Reproducimos este artículo de CUARTOPODER.ES
El PP y Vox se han negado a firmar una declaración institucional en la Asamblea de Madrid condenando el ataque sucedido ayer contra un centro de menores en el distrito de Hortaleza. La declaración, que había sido impulsada por Unidas Podemos-IU, contaba con el apoyo de Más Madrid, PSOE y Cs. Este tipo de declaraciones se pactan antes y se requiere unanimidad para leerlas en el Pleno.
En declaraciones a los medios, la portavoz de UP, Isabel Serra, ha lamentado que la Asamblea de Madrid no condene estos hechos. "¿Qué pasaría si esto no hubiera sido contra niños pobres y migrantes sino en la Puerta del Sol. Estoy segura de que PP y Vox saldrían inmediatamente a condenar los hechos". Serra ha recordado al Gobierno que la situación en el centro se lleva degenerando desde hace tres años". Ha destacado que los trabajadores han pedido mejoras en las políticas públicas y cumplir con la Convención de los Derechos de la Infancia. Además, ha condenado los discursos de odio y ha pedido a los medios de comunicación que den voz a los niños migrantes solos. "Es la única forma de que la sociedad conozca sus deseos, necesidades y anhelos".
La declaración institucional que se pretendía aprobar es la siguiente:
"La Asamblea de Madrid manifiesta su más rotunda condena y repulsa al atentado sufrido por el Centro de Primera Acogida de Hortaleza el pasado miércoles 4 de diciembre de 2019. Asimismo, se solidariza con los niños y niñas que son víctimas de los discursos de odio, así como con los trabajadores y trabajadoras de la institución.
En este sentido, en primer lugar condena sin ningún reparo los discursos de odio de quienes criminalizan y señalan a los más vulnerables de nuestra Comunidad Autónoma, que constituyen un caldo de cultivo para todo tipo de agresiones. El uso de la violencia, en todo caso, es un ataque directo a nuestro estado de derecho y al sistema de valores que conforman nuestra democracia y cohesionan nuestra sociedad
En segundo lugar recuerda que son los poderes públicos los responsables de garantizar los derechos a la infancia en nuestra región, sin distinguir por origen o procedencia, para que puedan vivir dignamente, y de dotar de recursos públicos al sistema de protección de la infancia en base al “interés superior del menor” y la Convención Internacional de los Derechos del Niño de NNUU".
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