"Un estado policial incompatible con la democracia" (Agustin Moreno)

Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado en CUARTO PODER.ES

Cuando aquel jefe de policía de Valencia llamó “el enemigo” a un grupo de chavales de secundaria que se manifestaba en defensa de la enseñanza pública, nos debimos de imaginar lo que se nos venía encima. Cuando otro mando de la policía nos dijo a un grupo de manifestantes de sanidad y educación, enfrente de la Asamblea de Madrid: ”Váyanse ya de aquí y háganse a la idea de que estamos como si hubiéramos perdido una guerra”, nos estaba lanzando un inquietante mensaje, bien fuera de elaboración propia o como consigna gubernamental.

Lo cierto es que el consejo de ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que es la segunda pata de la estrategia represiva (junto con el proyecto de Código Penal de Gallardón) del asalto a las libertades y a los derechos de reunión, manifestación y huelga. Aunque lleve ese nombre, en realidad estamos ante una ley de protección del gobierno y de impunidad policial.

Es una ley de ultraderecha que va en contra de los movimientos sociales, los sindicatos y la ciudadanía crítica. Una ley innecesaria que no obedece a ninguna alarma social ni a ningún problema real de orden público, sino al miedo gubernamental ante las protestas que genera su antisocial política económica. Un proyecto de ley que aprueba el gobierno, antes que una legislación anticorrupción, y que pone en su sitio sus prioridades políticas.

Estas son las tarifas represivas en lo relativo a la protesta social:

De 30.000 a 600.000 euros de multa por:

• Convocar y asistir a manifestaciones  en periodo de reflexión electoral. Las decenas de miles de personas que acudimos a la sede  del  PP tras los atentados del 11 de marzo o a la Puerta del Sol con el 15-M antes de las elecciones de junio de 2011, podríamos ser multados. Retuitear una convocatoria, también.
• Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales.
• Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que se consideren infraestructuras críticas.
• Celebrar espectáculos públicos no permitidos por la autoridad. Por ejemplo, un concierto de solidaridad para recaudar fondos para pagar multas

De 1001 a 30.000 euros por:

• Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, parlamentos y tribunales
• La perturbación del orden en un acto de campaña electoral
• Desórdenes graves en la calle o provocar incendios con peligro para personas o bienes.
• Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales. Quieren destruir la solidaridad vecinal para impedir los desahucios y la actividad de la PAH e impedir los escraches pacíficos, que la fiscalía y los jueces vienen considerando no sancionables.
• Desobedecer o resistirse a agentes de la autoridad y la negativa a identificarse. Por empeñarse en atravesar la acera con una determinada camiseta, por no admitir órdenes ilegales y autoritarias, por discutir sobre el DNI y la identificación del policía, por sentarse en el suelo como gesto pacífico de resistencia…,  ¡se multiplican por 100 este tipo de multas!
• Perturbar el orden en campaña electoral.
• Manifestaciones y reuniones sin autorización o la negativa a disolverse al acabar las autorizadas. Puede afectar a asambleas de trabajadores en las empresas.
• Ofensas y ultrajes a España, a las comunidades autónomas y ayuntamientos o a sus símbolos. Sin embargo, no parecen comprendidas como conductas sancionables la exhibición de simbología nazi y franquista.
• Los graves daños al mobiliario urbano (papeleras, contenedores, marquesinas…) y obstaculizar la calle con enseres.
• Escalar edificios públicos o históricos. Va por Greenpeace y a por otros.
• Insultos y amenazas a agentes de seguridad. Cuándo haya abuso policial contra inocentes ¿habrá que dar las gracias, encima, al energúmeno que aporrea para que no multe?

Otra medida muy peligrosa es la creación de un fichero de infractores, a modo de listas negras, sin garantías de no discriminación y que recuerda la ley de vagos y maleantes del franquismo.

Todo ello desde la más absoluta discrecionalidad por parte de la policía y de las autoridades gubernamentales. Basta la palabra del policía para sancionar, sin garantías judiciales, como pasaba antes, al ser faltas. El colmo es que se invierte la carga de la prueba y si un agente de la policía acusa a un ciudadano de haber cometido una determinada infracción, le corresponde a éste demostrar su inocencia. El ciudadano estaría perdido si se topa con algún antidisturbios  atravesado, cargado de testosterona y dispuesto a imponer su criterio,  incluso violentamente. Además de la inquietud que produce saber que siempre hay algún sector no democrático en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque sea minoritario, que exhibe su llavero de Franco y que en el caso del ejército ha motivado un preocupado informe sobre su existencia.

El gobierno dice que saca la ley a demanda de asociaciones de comerciantes y de vecinos, sin concretar quiénes y cuántas. Se debe referir a su mayoría silenciosa, la “mayoría silenciada”, somos todos los demás, en expresión de Pisarello y Asens en un magnífico artículo. Pero lo cierto es que las críticas a esta ley son unánimes: jueces y magistrados, abogados y penalistas, toda la oposición y sindicatos de policías democráticos. Los catedráticos de derecho penal alertan de seguros aspectos de inconstitucionalidad del proyecto, algo que seguramente el gobierno confía eludir en un Tribunal Constitucional presidido por un militante.

Los que valoramos la libertad porque hemos conocido la dictadura, los que hemos vivido la represión del TOP, nos hacemos cruces de hasta dónde quieren llegar con la criminalización de la protesta en un estado formalmente democrático. Emulando a Fraga, Rajoy y Jorge Fernández Díaz parecen querer decirnos que la calle es suya, resucitando el viejo concepto franquista de orden público.

Pueden decir que han rebajado algunas multas de 600.000 euros a 30.000, por ejemplo, por ir a la glorieta de Neptuno, sin ser de Atlético de Madrid, y aunque sus señorías estén de puente. Siguen siendo una burrada. Pero lo más grave no es eso. Es que lo defienda Rajoy , es equiparar la multa a un ciudadano crítico con la fianza a un gran corrupto o a un mafioso. Unas multas desmesuradas para meter miedo y coartar el ejercicio de derechos y libertades democráticas.

Son multas impagables para la mayoría de la población. ¿Cómo van a poder pagar 30.000 o 600.000 euros de multa un joven, un trabajador, un ciudadano común, cuando no tiene trabajo o está con un contrato temporal de mala muerte? Estamos hablando de entre 46 y 930 veces el Salario Mínimo Interprofesional, de 4 a 77 años de trabajo al SMI. ¿Pretenden encarcelar a todo el mundo cuando no puedan pagar la multa? ¿Buscan embargar la vivienda a los ciudadanos más reivindicativos y preocupados por la democracia y dejar a su familia en la calle? Solo a una mente fascistoide se le ha podido ocurrir esta desmesurada desproporcionalidad en las sanciones. Eso es lo más preocupante, y nos debería llevar a tomar conciencia de en manos de quién estamos y hasta dónde pueden llegar las cosas.

Un Estado que trata como delincuentes a los ciudadanos que se manifiestan para pedir más democracia, para exigir que se cumplan los programas electorales o para protestar contra los recortes sociales ¿se puede considerar democrático? Esa es, ni más ni menos, la cuestión.  Junto con otra no menos importante: lo legal no es lo mismo que lo justo y la ciudadanía tiene que tenerlo muy claro. Este gobierno pretende con esta ley que se apliquen los despidos, los desahucios, los recortes y las privatizaciones sin resistencias. Aunque para ello tenga que montar un Estado policial incompatible con la democracia. Cuando lo injusto se hace legal, lo único decente y digno es rebelarse. No hubiera habido ningún cambio social ni político en el mundo si se hubieran confundido los dos términos.

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