El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración, pese al voto en contra del PP, la proposición de ley del PSOE para paralizar el calendario de implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La iniciativa ha recibido 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones. Concretamente, PP y Foro Asturias han votado en contra, mientras que PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV o el Partit Demòcrata Catalá (PDC), lo han hecho a favor.
Con independencia del inicio de la tramitación de esta iniciativa, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ya ha adelantado que el Gobierno va a aprobar un decreto ley para suspender automáticamente el efecto académico de las evaluaciones de ESO y Bachillerato de la LOMCE. Fue su forma de encajar la primera derrota parlamentaria, como si las decisiones del Congreso tuvieran menos importancia que las del Ejecutivo.
El anuncio de Méndez de Vigo satisfizo mucho a sus socios de Ciudadanos, aunque a partir del triunfo de la oposición, el portavoz socialista, Manuel Cruz, pidió al PP y al Ejecutivo que supere el “auténtico marrón” que les dejó en herencia el exministro José Ignacio Wert y se sienten a negociar el pacto por la Educación con todos los agentes y no sólo con los obispos, como hizo el mencionado Wert. Cruz consideró esencial que el Gobierno escuche los planteamientos de la comunidad educativa y defendió el papel de los educadores y de las familias frente a la imposición política y clerical. En fuentes del PP se subraya la adscripción del superministro (Educación, Cultura, Deportes y Portavoz del Gobierno) al Opus Dei para augurar que la negociación será dura.
El portavoz de Podemos en materia educativa, Javier Sánchez, reprochó al PSOE que proponga paralizar el calendario y no la derogación de la norma, como si la proposición de ley socialista no exigiera la negociación de una nueva ley educativa. Sánchez tildó de “sinsentido pedagógico” la suspensión de la ley, con la que, sin embargo, se mostró plenamente de acuerdo. E igualmente, la portavoz de C’s, Marta Matín, asumió a regañadientes la iniciativa socialista, recordando que ya ellos pactaron con el PP el carpetazo a la ley Wert, actual embajador de España ante la OCDE.
El pleno aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión sobre la violencia de género. Fue una proposición no de ley del PP con enmiendas del PSOE que, naturalmente, resultó aprobada por todos los grupos. A pesar de la gravedad del problema, el término “subcomisión” indica que sólo podrán proponer “submedidas” para que el pleno del Congreso las eleve a categoría de normas y el Gobierno las aplique si tiene medios para ello.
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