En el debate sobre la segregación escolar por sexo subvencionada con dinero público hemos visto cómo se sucedían los acontecimientos:
Primero el Tribunal Supremo da la razón a los gobiernos de Andalucía y Cantabria tras no conceder el concierto educativo (ya explicamos hace tiempo en qué consiste esta estafa) a empresas privadas que separan a sus alumnos por su sexo argumentando que incumplen la ley, concretamente el artículo 84 de la LOE. Después, el Ministro de Educación expresa su molestia por la resolución y en pocas horas anuncia un nuevo e improvisado cambio de las leyes educativas. Para terminar, Esperanza Aguirre declara que se pasará la resolución por el arco del triunfo, acostumbrada como está a llamar a la insumisión cuando la norma o el juez no son de su agrado.
Pedagógicamente poco hay que decir acerca de la segregación del alumnado: no existe estudio ni informe alguno donde se concluya que separar sea beneficioso para algo. La discriminación por sexo en los colegios no se basa en hechos científicos ni teorías vanguardistas, sino que se sustenta en una antigua y errónea creenciaextendida sobre todo en los entornos conservadores. Las diferencias en el desarrollo físico de niños y niñas son irrelevantes en el terreno académico, mientras que los aspectos positivos de la convivencia entre ambos sexos desde el nacimiento son incontables. Esta diferenciación artificial reduce el conocimiento, las experiencias, el enriquecimiento personal, la naturalidad de las relaciones humanas... Como en cualquier ámbito de la vida, el desconocimiento no acarrea nada positivo; si la escuela es la institución más importante en la socialización de los niños, ¿qué mensaje mandamos si permitimos la discriminación?
El hecho de que esta opción personal esté subvencionada con dinero público es totalmente censurable. No nos cansaremos de denunciar que el concierto educativo es una aberración, un insulto a la verdadera libertad de elección que sirve de excusa a algunos gobernantes para perpetuar este sistema casi único en el mundo. Nadie está en contra de poder elegir, o de que se levanten cientos de colegios que oferten miles de opciones, pero por supuesto no a costa de los impuestos de todos. ¿Por qué una famosa orden ultrareligiosa que incumple la ley es la primera en el reparto del dinero que se recauda a todos los ciudadanos, incluso por delante de la Escuela Pública? Este es un estado laico y la religión y la segregación escolar son preferencias personales, por lo que defendemos que exista esta escuela... pero dentro del sector privado, más si cabe tratándose de una escuela que discrimina.
Por otra parte, este fallo del Tribunal Supremo (que no es precisamente del juez de paz de Villamartín de Campos, con todos los respetos) podría haber sido aprovechado para ahorrar una millonada a las arcas del Ministerio; una oportunidad perfecta para acatar la ley y de paso "controlar el gasto público" que tanto se pone como excusa cuando recortan derechos a diestro y siniestro. Pero ni un día han tardado los dueños de nuestros impuestos -ya que se comportan como tales ante la pasividad social e indiferencia general- en avisar que echarán tipp-ex en un par de párrafos para que ningún empresario u orden religiosa se quede sin dinero público con el que lucrarse, a costa del empobrecimiento de la opción pública. ¿Dónde queda eso del ahorro, de apretarse el cinturón, de que estas medidas son dolorosas pero necesarias? Recordemos que, por ejemplo, el IVA de más que paguemos a partir de septiembre servirá para mantener el concierto educativo de estos colegios segregados ultracatólicos.
Los responsables del sistema educativo español vuelven a demostrar que para ellos las leyes son poco menos que papel mojado. En este país, quien llega al poder tiene carta blanca para hacer con ellas lo que le plazca: la interpretación que hacen es tan arbitraria e interesada que da risa, y cuando lo que está escrito impide claramente el lucro de quien manda (mercados les llaman, aunque la Iglesia sigue teniendo algo que decir) directamente se reescribe y punto. ¿Referéndum? ¿Consenso? ¿Beneficio para la sociedad? Nada de eso: lo hacen porque pueden y que se jodan los que no salgan beneficiados (un "nada representativo" 99%, como nos tienen acostumbrados). Tras las reválidas, el cambio de la Educación Cívica y Constitucional, el aumento de las ratios, la subida de tasas, la bajada de sueldo a docentes y funcionarios en general, el tajo a los presupuestos destinados a Educación y ahora este apoyo incondicional a la discriminación en las aulas, podemos pronosticar que pronto la sociedad estará tan dividida como hace medio siglo, cuando las capas más bajas apenas tenían oportunidad de mejorar su calidad de vida. En unos días se inicia un curso del 63 muy duro para todos: esperemos que toda la comunidad educativa responda como debe.
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