- «Las organizaciones convocantes no son capaces de ponerse de acuerdo y el 17 de marzo los pensionistas no irán todos juntos en el gran escaparate que es Madrid»
- «Si se persiste en la desunión entre movimientos y sindicatos, mala dirección llevará la lucha, porque unidos se puede ganar, divididos se pierde siempre»
- «Quienes recortan las pensiones cuando la economía crece al 3%, quienes asustan a los ciudadanos en vez de buscar soluciones, no se merecen estar al frente del Gobierno»
Rajoy miente con aplomo y por escrito. En el debate parlamentario sobre las pensiones ha dicho: “Mientras yo sea presidente las pensiones no se van a congelar”, tras el robo de subirlas un 0,25% para una inflación de un 2% de media a lo largo de 2018. Ha hecho un discurso triunfal que se desploma al subir solo dos euros las pensiones. Ciudadanos ha rechazado la revalorización con el IPC, cuando conocemos que Rivera se está reuniendo en secreto con los presidentes del Ibex (NOTA 1). El resto de grupos ha defendido la revalorización de las pensiones en base al IPC, pero no se ha podido ni votar por el filibusterismo parlamentario del PP con el apoyo de C´s, que defiende los mismos intereses financieros.
Era previsible este desprecio a los pensionistas, por eso la movilización debe ser lo más contundente posible. La mañana del jueves 22 de febrero se produjeron espléndidas manifestaciones de pensionistas en todo el país; el siguiente paso era convocar en fin de semana para que pudieran acudir a ellas trabajadores y jóvenes, ya que el problema es de todos; luego vino el 8 de marzo y el movimiento feminista hizo historia. Estaban creadas las condiciones para que las manifestaciones del sábado 17 de marzo también fueran históricas. Dado el calibre de la agresión de la derecha y del sistema financiero contra el sistema público de pensiones, el siguiente salto de escala debería ser trabajar con el horizonte de una huelga general, porque si hay algo sagrado en este país son las pensiones.
Pero hete aquí que las organizaciones convocantes no son capaces de ponerse de acuerdo y el 17 de marzo los pensionistas no irán todos juntos en el gran escaparate que es Madrid. Aquí, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones y los sindicatos CCOO y UGT convocan en la Puerta del Sol a las 11h00 (la última hora es que los sindicatos convocan a las dos manifestaciones), y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convoca en el mismo sitio a las 18h00. Seguramente habrá dos respetables manifestaciones cuando debería haber una inmensa. El debate que he visto en las redes sociales está lleno de reproches, desconfianzas, sectarismos y ajustes de cuentas; malas armas para intentar ganar una batalla que se presenta tan dura. Me pregunto cómo explicaran esto a los convocados, fuera de sus debates internos. Si finalmente no hay acuerdo, algunos iremos a las dos, pero desde la convicción de que es un error absurdo ¿Se imaginan qué diferente hubiera sido el 8 de marzo con dos manifestaciones feministas?
Si el movimiento rechaza a los sindicatos y los sindicatos rechazan al movimiento, persistirá la desunión y habrá una mala dirección de la lucha, porque unidos se puede ganar, divididos se pierde siempre. Por ello, hay que encontrar un modus operandi que permita: fijar un programa común, una hoja de ruta de las movilizaciones dirigida también a la clase trabajadora y a toda la sociedad, y un compromiso de participación unitaria en las negociaciones que se produzcan. Y lo planteo desde la pequeña autoridad moral que pueda dar a las personas del Sector Crítico de CCOO haber criticado pública y duramente al sindicato por haber firmado la reforma de 2011 y no haberse movilizado contra la de 2013.
ciudadana por las pensiones es la mayor de los últimos 30 años. Normal. Millones de pensionistas y de trabajadores han visto las orejas al lobo al sufrir la pérdida de poder adquisitivo y por las incertidumbres de futuro que escuchan cada día. La chispa que ha encendido la mecha del cabreo ha sido el ridículo 0,25% y han salido a la calle a movilizarse ante lo que consideran un trato indigno.
Llovía sobre mojado. Últimamente se han recrudecido los ataques al sistema público de pensiones para potenciar el negocio de los fondos privados. Veamos. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo desde 2012, muestra de un empobrecimiento sin precedentes de los pensionistas de entre el 4 y 7%, más aun considerando los copagos y las subidas de consumos básicos. España es el único país de la UE que desvincula la subida de las pensiones de los precios. La aplicación del 0,25% de “revalorización” con tasas de inflación del entorno del 2% marca un futuro de acelerada depauperización de las pensiones. Por otro lado, el Fondo de Reserva se lo ha pulido el Gobierno Rajoy, habiendo extraído 67.337 millones entre 2012 y 2016, cuando con solo el 2,7% de la hucha encontrada por Rajoy al comienzo de su legislatura se podrían revalorizar todas las pensiones con el IPC.
