El "comité de sabios" del ministro Wert y la reforma universitaria
El pasado viernes, el "comité de expertos" designado por el ministro de Educación,José Ignacio Wert, para asesorarle en la reforma de la Universidad española hizo público su informe final, un documento de 84 páginas que resume los principales cambios que proponen aplicar en diferentes aspectos: el gobierno de las Universidades, su financiación, la estructura de los estudios y la selección del profesorado.
Como es habitual en estos casos en los que se buscan soluciones para problemas muy diversos, el dictamen contiene, a mi juicio, tanto decisiones valientes y acertadas como otras totalmente desacertadas y que, de aplicarse, empeorarían la situación actual.
También incorporan algunas reflexiones llamativamente discrepantes respecto de lo que está haciendo hasta la fecha el ministro Wert, como por ejemplo la necesidad de garantizar una educación pública gratuita para aquellos más desfavorecidos (frente a la reducción de becas y aumento de tasas aprobadas por el Ministerio), o la defensa de la movilidad universitaria y, más concretamente, de las becas Séneca (recientemente anuladas por el ministro) para desarrollar parte de los estudios universitarios en otra ciudad española diferente de la Universidad de origen.
Las bases de la reforma
En líneas generales, el informe parte de tres grandes líneas de fuerza contrarias a las tendencias de fondo (reales o supuestas) de la Universidad española. Por un lado, busca atajar la pertinaz endogamia universitaria, expresada en un modelo de selección del profesorado a menudo "atado y bien atado" para privilegiar al candidato de la casa (o, directamente, asegurar que éste se haga con la plaza en concurso).
En segundo lugar, el informe afirma buscar un concepto de excelencia, para las Universidades españolas, que jerarquice entre unas instituciones y otras y promueva la competencia. Nada que objetar al respecto, salvo que el tono y las propuestas del informe muestran cierta obsesión por algunas cifras luminosas (número de premios Nobel, por ejemplo) y por el modelo anglosajón de Universidad, basado en la asignación de recursos y en la competencia por el profesorado y los estudiantes en unos términos económicos muy superiores a los manejados en España.
Para que el lector se haga una idea: el coste anual de estudiar en una Universidad prestigiosa estadounidense se ubica en torno a los 40.000 euros, de los cuales más o menos la mitad, en promedio, se iría en pagar la matrícula. Es decir, el coste de la matrícula en EEUU sería diez veces mayor que en una Universidad española (donde actualmente, y tras una importante subida de tasas, oscilaría entre los 1.500 y 2.000 euros en primera matrícula).
Por último, y también inspirándose en la estructura característica de las Universidades anglosajonas, las conclusiones del informe buscan reducir -hasta cierto punto- la autonomía universitaria y vincular a la Universidad más estrechamente con mecanismos de control y gestión emanados desde la sociedad. Concentrando, al mismo tiempo, mucho más poder que ahora en la figura del rector de la Universidad, que podría nombrar directamente a los decanos de las facultades y directores de departamentos (hasta ahora elegidos mediante el voto de las comunidades a las que dirigen).
Además, el rector no tendría por qué formar parte de la propia Universidad y no sería elegido, directa o indirectamente, por la comunidad universitaria, sino por un Consejo de la Universidad compuesto por representantes del profesorado universitario y también, en menor medida, de la sociedad civil.
Todo el poder para los rectores
Este modelo, en resumen,busca nombrar un rector-gestor que tenga mucha mayor capacidad para tomar decisiones, y menos "deudas" de toda clase, que los actuales rectores. Un modelo que, obviamente, suscita muchas dudas. Y no porque el modelo actual funcione a la perfección.
De hecho, muchos de los desmanes y agujeros económicos que padecen nuestras universidades provienen del mal uso que se ha hecho hasta la fecha de la autonomía universitaria. De no saber gestionar bien, o no querer hacerlo. Pero la propuesta alternativa -instalar una especie de "dictadura del rector", a su vez nombrado por un pequeño grupo de "notables" provenientes en su mayoría de la propia Universidad- podría profundizar en estos problemas, en lugar de atajarlos.
Existe aquí, sin duda, una contradicción entre la implícita desconfianza en cómo han ejercido las Universidades su autonomía de gestión que se deduce del informe y la solución propuesta, que puede tener efectos terroríficos en un modelo sin apenas contrapesos.
