Manuel Menor nos ha enviado su último artículo Gobierno y profesores.
Se acumulan estos días situaciones
en que los responsables del Gobierno no tienen reparo en hablar y actuar contra
el quehacer profesional del profesorado.
La Dra. Gomendio es el mejor exponente. Prosigue el modelo que, desde los años 90
empezara a cultivar Esperanza Aguirre y, de continuo, aprovecha para proclamar
sus inmutables convicciones. Si las hemerotecas y algunos debates de TV son
testigos del corpus teórico y
práctico de que suele hacer gala, en Brasil, acaba de exponerlo de nuevo, como
se puede ver en: http://www.elmundo.es/espana/2014/04/30/5360a80822601d58128b456b.html.
Ante los desvaríos de la Sra. Rousseff –que está contratando
excedentes españoles de probada calidad investigadora-, ha querido testimoniar
cuáles deban ser los buenos caminos de la gestión educativa. Su lectura del
Informe PIAAC-2013 (OCDE), que tan reiteradamente ha exhibido en España, le ha
vuelto a servir para dibujar una situación de ineficiencia que la LOMCE
–asegura- revertirá, pues con ella se “moderniza el sistema educativo, que deje
de ser puramente memorístico…”, y tendremos “una formación profesional más
moderna”. Lo más nuevo de sus preocupaciones, de todos modos, es que, según
acaba de confesar, en España el mucho dinero invertido en educación no se ha
invertido bien: esos recursos “se han desviado a reducir la ratio
alumno-profesor y a mejorar el salario de los profesores”. Craso error: ahí
está el PIAAC para demostrar lo malos que han sido los profesores españoles,
que no han mejorado “la adquisición de competencias” de los alumnos. Según esta
señora -en otro tiempo investigadora de primates y ahora impertérrita portavoz
privilegiada de los designios del MECD-, lo que están haciendo es lo mejor para
el sistema educativo español.
Reducir profesores –ya van fuera más de 60.000-,
bajar el presupuesto educativo hasta el 3,9% del PIB –según se han
comprometido-, y mantener la bajada del poder adquisitivo de los trabajadores
de la enseñanza junto con otras medidas terapéuticas para el saludable
adelgazamiento del sistema, sentará muy
bien a la red pública, la más afectada por el austericidio. De gran utilidad
para un futuro más intervenido del conocimiento en España, esta piedra
filosofal del bueno, bonito y barato que predica esta secretaria de Estado –y
no se sabe si también la investigadora Gomendio- hace recordar lo que D. Ramón
Menéndez Pidal, desconfiado de que los cargos aumentaran el capital intelectual
de las personas, escribía en 1963: “Muy bueno sería que quienes nos dedicamos
al trabajo científico intentásemos de vez en cuando superar nuestra inutilidad
y pereza” (Ver: ORTÍ BORDÁS, J. M. [Coord], Con
la misma esperanza, Madrid, SEU, pg.
363).
Don Luis Peral, por su parte, también proclamaba el día 28 algo muy similar en
una jornada sobre “Educación en la agenda política europea”. El acto tenía
lugar en la Sala Ernest Lluch del Congreso de Diputados. En el contexto de las
inminentes elecciones europeas, el exconsejero de Educación de la Comunidad de
Madrid y actualmente senador tenía a su lado un panel de participantes poco
adicto a sus tesis y, contraviniendo la idea de la convocatoria para mostrar en
qué podían estar todos de acuerdo respecto a las directivas de Bruselas, optó
por atrincherarse en su radical discrepancia. Es probable que hubiera meditado
ese día sobre la máxima 615 de Camino (Madrid,
Rialp, 1939) –la que habla de
virilizar la voluntad y que sea “como un espolón de acero”, porque “sólo
teniendo una fuerte voluntad sabrás no tenerla para obedecer”. Dejando de lado
las que Escrivá dedicó a la “discreción, virtud de pocos”, vino a repetir, de
hecho, la misma argumentación de la Dra. Gomendio, pero con una pretenciosa
elevación conceptual: la culpa de todos los males de la educación española la
tiene la “izquierda política y educativa”, una especie taxonómica que ha hecho
creer a los españoles que el de la educación era “coto reservado de la
izquierda”. A este Peral, empeñado en su
misión apologética de que aquí estaba la LOMCE para poner coto a tamaño desmán
–que alejaba la res publica educativa de la compra y venta-, poco le importó que la
inversión europea media sobrepasara el 5% del PIB o que los países de nuestro
entorno más convencidos de que la de la educación es la mejor inversión,
derrocharan incluso hasta el 7%. Donde esté una bonita teoría, no ha de
prestarse atención a la frustrante tozudez de los hechos, incluidos los que uno
ha protagonizado. Tampoco han de hacerse comparaciones odiosas, porque habría
que concluir que Villar Palasí y la teresiana Ángeles Galino –responsables en
1970 de la LGE- seguramente pertenecían a esa secta conspiranoica de la
“izquierda educativa”, pues su ley fue bastante más avanzada en muchos aspectos
que la tan pregonada LOMCE de ahora. Bien es verdad que la teoría de Peral
tiene precedente en Alicia Delibes, protegida de Esperanza Aguirre en compañía
de Regino García-Badell. Para la actual viceconsejera de Fígar, la mentada LGE
estaba en la onda perversa de la revolución del 68 (La gran estafa, Madrid, Unison,
2006). Una lindeza -como otras muchas,
muy apreciadas en FAES y Libertaddigital- de intransigente neoconverso,
como débito por el digitalizado alejamiento del polvillo de la tiza; una laudatio de lealtad al neoliberal
elitismo español, empeñado en que la extensión democrática de la educación no
es competitiva (Ver: http://troikaparty.eu/es/troikamarkt-uni-en-venta/).
