La enseñanza para mayores de 18 años supone uno de los eslabones más importantes del sistema educativo, pues su existencia garantiza de manera efectiva la oportunidad de educarse y formarse dentro del sistema educativo formal durante toda la vida. Si entendemos que la finalidad básica de la educación es el desarrollo humano de las personas y de las sociedades, el derecho a la misma debe de ser accesible sin discriminación por razón de edad.
Estas enseñanzas suponen, además, la oportunidad de acceso a las titulaciones oficiales de enseñanza obligatoria y postobligatoria a personas que han tenido un abandono temprano. Encontraremos a personas que se incorporan al mercado laboral tras la Educación Secundaria y quieren cursar Bachillerato, o a personas que por diversas causas (generalmente exclusión y falta de oportunidades económicas) se ven obligadas a abandonar de manera temprana la educación secundaria obligatoria. El perfil del alumnado muestra su proveniencia de la clase trabajadora, y en concreto de los sectores más castigados por las políticas neoliberales.
La llegada de la ley de educación LOMCE, de manera impuesta y con un marcado carácter ideológico-neoliberal- a todos los niveles del sistema educativo ha puesto en pie de lucha a toda la comunidad educativa. Numerosas organizaciones sociales y políticas, docentes y alumnos han hecho pública la declaración “Medidas urgentes frente a la LOMCE” con el objetivo de paliar durante este curso las consecuencias más negativas de la ley. Esta unidad en el rechazo a la LOMCE también ha sido visibilizada en el Congreso de los Diputados con la aprobación de la proposición de ley para paralizar su calendario de implantación. Todo ello ha sido ignorado por el Partido Popular, y desde el ministerio se continúa con el calendario para el desarrollo de la LOMCE, marcado en este curso por su implantación en 2º de Bachillerato, 4º de la ESO, en las enseñanzas cursadas en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAs), en los Bachilleratos Nocturno y a Distancia (dirigidos a mayores de 18 años), y por la regulación de las reválidas de ESO y Bachillerato. La forma en la que se han despachado estas reformas parece ser una huida hacia delante para la aplicación a toda costa de algunas de las medidas más polémicas contempladas en la LOMCE, o directamente la continuación del desmantelamiento consciente de la enseñanza para las clases populares.
De la ideología de la LOMCE se ha hablado ya mucho, y su implantación en los currículos de educación secundaria ha implicado, entre otras muchas cosas, la aparición de una división entre materias “de primera” y materias “de segunda” (entre las que se encuentran aquellas que favorecen la creatividad y el pensamiento crítico del alumnado). Debilita materias como la Filosofía, y elimina directamente otras como la Educación para la Ciudadanía, mientras blinda las enseñanzas de Religión en los centros públicos. Una de sus disposiciones más contestadas son las Evaluaciones Finales al finalizar la ESO y el Bachillerato. Estas reválidas son pruebas externas, implantadas con la excusa de “elevar” los resultados. En realidad suponen un control burocrático sobre la función docente, la elaboración de rankings de institutos, y un aliciente para quien quiere hacer negocio a costa de la educación. En clara sintonía con ese ideal de modelo educativo para el neoliberalismo, priman la competitividad frente a la cooperación, y la memorización descontextualizada de contenidos.
El ministro de Educación, desoyendo la oposición del parlamento y de la calle, continuó con el calendario previsto mediante el real decreto que las regula, publicado el 30 de julio de 2016. Su implantación en la Comunidad de Madrid resulta tan caótica que el curso 2016/2017 ha comenzado sin que ni los docentes ni el alumnado tengan información sobre la estructura de estas pruebas. Pero sobre todo supondrán un obstáculo más en la igualdad de oportunidades, lo que alejará a grandes sectores de la población, especialmente los más desfavorecidos, de titulaciones con las cuales acceder en igualdad de oportunidades a un mercado laboral cada vez más competitivo. Recordemos que desde que gobierna Rajoy, la universidad pública ha perdido más de 127.000 alumnos, cifra que previsiblemente se incrementará sensiblemente al dificultar la obtención del título de bachillerato. Especialmente sangrante es su aplicación en la Educación Secundaria para Adultos, y en los Bachilleratos Nocturno y a Distancia, donde la estructura de estos estudios permite al alumnado alargarlos en el tiempo para poder compatibilizarlos con la jornada laboral, y donde ahora, tras la implantación de la nueva ley, deberán de enfrentarse para titular a una prueba que les evaluará de contenidos de materias cursadas hace al menos dos años.
Por otra parte, la implantación de la LOMCE de una manera caótica en los Niveles 1 y 2 de la Educación Secundaria para personas adultas en los CEPAs y en los tres bloques de los Bachilleratos Nocturno y a Distancia, mediante unas instrucciones publicadas sin conocimiento previo y en pleno verano, supone una vuelta de tuerca más en la progresiva degradación de estas enseñanzas por parte de las administraciones. La reordenación curricular en los tres bloques de Bachillerato Nocturno simultáneamente está provocando situaciones absurdas en alumnos que se encuentran con materias aprobadas que no les computan para terminar su itinerario, o materias extra que han de superar para titular bajo la nueva legislación, llevando al desánimo y al abandono a un gran número de ellos. Además, han supuesto un aumento en la necesidad de recursos y en el ratio de las clases debido a que numerosas materias pasan de cursarse en un bloque a cursarse en el anterior, por lo que es necesario disponer de grupos para el alumnado que encuentran esas materias en el bloque en el que se matriculan, y para aquellos que tienen que cursar una asignatura que ya no está en el bloque al que han pasado. Inevitablemente, esto ha provocado huecos en los horarios de los grupos, dificultando una enseñanza compatible con una jornada laboral. En definitiva, una implantación que está poniendo a prueba la organización de los centros, abusando de los escasos recursos de los que disponen, que consigue desanimar a alumnas y alumnos a que terminen sus estudios, y que sólo puede responder a una clara estrategia de desprestigio de la educación pública, y de ataque directo a la educación de personas adultas.
Frente a todo esto, es fundamental que la sociedad vuelva a mostrar una respuesta organizada, tome la iniciativa, y marque una agenda en la política de educación que inevitablemente pase por la derogación de la LOMCE. Desde el parlamento, nunca han sido tantos los apoyos a un cambio de modelo educativo, y una potente huelga que vacíe los institutos y los CEPAs, y vuelva a llenar las calles de verde, ha de ser la mecha que prenda este cambio. Por todo ello, el próximo 26 de octubre saldremos una vez más a la calle, también en la educación para las personas adultas, exigiendo:
- Supresión de las reválidas en todos los niveles educativos.
- Fin de los conciertos educativos y de los beneficios para los centros privados.
- Derogación de la LOMCE, una ley educativa pensada para consolidar el pensamiento único dentro del modelo neoliberal, que promueve la competitividad entre los centros y entre los alumnos, que tiene el rechazo frontal de alumnos, docentes, equipos directivos y asociaciones políticas y sociales, y que se ha implantado de forma caótica, mal planificada y carente de recursos, confirmando la intencionalidad última de desmantelamiento del sistema público de enseñanza.
- Reversión de los recortes realizados en educación.
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