También están las provocadoras declaraciones dirigidas a crear las condiciones para la privatización del sistema público. Por ejemplo, Rajoy ha llamado a “ahorrar en pensiones y en educación” al mismo tiempo que aprobaba medidas para incentivar los planes privados; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha apuntando a la vivienda de los jubilados como algo enajenable si no llega la pensión; Celia Villalobos, con su ordinariez y sus dos euros para planes privados, demonizaba a los pensionistas que “llevan cobrando más tiempo que trabajando” y defendía el retraso de la edad de jubilación; los empresarios dicen que retrasar la edad de jubilación a los 67 se queda “muy corto”.
Por último, hay una cuestión más estructural: el mercado de trabajo creado por las sucesivas reformas laborales, basado en una alta tasa de precariedad y bajos salarios, hace difícil mantener solo con cotizaciones sociales el sistema. En conclusión, nos están preparando un futuro a veinte años donde las pensiones acabarían reducidas a la mitad, como bien explica Juan Francisco Martín Seco, y todos practicando lo que en neolengua llaman “envejecimiento activo”, o sea, trabajar hasta que te mueras.
Las propuestas que las organizaciones sociales, sindicales y la izquierda política realizan se pueden agrupar de la siguiente manera:
a) Pensiones dignas para asegurar una vida digna con criterios de la Carta Social Europea, lo que situaría la pensión mínima en 1.080 euros. El blindaje constitucional de las pensiones, asegurando su financiación sin estar sujetas al corsé de las cotizaciones: son un mandato constitucional del Estado Social y deben financiarse también con impuestos.
b) La derogación de los aspectos más negativos de las reformas de 2011 y de 2013 (impuesta en solitario por el PP), recuperando la edad de jubilación a los 65 años, la revalorización automática con el IPC o la supresión del llamado Factor de Sostenibilidad, que devaluará desde 2019 las pensiones al ligarlas a la expectativa de vida.
c) La recuperación de la deuda social con los pensionistas o poder adquisitivo perdido y la supresión de los copagos sanitarios. La reducción de la brecha de género porque la pensión contributiva media de las mujeres es un 37% inferior a la media de los hombres.
d) Una reforma del mercado de trabajo para recuperar mayor estabilidad del empleo y calidad de los salarios.
Con la derecha no hay solución por intereses e incompetencia, por ello no hay más respuesta que la movilización. Ante el descarado saqueo, el 17 de marzo deben llenarse las calles de pensionistas y jubilados, trabajadores, jóvenes y ciudadanos en manifestaciones para defender el sistema público de pensiones que deben ser unitarias. Como no son convincentes los argumentos para ir separados, debería hacerse un último esfuerzo y convocar una rueda de prensa de todos anunciando una sola manifestación en Madrid y donde no sean unitarias.
Los pensionistas y jubilados pueden y deben manifestarse, pero al no tener centro de trabajo ya no pueden hacer huelga. Como, además, el problema les afecta tanto a los actuales pensionistas como a los futuros, tiene que plantearse la lucha de forma global. Si tras el 17 de marzo el Gobierno no da una solución concreta e inmediata, los sindicatos de clase y el movimiento de pensionistas tienen la responsabilidad de preparar una huelga general y una movilización sostenida para salvar el sistema público de pensiones. La huelga que deberían haber hecho contra la reforma de 2013 que estamos padeciendo. Y toda la movilización que sea necesaria para salvar un pilar básico del Estado de Bienestar.
Por último decir, que no se merece el voto de pensionistas, trabajadores y jóvenes, ninguna fuerza política que no adquiera un claro compromiso de defender y mejorar el sistema público de pensiones. Garantizar las pensiones es una decisión política como lo es rescatar a los bancos, las autopistas, los gastos de defensa o combatir el fraude fiscal. Hay recursos para ello, ya que España dedica a pensiones un 10,7% del PIB frente a un 13,5% de media en la Unión Europea; y porque la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa: 32,6% frente a un 40% de media. Por ello, quienes recortan las pensiones cuando la economía crece al 3%, quienes asustan a los ciudadanos en vez de buscar soluciones, no se merecen estar ni un minuto más al frente del Gobierno.
Este planteamiento puede parecer ingenuo por ambicioso. Pero si no apuntamos alto, nuestros derechos y sueños seguirán en compás de espera mientras seguimos discutiendo si son galgos o podencos.
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