La incertidumbre sobre el final del curso académico, sumada a la evidencia de que el método telemático ha acentuado las desigualdades sociales, hace que los docentes teman las consecuencias educativas del coronavirus entre parte de su alumnado. Colectivos por la enseñanza pública consideran que el debate no debe ceñirse al aprobado general y demandan medidas que garanticen a todos los niños y niñas igualdad en el derecho a la educación.
14-4-2020
El 15 de abril está prevista una reunión en la que el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas acordarán cómo articular el final de curso. Ya hace semanas que profesorado de todos los niveles educativos, que ha tenido que adaptarse a un cambio radical en la docencia de un día para otro, advertía de que el método telemático estaba dejando atrás a parte del estudiantado. Ahora, ante la evidencia de que la crisis sanitaria se va a seguir alargando al tiempo que corre el calendario escolar, la principal preocupación es cómo se evaluará el año académico. Y si se tendrán en cuenta determinados condicionantes que hacen que no todos los menores puedan seguir igual las clases.
Labastida, Vitoria, la Comunidad de Madrid o La Rioja fueron las primeras en cancelar las clases presenciales, pero pronto les siguieron el resto de comunidades autónomas, y millones de estudiantes llevan más de un mes sin asistir a los centros educativos. A nivel nacional, ya se han tomado algunas decisiones en consecuencia: las comunidades autónomas han cambiado la fecha para la celebración de la EVAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, Selectividad) y más de una treintena de universidades ha confirmado que no retomarán las clases presenciales.
En el ámbito internacional, Italia decretó recientemente el “aprobado general”, una medida que algunos colectivos estudiantiles estatales —como el Sindicato de Estudiantes— solicita replicar, pero que genera rechazo entre muchos sectores.
Tampoco son pocos los docentes que insisten en que el debate sobre el final del curso va mucho más allá de la idoneidad —o no— de la medida italiana.
BRECHA DIGITAL MÁS ALLÁ DEL ACCESO A INTERNET
Varios colectivos de la enseñanza coinciden en una máxima: situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. De esta premisa parte la propuesta elaborada por el colectivo Mareas por la educación pública, que reclama “una solución lo más justa posible” para evitar que, ante esta situación, “vuelvan a sufrir las consecuencias los mismos de siempre”, tal y como resume Sandra Villa, portavoz del colectivo. Si bien la docente hace referencia a la brecha digital, matiza que la misma no hace únicamente referencia al acceso a internet o a dispositivos electrónicos, sino también a los contextos familiares y emocionales del menor: “Estamos ante una situación muy difícil donde también entra en juego un factor no cuantificable”, señala, en referencia a los miles de menores a
cuyas familias ha golpeado la enfermedad, o cuyos padres han perdido el trabajo.
Villa defiende la pedagogía presencial es insustituible, y que aunque se eliminara la brecha de los recursos materiales, el nivel socioeconómico se seguiría notando: “Hay familias que no pueden ayudar a sus hijos a hacer deberes”
Villa, que también es profesora en Madrid, ilustra la situación con un comentario recurrente entre profesores estos días: hay alumnos con los que, un mes más tarde de la cancelación de clases presenciales, no ha logrado contactar, y su principal preocupación es cómo se van a poner esos estudiantes al día. Defiende que la pedagogía presencial no se puede sustituir por la telemática, ya que, “aunque se estrechara mucho la brecha en cuanto a recursos materiales, el nivel socioeconómico se sigue notando en cosas como que hay familias que no pueden ayudar a sus hijos a hacer la tarea”.
Varios colectivos de la enseñanza coinciden en una máxima: situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. De esta premisa parte la propuesta elaborada por el colectivo Mareas por la educación pública, que reclama “una solución lo más justa posible” para evitar que, ante esta situación, “vuelvan a sufrir las consecuencias los mismos de siempre”, tal y como resume Sandra Villa, portavoz del colectivo. Si bien la docente hace referencia a la brecha digital, matiza que la misma no hace únicamente referencia al acceso a internet o a dispositivos electrónicos, sino también a los contextos familiares y emocionales del menor: “Estamos ante una situación muy difícil donde también entra en juego un factor no cuantificable”, señala, en referencia a los miles de menores a
cuyas familias ha golpeado la enfermedad, o cuyos padres han perdido el trabajo.
