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El profesor José Antonio Marina está convocando a partidos políticos con representación parlamentaria a una reunión para que firmen una “hoja de ruta para un pacto educativo”. Lo hace por encargo de la Cátedra Nebrija-Santander en Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Elio Antonio de Nebrija. Podemos imaginar lo que opinan tanto el banco como una universidad privada y elitista de un bien común como es la educación pública. Hace seis meses, el propio Marina había reclamado un pacto de estado sobre la educación al alimón con el neoliberal Luis Garicano, dirigente de Ciudadanos y responsable de su programa económico y educativo.
No es la primera vez que en plena campaña electoral hace propuestas en materia educativa. Hay que recordar que antes de las elecciones del 26-J aceptó el encargo del ministerio de Educación del gobierno Rajoy para elaborar un libro blanco de la profesión docente. Era una buena manera de desviar la atención de los problemas de fondo de la educación (recortes y LOMCE) y responsabilizar al profesorado con un falso debate. Ahora vuelve a la carga con el mismo equipo. Pero vayamos por partes y analicemos las condiciones y la legitimidad de la iniciativa.
Para firmar la hoja de ruta Marina pone unas condiciones que son propuestas-trampa. Plantea que el partido que gobierne tras las elecciones se comprometa, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación. Algo totalmente inasumible para la mayoría social que ha luchado contra esta disparatada ley y para la amplia mayoría parlamentaria que el 5 de abril de 2016 aprobó su inmediata paralización. Supondría aceptar un marco legal impuesto por un partido que hoy solo representa a uno de cada cuatro electores; y su aplicación mientras no se alcanzase un acuerdo que se negociaría bajo las patas de los caballos y con una posición de fuerza de los conservadores.
Otra condición es que la escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada. Además de manipular la interpretación de la Constitución Española, pretende dar naturaleza de escuela pública a los centros concertados. La escuela pública es de todos y para todos o no lo es. No lo son los centros que segregan, discriminan y hacen negocio económico, ideológico o religioso con la educación. Aceptar ese planteamiento sería consagrar un modelo que se ha convertido en una perversión educativa. El resto es retórica. No se dice nada de cómo asegurar la gratuidad o la escuela inclusiva, ni se ponen sobre la mesa asignaturas pendientes como la laicidad. Desde el punto de vista formal propone el viejo modelo de pacto político de “mesa camilla”, sin la participación de la comunidad educativa y de los expertos realmente cualificados que existen y llevan trabajando voluntaria y gratuitamente mucho tiempo.
En cuanto a la legitimidad hay que preguntarse ¿quiénes son la universidad Antonio de Nebrija y José Antonio Marina para convocar y querer pilotar un Libro Blanco para un Pacto Educativo? ¿Qué legitimidad tiene quién apuesta por lo privado? Por más que quiera arrogarse la representación del “núcleo” de “la sociedad civil”, el problema de Marina es que se representa a sí mismo. Y, en todo caso, a una universidad privada que tiene episodios oscuros en su pasado (compra de alumnado y poco rigor en la selección del profesorado). La postura de Marina no es en absoluto neutral: ha trabajado para el gobierno del PP, coincide con los planteamientos de Ciudadanos y está rodeado de un equipo vinculado a intereses de centros concertados religiosos como la fundación Trilema.
Marina busca erigirse en protagonista de un supuesto proceso de negociación de un pacto educativo. También intenta sacar del aislamiento al partido que aprobó la LOMCE (PP) o al que se siente cómodo con su filosofía (Ciudadanos). Y de paso, hacer abstracción de las movilizaciones, reflexiones y propuestas en defensa de la escuela pública. Como es una persona inteligente, solo se puede entender su atrevimiento como un jugoso encargo o como el intento de influir políticamente, de ahí las prisas que intenta imponer para antes del 26-J. No hay que separar esta iniciativa del intento del PP de utilizar la educación como un eje principal de su campaña electoral, una vez creada una base social con los centros concertados.
Si alguien tiene legitimidad para plantear un proceso de esta naturaleza es el centenar de organizaciones que han elaborado el ‘Documento de bases para una nueva ley educativa’. El Foro de Sevilla, la Marea Verde, las AMPAS, organizaciones estudiantiles, sindicatos de profesorado, partidos políticos progresistas, plataformas y entidades educativas, movimientos de renovación pedagógica… ellas sí representan la sociedad civil [ver su Declaración de ilegitimidad de la propuesta de Pacto Educativo de Marina]. Y han puesto su trabajo, reflexiones y propuestas al servicio de la sociedad para alcanzar un pacto social, político y territorial para una nueva ley. No necesitamos cicerones para esta tarea colectiva.
Como pasó con el llamado libro blanco del profesorado, la arrogante propuesta de Marina quedará en agua de borrajas y en un vano intento de lavar la cara a los responsables del mayor ataque que ha recibido nunca la educación pública. No pude haber pacto educativo que no se construya sobre la base de la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes. Como dice la Comisión permanente de las organizaciones y colectivos que han elaborado el Documento de bases para una nueva ley educativa: es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.
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