadanos, de permitir que se violen derechos humanos. Peña Nieto va a convocar a las fuerzas políticas y sociales para hablar de un pacto nacional contra la violencia. Mientras no se investiguen exhaustivamente los hechos, se localice a las víctimas, se repare el daño, y se castigue a los culpables, muchos sectores exigirán su dimisión y hay posibilidades de que aparezcan formas de violencia. Toda la credibilidad está agotada y explica lo que dicen los padres de los normalistas: “No podemos fiarnos del Estado, aquí es lo mismo que el narco”. Las víctimas no quieren flores, solo quieren justicia y no hay nada más desconsolador que la impunidad reiterada.