Villa defiende la pedagogía presencial es insustituible, y que aunque se eliminara la brecha de los recursos materiales, el nivel socioeconómico se seguiría notando: “Hay familias que no pueden ayudar a sus hijos a hacer deberes”
Villa, que también es profesora en Madrid, ilustra la situación con un comentario recurrente entre profesores estos días: hay alumnos con los que, un mes más tarde de la cancelación de clases presenciales, no ha logrado contactar, y su principal preocupación es cómo se van a poner esos estudiantes al día. Defiende que la pedagogía presencial no se puede sustituir por la telemática, ya que, “aunque se estrechara mucho la brecha en cuanto a recursos materiales, el nivel socioeconómico se sigue notando en cosas como que hay familias que no pueden ayudar a sus hijos a hacer la tarea”.
Las desigualdades económicas y sociales ya estaban ahí, concluye, pero la crisis del coronavirus las ha remarcado y, ante ello, “las administraciones públicas deben garantizar la misma educación a todo el alumnado”.
Por eso, la propuesta de Mareas por la educación pública —válida, apuntan, tanto si se retoma la actividad presencial antes de finalizar el curso como si no—, pasa porque no se evalúe la materia impartida desde que se decretó el cierre de los centros —hacen referencia a la disparidad de criterios y métodos empleados, y de recursos al alcance de profesores y alumnado— y que, a efectos de evaluación, se tengan en cuenta solo aquellos desarrollados presencialmente (primera y segunda evaluación). Para Marea Verde, desde el regreso de semana santa no se debe avanzar materia, sino trabajar en el repaso y recuperación del alumnado, enfocándose en aquellos que no hayan superado los contenidos impartidos antes del cierre de centros educativos.
Un posicionamiento similar tiene la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), que señala que “la evaluación debe tener como objetivo facilitar al máximo la promoción y titulación del alumnado”. Nacho Tornel, secretario general de FECCOO Región de Murcia, opina que “solo se
puede evaluar aquello que se ha trabajado en unas condiciones mínimas”, y apunta hacia la necesidad de “criterios de flexibilidad” a la hora de evaluar en una situación en la que “niños y familias están sometidos a tensiones familiares, laborales y sociales muy fuertes”. “La escuela no puede ni debe ser un peso más”, sentencia Tornel.
¿APROBADO GENERAL?
Sobre la promoción del estudiantado —repetir o pasar al siguiente curso—, Tornel insiste en que la no promoción “no debe ser nunca, y menos ahora, un castigo”. Por eso, al igual que Mareas por la educación pública, Tornel descarta la medida italiana y considera que la promoción generalizada no es “ni necesaria ni adecuada”, ya que, considera, habrá jóvenes para los que sea mejor repetir curso. “A lo mejor es una forma de ayudarles a que el vacío que se ha producido ahora no sea más difícil de superar en un futuro no muy lejano”, señala. Apunta que, para ello, debe dejarse actuar a los centros
en coordinación con las familias y, sobre todo, con autonomía.
También en otra cuestión coinciden Tornel y Villa: la importancia de mantener el vínculo entre el alumnado, las familias y las escuelas. “A mí lo que más me preocupa no es qué hacer con la tercera evaluación, sino cómo tenemos ligado al alumno a la escuela, especialmente a aquellos con más dificultades”, resume Tornel. “Creo que la prioridad es que esta relación no se rompa”, insiste el profesor.
Por eso, la propuesta de Mareas por la educación pública —válida, apuntan, tanto si se retoma la actividad presencial antes de finalizar el curso como si no—, pasa porque no se evalúe la materia impartida desde que se decretó el cierre de los centros —hacen referencia a la disparidad de criterios y métodos empleados, y de recursos al alcance de profesores y alumnado— y que, a efectos de evaluación, se tengan en cuenta solo aquellos desarrollados presencialmente (primera y segunda evaluación). Para Marea Verde, desde el regreso de semana santa no se debe avanzar materia, sino trabajar en el repaso y recuperación del alumnado, enfocándose en aquellos que no hayan superado los contenidos impartidos antes del cierre de centros educativos.
