Solo 300 familias han optado por pedir la intervención del Ministerio de Educación para escolarizar a sus hijos en un centro privado en el que el castellano sea la lengua vehicular y cuyo coste sea asumido por el Estado. Es el último dato oficial que maneja el departamento que dirige José Ignacio Wert y que ha facilitado al Congreso en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. Según establece la última reforma educativa del PP, será el Estado quien adelante el coste de estas matrículas a las familias que no encuentren otra oferta semejante en la red pública y concertada y lo retraerá después de la financiación autonómica de las comunidades bilingües afectadas.
Se trata, en concreto, de 293 casos que, a fecha de 7 de octubre de este año, se habían acogido a esta medida y estaban a la espera de que el Ministerio resuelva, uno por uno, cada circunstancia. Según explica el propio el departamento, es por ello que todavía es “pronto para adelantar resultados” ya que el procedimiento que se ha previsto es “muy garantista” y requiere de la comprobación de todas las circunstancias que dan derecho a la compensación y abrir un trámite de audiencia a la comunidad autónoma correspondiente para que pueda defender su postura.
De los 293 casos, 256 están en estado de “borrador” y no han pasado todavía a la fase de “confirmada”, el paso previo a que empiece a trabajar la Alta Inspección de Educación de la delegación del Gobierno correspondiente. De los restantes casos, 35, llama la atención que la mayoría no se concentran, de momento, en Cataluña sino en la Comunidad Valenciana, gobernada por el propio Partido Popular, y en donde hay 25 solicitudes. Otras 4 pertenecen a Galicia, 3 a Cataluña y otras 3 a las Islas Baleares.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert (Efe)
Son las comunidades autónomas con lengua cooficial quienes tienen la competencia para determinar la oferta formativa y la proporción en que se imparten las asignaturas no lingüísticas tanto en lengua castellana como en la lengua cooficial. El Ministerio, por su parte, es el responsable de comprobar que esa proporción sea razonable atendiendo a las circunstancias particulares de cada solicitud. Comprobación que se empezó a llevar a cabo a principios de octubre con la tramitación de los primeros expedientes.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno especifica que las familias tienen que adelantar el coste de la matrícula durante el primer año en el que se solicita la compensación de los gastos. “Una vez reconocido el derecho,tendrá efectos desde el inicio del curso hasta la finalización de la educación obligatoria, realizándose la liquidación y pago de los cursos siguientes al inicio de cada curso escolar”, explica.
La LOMCE tenía presupuesto para 1.000 casos
La memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) prevé hasta cinco millones de euros destinados a sufragar la escolarización en castellano de todas aquellas familias que se puedan ver afectadas por los incumplimientos de las comunidades autónomas. El Ministerio hizo esos cálculos sobre una base de unos 1.000 afectadosque, finalmente, solo se han quedado en apenas una tercera parte de las previsiones iniciales.
El Ministerio siempre ha defendido que se trata de un derecho individual que el Estado debe proteger con independencia de que sean muchas o pocas las familias que reclamen este tipo de educación para sus hijos. La fórmula final incluida en la ley, por la cual el Estado adelanta el gasto y lo detrae a la comunidad autónoma correspondiente, fue medida que finalmente encontró acomodo en la LOMCE después de que el Consejo de Estado advirtiera de que Educación no tenía comptencia para obligar a sufragar esa escolarización.
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