La Comunidad de Madrid vuelve a repetir las pruebas de evaluación externa en los centros educativos de 6º de primaria y 4º de ESO sin justificar una finalidad educativa de las mismas y generando caos y desconcierto por la decisión de hacerlas a última hora, sin comunicación previa.
Para el profesorado estas pruebas además son un sobreesfuerzo, dejando sus clases y su tiempo para ellas y obligando al resto de compañeros a sustituirlos. La corrección de las pruebas recaerá sobre ese mismo profesorado sin ser compensado por las horas extras o el trabajo extra de corrección realizado.
Para la administración se trata de hacer pruebas que penalizan y segregan a centros y alumnado en meras clasificaciones competitivas, en vez de hacer evaluaciones que detecten necesidades educativas y recursos para paliar los problemas que encuentren.
La mera evaluación de los aprendizajes individuales sin contextualizarlos en sus medios sociales y familiares obvia que las familias con menos recursos socioeconómicos tienen más dificultades para desarrollar la educación de sus hijos e hijas en todas sus posibilidades o para abordar los problemas.
Por lo tanto, es fácil saber qué centros pueden arrojar evaluaciones desfavorables y cuáles no. La cuestión, una vez más, es si se trata de mejorar la situación de todo el alumnado de forma equitativa o de aplicar pruebas estandarizadas en “aparente igualdad” a alumnado con profundas desigualdades socioeducativas y de recursos que los colocan indefectiblemente en desventaja en ese tipo de clasificaciones.
Pero a la Comunidad de Madrid no le preocupan las dificultades del alumnado madrileño, sino que promueve esas dificultades especialmente en la Educación Pública creando nuevas normativas que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales o restando recursos y profesorado especializado, aumentando las ratios, cerrando plazas en centros públicos o no construyendo centros necesarios. El mismo programa bilingüe, sin evaluar, curiosa paradoja, ha promovido desigualdades y problemas de aprendizaje en alumnado con pocas posibilidades de solventarlas, relegando el castellano en materias formativas en la propia lengua, aunque los centros concertados no tuvieran la obligación de impartirla, otra desigualdad incomprensible con la Educación Pública.
Estas pruebas evalúan al alumnado en determinadas situaciones y solo de aspectos parciales de los objetivos y competencias educativas que no tienen visión global competencial del alumnado, fomentando una forma de trabajo o metodología educativa dirigida a su preparación restando tiempo e interés por diferentes prácticas y homogeneizando la labor pedagógica que abandona la atención a la diversidad y controla la labor del profesorado.
Además estas pruebas derivan de una llamada “Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa” para clasificar, competir y fomentar la diferenciación entre centros con grandes desigualdades sociales y de recursos en donde familias tampoco pueden elegir plazas públicas porque no se crean o se cierran. Sin duda, favorecen a aquellos centros privados y privado-concertados que escolarizan solo a alumnado sin necesidades específicas de apoyo educativo, que en lugar de atender a la diversidad segregan al alumnado madrileño.
Por todo lo expuesto, desde Asamblea Marea Verde manifestamos nuestro firme rechazo a estas pruebas, porque en lugar de servir para formar y mejorar la calidad educativa, solo sirven para competir, segregar y sobrecargar aún más al profesorado y alumnado madrileño. Por el contrario, lo que necesita la comunidad educativa son otras medidas urgentes como la bajada de las horas lectivas, la bajada de ratios, menos burocratización y más recursos para atender a una diversidad olvidada por el gobierno de la comunidad de Madrid.
4 de mayo de 2024
Asamblea Marea Verde Madrid
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