20 abril, 2020
- No se puede construir una ciudadanía democrática creando escuelas de ricos y de pobres, la educación debe estar comprometida con la cohesión social y con los derechos fundamentales de la igualdad. No existe el derecho fundamental a la educación con el desarrollo de políticas que van en contra de la educación pública y a favor de la segregación escolar.
Tan contradictoria como el interés de la OCDE junto al Banco Mundial en conseguir una educación en equidad, con metodologías instrumentales, que se apoyan en políticas basadas en datos evaluados para que conduzcan a una educación de calidad y eficiente, además de en modelos de financiación privada y en lo que se considera una inversión sostenible basada en los resultados, para satisfacer una ideología de mercado que reproduce las clases sociales y las jerarquías. Para ello son organizaciones económicas, para proteger al capitalismo y fomentar la iniciativa empresarial.
Un modelo competitivo para educación basado en el éxito
La nueva concepción de la educación como un elemento central para la transformación hacia una sociedad más competitiva y con una mayor producción crea un imaginario social hacia la mejora educativa basada en el éxito. Lo que antes eran mercados restringidos a las industrias del entretenimiento, el cine, deporte, arte… se aplican a abogados, médicos, bancos de inversión, escuelas, universidades… Con el objetivo de conseguir la sublimación permanente, hay que ser competitivo, compararse, medirse y optimizarse. De ahí que en los programas televisivos triunfe la elección de la mejor cantante, el mejor cocinero… costurera o famoso que deben demostrar un talento o algo adicional que suponga su “éxito”. Este modelo de mercado se traslada a todos los ámbitos sociales generando una situación de agravio para la mayoría de las personas; resignación de los que no acceden a una situación de vida cómoda porque se vulnera una convivencia justa y presión de los ganadores para mantenerse en la competición.
En educación la transferencia de las “buenas prácticas”, el “nobel de la educación” o el docente global (negocio para la empresa Varkey), las políticas de incentivos, etc… representan el triunfo del éxito, que solo sirve para destacar la crisis generalizada de la educación, para volver a reclamar los discursos elitistas ante el fracaso de la escuela. Y destacar que el profesorado es uno de los actores más relevantes que están sirviendo con sus malas praxis a unos resultados catastróficos. La responsabilidad recae solo en el profesorado, no en los niveles socioeconómicos del alumnado, ni en la calidad de la educación o en la falta de recursos personales o materiales. Todos estos discursos solo sirven para potenciar la escuela privada o modelos de escuelas con gestión privada que se basan en incentivos al profesorado y trasladan los modelos de la economía al sistema escolar.
La elección de centro: escuelas Charter, autónomas y concertadas
Cada vez hay una mayor tendencia a potenciar la elección de centro haciendo competir a las escuelas públicas entre ellas, y a las públicas con las privadas. Para poder elegir escuela éstas deben ser diferentes y para eso las acompañan de toda una serie de políticas educativas como son los vouchers, la ampliación del distrito, los proyectos educativos, los rankings, evaluaciones, o cualquier tipo de estrategia que potencie la competitividad entre las mismas.
La elección de centro: escuelas Charter, autónomas y concertadas
Cada vez hay una mayor tendencia a potenciar la elección de centro haciendo competir a las escuelas públicas entre ellas, y a las públicas con las privadas. Para poder elegir escuela éstas deben ser diferentes y para eso las acompañan de toda una serie de políticas educativas como son los vouchers, la ampliación del distrito, los proyectos educativos, los rankings, evaluaciones, o cualquier tipo de estrategia que potencie la competitividad entre las mismas.
Tanto las escuelas Charter (en EE. UU.), como las escuelas de Chile tienen como punto central de sus políticas el postulado neoliberal de la elección, que plantea que se puede acceder a todo lo que se desea, sin existir barreras y sin estar determinado por la clase social, etnia o género. En educación defenderá que las familias tienen derecho a escoger la escuela que prefieren para sus hijos e hijas, que se comportaran de la misma forma para pobres y ricos.
Los partidarios de los programas de elección escolar argumentan que estas políticas atraen a los estudiantes de un rango geográfico más amplio que las escuelas públicas, por lo que tendrían una mayor pluralidad de estudiantes. Pero las investigaciones realizadas en el Estado de Arizona ven incrementada la segregación por raza, status socioeconómico y hasta por capacidad. Las escuelas Charter buscan estudiantes dotados o con necesidades especiales. Permiten formal o informalmente que las escuelas seleccionen a estudiantes y excluyan a otros. Algunas buscan seleccionar problemas minoritarios y con desventajas económicas, pero la mayoría buscan a estudiantes de altas capacidades, con antecedentes favorables en las escuelas públicas para evitar aquellos que requieren más recursos (Gilblom y Sang, 2019). En tres ciudades con altas proporciones de escuelas autónomas, Detroit, Nueva Orleans y Washington DC., las escuelas mostraban patrones de exclusión para mejorar la posición en el mercado y aumentar la segregación racial y socioeconómica (Lubienski, Gulosino y Weitziel, 2009).
Además, las familias menos privilegiadas carecen de recursos (capital social, empleos flexibles, apoyo familiar, transporte) para participar en opciones de elección.
Lógicamente, solo tendrá sentido la elección de centros en sistemas educativos con una oferta diferenciada. La situación de España al respecto es propicia para su aplicación porque ya contamos con dos redes escolares, pública, y privada concertada (centros privados sostenidos con fondos públicos), esta última supone un 30% de la escolarización obligatoria, siendo mayoritariamente de instituciones religiosas católicas (64%)(1). Teniendo en cuenta que la privada y concertada acoge solo al 7,5% de los alumnos/as desfavorecidos y que un alumno de un entorno más pobre tiene 5,5 veces más probabilidades de repetir curso. En España cada vez hay una mayor tendencia a potenciar la elección de centro haciendo competir a las escuelas públicas entre ellas, y a las públicas con las privadas. La crisis de 2008 ha influido en el aumento de la segregación escolar, rompiendo la disminución que se estaba produciendo desde el año 2000. A ello ha contribuido la reducción de financiación pública en el sistema educativo, junto a las políticas educativas introducidas con la LOMCE (2013) que han conseguido que Madrid sea la segunda región de Europa en segregación escolar, con un 45% de escuelas privadas (Murillo y Martínez-Garrido, 2018). Y España será el sexto país con más segregación de la Unión Europea, con un índice del 31% y un aumento en los dos últimos años de un 14,5% (Save The Children España, 2016).
Actualmente el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox plantean en su Decreto de admisión el fomento de la privada y una reducción del nivel socioeconómico en la baremación, que tendrá como consecuencia un nuevo éxodo hacia la privatización de la región más poblada de España, con uno de los niveles socioeconómicos y culturales más bajos. La educación pública en Andalucía recoge un 77% de la población escolar, 9 puntos más que la media española, y 4 por debajo de la media europea. Con estas políticas pronto alcanzará a Madrid en segregación escolar.
La segregación escolar no solamente incide en el aprendizaje de los estudiantes, sino que empobrece la educación socializadora, la convivencia y la integración social. No se puede construir una ciudadanía democrática creando escuelas de ricos y de pobres, la educación debe estar comprometida con la cohesión social y con los derechos fundamentales de la igualdad. No existe el derecho fundamental a la educación con el desarrollo de políticas que van en contra de la educación pública y a favor de la segregación escolar.
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