Bajar la ratio y aumentar la plantilla docente: plan de reconstrucción educativa (Enrique Díez para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

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El inicio de curso escolar 2020-2021 se debe iniciar con una bajada de ratio en la educación pública en todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad. Sin excusas, sin dilaciones. Con motivo de la necesaria distancia social impuesta para evitar la posibilidad de propagación del coronavirus, pero no por esa razón únicamente. Sino esencialmente para transformar la educación pública en lo que siempre ha debido ser: una educación inclusiva al servicio del bien común, para “que nadie, efectivamente, quede atrás”. Pasando de las declaraciones a los hechos. De las buenas intenciones a las dotaciones presupuestarias para poder llevar a cabo aquello que se pregona.

La auténtica revolución pendiente en la educación es la inclusión. Adaptar la educación a las necesidades de cada niño y cada niña a medida que va creciendo y desarrollándose. Una educación que ayude y acompañe a todos y cada uno a desarrollarse personalmente de la forma más plena posible, para que nadie quede atrás; y a desarrollarse socialmente, para que todos y cada uno de ellos y ellas sean capaces de contribuir a construir una sociedad más justa y mejor al servicio del bien común.
La revolución educativa pendiente no es tecnológica, sino inclusiva

Para ello el primer paso crucial es la reducción del número de alumnado en cada aula. Con clases abarrotadas no se puede atender a la diversidad, no se puede personalizar el aprendizaje. No se puede evaluar y orientar a cada alumno y alumna para detectar qué dificultades tiene e implementar medidas concretas que eviten el fracaso.

Con aulas atestadas lo único que se puede hacer habitualmente, sobre todo a medida que se va avanzando en edad, es poco más que repetir apresuradamente los contenidos de temarios sobrecargados, llamarles la atención continuamente porque se distraen y examinarles para controlar si han sido capaces de memorizarlos o no.

Cómo desarrollar una educación lenta y atenta al cuidado emocional de los menores, a las dificultades que tienen, a las señales de desmotivación o de desaliento que presentan; cómo ayudarles y plantearles alternativas para mejorar o corregir sus fallos, con clases saturadas con 25 o 30 chicos y chicas en cada aula, teniendo cada profesor o profesora que atender a numerosos grupos, cada vez más diversos, durante el curso.
Las razones pedagógicas para bajar la ratio

Se sabe que reducir las ratios redunda positivamente en la mejora de la enseñanza. Permite una atención más personalizada, dar respuesta a la diversidad, centrar el tiempo en el aprendizaje en vez de perderlo en imponer orden en aulas masificadas. La OCDE, organismo económico y poco pedagógico, reconoce que “un mayor tamaño de las clases parece estar asociado a un porcentaje más elevado de estudiantes con problemas de comportamientos y con la necesidad de dedicar más tiempo a mantener el orden, en vez de a la enseñanza y al aprendizaje”.

Gran parte de los estudios, pese a no ser concluyentes, apuntan a que la reducción de la ratio de alumnado por aula ayuda a disminuir la tasa de repetición y el abandono escolar, permite personalizar el proceso de aprendizaje, aumentando la eficacia docente y concuerdan en que los estudiantes que más se benefician de los grupos pequeños son aquellos que presentan dificultades de aprendizaje o requieren un mayor grado de seguimiento, intervención educativa y atención individualizada.

Pero, sobre todo, que debemos escuchar y atender a quienes conocen la realidad directamente y están trabajando en ella. El 85% de los profesores y directores de centros de primaria y secundaria españoles encuestados por la OCDE en los últimos cinco años (de un total de 7.407) consideran que reducir el número de alumnado por aula es la prioridad en educación. ¿Por qué no escuchamos de una vez a los profesionales que son los que realmente saben y conocen de primera mano la realidad?
Aumentar y estabilizar las plantillas de profesorado, pero no solo…

Por eso, para que sea posible y efectivo este cambio, esta auténtica revolución educativa inclusiva, es necesario duplicar el número de profesorado en la educación pública. Desde infantil a la universidad. Es cierto que también será necesario acondicionar y ampliar espacios. Pero lo fundamental, el elemento central, en todo proceso educativo es el factor humano. El profesorado. Si no hay más maestras, maestros, profesoras y profesores suficientes en todos los niveles educativos, no servirá de nada todos los esfuerzos que hagamos.

