Los obispos quieren intervenir en todo lo que ocurre en el catolicismo español, o, al menos, que se les consulte antes de organizar nada. La última víctima de esa vocación de control son Escuelas Católicas, la marca de la poderosa Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA). Propietaria de 2.630 centros donde estudian 1.399.499 chicos a cargo de 117.446 personas, entre profesores y personal administrativo, la FERE es el 15,2% del sistema educativo y el 59,2% de la escuela privada concertada. La jerarquía quiere saber de sus pasos, sin contemplaciones.
Esta vez, el objeto del seguimiento es Escuelas Católicas, que organiza cada año unas jornadas de reflexión por las que han pasado 35.000 docentes en los últimos cinco años, hasta ahora sin problemas. Las de este curso, sin embargo, bajo el título Cartografías de la fe, no han obtenido el placet de los prelados. Motivo aparente: el no haberles consultado (nunca se había hecho). Causa principal: el que entre los ponentes hay personas que disgustan a la jerarquía. Tras semanas de idas y venidas y de tiras y aflojas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha impuesto sus condiciones y Escuelas Católicas las ha aceptado a regañadientes.
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Son conocidos los desencuentros de la CEE con la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que agrupa a casi 70.000 frailes y monjas, y con la FERE. Su presidente es ahora el jesuita Elías Royón y sus relaciones con Rouco son relativamente pacíficas (quizás por inexistentes). Pero, años atrás, los conflictos arreciaron cuando los religiosos, que pisan más la calle y las aulas que los obispos, se negaron a secundar los radicalismos de los prelados.
La implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía fue el último detonante. Frente al posicionamiento combativo de Rouco, que predicó la objeción de conciencia y el rechazo total, Escuelas Católicas optó por el entendimiento y un cierto pacto, a cambio de que el Gobierno de Zapatero les dejase libertad para aplicar la asignatura en cada centro. Ello disgustó sobremanera a los obispos y Manuel de Castro, salesiano, que dirigía entonces la FERE, salió del cargo asqueado (aunque aclamado por su organización en pleno). Fue sustituido por Juan Antonio Ojeda, religioso de la Salle, que abandonó pronto, también espantado por el ambiente en el que debía trabajar.
Hubo que buscar el sustituto en Roma, donde Alvira Duplá venía ejerciendo labores en la curia de la Compañía de María. Se buscaba, sobre todo, a un hombre puente de dialogo entre la FERE, el Gobierno y el episcopado, en la idea de que hay obispos dispuestos a alejarse de las tesis de Rouco en busca de acuerdos.
Así que en el plan por controlarlo todo (y que sepa de ese control el pueblo de Dios), ahora le ha tocado el turno a Escuelas Católicas. Los arietes de Rouco han sido los arzobispos de Oviedo y Granada. Al fondo, además, el interés en que lleguen a buen puerto las negociaciones que mantienen el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y el secretario y portavoz de la CEE y obispo auxiliar de Rouco, Juan Antonio Martínez Camino.
Lo que los obispos piden (más bien, exigen) al Gobierno es mejorar el estatus de la asignatura de Religión, un control más cómodo de los nombramientos y despidos de sus docentes de catolicismo y la eliminación radical de Educación para la Ciudadanía con la imposición de una asignatura alternativa a la religión con dificultad suficiente como para facilitar que el alumnado prefiera apuntarse a clase de religión. También reclaman más facilidades para ampliar la educación concertada religiosa. A estas negociaciones no ha sido invitada la FERE, que toma el desplante como la confirmación de que Rouco y su portavoz quieren meter mano en todo lo relacionado con la enseñanza.
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