Las concordancias y
fidelidades hermenéuticas a las exigencias de la
fe en la LOMCE han tenido su culmen en la convocatoria que el MECD había
cursado para este martes pasado, día 29, a los sindicatos. Sin demasiada
sorpresa para estos, una vez más no se trataba de oírles y dialogar respecto al
posible Estatuto docente y, en particular, respecto a su primer capítulo,
relativo la selección de los funcionarios de carrera docente. El MECD trató ese
día de imponer un articulado en que, desmintiendo el compromiso alcanzado a
finales de noviembre de 2013, no sólo no presentaba una propuesta completa del
anhelado Estatuto, sino que priorizaba un asunto que no había sido tratado ni
acordado. Tampoco tenía en cuenta ninguna de las cuestiones que han sido
alteradas desde las negociaciones estatutarias abiertas en 2007. La LOMCE misma
y los recortes sufridos desde 2008 –y, sobre todo, desde 2012-, con todas sus
consecuencias en las plantillas y demás características del trabajo docente
público, aparecieron en esta reunión como asuntos vitandos e innegociables. La
situación existente en este momento -como la de un comienzo de partido con el
marcador a cero- era la que había que tomar como referencia. Nada, pues, de recuperar
empleos perdidos. Nada de hablar de tasas de reposición. Nada de modificar las
precarias situaciones laborales actuales. Nada, tampoco, de los debates
surgidos en torno a la deficiente configuración que tienen la formación
inicial, MIR y permanente de los candidatos a profesores y maestros. A este
afán por dar por sentada una realidad claramente deficitaria y menguante para
una escuela pública de calidad, se añadía ahora, además, en la propuesta
ministerial una mayor exigencia en el sistema selectivo de ingreso en el
trabajo docente. Con curioso silencio respecto a la docencia en la red privada
y concertada –cuyas exigencias han gozado siempre de bula especial en nuestra
historia educativa-, los aspirantes a la pública deberán acreditar –según el
MECD- “suficiente competencia digital,
apropiada para la práctica docente” (Artc. 20.3). Igualmente, “deberán realizar
una prueba de idioma extranjero en la que se acredite un adecuado nivel de
dominio de destrezas orales y escritas en el idioma correspondiente” (artc.
20.4). Siendo teóricamente de interés estas obligaciones –en buena medida ya
implícitas en las propias condiciones que imponen las formalidades de grados y
másteres existentes-, lo que no es de justicia es que no sólo sea poco valorada
la experiencia acreditada por los maestros y profesores que en estos últimos
veinte años han estado enseñando, sino que, a contrapelo de lo que les han
exigido en sucesivas convocatorias a que han tenido que presentarse
periódicamente, les sean impuestos ahora de golpe tales requisitos.
Mal va a desarrollarse,
a medio plazo, la indiscutible tesis de que una
reforma no es seria si no cuenta con un profesorado motivado y bien cualificado
profesionalmente. Y mal síntoma, en corto, que la audiencia-consulta sobre el
capítulo segundo de este anunciado Estatuto docente no pinte bien. Su
convocatoria ha quedado fijada para finales de mayo, sin que hubiera acuerdo
sobre los asuntos de este capítulo primero: todos los sindicatos se han
retirado de la pasada reunión sin dar su aquiescencia a la redacción y
contenidos propuestos por el MECD, convencidos mayoritariamente del poco valor
y desprestigio a que el equipo de Wert está sometiendo al profesorado de la
enseñanza pública. Aparte de una peor
situación que ya se ha generado para los alumnos desde 2012, destacan –una vez
más- el ninguneo especial a los profesores y maestros interinos
existentes. También ponen el acento en
que los demás –según los criterios que marca la LOMCE y que este Estatuto no
mejorará-, tendrán de sobra con ser meros transmisores de estándares de
conocimiento medibles e instrumentables, más preocupados de evaluaciones
externas en matemáticas, lengua e inglés que de lo que puedan aprender
integralmente las nuevas generaciones; y si todo tiene apariencia de selecta
modernidad tecnocrática, mejor. Observando el conjunto estratégico resultante
de las decisiones de esta “derecha pedagógica” actuante, bien podría evocarse
al Doctor Angélico cuando decía que omissio
et commissio non differunt specie, ya que, aunque parezcan asuntos
distintos –LOMCE y Estatuto-, “al mismo fin se ordenan y del mismo motivo
proceden” (Summa Theologica, Iª IIª,
Q. LXXII, 6º).
Madrid,
02/05/2014
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