El MEC eliminará las Reválidas. Exigimos la derogación de la LOMCE

20minutos.es: Acuerdo con las CC AA para eliminar las pruebas de Primaria y ESO y recuperar la selectividad

El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo para reformar las reválidas de la Lomce y dejarlas sin efectos académicos. Las evaluaciones finales de primaria y ESO serán muestrales (no estarán obligados a ellas todos los alumnos) y de diagnóstico; y la de Bachillerato, que servirá para entrar en la Universidad, será similar a la Selectividad y acordada entre las comunidades y las universidades. Igualmente, la de ESO, que no tendrá efectos académicos ni para conseguir el título de Secundaria Obligatoria, será muestral y de diagnóstico. Los alumnos de FP básica tampoco necesitarán realizar la prueba de ESO para conseguir el título de ESO, sino que el profesorado considerará si reúnen las condiciones para ello. Además, el título de ESO será "único", con los mismos efectos, sea cual sea el itinerario académico elegido por los alumnos en cuarto de ESO. La prueba de Bachillerato servirá para regular el acceso a la Universidad, será sobre las asignaturas troncales de Selectividad y se superará con una nota media de 4. El consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, que ha informado de la decisión a la prensa, ha dicho que es un "éxito sin precedentes", a la salida de la reunión de la Conferencia Sectorial de esta tarde, que probablemente haya sido la más corta de este tipo, al menos en los últimos cinco años. Retiran los recursos El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado también en rueda de prensa que se van a retirar los recursos que se presentaron en su día contra las comunidades que incumplieron la prueba de sexto de Primaria que establece la Lomce y que tenían que realizarse por primera vez el curso pasado. La retirada de los citados recursos "es una muestra, un gesto de buena voluntad" dentro de la búsqueda del "consenso", ha resaltado Méndez de Vigo, que ha añadido que las comunidades que también presentaron recursos en este sentido contra el Ministerio "harán lo propio". En tono de humor ha añadido: es una medida que "ayudará a los tribunales de Justicia" para no tener que ocuparse "de tantos recursos" sobre Educación. El Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección, había enviado el pasado curso sendos requerimientos a siete autonomías: Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. Entendía que la regulación autonómica de la evaluación final de Primaria no se ajustaba a la normativa estatal, según informó el Ministerio el pasado junio. Además, se mandaron "cartas de demanda de información" a Asturias, Castilla-La Mancha y País Vasco porque entonces no habían procedido a la regulación autonómica de la prueba citada, y se les pedía que explicaran si lo van a hacer y cómo. Reunión sectorial El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha debatido con los consejeros de las comunidades autónomas el borrador del proyecto de real decreto ley que modifica la Lomce para que la evaluación final de la ESO sea muestral y no censal y la de Bachillerato se asemeje lo más posible a la derogada Selectividad, con exámenes sólo de las materias troncales de segundo y no de los dos cursos como establece la ley. Este documento, dado a conocer el pasado viernes 18 de noviembre, ya ha pasado por la Comisión General de Educación, que es la que reúne a los directores generales autonómicos de Educación y Universidades. La parte que se refiere al acceso a la Universidad, el ministro la ha consensuado también con los rectores, con los que el jueves 24 selló un acuerdo para que sea lo más parecida posible a la PAU. El escenario había cambiado en el último mes, no sólo por las modificaciones previstas para las 'reválidas', que han aplaudido ya varios consejeros, sino porque el viernes 25 de noviembre PP, PSOE y Ciudadanos presentaron en el Registro del Congreso de los Diputados una propuesta conjunta para la creación de la Subcomisión para Pacto de Estado por la Educación, cuyo texto señala que dicho acuerdo servirá de base para una nueva ley educativa que sustituya a la vigente.