29/04/2020.
CCOO manifiesta su perplejidad y su oposición a la propuesta de desescalada y de “nueva normalidad” para el sector educativo lanzada por el Gobierno estatal.
Queremos poner de relieve la contradicción que supone, por una parte, dar por concluida la actividad educativa presencial para el curso escolar 2019-2020 y emplazar la actividad docente a septiembre, y al mismo tiempo impulsar la apertura de los centros educativos de todas las etapas y enseñanzas durante las próximas fases de desescalada con criterios que nada tienen que ver con lo educativo, sino fundamentalmente con la necesidad de una conciliación que asegure una vuelta tranquila al trabajo de las familias. “No se trata de que se abran los centros sin garantías para que los escolares tengan un lugar donde pasar el rato mientras sus progenitores trabajan –afirma Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid. La escuela debe garantizar el derecho a la educación; no debe ser un instrumento para la conciliación”.
En este mismo sentido, lamentamos que este plan de retorno y apertura de los centros educativos no se haya negociado con los auténticos expertos en esta materia, que son el profesorado y los representantes de los sindicatos del sector educativo. “Son ellos quienes deben marcar las pautas para un regreso a las aulas sin riesgos –afirma Galvín, No podemos olvidar que la Comunidad de Madrid sigue siendo la “zona 0” de una pandemia que está remitiendo pero que sigue activa. Reabrir los centros sin las garantías sanitarias podría desatar una intensificación del virus y un ascenso del número de afectados, tal y como ha ocurrido en otros países, como Alemania. Los colegios no deben ni pueden ser focos de repunte del covid-19”.
Asimismo, CCOO considera que se incurre de nuevo en una contradicción cuando se decreta la asistencia voluntaria de los estudiantes que están cursando 4º curso de la ESO, Formación Profesional o Educación especial sin haber tenido en cuenta los criterios académicos y organizativos que el profesorado sí ha tenido en cuenta durante todo el periodo de confinamiento para organizar ordenadamente el final del curso académico. “Queda en el aire –continúa Galvín- si la asistencia del profesorado y otros profesionales educativos a los centros también será voluntaria, y hay muchas lagunas en cuanto al modo en que se va a compatibilizar la enseñanza presencial con la telemática”.
En definitiva, exigimos al Gobierno respeto a los profesionales de la educación y rigor a la hora de la planificación de las medidas que definan la vuelta a las aulas. “Empleemos el sentido común, pongamos en marcha los trabajos para elaborar un plan de retorno con garantías sanitarias y académicas que cuente con el criterio de los expertos y tengamos en cuenta que la Comunidad de Madrid precisa medidas especiales debido al grave azote de la pandemia en la región, o la realidad educativa madrileña con una mayoría de aulas masificadas por las altas ratios si queremos que en nuestra comunidad se siga avanzando y podamos superar las distintas fases de desescalada que se han definido”, concluye Isabel Galvín.
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