Un posicionamiento similar tiene la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), que señala que “la evaluación debe tener como objetivo facilitar al máximo la promoción y titulación del alumnado”. Nacho Tornel, secretario general de FECCOO Región de Murcia, opina que “solo se
puede evaluar aquello que se ha trabajado en unas condiciones mínimas”, y apunta hacia la necesidad de “criterios de flexibilidad” a la hora de evaluar en una situación en la que “niños y familias están sometidos a tensiones familiares, laborales y sociales muy fuertes”. “La escuela no puede ni debe ser un peso más”, sentencia Tornel.
¿APROBADO GENERAL?
Sobre la promoción del estudiantado —repetir o pasar al siguiente curso—, Tornel insiste en que la no promoción “no debe ser nunca, y menos ahora, un castigo”. Por eso, al igual que Mareas por la educación pública, Tornel descarta la medida italiana y considera que la promoción generalizada no es “ni necesaria ni adecuada”, ya que, considera, habrá jóvenes para los que sea mejor repetir curso. “A lo mejor es una forma de ayudarles a que el vacío que se ha producido ahora no sea más difícil de superar en un futuro no muy lejano”, señala. Apunta que, para ello, debe dejarse actuar a los centros
en coordinación con las familias y, sobre todo, con autonomía.
También en otra cuestión coinciden Tornel y Villa: la importancia de mantener el vínculo entre el alumnado, las familias y las escuelas. “A mí lo que más me preocupa no es qué hacer con la tercera evaluación, sino cómo tenemos ligado al alumno a la escuela, especialmente a aquellos con más dificultades”, resume Tornel. “Creo que la prioridad es que esta relación no se rompa”, insiste el profesor.
El acompañamiento docente telemático hace que niños y niñas tengan “una mínima conexión con el mundo exterior” en un momento en que las familias pueden estar atravesando momentos duros
“Al otro lado tus alumnos y alumnas están siempre preguntándote algo, y yo me intereso por cómo están en casa..., y creo que eso es lo más importante que estamos haciendo”, añade Villa. El acompañamiento docente telemático ayuda, sostiene, a que niños y niñas tengan “una mínima conexión con el mundo exterior” en un momento en que las familias pueden estar atravesando momentos duros. Por eso la docente insiste en la necesidad de poner medidas para que este acompañamiento siga funcionando, pero hacerlo “con garantías de que no perjudique a los que sufren situaciones más desfavorecedoras” y de forma que todos los niños y las niñas pasen con el mismo nivel al curso siguiente.
LA EDUCACIÓN PÚBLICA TRAS LA CRISIS DEL COVID19
Si el futuro más cercano del curso escolar actual no se conoce, mucho menos se sabe cómo influirá la pandemia en el siguiente año académico. Los colectivos de profesores coinciden en que habrá que adaptar los contenidos ante una pandemia que ha trastocado los planes de estudio. En lo que difieren es en cómo y cuándo hacer esta adaptación.
LA EDUCACIÓN PÚBLICA TRAS LA CRISIS DEL COVID19
Si el futuro más cercano del curso escolar actual no se conoce, mucho menos se sabe cómo influirá la pandemia en el siguiente año académico. Los colectivos de profesores coinciden en que habrá que adaptar los contenidos ante una pandemia que ha trastocado los planes de estudio. En lo que difieren es en cómo y cuándo hacer esta adaptación.
Tornel vaticina que el curso sí se adelantará, y que el 1 de septiembre los centros educativos tendrán que empezar a funcionar. “Habrá muchas cosas que hacer, será necesaria una gran labor de repaso e ir afianzando lo que se ha trabajado telemáticamente”.
Villa defiende que un adelanto de las clases supondría una sobrecarga laboral para los docentes: “Estamos trabajando muchísimo, hemos tenido que adaptar la docencia y hacer nuevos materiales, y yo llevo toda la semana santa, que es mi periodo de descanso, contestando correos del alumnado, porque entiendo que es una situación especial y sé que necesitan ese acompañamiento”.
En la Comunidad de Madrid no se han sustituido las bajas: “Habrá alumnos que no estén recibiendo formación, y esa desigualdad no es resultado de la brecha digital, sino de que las administraciones no facilitan recursos”
Pero si bien existen problemas, también se presentan oportunidades. Sandra Villa señala que hay asignaturas para las que tienen a más de 200 alumnos, resultado de unos recortes en educación que se tradujeron (entre otras cosas) en la reducción de plantilla de profesores, una práctica que ni en plena crisis sanitaria se ha evitado. “Hay comunidades, como la de Madrid, en la que no se han sustituido las bajas, así que habrá alumnos y alumnas que no están recibiendo ninguna formación, y ahí hay una desigualdad evidente que no deriva de la brecha digital ni de la situación de los menores, sino de que las administraciones no facilitan recursos”. Por eso, los colectivos esperan que tras la crisis se va a
evidenciar la necesidad de invertir recursos públicos.Un caso previsible es que los menores van a necesitar refuerzo para recuperar materia, y eso solo se puede lograr con más personal en los centros.
