EL BOLETÍN.COM: Ignacio González vacía las guarderías públicas de Madrid tras subir hasta un 180% las tasas
Las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en el punto de mira. Padres y profesores han denunciado la situación que atraviesan estos centros tras los constantes recortes de Ignacio González, que están provocando que se vacíen las aulas ante la imposibilidad de muchas familias de asumir, por ejemplo, lasubida de tasas. Además, como consecuencia se están cerrando clases y se ha despedido a decenas de docentes, todo ello mientras el Gobierno regional sigue favoreciendo a la privada. Es por ello que sindicatos y asociaciones de padres han exigido al sucesor de Aguirre que retire las ayudas a los centros privados, como el 'cheque guardería', y use ese dinero para bajar los precios.
En un comunicado, la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 0-6, AMEIGI (Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta), CCOO, UGT y la FAPA Giner de los Ríos, exigen a Ignacio González que invierta los 34 millones que destina al 'cheque guardería' en bajar las tasas de las escuelas infantiles públicas.
Esta ayuda es una 'beca' que se concede a las familias que matriculen a sus hijos en centros privados, una medida que ha generado mucha polémica y ha suscitado las críticas de la comunidad educativa en más de una ocasión, pero sobre todo tras conocer que la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, se beneficiaba de ella.
La situación de las escuelas infantiles es insostenible según han remarcado estos colectivos en la mencionada nota, en la que indican que miles de familias no pueden escolarizar a sus hijos en una Escuela Infantil Pública por no poder pagar las “abusivas tasas” impuestas por la Comunidad de Madrid. Según explican, “desde el curso 2008/09 el aumento de precio que se ha producido es superior al 180% para los menores de 1 año y del 100% en los de 1 y 2 años”, algo que coincide con el “aumento del número de familias que pierden su empleo o que ven mermados sus ingresos por la precariedad del mercado laboral”.
Ante esta situación, la reducción de la demanda de escolarización de niños de 0 a 3 años ha alcanzado “casi un 60% con respecto al curso 2010/11”. “Se reduce la demanda y aumenta el número de familias que, al conocer las cantidades que han de pagar cada mes, no confirman la matricula, y que incluso una vez escolarizados se ven obligados a sacar a sus hijos de la escuela por no poder hacer frente a los pagos”.
La lista de espera, que en el curso 2010/11 superaba los 20.000 niños, “ha desaparecido” debido a la subida de tasas, indican padres y profesores, que afirman que ante el descenso de la demanda el Ejecutivo autonómico ha cerrado “más de 200 aulas, con los consiguientes despidos de personal”, y muchas escuelas tienen dificultades para continuar. Y para el curso 2014/15 se produce “la misma tónica”.
Además, señalan que la demanda de las familias, que inicialmente era para la Escuela Infantil Pública, se está desviando “hacia guarderías privadas” después de que la Consejería de Educación haya puesto en marcha el 'cheque guardería', al que dedica “34 millones de euros” de fondos públicos que pagan todos los madrileños para favorecer el “negocio de sus amigos”.
Y afirman que con la subasta de las escuelas públicas la Comunidad de Madrid está creando unas condiciones “que impiden que equipos -fundamentalmente cooperativas- de maestros y educadores con buenos proyectos educativos y de gestión no puedan acceder a centros públicos y sí lo hagan grandes grupos empresariales con escasa o nula tradición educativa”, ya que prima la oferta económica.
Es por ello que sindicatos y asociaciones de padres exigen a Ignacio González que“invierta los 34 millones de euros en rebajar las cuotas de las Escuelas Infantiles Públicas” y que deje de dedicar recursos públicos a financiar centros privados “mientras existan plazas sin ocupar en la pública”, como ocurre en la actualidad.
También solicitan al presidente madrileño que “reduzca la ratio alumno-profesor” que considera “desproporcionada para estas edades”, y que realice un “estudio pormenorizado” de la situación y adopte medidas para ayudar a las poblaciones más desfavorecidas y a las escuelas ubicadas en las mismas.
