La economía española se ha basado en el último decenio en la conocida ’dieta mediterránea’, cuyos ingredientes principales eran el ’boom’ urbanístico, el turismo y el consumo interno, y que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado, pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa (2008), tsunami destructivo que ha tenido como efecto colateral la aplicación de drásticos recortes, especialmente en Educación y Sanidad. Así, según el gabinete de estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO citado por elpais.com, la crisis habría obligado a recortar los presupuestos de Educación de las comunidades autónomas (de quien depende más del 80% del gasto educativo) en casi 7.300 millones de euros con respecto a 2010, (-17%) y se traduciría en 20.000 docentes menos y la pérdida de las ayudas para comprar libros o nuevas tecnologías para cerca de 1 millón de alumnos/as, destacando Castilla-La Mancha (-31%), Ministerio de Educación (-30,4%) y Cataluña (-24%) en el ranking de recortes y dado el drástico recorte de ingresos y la mareante deuda autonómica, no sería descartable la declaración de insolvencia de varias Comunidades que forzará al nuevo Gobierno resultante de las próximas Elecciones Legislativas del 2016 a asumir sus competencias educativas y acometer une Reforma Integral del Sistema Educativo en el horizonte del próximo Quinquenio con el objetivo inequívoco de racionalizar servicios y prestaciones así como optimizar los recursos empleados y los resultados educativos conseguidos.
El déficit de inteligencia
En los años setenta asistimos en España a la Proliferación irracional de Universidades públicas y privadas motivada en la mayoría de los casos por intereses económicos e ideológicos. Así, en 1984, España contaba con 34 universidades y 700.000 estudiantes y en el 2013 serían un total de 82 universidades y 1.430.000 estudiantes, con una tasa de titulación universitaria del 27 % (2 de cada 3 titulados son universitarios), similar a países como Alemania o Japón y superior a la media de la UE (15%). Sin embargo, el descenso de la tasa de natalidad ( estimaciones de un descenso del número de estudiantes universitarios del 1,5% medio anual) y la crisis económica provocará un descenso acusado de la tasa de población universitaria y la extinción de incontables universidades, quedando el resto reducidas a meras expendedoras de títulos que conducirán al futuro licenciado a optar entre mini-jobs seiscieneuristas e interinidad vitalicia (excepción hecha del funcionariado público y las élites universitarias) o emigrar a países tecnológicamente avanzados de nuestra área geográfica, por el que el nuevo Gobierno deberá promulgar una Nueva Ley Orgánica de Universidades que acabará con la política de subvenciones a Universidades públicas con escasa o nula vinculación con grupos empresariales innovadores.
Así, aunque España habría sido pionera en los campos de energía renovable (fotovoltaica, biomasa y eólica) , telecomunicaciones, biofarmacéutica, biotecnología, oceanografía, eco-industria,infraestructuras, construcción naval, automotriz, máquina herramienta y sector financiero), según un estudio elaborado por FENAC (Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría), desde 2.008 se habrían marchado de España más de 300.000 jóvenes y en el 2013 casi 80.000 españoles emigraron a países europeos ( la mayoría jóvenes universitarios en busca de un primer empleo), con lo que se conjuga el fiasco inversor de un Estado que tras haber gastado en la formación de cada titulado unos 5.000 € (el alumnado sólo paga el 20% del coste real de la matrícula), asiste impotente a la sangría imparable de la fuga de cerebros.
El déficit de inteligencia aunado con el drástico recorte de inversiones en I+D+i terminará por convertir a España en un país tercermundista a nivel de investigación, desarrollo e innovación,condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable, de lo que se deduce la necesidad urgente de un Pacto educativo a tres bandas, (Asociaciones de Padres, Profesorado y Autoridades Educativas) para consensuar los valores que se deben transmitir y los mínimos educativos que se deben lograr así como establecer el calendario de aplicación de dicho pacto y la cuantificación económica de la inversión educativa y que tendría como resultado la gestación de una Reforma Integral de la Educación con una vigencia mínima de 10 años y con el objetivo inequívoco de que en breve plazo de tiempo se logre salir del furgón de cola educativo de Europa y se tapone la sangría incesante de inteligencia.
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