Profesores, profesionales de la enseñanza, padres, alumnos... y ciudadanos en general han elevado más de 900 propuestas al Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la enseñanza no universitaria en nuestro país. Entre las más novedosas, apuntan la confección de un carné por puntos de conducta escolar, premios económicos para los estudiantes con mejores notas y castigos para los malos alumnos.
Son opiniones de personas a las que preocupa que se emprendan reformas educativas continuas, entre otros motivos porque los profesores no tienen tiempo suficiente para implementarlas. Así, piden que los cambios tengan el consenso de los sectores implicados y se mantengan al margen de vaivenes políticos.
También se reclama una mayor asignación de recursos económicos, humanos y materiales, según explica un informe ministerial que resume las aportaciones llegadas a la dirección calidadeducacion@mecd.es durante julio, cuando Educación publicó sus propuestas básicas de reforma.
Contenidos comunes
En general, las colaboraciones creen en la «conveniencia» de un marco educativo común a toda España y unos contenidos, objetivos y niveles de exigencia «compartidos», sin perjuicio de la autonomía y circunstancias de cada centro educativo.
Entre las opiniones, el aumento del número de alumnos por aula se califica de «contrario» a la calidad educativa y se piden más laboratorios, bibliotecas y salas de usos múltiples, racionalizar los precios de los libros de texto o fomentar el préstamo y el trueque o el cheque escolar.
El refuerzo de materias básicas (lengua, matemáticas) se considera «positivo», pero también se pide para las ciencias aplicadas, humanidades, latín y griego, e incidir en la formación financiera y la informática. Otros, por el contrario, advierten de que la competencia lingüística o matemática no será mayor con más horas, sino mejorando el aprendizaje: pasar de la memorización rutinaria al análisis y el razonamiento lógico. Algunos proponen menos gramática y más conversación y películas subtituladas, no dobladas, para aprender idiomas.
Adelantar la elección de itinerarios en ESO cuenta con «gran aceptación» —incluso algunos piden que sea a los 12 años—, así como posibilitar cambiar de vía formativa después. También se plantea ofrecer itinerarios para alumnos que «no quieran» estudiar a partir de los 14 años. Pero otros rechazan los itinerarios por ser una etapa obligatoria o advierten de que la elección temprana puede perjudicar a los alumnos.
Respecto a las evaluaciones con efectos académicos tras cada etapa educativa, unos entienden que deben ser externas, de ámbito nacional y con procedimientos «objetivos».
Muchos creen acertada la posibilidad de que el alumno pueda obtener el título de ESO con dos materias no instrumentales suspensas, si supera una prueba externa, así como refuerzos y apoyos obligatorios para quien llegue al instituto sin superar la primaria. Gran parte rechaza la promoción automática, pues el alumno tiene que concienciarse de que no pasará de curso, al margen de su edad, si no se esfuerza.
Mayor exigencia
Así, se reclama elevar las exigencias académicas, actividades que motiven al alumnado, sistemas de puntos para recibir ayudas o certificados de calidad educativa.
También se piden «profesores de apoyo en clases muy reducidas» para alumnos con necesidades especiales.
La mayoría no considera necesario un ordenador por alumno, sino acceso a aulas informáticas, internet, cañones de proyección y pizarras digitales.
Sobre la FP, es destacada como «alternativa» a la universidad, se pide más oferta, aprender trabajando y adecuarla al tejido empresarial; se valora la de tipo dual (formación en centros de estudios y de trabajo), modelo que podría extenderse a las enseñanzas universitarias en la medida oportuna.
En lo referido a la autonomía y evaluación de los centros educativos, se apunta tener en cuenta qué alumnado escolarizan y dónde se ubican.
Se aboga por menos burocracia y más profesionalización (con formación específica) de los directores a través de «cuerpos, acreditaciones o habilitaciones o concursos específicos».
Sobre el consejo escolar de centro, «la mayor parte» prefiere una función «consultiva pura», aunque algunos defienden «cierta capacidad» de decisión; y otros, más competencias para el claustro.
Contra el acoso y la violencia escolares, se proponen protocolos «rápidos y útiles»: aulas de convivencia, expulsiones, servicios a la sociedad, códigos de conducta, reparación del daño causado y más margen, por ley, para que el profesor imponga disciplina.
La «legalización» de la educación en casa y una inspección educativa con «potestad plena» para intervenir en reclamaciones de alumnos y padres sobre el proceso educativo son otras de las peticiones realizadas.EFE
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