La Consejería de Educación inició esas contrataciones en el curso escolar 2011- 2012 sin ningún tipo de concurso público
La fiscalía se adhiere al recurso de súplica del sindicato UGT para que la investigación no quede definitivamente archivada. En ese recurso, ya presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el sindicato, se estima que existen numerosos indicios de un posible delito de prevaricación ante la contratación de profesores nativos para los centros públicos de enseñanza desde el curso 2011-2012.
Un posible delito que señala, según la denuncia de UGT, tanto a Esperanza Aguirre como presidenta entonces del gobierno regional y a la consejera de educación Lucia Figar.
Que el Ministerio Publico se adhiera a este recurso no es algo habitual en la práctica procesal, pero lo hace porque suscribe la denuncia inicial del sindicato, una denuncia en fue archivada por la sala de los penal del máximo tribunal madrileño el pasado mes de Julio y que ahora puede ser relanzada con el apoyo de la fiscalía.
La consejería de Educación inicio estas contrataciones en el curso escolar 2011- 2012 sin ningún tipo de concurso público. Por eso se solicita la imputación de un delito de prevaricación.
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