"No hay que olvidar que la universidad, al menos la universidad pública, cumple un rol social: la formación"
Permítaseme tomar prestado el título de un libro de Noam Chomsky que, si bien se centra en otro aspecto de lo que él considera (des)educación, resulta bastante acertado para ilustrar la siguiente reflexión.
En los últimos tiempos han proliferado las opiniones leídas y escuchadas sobre la ineficiencia del sistema educativo español. Reconozcamos que los informes externos no ayudan demasiado a formarse una idea optimista sobre dicho sistema (PISA, el último informe económico de la OCDE sobre España). Aunque tampoco sobre otros ámbitos o instituciones del país.
En cualquier caso, déjenme que me centre en la educación terciaria, sobre la que también se han vertido críticas, algunas incluso provenientes de dentro del propio sistema universitario. Estas críticas suelen centrarse en aspectos, bastante recurridos por otra parte, como la endogamia, la gobernanza y la mala gestión de los recursos, el exceso de universidades o la falta de rentabilidad de ciertas titulaciones. En muchos casos, al formular la crítica, el modelo de referencia suelen ser las universidades estadounidenses, un sistema por otro lado bastante confuso, dependiente de la política educativa de cada estado, y con una gran implantación de universidades privadas.
Es posible que, según el punto de vista que se adopte, el sistema universitario no proporcione un retorno a la sociedad en la misma medida en que ésta invierte en él. Seguramente, desde un prisma estrictamente mercantilista, esto es así. Pero no hay que olvidar que la universidad, al menos la universidad pública, cumple un rol social: la formación. Y esta formación debe realizarse en diferentes ámbitos del conocimiento, para garantizar una sociedad diversa, plural y sólida, base para el desarrollo de un país.
Hagamos el ejercicio de comparar la universidad española con la de países más cercanos, con sistemas de educación terciaria reconocidos y de éxito. Tomemos como ejemplo a Finlandia, un país de referencia en el ámbito educativo, miembro de la Unión Europea y del euro. Finlandia tiene 20 universidades, todas estatales, entidades legalmente independientes tras la reforma llevada a cabo en 2009. Para una población de menos de 5 millones y medio de habitantes, la ratio es de una universidad por algo menos de 270.000 habitantes. El gasto público en educación (año 2009) es del 6,81% del PIB, siendo las tasas de matrícula eminentemente gratuitas, excepto para algunos masters, que aplican tasas a alumnos de fuera de la UE o del EEA. En 2011, un 28,2% de la población tenía educación terciaria, frente al 30% de media de la OCDE.
En España, existen censadas 82 universidades, de las que 50 son públicas y 32 son privadas. Para una población cercana a los 47 millones de habitantes, la ratio es de una universidad por algo menos de 600.000 habitantes (si tenemos en cuenta únicamente a las universidades públicas, la ratio es de una universidad por algo menos de 950.000 habitantes). El gasto público en educación (año 2009) es del 4,98% del PIB. En el último año, como todos sabemos, las tasas de matrícula se han incrementado considerablemente, mayormente en el caso de los masters. En 2011, en España un 31% de la población tenía educación terciaria.
Otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia tienen también ratios que no superan a los 200.000 habitantes por universidad, con sistemas que, combinando instituciones públicas y privadas, priorizan y mantienen una inversión en educación superior a la de España.
Como vemos, los datos no permiten sostener afirmaciones sobre el exceso de universidades en España (aunque se podría debatir sobre la idoneidad de su distribución, consecuencia de decisiones puramente políticas) o de titulados que no puede absorber el mercado, con porcentajes similares a la media de la OCDE. Tampoco parece que estemos ante un problema de formación, ya que no tendría sentido que otros países demandaran, como está sucediendo, titulados españoles, si éstos no estuvieran adecuadamente formados.
Si bien el sistema público universitario es revisable, susceptible de ser ajustado en aras de una mayor eficiencia de sus recursos, sobre todo en un contexto económico tenso, parece bastante temerario el desensamblarlo (por utilizar un término suave) con argumentos de mercado o de oportunidad.
No sería justo el rehuir un ejercicio de reflexión sobre la gobernanza de las universidades, la gestión de sus recursos, el retorno a la sociedad, o el modelo de contratación, pero no malinterpretemos ni confundamos los números de un sistema que, siempre a merced de cambios de modelos y leyes, mantiene con su nivel de financiación unas cifras más que dignas en cuanto a formación o producción científica.
Eduardo Vendrell es director de la ETS de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia
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