El sindicato conservador ANPE ha hecho pública la Memoria anual de su denominada oficina del Defensor del profesor en la que aseguran haber atendido a 3.345 docentes de toda España y de distintas etapas educativas durante el curso 2013-2014. De ellos, según se indica en dicha Memoria (p. 8), el 90% ha optado por el contacto telefónico (65%) o por remitir correos electrónicos (25%), y sólo han mantenido una entrevista personal con un 10% del profesorado atendido.
Al margen del grado de fiabilidad de esos contactos y de la muestra en su conjunto, lo cierto es que la cifra total de docentes que se habrían dirigido al denominado Defensor del profesor de ANPE supone el 0,5% de los 664.325 profesores y profesoras que, según datos del Ministerio para el curso 2012-2013, dieron clases en enseñanzas de Régimen General no universitarias.
Sin embargo, los diversos medios de comunicación audiovisuales que se han hecho eco de la noticia han obviado contextualizar las cifras aportadas, difundiendo insistentemente, por ejemplo, que “un 28% del profesorado ha sufrido acoso por parte de las familias”, cuando dicho porcentaje sólo permite afirmar que un 0,15% del total del profesorado le ha manifestado a ANPE, según los datos del propio sindicato, haberse sentido acosados o amenazados por familiares de su alumnado.
Otro tanto habría que decir del titular según el cual “un 10% de docentes dejaría la enseñanza si pudiera”. En este caso lo que cabría afirmar es que alrededor del 0,04% del profesorado le ha manifestado a ANPE, según se desprende de la Memoria publicada, que se han planteado “tirar la toalla” y dejar la profesión debido a la situación que viven en sus centros escolares.
Pero lo realmente grave del asunto es que este tipo de titulares y de datos poco contrastados no permiten abordar los problemas reales de la convivencia en el ámbito escolar, sino que contribuyen a dar una imagen distorsionada y falsa del funcionamiento de nuestro sistema educativo, alimentando interesadamente el estereotipo de una supuesta “violencia en las aulas” o de que “el acoso de las familias es el principal problema para el profesorado”.
El auténtico acoso hacia el profesorado viene de las políticas de recortes educativos impuestos por el ministro Wert y los gobiernos autonómicos, que han supuesto ya la supresión de más de 60.000 docentes, incrementando su jornada laboral y el número de escolares en sus clases, precarizando sus condiciones de trabajo, menospreciándoles y acusándoles de ser los causantes de unos deficientes resultados escolares, de tal forma que la tarea de enseñar se convierte en titánica y a veces imposible. Esto sí que es acoso. Pero parece que al teléfono del sindicato ANPE sólo llaman quienes desean manifestar que se sienten amenazados por los padres.
Convertir a las familias y al alumnado en los principales causantes de la “violencia escolar”, y a los docentes en víctimas de la conflictividad en las aulas es una visión maniquea y manipuladora de la realidad que sólo parece servir a quienes reclaman más disciplina y menos democracia en los centros escolares. No es este el camino para mejorar la convivencia, ni para ayudar a las comunidades educativas a gestionar los conflictos. Todo parece indicar que, con la manera de difundir los datos de la Memoria publicada por ANPE, se pretende apoyar y justificar las normas y leyes de Autoridad del profesorado que promueve el PP, que sólo sirven para judicializar la vida escolar y no para mejorarla a través de medidas educativas y de aprendizaje de resolución de conflictos y mejora de la convivencia y la participación democrática.
Madrid, 21 de noviembre de 2014
Área Federal de Educación de IU
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