Estimada ministra:
Muchos ciudadanos hemos recibido con esperanza al nuevo Gobierno, tras la nefasta etapa del Partido Popular. Fue un acierto que Pedro Sánchez presentase la moción de censura, que salió adelante porque existía un clima maduro para poner fin a un periodo negro de corrupción, recortes sociales y de libertades, y prepotencia política.
Habrá una larga lista de espera de problemas por resolver y colectivos que demanden soluciones, pero me atrevo a decir –parafraseando a Georges Jacques Danton- que la educación es lo primero. Y aunque soy profesor, no lo digo desde un corporativismo que nunca he tenido, sino desde la conciencia de que con ella nos jugamos la calidad cultural, política y democrática de este país, su futuro. Recuerde que la derecha lo tiene mucho más claro que las fuerzas progresistas: en cuanto llega al poder impone su modelo educativo (LOCE, LOMCE), que parte de una visión de la sociedad y del mundo al servicio de las élites y no del bien común.
Sra. Celaá, sus primeras declaraciones diciendo que la concertada “no tiene nada que temer”, no son tranquilizadoras para la educación pública, que viene sufriendo un tremendo ataque con los recortes y las privatizaciones. Para que conozca un ejemplo concreto, la escuela privada y concertada ha crecido en Madrid 35 veces más que la escuela pública en la última década. Con todo el respeto, creo que está equivocada cuando afirma que la “educación pública ofrece gratuidad y universalidad y la concertada imparte educación de calidad”. Los hechos demuestran que no solo la educación pública garantiza la equidad, sino que sus resultados son mejores que la privada a todos los niveles: selectividad, innovación y en la clasificación de las universidades.
Usted y su gobierno tienen la oportunidad de colocar las prioridades educativas en el centro de la agenda social de este país. En mi opinión estas son las principales.
- Revertir los recortes. Para tener una buena educación, necesitamos una escuela dotada de medios y recursos. Para ello, la primera medida que deben tomar es la derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Es algo que exigió su partido cuando estaba en la oposición y lo más urgente, ya que debería evitarse su vigencia el curso 2018-2019. Hay que recordar que contiene medidas muy agresivas que se siguen aplicando, a pesar de que se planteaban como temporales por la situación económica del país. Ha supuesto aumentar la jornada lectiva, las ratios de alumnado por clase, la limitación de la tasa de reposición del profesorado público que se jubilaba, el retraso en la sustitución de las bajas del profesorado, y una subida brutal de las tasas universitarias que ha expulsado a 70.000 estudiantes de las aulas.
El aumento del 20% de la ratio profesorado/alumnado provocó la masificación de las aulas en detrimento de la atención al alumnado y de la calidad. El incremento de la jornada lectiva supuso en la educación pública la pérdida de 32.801 puestos de trabajo y un aumento de la temporalidad en el empleo y las jornadas parciales, hasta el punto de que uno de cada cuatro docentes es temporal. No sustituir al profesorado de baja hasta pasados diez días lectivos, es dejar sin el derecho a la educación durante dos semanas a cientos de alumnos por cada profesor.
- Derogación de la LOMCE. Queremos una nueva ley que parta del “Documento de Bases para una nueva ley de educación” que ha logrado el acuerdo entre todos los sectores y las organizaciones que forman la comunidad educativa.El consenso de la mayoría de las fuerzas políticas progresistas, que se ha reflejado en varias ocasiones en el Parlamento, votando en contra de la ley y pidiendo su paralización, tiene que tener resultados concretos. Hay que recordar algunos de sus ejes principales y el desastre que supone en las aulas: desde el abandono de la atención a la diversidad al retroceso en democracia, la absurda potenciación de la religión en la escuela cuando la sociedad se vuelve más laica o la financiación pública de centros que niegan la coeducación.
Pero lo más grave es el ataque a la comprensividad con itinerarios segregadores que intentan enmascarar el fracaso y el abandono escolar. No hay que olvidar que la tasa de abandono escolar temprano en España (18%) está 8 puntos por encima de la media de la UE, según un estudio publicado por Fundación BBVA. Según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2017, el porcentaje de jóvenes de entre 18 a 24 años que tiene como máximo el título de enseñanza secundaria obligatoria es el 18,28%, 7 puntos menos que en 2016.
