MADRID // La Iglesia Católica ha recibido casi cinco millones (4.841.811,18 euros) del Estado para pagar a sus capellanes y financiar las actividades pastorales en cuarteles y cárceles entre 2009 y 2012. Los ministerios del Interior (2,9 millones) y Defensa (1,9 millones) han sido quienes han corrido con los gastos de la curia en estas dependencias, según ha informado esta semana el Gobierno al senador José Manuel Mariscal (IU).
Mariscal había demandado, a través de pregunta parlamentaria, el desglose por ministerios de los fondos públicos que se dedican a sufragar la actividad católica. A diferencia de Interior y Defensa, el departamento de Educación del ministro José Ignacio Wert echó balones fuera en su respuesta y no respondió sobre los profesores de religión, los colegios concertados y las universidades católicas.
En algunos casos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se acogió a cuestiones formales para evitar dar las cifras. Por ejemplo, sobre la partida dedicada a los profesores de religión católica: “Tienen la consideración de personal contratado laboral y como tal reciben directamente sus sueldos sin que los mismos se perciban por la Iglesia Católica”. Esto es, al no ser fondos ingresados directamente en la cuenta de la Iglesia, no se ajustan al objeto de la pregunta del senador.
En cuanto a las convocatorias educativas que ganan centros docentes u organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, tampoco constituyen una “aportación directa a la misma”, justifica el ministerio en su respuesta.
En la aplicación presupuestaria “Compensación a las Universidades por los precios públicos de becarios y alumnos pertenecientes a familias numerosas” también figuran universidades relacionadas con la Iglesia Católica, pero el ministerio de Educación alega que “no pueden considerarse una aportación a la Iglesia ya que dicha compensación se efectúa igualmente al resto de universidades”.
15.000 profesores de religión
A pesar de que el artículo 18 de la Constitución proclama que ninguna religión tendrá carácter estatal, Alfredo Grimaldos, en su libro La Iglesia en España, estima que existen unos 15.000 profesores de religión en España, con lo que su salario anual “cuesta a las arcas públicas en torno a 3.000 millones de euros”, recalca Mariscal. Además, el senador denuncia que, desde 2007, la Conferencia Episcopal “impone requisitos morales y de fe que atañen a la vida privada de estos docentes”.
En su libro, Grimaldos estimó que en el curso 2006-2007, la Iglesia contaba con 2.376 centros concertados (el 80% del total de los privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.
En teoría, las relaciones de la curia con el Gobierno están regidas por el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, de 1979. Este indica que, a partir del cuarto año desde la entrada en vigor de los mismos, la Iglesia debería de haber comenzado a financiarse con la aportación de sus fieles.
Mil millones por la “X” en la declaración de la renta
Además de las partidas de los ministerios, la Iglesia recibe miles de millones cada año de las arcas públicas. El Gobierno no ha informado nunca de la cantidad total, a pesar de que se ha solicitado en numerosas ocasiones tanto por grupos parlamentarios como por organizaciones sociales. Algunas de estas últimas, como Europa Laica, señalan que la Iglesia católica recibirá en 2013 de las administraciones (central, autonómica y local) más de 11.000 millones de euros (más del 1 % del PIB) de forma directa o indirecta, al dejar de pagar impuestos como el IBI.
Sólo por la “asignación triburaria” (la “X” en la casilla de la declaración de la renta), la Iglesia recibió 1.008 millones de euros entre 2009 y 2012, según el informe remitido por el Gobierno a Mariscal. Y hay que puntualizar, añade el senador de IU, que si un año la Iglesia no recauda un mínimo establecido a través de la asignación tributaria, “el Estado se lo compensa”.
Sobre la institución católica, Mariscal recuerda que “seguimos teniendo la Iglesia que apoyó la causa franquista, los fusilamientos de los rojos y que tuvo un papel particular en la transición” y aboga por que “nadie pueda mandar por encima del pueblo. Ni la Iglesia, ni la banca”.
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