¿Sería inconstitucional una ley que en la práctica otorgase el gobierno de las universidades públicas a las comunidades autónomas?”, se preguntan Óscar Alzaga, emérito de Derecho Constitucional, y Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público, a título particular en el informe para la reforma universitaria dado a conocer por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el 15 de febrero. Ante la duda, dos comunidades populares, Valencia y Baleares, y una socialista, Andalucía, propusieron durante la conferencia de política universitaria que les ha reunido con el ministro que el documento se remita a la Abogacía del Estado para su análisis por si puede haber inconstitucionalidad. "Si hay inconvenientes queremos saberlo ya. No estar discutiendo sobre algo y coger esa vía si nos vamos a estrellar", explica Francisco Trigueros, secretario de Universidades de Andalucía. Esta comunidad hizo la petición, pero antes de la conferencia Baleares y Valencia habían anunciado su intención de hacerlo.
La reforma propuesta por el comité formula un nuevo sistema de gobierno de los campus que otorga más poder al rector durante sus cinco años de mandato. Un cargo que, según el informe, elige un Consejo de Universidad fuerte compuesto en un 25% por profesionales o académicos notorios seleccionados por la comunidad autónoma; otro 50% distinguido por el Claustro de la Universidad, y el 25% restante, personalidades de prestigio internacional, electos por consenso de la comunidad autónoma y el claustro. Para evitar “cierto peligro de injerencia” el comité aconseja que los miembros del consejo no hayan tenido cuatro años antes de ser nombrados un cargo político, empresarial o sindical. El objetivo: diferenciar los campus y que exista especialización.
Todas las partes han resaltado el buen clima de la conferencia –alejado de las tensiones pasadas- y la intención de diálogo de Wert con las comunidades, las universidades, los sindicatos y los estudiantes. Una estrategia conciliadora completamente opuesta a la seguida con Ley de mejora educativa, LOMCE. Y las pocas comunidades no gobernadas por los populares perciben que más que una reforma en profundidad habrá “retoques” debido a la grandísima complejidad del sistema universitario.
En rueda de prensa el ministro Wert reconoció esa “flexibilidad” en los cambios universitarios con distintos modelos y sin marco global. “Yo lo quería llamar hoja de ruta, pero me dicen que se trata de un protocolo de actuaciones común”, precisó, e hizo un guiño a la distanciada Cataluña, recordando que el camino a seguir ya han empezado a andarlo esta región y la Comunidad Valenciana. Antoni Castellà, secretario de Universidades e Investigación de Cataluña, agradeció el acercamiento y se mostró a favor del informe. “Las universidades no tienen por qué tener un modelo de talla única. Hay sistemas que permiten estructurar a gobernanza o las modalidades contractuales con mucho éxito”, señaló Wert en referencia a Cataluña. “No podemos poner corsés que dificulten el camino”.
En dos meses las comunidades y Educación volverán a verse las caras en una reunión monográfica sobre el informe, como ocurrirá con los rectores. En esa cita Wert, que hasta ahora no ha querido desvelar su postura sobre el documento, dispondrá sus planes que exceden lo dicho en los papeles. “Hay aspectos muy detallados y otros generalistas”, apuntilla el ministro. “El informe adolece de una visión demasiado interna. Cómo elegir al rector, al profesorado… y no se plantea la calidad de la formación o el papel que la sociedad quiere que tenga la Universidad”, plantea el andaluz Trigueros.
Canarias remarca que hay que hacer un mayor hincapié en la importancia de la docencia —“parece que la Universidad se valora solo por la investigación”, se lamenta Carlos Guitián, su director general de Universidades— y del alumnado, un actor desaparecido en este informe. Mientras que a Asturias no le gusta que se plantee la existencia de universidades solo dedicadas a la docencia. “La investigación no tiene que tener una vinculación con el mundo empresarial, sino que es fundamental para el conocimiento del profesor. Si no, la universidad se va a convertir en un módulo de grado superior del bachillerato”, alerta Ana González, su consejera de Educación.
“La metodología de la reforma de la universidad es distinta a la de la Lomce y la razón es que no queremos que se solapen”, sostiene Wert. “¿Para cuándo’”, preguntan los periodistas. “No hay que plantearse calendarios más allá de la legislatura y eso depende de la voluntad del presidente del gobierno. Trabajamos con un ritmo sosegado pero contundente”.
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