Ya ha dado indicaciones al respecto la Red Europea, pero no podemos olvidar lo que se prometió también con el Plan Bolonia en la Universidad, aunque nunca se cumpliera: reducir a 30 estudiantes como máximo por aula y que a partir de 38 supongan la formación de un segundo grupo.

Este aumento de plantilla, la reducción de ratio y el acondicionamiento de espacios, lógicamente, tiene que venir acompañado por una serie de cambios simultáneos: reducir la actual fragmentación del currículo en múltiples asignaturas, organizándolo de una forma transversal y más global; establecer tiempos para la coordinación y trabajo en equipo del profesorado reduciendo sus horas lectivas; impulsar una organización y una metodología más individualizada, cooperativa y realmente inclusiva; reducir sustancialmente el currículum enciclopédico seleccionando lo esencial y relevante; reducir la intensidad de la jornada escolar; ampliar la participación y colaboración con las familias; aumentar los profesionales y equipos de orientación; incrementar las horas de tutorías; una dirección más democrática y participativa; intensificar el papel de la inspección educativa como apoyo y asesoramiento; reducir la interinidad para dar continuidad a los proyectos educativos y estabilidad a los docentes; una formación inicial y permanente del profesorado en la inclusión; la incorporación de otros profesionales que colaboren con la comunidad educativa (de la educación social, de la mediación intercultural, etc.) y de personal de apoyo al profesorado; y unas políticas sociales de apoyo a la infancia y la juventud que apoyen y se sumen a la labor educativa.
Invertir en esta revolución educativa, si no es ahora ¿cuándo?

Se pueden aducir las razones que se quieran si no se ponen en práctica estas medidas pero, al final, la razón que prevalece sabremos que será, como siempre, una determinada razón ideológica: la neoliberal de ahorrar costes en el bien común, para poder así seguir manteniendo este sistema económico capitalista basado en que unos pocos acaparen mientras la mayoría pierde cada vez más derechos sociales y vitales. Recursos y medios sí que hay, pero se decide que se destinen a otras prioridades.

Se está destinando a gasto militar la escandalosa cifra de 1.917 billones de dólares en todo el mundo y 20.050 millones en España. Se aprobó en España la escandalosa cifra de 174.300 millones de euros en ayudas para la resolución de los problemas bancarios. Pero nunca hay cifras escandalosas para rescatar la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos. Es decir, para destinar al bien común, lo que es de todos y todas.

No es imprescindible rescatar bancos, ni mantener gastos militares o consentir paraísos fiscales. Son decisiones políticas. Aquellas que establecen que esa es la prioridad. España está entre los países que menos dinero destina a Educación. La decisión ha sido destinar en torno a un 4% del PIB. En cambio, Dinamarca dedica un 7%, Suecia, Bélgica o Finlandia más del 6% y Letonia y Portugal un 6%. No es casual que los países con mejor puntuación, según la OCDE sean los que tienen ratios de estudiantes por grupo más bajas y también presupuestos educativos más altos. ¿Por qué no invertimos de una vez en lo que importa? En 2017 Francia aprobó tener clases de 12 alumnos y alumnas en centros de difícil desempeño. Si se quiere, se puede.

Por eso, el inicio del próximo curso comprobaremos si, efectivamente, hay voluntad política de establecer como prioridad el bien común por parte de las administraciones educativas y se baja efectivamente la ratio de alumnado por aula y se aumenta “escandalosamente” el número de profesorado necesario para ello.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León