¿Grados de 3 años y 2 años de máster? No dan puntada sin hilo: el precio de un año de máster puede llegar a cuadruplicar el de un año de grado en la pública

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eldiario.es: Los rectores piden a Wert más tiempo para estudiar los cambios en la Universidad

• Las universidades podrán elegir si mantienen grados de cuatro años y uno de máster o cambian a un sistema de 3+2
• El Gobierno plantea cambios en la acreditación de docentes para obtener plazas, crear nuevos centros y cambiar la organización de los grados
• "No es un 'no', pero hay que evaluar las consecuencias y de momento no hay elementos para ello", afirma el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

Como viene siendo habitual con las últimas medidas que propone el Ministerio de Educación, los afectados por los cambios han pedido más tiempo al ministro, José Ignacio Wert, para estudiar y adaptarse a las reformas. "El tema es importante, tiene una fuerte repercusión en la organización de los estudios. Dediquémosle más tiempo", explicó el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Manuel López, que ha recordado que pueden afectar a 1,5 millones de universitarios. Educación se lo ha concedido, aunque quizá no tanto como les hubiera gustado.

El ministro ha debatido este miércoles con las universidades su primera incursión normativa en la educación superior. Son cuatro borradores de decreto, tres de ellos de calado, sobre la organización de los grados, la contratación de maestros y la creación de nuevos centros.

El que más controversia ha generado es el Real Decreto por el que Educación quiere cambiar –o al menos abre la puerta– la organización de los grados. Cuando España adoptó el espacio educativo superior europeo, conocido como el Plan Bolonia –con el Gobierno del PSOE– se optó porque las Universidades diseñaran sus títulos con la fórmula del 4+1. Esto es, cuatro años de grado (240 créditos) más un quinto para el Máster (60 créditos, opcional en algunos grados pero obligatorio en otros para ejercer la profesión).

Sin embargo, Educación aduce ahora que esta fórmula es minoritaria en Europa y sólo la comparten Chipre, Turquía y Eslovenia. El resto de países opera con el sistema 3+2 (tres años de grado y dos de Máster). Estas diferencias plantean ciertos problemas "para la internacionalización de las universidades", según explicó ayer Wert. Y propone en su borrador de Real Decreto dar vía libre a las universidades para que decida, cada una libremente e incluso grado por grado, si se mantienen con la fórmula 4+1 o pasan a la de 3+2.

La CRUE ha afirmado tras la reunión que "está bien tratar el tema. No es un no, pero tomémoslo con calma", según su presidente. Las Universidades consideran que es una reforma "de calado" y que "hay que evaluar las consecuencias, y de momento no hay elementos para ello". La CRUE elaboró un informe con una serie de "dudas" y espera respuesta a estas cuestiones para emitir un veredicto o proponer alternativas. Su máxima intención, aseguraron, es no generar "confusión" en estudiantes y familias. Los rectores alegan que ni siquiera ha dado tiempo a que termine el primer ciclo (4+1 años) del plan Bolonia y los grados no han sido evaluados.

El ministro, tras la reunión, ha valorado los tres puntos fundamentales, a su entender, de este decreto: su carácter voluntario (cada universidad podrá elegir si se acoge al cambio o no), gradual y, por encima de todo, que cada centro decidirá libremente. Pese a ello, reaccionó positivamente a la petición de los rectores y les concede hasta el 16 de septiembre para realizar sus aportaciones al borrador.

El presidente de la CRUE no lo ha dicho abiertamente, pero ha insinuado que es poco tiempo para todas sus necesidades de conocimiento y valoró que "la intención" de Educación parece "seguir adelante con el decreto", aunque insistió en que esto era "una impresión". En cualquier caso el propio decreto establece que el cambio no podrá tener lugar antes de septiembre de 2015, con lo que este cambio no se aplicará en ningún caso el próximo curso.

