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Hace unos días, la organización ultraconservadora HazteOír volvía a conseguir notoriedad pública después de que asegurase que había enviado cartas y otro material impreso a 23.000 centros educativos de comunidades autónomas gobernadas por el PP con los apoyos de Ciudadanos y Vox. También han enviado miles de comunicaciones más a asociaciones de padres y madres.
El objetivo de la organización es presionar a las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia y a Castilla y León a que impongan el PIN parental que defendiera Vox en su programa electoral como una de las medidas necesarias para el sistema educativo. Ya en Murcia, según diferentes fuentes en organizaciones sociales, HazteOír consiguió el curso pasado algunos éxitos y en este, han llegado a implementarlo.
Ante esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO ha dicidido presentar una denuncia a la asociación ante la Fiscalía General del Estado por un delito de discurso de odio. Según el sindicato «violan el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia».
Tanto Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza, como Carmen Perona, responsable del gabinete jurídico, han declarado a la prensa minutos antes de entrar en la Fiscalía, que lo que ha hecho HazteOír contraviene la normativa educativa vigente, tanto la LOE, como otras normas autonómicas en materia de defensa de los derechos de las personas del colectivo LGTBI.
«La campaña (de HazteOír) en nuestra opinión, comentaba García, fomenta el discurso del odio y pone en riesgo todos los avances en temas de igualdad y respeto a las diversidades en los centros educativos». «Se sitúa fuera de la legalidad; la ley educativa vigente no solo permite sino que incentiva y regula que este tipo de contenidos estén recogidos en los currículos y también en una batería de actividades complementarias que desarrollan los centros».
Unas actividades, ha dicho, que «se desarrollan al amparo de la legislación vigente y sestán recogidas en la programación general anual del centro que cada años aprueba el claustro y es conocida por el consejo escolar del centro y revisada y visada por la administración educativa».
Perona ha explicado que el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado se fundamenta en el artículo 510 del Código Penal que hace referencia a los delitos de odio, aunque reconoce que estos casos están más relacionados con delitos de terrorismo. Desde su punto de vista, eso sí, a doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de la UE y de la propia Unión Europea, hablan de delitos de discurso de odio. Es esta la razón por la que CCOO también apelarán a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia para que dé un toque de atención al Gobierno central y que no permita «que estos materiales (los de HazteOír) sean distribuidos en los centros educativos».
Además de estas dos actuaciones, el sindicato quiere que el Ministerio de Educación inste a las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, «a no facilitar o permitir la divulgación» de los materiales de la asociación ultraconservadora.
Si la reclamación de actuaciones ante la Fiscalía General del Estado prosperase, estas acabarían siendo dirimidas en la Audiencia Nacional.
Desde el sindicato también quieren dar protección a las direcciones escolares ante las presiones que puedan recibir por parte de HazteOír. En palabras de Francisco García: «Queremos decir a los docentes y los equipos directivos a los que se les presiona con el PIN parental que no se dejen intimidar y que si tuvieran dificultad, los gabinetes jurídicos de CCOO estrían a su servicio para cualquier incidente».
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