domingo, 15 de junio de 2014

#SíHayDinero para pagar a empresas privadas un millón de euros para que hagan pruebas externas, pero #FigarMalaGestión no abrirá en verano los comedores escolares

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ESTRELLA DIGITAL.ES: Un millón de euros para los exámenes de Lucía Figar


Entre 2012 y 2014 la Consejería de Educación empleó 365.095 euros de las arcas públicas para costear los gastos técnicos de la prueba de “conocimiento y destreza” que se realiza en 6º de Primaria y en 3º de ESO en los colegios públicos y concertados. En los últimos tres años, el departamento que dirige Lucía Figar ha contratado a dos entidades adjudicatarias para la elaboración de material para las evaluaciones, principalmente cuadernillos. El primer contrato con TEA Ediciones supuso un coste de 136.372,60 euros, el curso siguiente fue ODEC quien obtuvo la adjudicación por un valor de 123,447,25 euros y este último, de nuevo con TEA Ediciones el gasto ha sido de 105.270 euros.
El sindicato UGT denuncia que existe “un abuso” por parte del departamento que dirige Lucía Figar en las pruebas de evaluación externa y que el propósito es utilizar de forma “perversa” los resultados para la posterior realización de ranking de centros. De hecho, la Comunidad de Madrid es la única región del país que realiza este tipo de pruebas: los alumnos madrileños de los colegios públicos y concertados se enfrentan a un total de seis exámenes paralelos a los oficiales a final de curso a lo largo de su vida escolar a las que se añaden otras cinco si estudian en centros bilingües.
“En un momento de crisis en el que hay tantos recortes, cuando también se habla de problemas de nutrición en los centros de la Comunidad de Madrid, no tiene ningún sentido que se esté pagando estas cantidades ingentes de dinero a entidades privadas”, denuncia Virginia Fernández, portavoz de la organización sindical.
Tanto CC.OO como UGT coinciden en que este tipo de pruebas, que tampoco convencen al conjunto de la Comunidad Educativa, generan crispación entre el profesorado y estrés a los estudiantes. Consideran que las evaluaciones externas que ha implantado la Consejería ponen en tela de juicio el trabajo de los docentes puesto que no tienen en cuenta el trabajo real de los centros, sus programas ni el esfuerzo que realizan para atender las necesidades de su alumnado. Según CC.OO, el diseño y la finalidad de estas evaluaciones “responden a una intencionalidad clara por parte de la Comunidad de Madrid de desprestigiar la educación pública y a sus profesionales”.
Por otro lado, UGT considera que en los últimos años se ha “abusado” de la realización de pruebas hasta convertir al alumnado de Madrid “en el más examinado del Estado”, a pesar de que ya existía un sistema de evaluación por parte del Ministerio de Educación. “Dado que ya realizaba la evaluación general de diagnóstico en Primaria y Secundaria, como marcaba la LOE, la Comunidad de Madrid tendría que haberse planteado en estos años no duplicar innecesariamente las gestiones de dos administraciones, que han supuesto un despilfarro en tiempo y recursos económicos”.
Los cálculos elaborados por UGT destacan que con el gasto empleado en contratar los servicios de las empresas externas para la elaboración de material entre 2012 y 2014 se podría costear 3.649 becas de libros, el salario bruto mensual de 182 profesores, una beca de comedor anual para 1.325 alumnos, un total de 11.304 becas anuales individualizadas de transporte escolar para alumnos que viven hasta 5 km de distancia del centro escolar, la comida de un día para 79.021 estudiantes o el salario de mensual de 324 conserjes de centros educativos. “Si hiciéramos una suma de lo que se está gastando la Comunidad de Madrid en pagar a entidades privadas”.
El sindicato también elaboró un estudio en el año 2010 sobre el gasto que supuso realizar la evaluación de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) en 6º de Primaria y 3º de ESO. Entre aplicadores, correctores y apoyo técnico, el gasto rozó el millón de euros. “La cifra total gastada por la Administración madrileña en esta prueba, a todas luces innecesaria, ineficaz y sin garantías de objetividad fue de 903.799 euros”.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha evitado tener en cuenta el rechazo de los sindicatos y de la mayoría de la Comunidad Educativa puesto que pretende ampliar la cantidad de pruebas externas e implantarlas en Educación Infantil. 

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