Nuevas acreditaciones para profesores

Los otros dos decretos fueron menos debatidos. El segundo cambia las normas del sistema de acreditación universitaria por el que los docentes pueden obtener una plaza fija como titulares o catedráticos. Básicamente el sistema modifica la forma de contabilizar los méritos de cada docente y cómo se evalúan, y redistribuye el peso de cada área. La experiencia profesional fuera de los campus -en empresas privadas- pasará a tener un gran valor, tanto o más que los méritos educativos. Además, dónde actualmente se dan puntos por hechos (x puntos por publicar en una determinada revista, por ejemplo), pasará a medirse con letras, desde la A (excepcional) hasta la E (muy bajo).

Estos es, grosso modo, el cambio. Las valoraciones de un mismo aspecto, sin embargo, resultan completamente enfrentadas. Para Wert el objetivo de la reforma es dotarse de un sistema "transparente, eficaz, objetivo y que introduce unos criterios internacionales para la acreditación". El secretario de Universidad de CC OO, Julio Serrano, ve todo lo contrario. Se muestra muy crítico con la reforma, que según afirma sustituye criterios objetivos, mesurables, por otros cualitativos y por tanto de más difícil medida. " Va en la dirección contraria a la que el propio estatuto básico del empleo público señala a la hora de hablar de la evaluación. Lejos de avanzar en la objetividad, transparencia y seguridad jurídica va a un sistema más discrecional, menos objetivo y transparente que al final supondrá el endurecimiento de los criterios de acreditación del profesorado porque va a un sistema cualitativo y por tanto menos objetivo", explica.

Además destaca la perversión que supone valorar por igual los méritos investigadores que los docentes. "Para ser catedrático necesitas una B (de bueno, la segunda mejor nota en la escala A-E) en docencia y otra en investigación. Pero hay otras posibilidades. Puedes tener una A en investigación y una E en docencia, también te acredita. ¿Cómo se puede acreditar a alguien para ser catedrático con una nota muy baja en la docencia?", se pregunta. "Por no mencionar que a ver cómo se califica la aportación de una persona a una empresa", añade.

La tercera pata de esta reforma es la modificación del decreto que regula la creación de nuevas universidades. En aras de la "especialización", Educación propone eliminar el requisito que establece la actual normativa por el que cada nueve universidades debe ofrecer ocho tipos de estudios diferentes, incluyendo uno de ciencias experimentales. "Las universidades son muy generalistas", ha lamentado Wert. Serrano opina por el contrario que "la sensación es que se rebajan los requisitos con el objetivo de facilitar la creación de universidades privadas". Y añade: "Que son las únicas que se crean desde 1997. En estos 17 años hemos pasado de 13 privadas a 32, mientras las públicas se mantienen estables en 50".

elpais.com: Las comunidades dudan de la implantación de los grados de tres años

• País Vasco y Asturias lo rechazan mientras Cataluña lo aprueba aunque “llega 10 años tarde” Baleares pide un fondo económico y Andalucía alerta de la subida de precios para alumnos

La implantación de estudios universitarios de grado de tres años y dos de máster (frente al modelo actual de cuatro años de grado y uno de postgrado) no convence a los rectores y no pone de acuerdo a las comunidades autónomas. Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la Conferencia General de Política Universitaria en la que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado algunos de los cambios previstos en los campus a los representantes de las autonomías.

País Vasco y el Principado de Asturias han mostrado su rechazo frontal a que se ponga en marcha un modelo que consideran que generará confusión, como también manifestaron los rectores tras su encuentro con el ministerio el miércoles. Cataluña defiende que es un cambio positivo que traerá flexibilidad pero que “llega casi una década tarde”.

Baleares pide un fondo económico que compense el esfuerzo que hicieron los campus más pequeños para pasar de las antiguas diplomaturas de tres años a grados de cuatro y Andalucía ha pedido que se plantee una reformulación “en profundidad” y se tenga en cuenta que “puede suponer un sobrecoste importante” para los alumnos, como también alertó la representante del Principado de Asturias. El precio de un año de máster puede llegar a cuadruplicar el de un año de grado en las universidades públicas, en función de las titulaciones y de los precios fijados por las comunidades autónomas a partir de la horquilla de precios que el ministerio aprobó en 2012.

Educación prepara un real decreto que contempla la posibilidad de que las universidades puedan optar de forma voluntaria a la implantación de grados de tres años (180 créditos) y argumenta que así lo han hecho la mayoría de los países del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que ahora dificulta la “internacionalización” de los estudiantes españolas. A la espera de las consideraciones que puedan enviar los rectores y las autonomías hasta mediados de septiembre, Educación prevé aprobarlo y permitir su implantación a partir de septiembre de 2015.

"Las únicas discrepancias de fondo las han planteado dos comunidades: Asturias y País Vasco", ha señalado José Ignacio Wert tras la conferencia, en la que también han informado sobre las propuestas del ministerio para la acreditación de los profesores (en un modelo en el que gana peso la experiencia profesional) o una nueva regulación para la apertura de nuevos centros superiores, que elimina parte de los requisitos actuales.

La directora general de Universidades e Investigación del Principado de Asturias (PSOE), Miriam Cueto, considera que el cambio a grados de tres años es "precipitada". "No creemos que en estos momentos sea necesario abordar un nuevo cambio, porque debemos dar tiempo al sistema de grados de cuatro años más uno de máster para valorar los resultados".

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte (PNV), ya había manifestado desde Euskadi antes de la reunión que la propuesta de implantar grados de tres años "no tiene un criterio" y puede generar "inseguridad" en la comunidad universitaria, según declaraciones recogidas por la agencia Efe. Además, ha señalado que la propuesta cuenta con "el agravante de que no lo establece para todo el sistema", sino que lo deja "al albur de las universidades", con lo que "puede haber titulaciones que en distintas universidades sean de tres años o de cuatro años".

El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, se muestra partidario del cambio pero “con tranquilidad” y tras reunir a los rectores. El consejero, del PP, discrepa con la propuesta del ministerio en un aspecto. No quiere que la duración de las titulaciones “se elija de manera individual”, es decir, en función de cada universidad. “Por lo menos en Castilla y León intentaremos que se mueva dentro de un orden y trabajarlo en su conjunto”, ha añadido.

Andalucía también quiere hacer un mapa conjunto de titulaciones “en una decisión compartida” con los rectores de las universidades públicas, ha explicado el secretario general de Universidades, Francisco Triguero (PSOE), que ha pedido que se aproveche el cambio para una “reformulación más profunda” de los títulos y que se tenga en consideración los sobrecostes que puede suponer para los alumnos.

El secretario de Universidades de la Generalitat, Antoni Castellà (CiU), defiende que la propuesta otorga "flexibilidad" e “internacionalización” al sistema y cree que en Cataluña se podrán ofertar ya en 2015. “Llegamos casi una década tarde”, ha dicho Castellà, que ha recordado que este cambio es “una reivindicación histórica del sistema catalán”. Defiende que la propuesta ministerial representa "una oportunidad" para la internacionalización del sistema catalán, ya que más del 30% de los estudiantes que cursan un máster son extranjeros, cifra que asciende al 40% en los doctorados.

Miguel Deya, director general de Universidades del Gobierno de Baleares (PP), considera como Cataluña que los títulos de tres años se debían haber puesto en marcha cuando se implantó el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, más popularmente conocido como Plan Bolonia). Entiende que “cualquier cosa que se haga ahora es un apaño que distorsionará el sistema”. Deya ha reclamado un programa económico para que las universidades “pequeñas que hicieron el esfuerzo en pasar de diplomaturas a grados con un esfuerzo complementario y que ahora parece prescindible puedan dar un paso atrás”.