Redes por una Nueva Política Educativa ha elaborado una serie de propuestas concretas urgentes que le han remitido a usted y a los grupos parlamentarios. Entre otras cosas, propone suprimir el 4º de ESO de enseñanzas aplicadas que impide acceder a bachillerato; recuperar de los Programas de Diversificación en 4º de ESO con capacidad de titulación y una Formación Profesional Básica que permita titular; la eliminación definitiva de las reválidas y de los ránkings de centros; la universalización de la educación infantil pública y de la educación compensatoria; y la eliminación del modelo de nombramiento de directores a dedo y el fortalecimiento de las competencias de los consejos escolares. En el ámbito universitario estaría la supresión de la subida de las tasas universitarias y el aumento de las becas, así como la eliminación del “3+2”.
No olvide que la comunidad educativa estará pendiente de lo que se haga con la LOMCE y será, sin ninguna duda uno de los termómetros principales para medir la satisfacción o la decepción de la ciudadanía con el Gobierno.
- En relación a la enseñanza privada sostenida con fondos públicos, quisiera recordarle el compromiso de su partido con el Documento de Bases por una nueva ley educativa, donde se puede leer:
“Supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. Red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, ni un solo concierto más para la educación privada y supresión inmediata de financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad”.
Mientras no se aborde esta cuestión creada por intereses económicos e ideológicos, la doble red consolidará un modelo educativo que va en contra de la equidad, evitando la mezcla social con recursos públicos. Es una estrategia clasista que conduce a que haya escuelas de ricos y escuelas de pobres o guetos. Y ello va directamente contra el derecho a la educación, porque la educación debe ser una oportunidad para todos y no un riesgo para una parte del alumnado.
- Respetar la laicidad en la escuela es mucho más que quitarle a la actual asignatura de religión valor para la nota media de bachillerato. La religión es asunto del ámbito privado y por ello no puede formar parte del currículo y del horario escolar. Se trata de cumplir el mandato aprobado por mayoría parlamentaria (con los votos del grupo socialista) el 21 de febrero de denunciar y derogar el Concordato. En cuanto a recuperar una asignatura de Valores Cívicos, está bien, pero no introduzcamos cortinas de humo que enmascaren los problemas estructurales de la educación. Esperamos que no haga como el Gobierno de Zapatero que introdujo Educación para la Ciudadanía y fue una medida estética, con la mitad de dotación horaria (una hora a la semana) que la Ética de 4º de la ESO a la que sustituía.
- Aumentar la inversión educativa. Para los nuevos PGE hay que incluir un 5% del PIB como suelo de la inversión educativa y una redistribución en favor de la educación pública. Y aquí el PSOE tiene que ser coherente, porque no se entiende que abandone la subcomisión del “pacto educativo” porque no se aseguraba un 5% del PIB, y en Andalucía vote con PP y C´s, en contra de ese 5% propuesto por Podemos e IU para blindar la educación pública.
Es una cuestión clave, porque no hay escuela de calidad sin recursos; porque no se puede aspirar a conseguir la excelencia de Finlandia cuando ellos invierten en 7% y nosotros la mitad (3,8%). Esperamos coincidir con usted en que no hay inversión más rentable que la educación en cualquier país.
Esas cinco cuestiones son las prioridades educativas en materia de educación. Para poderlo hacer se necesita voluntad política y acuerdos con el resto de fuerzas progresistas para implementar estos cambios y medidas en favor de la mayoría social. Ahora se abre la oportunidad de promover un sistema educativo que desarrolle ciudadanos críticos, formados e informados, comprometidos con la convivencia y la cohesión social. Es el momento de apostar por una escuela pública, universal, gratuita, inclusiva, laica, democrática, que reconozca el papel del profesorado.
Decía H.G. Wells que la civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. También aquí y ahora. Para que venza la educación hay que proceder a una reforma urgente del sistema educativo, cambiar nuestras escuelas para mejorar nuestra sociedad. Y aquí es donde tiene que entrar en juego una educación transformadora, no domesticadora, ni al servicio de los intereses de las élites. Por eso, desde el punto de vista del bien común, la escuela nunca puede ser entendida como negocio. La educación es derecho fundamental y universal a lo largo de toda la vida, que deben de garantizar los poderes públicos.
Espero que atienda las sugerencias realizadas, porque tenga por seguro que a este Gobierno se le va a juzgar por lo que haga y no por lo que diga.
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