“El gran problema de esta experiencia digital impuesta, improvisada y a la carrera, es que algunos ya piensan que ésta es la educación del futuro. Y ni mucho menos”, avisa Tornel. “Va a haber que hacer mucha atención personalizada, en pequeños grupos, por lo que se necesitará ampliar personal y bajar ratios”, argumenta el profesor murciano.Y la única manera de hacerlo, añade Villa, es sin dejar a nadie atrás. “Si no se garantiza que no se den esas desigualdades, la pandemia nos estará señalando qué tipo de sociedad tenemos”, opina la docente. “Y si eso sucede, tendremos que volver a salir a la calle para insistir en que no queremos ese tipo de modelo de sociedad, porque igual que el modelo de sociedad que no invierte en sanidad pública nos mata, el que no invierte en educación pública nos va a generar grandes repercusiones sociales”.
No tienen una bola de cristal para saber qué pasará el próximo curso académico, pero intuyen que la crisis financiera puede acarrear recortes en la plantilla, lo que imposibilitaría prestar refuerzo a niños y jóvenes que, también educativamente, se han visto golpeados por la pandemia. Así que su esperanza es que el gobierno entienda que la educación no ha encontrado en el método telemático la fórmula mágica, y que la escuela tiene que responder “más y mejor que nunca para dar aliento”, concluye Tornel, “a millones de estudiantes que han vivido situaciones muy duras, y que están deseando volver a la escuela para ver a sus amigos y hacer vida normal”.
Entradas relacionadas:Pero si bien existen problemas, también se presentan oportunidades. Sandra Villa señala que hay asignaturas para las que tienen a más de 200 alumnos, resultado de unos recortes en educación que se tradujeron (entre otras cosas) en la reducción de plantilla de profesores, una práctica que ni en plena crisis sanitaria se ha evitado. “Hay comunidades, como la de Madrid, en la que no se han sustituido las bajas, así que habrá alumnos y alumnas que no están recibiendo ninguna formación, y ahí hay una desigualdad evidente que no deriva de la brecha digital ni de la situación de los menores, sino de que las administraciones no facilitan recursos”. Por eso, los colectivos esperan que tras la crisis se va a
evidenciar la necesidad de invertir recursos públicos.Un caso previsible es que los menores van a necesitar refuerzo para recuperar materia, y eso solo se puede lograr con más personal en los centros.
“El gran problema de esta experiencia digital impuesta, improvisada y a la carrera, es que algunos ya piensan que ésta es la educación del futuro. Y ni mucho menos”, avisa Tornel. “Va a haber que hacer mucha atención personalizada, en pequeños grupos, por lo que se necesitará ampliar personal y bajar ratios”, argumenta el profesor murciano.Y la única manera de hacerlo, añade Villa, es sin dejar a nadie atrás. “Si no se garantiza que no se den esas desigualdades, la pandemia nos estará señalando qué tipo de sociedad tenemos”, opina la docente. “Y si eso sucede, tendremos que volver a salir a la calle para insistir en que no queremos ese tipo de modelo de sociedad, porque igual que el modelo de sociedad que no invierte en sanidad pública nos mata, el que no invierte en educación pública nos va a generar grandes repercusiones sociales”.
No tienen una bola de cristal para saber qué pasará el próximo curso académico, pero intuyen que la crisis financiera puede acarrear recortes en la plantilla, lo que imposibilitaría prestar refuerzo a niños y jóvenes que, también educativamente, se han visto golpeados por la pandemia. Así que su esperanza es que el gobierno entienda que la educación no ha encontrado en el método telemático la fórmula mágica, y que la escuela tiene que responder “más y mejor que nunca para dar aliento”, concluye Tornel, “a millones de estudiantes que han vivido situaciones muy duras, y que están deseando volver a la escuela para ver a sus amigos y hacer vida normal”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario