No sé en el resto del Estado, pero en Madrid, llevamos un mes de mayo en el que los cielos del centro de la ciudad están surcados, día y noche, por helicópteros de la policía. Algo que inevitablemente nos recuerda la famosa película de Francis Ford Coppola y que produce la sensación de que la ciudad está bajo el estado de sitio. Unas veces porque hay huelga general, otras porque se manifiesta en sesión continua el movimiento del 15-M, también por las movilizaciones en defensa de los servicios públicos, por la marea verde, azul o negra, por las múltiples celebraciones deportivas, etc. No exagero: día sí y día no, a todas horas, incluyendo las madrugadas. El Ministerio del Interior debería de informar de las horas de vuelo y del coste que supone para el erario público. Y ser consciente de las molestias del ruido para una parte importante de la población: ya sé de vecinos que duermen mal y de alguno que está empezando a obsesionarse.
Esta situación refleja varias cosas. Por una parte, la voluntad de intimidación que tienen las autoridades actuales respecto a la ciudadanía. Por otra, la intensa movilización social existente en la calle. El uso de los helicópteros no es para perseguir a una banda de delincuentes en fuga, sino que se realiza para controlar todos los pasos de los pacíficos manifestantes y recordarles que en el altísimo está el poder. Esta actitud se manifiesta en otros hechos y comportamientos como, por ejemplo, cuando se llevan detenidos a jóvenes que quieren pasar la noche tranquilamente sentados en la puerta del Sol; cuando se impide el derecho constitucional a la libre circulación de ciudadanos por llevar una camiseta verde con el revolucionario lema Escuela Pública de tod@s y para tod@s; cuando se bloquean los semáforos por la policía para que no pasen los profesores como en la última huelga de la enseñanza (22 de mayo, a las 13 horas, en la calle de Alcalá, frente al ministerio de Educación); cuando la policía actúa contundentemente contra los medios de comunicación que cubren las noticias; cuando siguen los agentes sin llevar a la vista su número de identificación y encima amenazan a quienes se lo solicitan.
También cuando se piden los carnets a los manifestantes para intimidarles y multarles, dificultando su derecho de manifestación, que está por encima del derecho a la circulación, algo sobre lo que existe doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia 31/2007, de 12 de febrero y sentencia 110/2006, de 3 de abril), ya que el único límite al artículo 21.2 de la Constitución Española, es cuando como consecuencia del mismo puedan ponerse en peligro personas o bienes. Por no hablar de la toma de Barcelona y la suspensión del Tratado de Schengen con motivo de la reunión del Banco Mundial en mayo de este año. Estas prácticas hacen que muchos ciudadanos vean a la policía actuando, en ocasiones, más como fuerzas del desorden, que como un cuerpo democrático encargado de proteger los derechos y libertades constitucionales.
La movilización social sostenida que se vive es la respuesta a la política de austeridad que aplica Rajoy y que está laminando el Estado de Bienestar y empobrece a la población sin ningún resultado positivo. La prima de riesgo roza cada día los 500 puntos, todos los organismos internacionales pronostican al menos dos años más de recesión, el desempleo es estratosférico, hay despido libre, caen en picado las rentas salariales y se deterioran de los servicios públicos fundamentales. Y lo más grave de todo, se está sacrificando a una generación de jóvenes.
La percepción de los ciudadanos es de profunda injusticia social y de agravio comparativo. La crisis la sufren los de siempre, la iglesia vive en un limbo fiscal sin pagar ningún impuesto y lo que se les quitan con una mano a los ciudadanos, se lo dan, con la otra, a la banca. El caso de Bankia es paradigmático de cómo actúa el capitalismo neoliberal: socializan las pérdidas, para privatizar los beneficios de nuevo, en cuanto esté saneada la entidad. Y no estamos hablando de unos pocos miles de millones de euros, sino de cifras del orden de los 24.000 millones, que el nuevo presidente de la entidad considera que no habría que devolver nada porque sería capital. Lo dice el banquero que cobró 68,7 millones de euros de pensión de jubilación.
Por ello, ante este estado de cosas tan escandaloso, la falta de expectativas positivas y la indignación creciente, es normal que la movilización vaya a más y se mantenga. Y lo que no puede hacer el gobierno actual es atropellar los derechos democráticos. Tampoco caer en la trampa de algunas voces del Partido Popular que demandan más autoritarismo y más dureza. La polémica suscitada por la presidenta de la comunidad de Madrid, en torno a la celebración del final de la Copa del Rey, no es una anécdota.
Más allá del patológico afán de protagonismo de la señora Aguirre, está claro que no improvisó (parece que indicó a alguna persona de la prensa que la preguntaran sobre el partido) y sus declaraciones eran muy sentidas, incluido ese final de frase, tras pedir que se suspendiera el partido y se celebrara a puerta cerrada si había abucheos, y ya verá usted como no se vuelve a producir, o sea para que así escarmienten de una vez.
¿Qué buscaba? Para algunos desviar la atención sobre sus trampas en relación al déficit real que tiene la comunidad de Madrid. Para otros, lanzar un guiño a la derecha extrema de su partido e incluso a la ultraderecha que se manifestaba por las mismas ideas que defiende Aguirre sobre el himno y la bandera. Por cierto, cuándo la oiremos hablar del código penal en relación las esvásticas que se exhiben en determinados campos de fútbol.
La propuesta de Aguirre era absurda por inviable. Ella, como aficionada taurina debe de saber que el hecho de que las corridas las presida un comisario de policía no se debe a que entienda de toros y sepa qué pañuelo tiene que sacar en función de la faena. Lo hace como representante de la autoridad gubernativa para evitar los problemas de orden público que pueden generarse en un espectáculo de masas si, por ejemplo, el torero sale corriendo o se suspende la corrida. ¿Llegó a creerse de verdad que era posible desalojar, sin que se produjeran gravísimos incidentes, a 55.000 personas que vienen desde 500 kilómetros a ver a su equipo? Como hubiera sido una decisión delirante, lo verosímil es pensar que Aguirre tiene otras intenciones. Aguirre sigue trabajando en previsión de un escenario político parecido al existente al final de la pasada legislatura. Esto es, un país seguramente intervenido, un presidente de gobierno achicharrado por la situación económica, por las políticas de recortes aplicadas, los incumplimientos electorales y el nepotismo. Y ante ello, la necesidad de buscar otra candidatura a la presidencia del gobierno, como pasó con Rubalcaba frente a Zapatero.
Esta es su hipótesis de trabajo, otra cosa es que le salga. Pero no es ningún escenario de política-ficción: la crisis se ha llevado por delante a 17 gobiernos europeos y el desgaste del actual gobierno de España está siendo muy acelerado en pocos meses. En el supuesto de que Rajoy se queme nos podríamos encontrar con la candidatura de la señora Aguirre, convertida en una especie de Thatcher arrabalera. Eso sí, menos valiente, porque perdió la ocasión de ir al campo de futbol a convencer a las decenas de miles de ciudadanos del Estado español sobre sus ideas para cohesionar el país. La unanimidad en el cariño demostrado a Aguirre por los 55.000 aficionados del Athletic y del Barcelona (auténtico récord de los Guinness) es el fruto de la provocación. Afortunadamente, al final hubo lo que tenía que haber: deporte y espectáculo y se demostró el grave error que supone mezclarlo con la política.
En fin, que aterricen los helicópteros y que doña Esperanza se piense más lo que dice. A ver si así podemos descansar un poco.
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