La carrera académica: retorno al pasado
En cuanto al régimen de contratación del profesorado, que es lo que, para muchos (al menos, para el profesorado universitario), constituye la auténtica piedra de toque de la reforma, que nos permita hacernos una idea de su calado... ¿qué proponen los "sabios"?
Sin duda, el principal problema de nuestro sistema universitario, en este particular, lo constituye la cesura, cada vez más grave, que está impidiendo que los jóvenes profesores universitarios puedan consolidar una carrera en España. Es decir: puedan darle continuidad, en el marco de una Universidad o instituto de investigación, a su docencia e investigación, lo que no sólo les beneficiaría a ellos, sino, sobre todo, a la sociedad que ha invertido muchos recursos en formarlos y que, una vez formados... Los deja a la intemperie o forzados a emigrar. Hoy por hoy, el sistema no sólo no contrata talento sino que lo expulsa, y a gran velocidad.
El informe no da una respuesta clara a esta evidencia, y viene a ofrecer, en cambio, buenas palabras y voluntarismo sobre lo que habría que hacer en un escenario ideal. Insiste mucho en la necesidad de dar una salida a estas generaciones de investigadores y académicos, así como en la importancia de "fichar" talento proveniente de otros países.
La manera de conseguirlo, en parte, provendría de una importante modificación del régimen del profesorado universitario de carácter estable e indefinido, consistente en permitir a las Universidades fichar libremente (con los criterios que ellas decidan) a profesores contratados, con características similares a los actuales titulares y catedráticos de Universidad, pero sin ser funcionarios. Es decir: de nuevo, se trata de un intento de adecuar el sistema estadounidense a la realidad española, cuyos resultados, teniendo en cuenta cuál es dicha realidad, pueden generar todo tipo de efectos perversos, amplificando, en lugar de reducir, todos los males de la endogamia universitaria.
En cuanto a la vía funcionarial, que el informe explícitamente busca ir reduciendo en las Universidades públicas, los "sabios" proponen mantener la actual estructura de dos niveles (titulares y catedráticos), aunque modificando (por enésima vez) el sistema de selección de profesorado. Actualmente, ese sistema se basa en una acreditación por méritos otorgada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Un organismo que se lleva un buen rapapolvo en el informe por su opacidad y por los criterios que sigue para calibrar la capacidad de los candidatos.
Entre dichos criterios, la Aneca tiene en cuenta cuestiones tales como la "innovación educativa" (en España en manos de una especie de secta psicopedagógica que considera que "innovar" consiste en asistir a cursillos y publicar reflexiones psicopedagógicas de dudoso valor) o la "gestión académica", es decir: ocupar un cargo en la Universidad, aspecto muy valorado en el actual sistema. Por razones que a muchos se nos escapan, se considera que los méritos administrativos, que ya están recompensados económicamente, y a menudo con reducción de docencia, también deberían tenerse en cuenta para decidir si alguien es un buen docente e investigador.
El informe propone sustituir este sistema por un examen de ámbito nacional, en el que los candidatos de cada área serían evaluados por un tribunal de cinco profesores, escogidos por sorteo. Es decir, un sistema muy similar a las antiguas habilitaciones que en su día, con la promulgación de la Ley Orgánica de Universidades, implantó el PP en su anterior etapa de Gobierno. Un sistema sin duda más competitivo y más exigente, aunque también más caro y que puede desgastar mucho más, física, económica y psicológicamente, a los candidatos.
En mi opinión, es más lo que se gana que lo que se pierde con la vuelta al sistema de oposiciones nacionales, y por tanto el esfuerzo merece la pena. Sin embargo, no se entiende el diseño de dos sistemas de contratación en paralelo, en el que una de las vías parece el "reverso tenebroso" de la otra. Por un lado, se extreman las precauciones, controles de calidad y nivel de exigencia del sistema pensado para los funcionarios.
Un modelo que busca limitar el acceso, establecer un criterio homogéneo para todo el país y someterlo a pruebas de indudable exigencia,... Para luego diseñar un segundo modelo al gusto de las universidades, sin ningún tipo de control ni de criterios específicos, que permita contratar profesorado y diseñar las condiciones (económicas y laborales) de dicha contratación.
Resulta difícil saber cómo podrán convivir ambos sistemas sin generar disfunciones. De hecho, eso mismo se preguntan dos de los miembros de la comisión de "sabios" (que no por casualidad son, además, los dos juristas de dicha comisión), que han divulgado también una adenda con su voto particular, en el que se explayan a gusto con las enormes dudas que les genera, entre otras cosas, este doble sistema.
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