Al mismo tiempo, solicitan a la Comunidad de Madrid que “revierta los criterios y la situación creada por los pliegos con los que se subastan las escuelas, de manera que tengan el mayor peso el proyecto pedagógico y la experiencia del equipo”, y exigen que se prorrogue un año las concesiones de todas las escuelas, tanto de titularidad municipal como autonómica, mientras se resuelven estos problemas.
En un comunicado, la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 0-6, AMEIGI (Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta), CCOO, UGT y la FAPA Giner de los Ríos, exigen a Ignacio González que invierta los 34 millones que destina al 'cheque guardería' en bajar las tasas de las escuelas infantiles públicas.
Esta ayuda es una 'beca' que se concede a las familias que matriculen a sus hijos en centros privados, una medida que ha generado mucha polémica y ha suscitado las críticas de la comunidad educativa en más de una ocasión, pero sobre todo tras conocer que la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, se beneficiaba de ella.
La situación de las escuelas infantiles es insostenible según han remarcado estos colectivos en la mencionada nota, en la que indican que miles de familias no pueden escolarizar a sus hijos en una Escuela Infantil Pública por no poder pagar las “abusivas tasas” impuestas por la Comunidad de Madrid. Según explican, “desde el curso 2008/09 el aumento de precio que se ha producido es superior al 180% para los menores de 1 año y del 100% en los de 1 y 2 años”, algo que coincide con el “aumento del número de familias que pierden su empleo o que ven mermados sus ingresos por la precariedad del mercado laboral”.
Ante esta situación, la reducción de la demanda de escolarización de niños de 0 a 3 años ha alcanzado “casi un 60% con respecto al curso 2010/11”. “Se reduce la demanda y aumenta el número de familias que, al conocer las cantidades que han de pagar cada mes, no confirman la matricula, y que incluso una vez escolarizados se ven obligados a sacar a sus hijos de la escuela por no poder hacer frente a los pagos”.
La lista de espera, que en el curso 2010/11 superaba los 20.000 niños, “ha desaparecido” debido a la subida de tasas, indican padres y profesores, que afirman que ante el descenso de la demanda el Ejecutivo autonómico ha cerrado “más de 200 aulas, con los consiguientes despidos de personal”, y muchas escuelas tienen dificultades para continuar. Y para el curso 2014/15 se produce “la misma tónica”.
Además, señalan que la demanda de las familias, que inicialmente era para la Escuela Infantil Pública, se está desviando “hacia guarderías privadas” después de que la Consejería de Educación haya puesto en marcha el 'cheque guardería', al que dedica “34 millones de euros” de fondos públicos que pagan todos los madrileños para favorecer el “negocio de sus amigos”.
Y afirman que con la subasta de las escuelas públicas la Comunidad de Madrid está creando unas condiciones “que impiden que equipos -fundamentalmente cooperativas- de maestros y educadores con buenos proyectos educativos y de gestión no puedan acceder a centros públicos y sí lo hagan grandes grupos empresariales con escasa o nula tradición educativa”, ya que prima la oferta económica.
Es por ello que sindicatos y asociaciones de padres exigen a Ignacio González que“invierta los 34 millones de euros en rebajar las cuotas de las Escuelas Infantiles Públicas” y que deje de dedicar recursos públicos a financiar centros privados “mientras existan plazas sin ocupar en la pública”, como ocurre en la actualidad.
También solicitan al presidente madrileño que “reduzca la ratio alumno-profesor” que considera “desproporcionada para estas edades”, y que realice un “estudio pormenorizado” de la situación y adopte medidas para ayudar a las poblaciones más desfavorecidas y a las escuelas ubicadas en las mismas.
Al mismo tiempo, solicitan a la Comunidad de Madrid que “revierta los criterios y la situación creada por los pliegos con los que se subastan las escuelas, de manera que tengan el mayor peso el proyecto pedagógico y la experiencia del equipo”, y exigen que se prorrogue un año las concesiones de todas las escuelas, tanto de titularidad municipal como autonómica, mientras se resuelven estos problemas.
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