IU exige que la caridad no sustituya los derechos fundamentales de los estudiantes

El Área Federal de Educación de IU nos envía esta nota de prensa

IU VE “INACEPTABLE” QUE LOS RECORTES DEL PP EN EDUCACIÓN “LLEVEN A SUSTITUIR DERECHOS FUNDAMENTALES POR CARIDAD PARA QUE CERCA DE 30.000 UNIVERSITARIOS NO ABANDONEN SUS ESTUDIOS”

Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, señala que el “derecho a la educación debe estar garantizado por los poderes públicos como es su obligación política ineludible consagrada en la Constitución, además de ser una conquista histórica”

(Madrid, 6 de septiembre 2013).- Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, considera “inaceptable” que los sucesivos recortes en materia de educación que aplica sistemáticamente el Gobierno de Mariano Rajoy y los ejecutivos autonómicos del PP lleven a que tenga que ser la caridad la que sustituya el que se cumpla con un derecho fundamental y con una mínima justicia social, convirtiéndola en el recurso de financiación de la Universidad Pública española”.

Enrique Díez, coordinador del Área, señala que “desde IU entendemos que la respuesta necesaria ante la intolerable situación que provocan los recortes económicos a las universidades públicas debe ser la movilización social para frenar esas políticas que están en el origen de la situación que ahora la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) y rectora de la Universidad de Málaga pretende subsanar con ‘padrinos’ y donativos”.

“Pese a que pueda haber un fondo de buena intención en las propuestas en este sentido que se realizan –indica- apelar sólo a la caridad y a las donaciones lleva finalmente a la universidades a convertirse en cómplices sumisos de las políticas de recortes del Partido Popular”.

Desde el Área Federal de Educación de IU se destaca que “resulta vergonzante que los estudiantes de las universidades públicas tengan que esperar una donación para poder ejercer su derecho a la educación. Éste debe estar garantizado por los poderes públicos como es su obligación política ineludible consagrada en la Constitución, además de ser una conquista histórica. Distintos análisis cifran en cerca de 30.000 universitarios los que están en riesgo de tener que abandonar sus estudios y esta situación puede suponer un retroceso de siglos en el avance social y cultural que tanto ha costado en nuestro país”.

Díez detalla que “el PP lleva recortados cerca de 1.200 millones a las universidades públicas, mientras las comunidades autónomas les adeudan alrededor de 1.000 millones de euros. Mientras tanto, el partido de Rajoy y otras formaciones conservadoras han encarecido los precios de las matrículas en una subida que oscila entre el 22% y el 92% y muchísimo más los másteres y las repeticiones de curso hasta llegar en algunos casos al 362%”.

“A este desastre –añade- se suma el recorte sustancial de becas y de ayudas a los estudios por parte del Gobierno, además de endurecer los requisitos para conseguirlas y mantenerlas. Tampoco puede obviarse que se han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años en las universidades públicas, mientras que el número de estudiantes creció casi en 90.000”.

Enrique Díez destaca que “produce sonrojo ver confirmada una vez más la inicua política del PP que destruye sistemáticamente toda red de protección social condenando a la ciudadanía a un futuro de derechos truncados”.

Para el dirigente de IU, “cuando un Gobierno incumple gravemente su responsabilidad social y sus obligaciones con la ciudadanía condenándoles a la desprotección y abandonándoles al amparo de la caridad destruye el Estado Social y de Derecho. Rajoy y su ministro José Ignacio Wert incumplen flagrantemente no sólo el programa político por el que fue elegido el PP para gobernar sino adoptando políticas contrarias a los mínimos consagrados en la propia Constitución española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es más que nunca necesario exigir su dimisión”.

Izquierda Unida considera que “toda la ciudadanía debemos responder con contundencia con el rechazo frontal a estas políticas destructivas para contraatacar en la exigencia de estructuras institucionales y sociales al servicio de una sociedad más justa. La sociedad civil y toda la comunidad universitaria han de exigir que se pongan los recursos del Estado al servicio de todos y todas y que no se hipoteque el futuro de la mayoría en atención a los intereses de unos pocos”.

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