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De momento, estos son algunos de los puntos más importantes del informe titulado Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español:
Titulares y catedráticos contratados. El informe propone que haya profesores titulares y catedráticos de universidad funcionarios o contratados. Los primeros seguirán accediendo con un proceso de concurso parecido al actual (primero se acredita y luego concursa por una plaza que convoca la universidad) y los segundos serán contratados directamente por la universidad entre los doctores que se presenten mediante un proceso que decidirá cada campus. Recomiendan una especie de vía de formación de contrato por cinco años que puede convertirse, si todo funciona, en ese contrato indefinido, una especie de vía de formación y contratación como la que existe en EEUU (tenure track)
“Desfuncionarización”. Esa nueva doble vía podría “proporcionar una transición hacia una "desfuncionarización” del profesorado universitario, dice el texto, sin pasarse del 49% que marca la ley. Ya hay un 49% de profesorado no funcionario en las universidades públicas (como permite la ley), pero la inmensa mayoría con contratos temporales y dentro de figuras concretas como asociados (la inmensa mayoría) o ayudantes… La idea es que la presencia de estas figuras fueran dando paso a los titulares y catedráticos contratados y que se dejara de usar la vía falsa de los asociados para hacer contrataciones: en realidad esa vía es para profesionales de prestigio que compaginan docencia y trabajo.
El Consejo de la Universidad. Con 21-25 miembros como máximo que serán renovados cada cinco años, elegirá al rector (ahora lo hace el claustro o lo vota toda la comunidad universitaria), controlará su gestión y la de los decanos y directores de centros y aprobará los presupuestos. El 50% de los miembros los elegirá el Claustro de la universidad (los profesores, alumnos y personal de administración), otro 25% la comunidad autónoma entre personas de reconocido prestigio profesional o académico, y el 25% deberán acordarse entre unos y otros entre personas de especial prestigio internacional. Mientras el informe pone como salvaguarda que ninguno de los miembros haya tenido un cargo político, empresarial o sindical en los cuatro años anteriores a su nombramiento, para los firmantes de la adenda eso no es garantía. Que los miembros elegidos por las comunidades autónomas sean el 25% “no deja de ser un peligro cierto de injerencia”, que puede ser “causa y origen de una institución dotada de poder político, que entra en lo posible que busque formar mayoría con los ideológicamente afines [del claustro] para controlar la designación” del tercer grupo.
El rector. Será elegido durante cinco años (ahora son cuatro), estará abierto a académicos de cualquier universidad (ahora tiene que ser de la propia) tanto españoles como extranjeros que deberán demostrar su excelencia (si son españoles, con tres sexenios de investigación). “Tendrá plenas funciones ejecutivas” y nombrará a su equipo (vicerrectores, etcétera), a los decanos y directores de centros, facultades y escuelas. Con la organización actual la elección de los representantes de los distintos sectores se hace por votación en cada centro y el claustro y todos ellos tienen una fuerte representación en el consejo de gobierno, el actual “órgano de gobierno” de la universidad, según la ley. Una de las principales críticas al actual sistema es su falta de agilidad y de poder real del equipo rectoral, ya que cada pequeña decisión pasa por demasiados manos; el miedo, por otro lado, es que en busca de la eficacia se pierda democracia.
El Claustro. Con un máximo de 60 o 70 miembros (ahora son hasta 300), un 80% de profesores y un 20% de alumnos y personal de administración, pasaría a ser “órgano consultivo”. En general, se recomienda que todos los órganos (juntas de facultad, etcétera) “tengan un número reducido”.
Más financiación y en base a resultados. Los expertos recomiendan vincular entre el 20-25% de los presupuestos de las universidades públicas a los resultados de investigación y docencia. Esto requiere mucha más información y transparencia, dentro de un proceso que tenga en cuenta ranking internacionales, resultados de investigación o empleabilidad de los titulados (proponen hacer público una clasificación de campus según este último dato). También reclaman, en todo caso, más dinero público para las universidades (ponerse como objetivo alcanzar el 3% del PIB de inversión en educación superior, ahora es menos del 2%), más becas y ayudas al estudio porque el sistema actual es “muy deficiente”. Lo que incluye las becas de movilidad, en un contexto en el que el gobierno ha reducido un 75% su aportación a Erasmus y ha eliminado las Séneca. También quieren que haya más proyectos competitivos y proponen recuperar, con algunos cambios y más financiación, la iniciativa de Campus de Excelencia eliminada por el actual Gobierno.
Reordenación de la oferta y especialización. La oferta de títulos es excesiva y hay que contenerla, dice el texto. Por eso, proponen establecer a escala nacional un número mínimo de alumnos (que puede ser flexible en función de la zona y el área de conocimiento) por debajo del cual habría que eliminar una titulación de una campus concreto y que comunidades y universidades reflexionen sobre la posible reducción de los campus, facultades, departamentos… En este sentido, en otros puntos los sabios vuelven a insistir en la especialización de las universidades: no todas pueden ser punteras en investigación ni en todos los ámbitos.
Acceso al funcionariado. Ahora los profesores deben pasar un proceso de acreditación (a base de documentación) por el cual la Agencia de calidad de las Universidades (ANECA) pone un sello previo de que alguien tiene los méritos suficientes para ser titular o catedrático de universidad. El nuevo informe propone volver a un sistema muy parecido al anterior, que se abandonó por ser muy caro y porque no evitaba la endogamia: se convocará un número limitado de plazas de acreditación de acuerdo con las necesidades de profesores de las universidades: y si se presentan muchas más aspirantes, se resolverá con distintos procesos de exámenes.
Lucha contra la endogamia. Se recomienda que no universidad no pueda contratar a un doctor formado dentro de sus muros (a no ser que se haya formado también en otras instituciones) y que haya complementos salariales ligados a la productividad conjunta de todo un grupo o de todo un departamento.
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