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El Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados presentó esta mañana el borrador de conclusiones en el que se dedica un punto a la educación que propone un aumento de la inversión en el sistema público, dejando fuera a la concertada
El punto 18 del borrador se dedica exprofeso a la cuestión educativa de cara a la reconstrucción tras el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 de estos meses. Buena parte de este punto pone la mira en la situación del alumnado y de las familias en peor situación socioeconómica, pero no solo.
El documento habla de un aumento de la inversión educativa que acerque la cifra actual a la media de la Unión Europea (de poco más del 4% hasta el 6%). La polémica ha saltado esta mañana por el hecho de que el documento especifica que este aumento repercuta en el sistema público, dejando fuera a la red concertada.
También pide el aumento de los puestos escolares en la educación pública así como la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector. O el refuerzo de los centros en los que se dé una alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o de minorías o el aumento de profesionales como PT (pedagogía terapéutica), AL (audición y lenguaje), PTSC (profesor técnico de servicios a la comunidad) o trabajadores sociales en centros con alumnado con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje.
En este sentido apela al apoyo a las comunidades autónomas para la redacción de planes de recursos para los centros de alta complejidad que pudieran contemplar el incremento de la dotación de personal docente y no docente para poder dar apoyo social y emocional intensivo a chicas y chicos. Y buscar el consenso en la Conferencia Sectorial para crear un plan de choque de inicio de curso para la detección de desigualdades generadas por la situación de pandemia y para revertirlas.
En dicho plan podría contemplarse un aumento de la formación docente en la dirección de mejorar sus competencias digitales; el equipamiento de las familias y la mejora de la competencia digital de estas y del alumnado; el impulso para cubrir los costes indirectos de la escolarización obligatoria como libros y material escolar, comedores o transporte; el fomento de las actividades extraescolares, y, por último, la lucha contra el acoso y el ciberacoso.
Otro de los puntos de este artículo 18 pide la universalización del 0-3 con carácter público y gratuito. Hoy por hoy la mayor parte de plazas en esta etapa con privadas o concertadas por todo el país y no es capaz de absorver una eventual universalización. Están matriculados en escuelas infantiles de 0-3 algo menos de la mitad de las criaturas.
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viernes, 3 de julio de 2020
El Congreso aprueba un incremento de la inversión en la educación pública en la Comisión de Reconstrucción (
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