El Anteproyecto de reforma educativa reduce los componentes más virulentos de la LOMCE, pero no coarta asimetrías principales que dualizan el sistema
Cuenta Carmen Heredero, a propósito de Género y Coeducación –libro suyo reciente-, cómo desde los inicios del reciente movimiento feminista en España, ambas cuestiones no solo han sido motivo de reflexión y actuación de muchos docentes, sino que han dado vitalidad a organizaciones que han pretendido representar sus reivindicaciones.
8 de marzo
Se acerca otro 8 de marzo y, si se echa la vista atrás, T.E.(Trabajadores de la Enseñanza), la revista en que han quedado reflejadas las preocupaciones de los enseñantes afiliados a CCOO, se puede advertir esta presencia desde hace mas de cuarenta años. En su último número, el 369, esta inquietud viene justificada por la continuidad de noticias lastimosas y desigualdades que –por razón de sexo- siguen impregnando la vida laboral y social.
El riesgo de que, después de tantos años, la procura de esta sensibilidad igualadora parezca una repetición inútil es grande. Y más cuando en el discurso político han eclosionado grupos, medios y actitudes que pretenden explotar el tradicionalismo patriarcal como fuente de votos contando, además, con la complicidad de muchas instancias que lo llevan incrustado en su ADN constitutivo.
La urdimbre
Esta tendencia a cansarse de tener que seguir empezando, sin cesar –como exigía Lars Gustafsson en La muerte de un apicultor- es tentadora también en lo concerniente a las políticas educativas, cuando se está tratando –una vez más- de destejer la última trama o contrahilo del tejido que trazó la LOMCE. En esta operación tienden a reiterarse actuaciones del pasado. Este Ministerio procede como si fuera suficiente con retirar los hilos que más distorsionaron la LOE. Parece que refundirá los cambios en un texto nuevo tratando de derogar sus artículos más gravosos y, de paso, intentará un reequilibrio de los dos ingredientes principales del art. 27CE: la libertad y el derecho universal a la educación. Con este método, el PSOE estaría tratando de cumplir con cuantos en estos años han pugnado por que la ley vigente desde 2013 tuviera el menor recorrido posible. No obstante, al no entrar en el fondo de la cuestión y dejar fuera de foco hilos esenciales de la urdimbre, esta seguirá casi intacta; muy erosionada en estos últimos años, pero desequilibrada en cuanto a elementos principales que, de origen, la LODE (1985) y la propia LOGSE (1990) intentaron corregir.
Al publicitar este Anteproyecto como “lo posible” frente a los partidarios de la intangibilidad de la “mejora de la calidad” educativa del PP, este reformismo del PSOE, independientemente de su entidad, se convierte en instrumento relevante de la campaña electoral que ya está en marcha. El conmigo o contra mí se hace a cuenta del gran poder simbólico de la educación acentuando de nuevo el síndrome de Penélope sin avanzar en la confección de una tela consistente de todos y para todos.
Con tal provisionalidad, esta es otra ocasión perdida para atender a las raíces de problemas centrales del sistema en su configuración actual. Las apariencias del marketing se imponen a la realidad. En todo caso, recurrir a las supuestas falsedades que se están vertiendo contra este Anteproyecto -que va a entrar en el Congreso en cuestión de días- no debiera ser una distractora manera de ocultar lo que no se va hacer. Los ciudadanos merecen razonada explicación sobre lo que “no toca”.
El sueño de “lo que toca”
No hacer esta “pedagogía” será contraproducente: nadie suele fiarse de promesas a largo plazo y menos en política. El riesgo que corre el PSOE es que crezca la indiferencia, la abstención y su falta de credibilidad. Si en esta restauración de la LOE asumen las limitaciones que tuvo esta ley para fortalecer de diversos modos la escuela pública, le restan valor a ambas. Si la laicidad no es aceptada para garantizar la igualdad del alumnado, el crucial derecho universal a la educación sigue quedando mediatizado. Si los recursos disponibles para las atenciones educativas de los ciudadanos no son distribuidos con las exigencias de la justicia conmutativa social, la financiación de la escuela pública no solo será endeble sino discriminatoria de origen. El centro del problema seguirá, así, donde estaba cuando, con Méndez de Vigo, quedaban fuera de aquel “pacto” las mismas cuestiones.
Por otro lado, las legislaturas anteriores del PSOE, de 1982 a 1996 y de 2004 a 2011, fortalecieron la tradición de sus restrictivas posiciones respecto, por ejemplo, a lo que había sido la “Alternativa para la Enseñanza” (Colegio de Doctores y Licenciados, 1975-76), matriz de su programa electoral antes de tocar poder. Un ministro suyo ha contado cómo los obispos habían intentado que prosiguiera la costumbre de firmar los decretos que ellos habían preparado; los condicionantes del cargo han proseguido y, a día de hoy, ese nudo gordiano del sistema educativo español sigue siendo competencia de Moncloa y no del Ministerio: una inexplicada razón de Estado le continúa imponiendo barreras a sus preocupaciones democratizadoras en igualdad.
Como en cuestiones de género y coeducación, este Anteproyecto sigue, pues, en el viejo tejer y destejer que –como estudió Yvonne Turin en 1967- ya contaminó en el siglo XIX la libertad y el derecho universal a la educación, cuando en la Ley Moyano (1857) tuvo prevalencia lo acordado en el Concordato (1851) y la historia de la ILE (Institución Libre de Enseñanza) ejemplificó su alcance. Insistir, por tanto, en 2019 en que hay que contentarse con una mediatizada proactividad reformista hace que, en perspectiva, sea ficción este incesante afán por redecorar el telar educativo. Mircea Cartarescu diría de este empeño lo que afirmó de su propia escritura: “Únicamente el sueño me refleja de manera realista” (Nostalgia, 2012, p.16).
Manuel Menor Currás
Madrid, 30.01.2019
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