DEMOCRACIA
El artículo 27 de la Constitución
dice que la comunidad educativa intervendrá
en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos.
En base a este principio en la educación se consiguió cierto nivel en la
autogestión democrática. Pero se han venido imponiendo retrocesos normativos en
los niveles de participación. Los órganos colegiados (consejos escolares y
claustros) cada vez pesan menos en la toma de decisiones, y aumenta el poder de
la administración y dirección del centro. La LOMCE da un salto cualitativo: el
Consejo Escolar se relega a funciones consultivas. La decisión será de los directores
nombrados por la administración y no de forma democrática por su comunidad
educativa. Es una ley antidemocrática que apuesta por la gestión privada de
tipo empresarial.
Habrá que recordar lo obvio. La
comunidad educativa somos todos. Un centro no puede funcionar de forma óptima
–y menos en tiempo de recortes- sin la colaboración del profesorado y las
familias. Y esa implicación solamente se consigue si se logra motivar a estos
sectores con la participación. Si una dirección de centro actúa con sus
profesores como un mero jefe de personal o intenta manipular al AMPA, no
conseguirá más calidad y éxito escolar.
Un equipo directivo que quiera
mejorar, debe contar con el compromiso de todos, estimular la participación y
consensuar los temas claves del centro: proyecto educativo, criterios de
admisión de alumnos, presupuesto económico. El profesorado, las familias y el
alumnado deben de exigir democracia real.
Esta es una de las primeras objeciones proactivas a la ley Wert. Ya lo decía
Freinet, “La democracia de mañana se
preparar con la democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la escuela
no sería capaz de formar ciudadanos demócratas”.
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